Caso Repsol: El MAS suaviza su discurso frente a las petroleras
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(El Observador-Cedla).- El Presidente Evo Morales AIMA planteó como consigna electoral la necesidad de defender los recursos naturales de la voracidad de las trasnacionales, con el fin de que los beneficios conseguidos de la explotación de los yacimientos gasíferos, principalmente, lleguen al grueso de la población que se encuentra sumida en la miseria. Ahora enfrenta las triquiñuelas de las grandes corporaciones, como es Repsol YPF, que buscan por todos los medios mantener el control total de los hidrocarburos e insertarse en las políticas que pretende aplicar el gobierno.

Una vez en el poder, el MAS suavizó su discurso, llegando a defender el "derecho de las petroleras de recuperar sus inversiones y de obtener ganancias". Algunas frases vertidas por el gobierno que denotan la convivencia con las petroleras son: "Se va a nacionalizar los recursos, no vamos a nacionalizar los bienes de las transnacionales"; "el gobierno boliviano va a ejercer su derecho de propiedad, (pero) eso no significa expropiar ni confiscar". "Se acabó el llamado de que la titularidad de la propiedad es de las transnacionales. Ese tipo de contratos son nulos de pleno derecho por ello modificaremos los contratos con las empresas. Pero con contrabandistas y con aquellas que no pagan impuestos no habrá contratos. Esos contratos ya están rescindidos hay un caso comprobado y otro por comprobarse".

Una de las compañías petroleras más importantes que operan en el país es Repsol YPF, corporación hispanoargentina- estadounidense, una de las siete empresas petroleras más grandes del mundo y que en el 2004 facturó alrededor de 41.689 millones de euros (Energy Press, Nº 278).

El proceso por el que Repsol YPF se convirtió en una de las petroleras más importantes que operan en el país comenzó con la "capitalización" de las empresas estatales realizada en 1996, a través de la cual se adjudicaron las diferentes unidades de negocio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En el año 2000, Repsol se convirtió en la dueña del 50% de la Empresa Andina S.A. A esto se suman sus activos en Maxus Bolivia Inc., en el bloque San Alberto y San Antonio, donde posee el 50% de participación y la planta de compresión de Río Grande, donde también detenta el 50% del paquete accionario. Igualmente en el campo Víbora participa con el 50% de las acciones. Además participa en la comercialización de gas licuado en el mercado interno a través de la empresa Repsol-YPF Gas de Bolivia S.A. en la que participa con el 51% 1.

Repsol-YPF recibe continuamente una serie de acusaciones y denuncias, tanto de pueblos indígenas, organismos del Estado nacional y desde fuera del país, en varios ámbitos:

Denuncia por daños ambientales

Repsol-YPF fue denunciada por pueblos guaraníes de la provincia O'Connor del departamento de Tarija, en noviembre de 2005, por daños ambientales a pueblos y territorios originarios afectados con la construcción de un gasoducto que estaría realizando desmontes que afectarían la caza y la pesca. Además consideran que la empresa no respeta la nueva Ley de Hidrocarburos que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados obligatoriamente para las tareas de exploración y explotación petrolera (Ley Nº 3058, artículo 114). Por tal motivo, el gobierno dispuso una comisión gubernamental que visite el campo Margarita para cuantificar los daños ambientales producidos por la actividad petrolera de Repsol-YPF a pueblos guaraníes aledaños a la construcción del gasoducto en la provincia (Los Tiempos, 15/02/2006).

Acusaciones de fraude y robo

Repsol YPF también enfrentó acusaciones de fraude y robo, el pasado mes, por registrar en la bolsa de valores de Nueva York -como suyas- las reservas de gas natural boliviano que controla en el país y que están alrededor de los 13 trillones de pies cúbicos (tpc), que representan el 28% de las reservas de gas natural boliviano. Repsol-YPF concentra el 8% de la producción de gas natural, con 112.4 de millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) y a través de Andina la subsidiaria de Repsol YPF, con 266.4 MMPCD que representa el 18.9%.

A causa de esta manipulación de reservas, el ministro de Hidrocarburos anunció que el gobierno revisaría e inscribiría como propias las reservas de gas natural boliviano. Repsol YPF cotiza sus acciones en Estados Unidos (NYSE), España (bolsas españolas) y en la Argentina (Merval).

Esta decisión forzó a la petrolera a realizar una rebaja en sus reservas en un 25% en todo el mundo, que representan 1.254 millones de barriles de petróleo o gas. De ellas, un 52% corresponde a Bolivia, un 41% a Argentina y el resto a mercados como Venezuela o Argelia. Esto significó una rebaja de 2.56 años de sus reservas. También congeló una inversión de 476 millones de dólares en Bolivia.

El ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada cree que la decisión de Repsol-YPF de revisar a la baja sus reservas probadas de gas natural, supone para el país "un paso gigantesco" hacia la nacionalización de los hidrocarburos ya que no es la única firma que procedió de esa forma con las reservas de Bolivia, aunque admitió que no tiene una confirmación sobre otros casos.

Acusación por falsedad y ocultamiento de información

Repsol YPF tiene una demanda presentada en Nueva York por un grupo de accionistas que compraron acciones entre el 28 de julio de 2005 y el 27 de enero de 2006 por ocultar información adversa sobre sus actividades en Bolivia y Argentina.

Se le acusa por ocultar información sobre las operaciones de gas natural en Bolivia y sobre el cambio en el marco legal ocurrido con la promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos Nº 3058. Asimismo por no ser transparente en relación a problemas de producción en la Argentina y por las declaraciones erróneas y falsas con el objetivo de inflar artificialmente el valor de la acción.

Demanda por contrabando de crudo

La Aduana Nacional de Bolivia demanda a Repsol-YPF por un presunto delito de contrabando de 230.399 barriles de crudo valorados en más de nueve millones de dólares

(7,54 millones de euros). Esta demanda fue el resultado de una investigación realizada sobre las exportaciones de Repsol-YPF entre junio de 2004 y julio de 2005. La acusación también incluye una denuncia "de falsificación de documento aduanero" porque en una declaración de exportaciones la empresa supuestamente notificó un volumen de exportación superior al que tenía autorizado por las autoridades.

El valor total del petróleo crudo exportado ilegalmente sin "contar con la documentación legal, consistente en una autorización del Ministerio de Hidrocarburos", asciende a 9.215.687 dólares (unos 7,7 millones de euros). La empresa exportó crudo sin ese aval por la terminal chilena de Arica por un total de 1.265.062,72 dólares (1,06 millones de euros) y por la localidad boliviana de Yacuiba, hacia Argentina, por 7.950.624,23 dólares (unos 6,6 millones de euros).

Según autoridades de la Aduana, esta actuación infringe "la disposición especial contenida en el Decreto Supremo 27493 y el artículo 138 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, por lo que existen indicios de la presunta comisión del delito de contrabando". El Código Tributario boliviano (Ley Nº 2492, artículo 181) establece una multa económica equivalente al 100% del valor de las mercancías objeto de contrabando.

La Aduana, también señala la existencia de indicios de presunto contrabando de otros 154 barriles de petróleo por un valor de 6.010 dólares (5.037 euros), en proceso de investigación. Además el Código Tributario establece en su artículo 182, que "la tramitación de procesos penales por delitos tributarios se regirá por las normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal, con las salvedades dispuestas en el presente código".

Negociaciones y demanda social

A raíz de la decisión del gobierno de conversar directamente con cada empresa petrolera y no a través de la Cámara Nacional de Hidrocarburos y de anunciar un tratamiento especial con Petrobras, Repsol-YPF le planteó al gobierno realizar una inversión de 150 millones de dólares para producir 70 mil toneladas de gas licuado de petróleo (GLP) y tender el gasoducto Carrasco-Cochabamba en asociación con YPFB, condicionado a la denuncia de la aduana nacional que se de en el asunto del fraude y robo citado anteriormente (Los Tiempos, 14/02/2006).

Repsol YPF quiere que esta denuncia se derive a sólo un caso administrativo y no penal, contradiciendo al Código Tributario. Esta demanda dio lugar a que la Fiscalía levante la orden de detención contra los ejecutivos de Repsol YPF en Bolivia (EFE, 01/03/2006).

La planta de extracción de gas licuado de petróleo demandaría una inversión aproximada de 50 millones de dólares. Esta planta, que se instalaría en el campo Víbora ubicado en el departamento de Santa Cruz, produciría 70 mil toneladas de GLP, equivalente a siete mil garrafas de 10 kilos por día. Este proyecto abastecería la demanda nacional hasta el 2010.

El nuevo gasoducto conectaría los yacimientos del campo Carrasco, pasando por el Chapare, hasta Cochabamba, para transportar el energético de los campos de esta área con destino al mercado occidental del país, comenzando por la misma zona para suministrar gas a los domicilios. El costo del proyecto es de aproximadamente 100 millones de dólares, de acuerdo con el informe del presidente de Repsol-YPF. La línea de transporte tendría una longitud de 400 kilómetros, aproximadamente, de acuerdo con los cálculos técnicos.

En tanto que la tubería tendría una longitud de 16 pulgadas, con lo cual se garantizaría el suministro por 25 años. El nuevo gasoducto recogería la producción de gas natural de los campos ubicados en la zona como Paloma y Surubí, a cargo de Repsol-YPF (Opinión, 14/02/2006).

El gobierno boliviano ya da por hecho la realización de estos proyectos, y que la planta de GLP estaría funcionando el primer trimestre del próximo año, inclusive se planteó conformar la sociedad YPFB-Repsol- YPF en los dos nuevos proyectos, quedando pendiente una negociación técnica sobre la participación de cada socio.

Esta situación está en concordancia con la posición fijada por Evo Morales con las empresas españolas que operan en el país, en la gira que realizó antes de asumir la presidencia, donde manifestó la necesidad de que el Estado boliviano tenga a las empresas privadas extranjeras como "socios y no como patrones", y donde anunció que su gobierno ejercerá el derecho de propiedad sobre los recursos naturales sin que ello equivalga a confiscar o expulsar a las compañías, como es el caso de Repsol-YPF, Iberdrola o Red Eléctrica de España.

Los compromisos internacionales asumidos por el Presidente, en sentido de respetar la inversión de las petroleras, así como las propuestas de asociación con las mismas, entran en contraste con la petición popular de nacionalización de los hidrocarburos. Todo ello se debe tomar como señales que repercutirán en las decisiones políticas que tomará el gobierno respecto a Repsol-YPF y por ende en relación con los hidrocarburos.

NOTAS

"Repsol YPF en Bolivia: una isla de prosperidad en medio de la pobreza". Informe de Interpón Oxfam. Mayo 2004.

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