(Datos & Análisis).- Sosteniendo la falacia chilena de que el Silala es "un río de cause internacional" y no un manantial que nace en Potosí, El Mercurio de Santiago hace un seguimiento a la construcción de un puesto militar boliviano a orillas de aquella veta acuífera que dota de agua potable al norte chileno desde hace 98 años, en detrimento de la economía boliviana.
La primera plana del periódico chileno El Mercurio en su edición de este viernes 13 de octubre, destacó el posicionamiento de un puesto militar boliviano en la zona fronteriza del Silala, en el departamento de Potosí, donde nacen manantiales de agua dulce desviados a Chile hace 98 años.
Reporteros de El Mercurio que se desplazaron a esa zona fronteriza observaron que el Ejército boliviano comienza a sentar soberanía en el Silala, anotando que mientras se construye un nuevo cuartel a orillas del manantial, "los soldados bolivianos deben dormir en carpas, las que están coronadas con una bandera de su país".
El Mercurio recordó que el pasado mes de septiembre el presidente Evo Morales anunció la instalación de puestos militares para resguardar la frontera nacional y precautelar los recursos naturales de la zona, en alusión al conflicto por la utilización de las aguas del Silala que mantiene con Chile.
El puesto militar en construcción, según describe el periódico chileno, es una edificación sólida, de unos 200 metros cuadrados, aún no terminada, pues las fotos muestran el recinto carente de techos. Por esta razón, algunos soldados deben dormir en carpas dispuestas en inmediaciones de la construcción, "las que lucen banderas de Bolivia".
Pisar fuerte en el Silala
El nuevo cuartel está emplazado sobre una colina, "que les otorga a sus ocupantes una visión privilegiada", a cinco mil metros sobre el nivel del mar, y se encuentra a 85 kilómetros del poblado chileno de Chiu-Chiu, en la Segunda Región del país vecino. Los efectivos son soldados jóvenes, "que visten uniformes gastados y fusiles marca SIG".
Según admitieron los soldados bolivianos ante los periodistas chilenos, las patrullas están sometidos a turnos de 20 días y "tienen orden de disparar a todo lo que se mueva".
Por el lado chileno, a unos 30 kilómetros del límite fronterizo, describe El Mercurio, se ubica el retén de Carabineros de Inacaliri. "Sus efectivos deben patrullar la frontera y cuidar los pasos fronterizos no habilitados para abortar operaciones de traslado de drogas. Este año han detectado 120 kilos de droga, que burreros a pie intentaba ingresar ilegalmente al país".
El suboficial chileno Marcelino Varas es el jefe del destacamento, que se localiza a 4.050 metros sobre el nivel del mar. Asegura que no existe ningún tipo de contacto con los funcionarios fronterizos bolivianos.
Hacia el lado de Bolivia el pueblo más cercano es Alota, un caserío que se ubica a unos setenta kilómetros del nuevo recinto militar boliviano.
Agua dulce en disputa
Siguiendo la argumentación oficial por la cual el Estado de Chile se apropia indebidamente de las aguas desviadas del manantial boliviano, la crónica de El Mercurio informa que "el río Silala nace en territorio boliviano y cruza al sector chileno, donde es captado por una aducción".
Al sostener que el Silala es un río, y no un manantial, la estrategia chilena radica en atribuir a ese cause un curso internacional, con lo se desconocen de facto la soberanía y los derechos de Bolivia sobre aquella veta acuífera.
Pero Bolivia tiene de su lado la verdad histórica y es la siguiente:
Hacen 98 años, el 23 de septiembre de 1908, y en el marco del Tratado de 1904, la Prefectura de Potosí otorgó la "concesión y consiguiente adjudicación del uso de las aguas que forman unas vertientes denominadas Siloli (Silala) existentes en la comprensión del Vicecantón Quetena de la provincia Sud Lipez de este departamento".
Silala es un nombre inventado por los chilenos para apropiarse de las aguas de los manatiales de Quetena. Con ese nombre se conoce el canal artificial construido en las épocas de la Bolivian Railway y que la diplomacia chilena pretende asignar la categoría de "río internacional".
La concesión del flujo de los manantiales fue otorgada a la empresa chilena "The Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway" para abastecimiento de las locomotoras a vapor del ferrocarril. En dicha concesión se olvidó el detalle de especificar el monto que la empresa concesionaria debería pagar por su uso del agua, y si el pago debería ser mensual o anual. Así que hasta ahora los concesionarios no pagan ni un centavo por el uso de esta aguas. A partir de los años cuarenta del pasado siglo XX, las locomotoras a vapor del ferrocarril chileno fueron sustituidas por máquinas a diesel, las cuales no requerían agua para funcionar. "Por tanto", explica Cástulo Martínez, "la concesión terminaba en ese mismo momento; pero la empresa Railway, que ya no tenía derecho a seguir usando dichas aguas, las usó para venderla a consumidores chilenos de las ciudades aledañas, dando así un uso distinto al previsto en la concesión original". Las poblaciones chilenas que se benefician con la aducción de los manantiales de Quetena son principalmente Calama, Chuquicamata y Antofagasta.
Los empresarios del agua
"Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway" cambió de razón social y actualmente es conocida como "Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB)" y pertenece al grupo económico chileno Luksic.
Andrónico Luksic, uno de los más grandes potentados chilenos ligado a capitales norteamericanos y asiáticos, posee intereses agroindustriales en el oriente de Bolivia y no ha ocultado su ambición de controlar el negocio del gas boliviano en puertos chilenos. Luksic se niega a pagar al Estado boliviano una deuda aproximada, según la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, de 900 millones de dólares acumulados desde 1908 por el uso ilegal de las aguas del Silala, arguyendo que dicha fuente es un río internacional y no un manantial.
En 1997, la prefectura de Potosí decidió revertir esas aguas a dominio fiscal, en un proceso que culminó con la rescisión de un contrato con la empresa boliviana Ductec, que presionaba para cobrar en su favor la deuda chilena ($us 7 millones a partir de la concesión Ductec), en un conflicto binacional que podría ser resuelto arbitralmente en el Tribunal de La Haya, si es que antes no surge algo más violento.