Pablo Villegas
El problema entre el gobierno y los autonomistas es que estos últimos demandan prerrogativas mayores que los Estados federales, solo comparables a las que llevaron Kosovo a la secesión de Serbia (1).
El carácter separatista del movimiento autonomista se confirmó el 3 de abril, con la presentación de un Programa de Gobierno de Santa Cruz que regirá desde del 5 de mayo.
Este incluye, entre otros, la creación de la Asamblea Autonómica –en realidad un parlamento- y de una policía regional; exportaciones autónomas e impuestosdepartamentales. Dado el carácter separatista del futuro gobierno, algo preocupante es laposibilidad de que pretendan suspender la provisión de combustibles a los departamentos no-autonomistas, lo que generaría una situación sumamente peligrosa.
Los autonomistas, a la vez que han venido procediendo con estos actos abiertamentesecesionistas, de una manera hipócrita han sostenido en su Estatuto, su voluntad de seguir fortaleciendo la unidad del Estado Boliviano y recientemente aseguraron a la delegación de la OEA que no pretendían dividir el país, pero días después, en la presentación de su Programa de gobierno el prefecto dijo: "A partir del 4 de mayo, no sé si el nombre de la primera autoridad de este departamento será Gobernador, Presidente o simplemente Prefecto."(2)
La posición sediciosa de los autonomistas se radicalizó a partir de la convocatoria a un referendo para el 4 de mayo, sin respetar la normatividad establecida y, que en consecuencia fue declarada ilegal por la Corte Nacional Electoral. Ante esto, personajes de la talla del Prefecto del Beni E. Suárez (3) y el Strio. Gral del Comité Cívico del Beni, J. J. Hurtado desconocieron al Presidente de la Corte „porque es un funcionario más del Gobierno” (4). También desconocieron la Ley Electoral, estableciendo su propia „legalidad”, como dijo el Vicepresidente de los Parlamentarios del Beni, C. Velasco: „que más legitimidad quiere si muchos ciudadanos están firmando los libros que ... apoyan las autonomías” (5).
Los autonomistas tampoco reconocen ninguna ley ni organismo internacional. En su Estatuto, el único cuerpo legal que invocaron fue la Carta Democrática Interamericana de la OEA, pero habiéndose manifestado este organismo por el respeto a la legalidad ahora según el senador de Podemos R. Yáñez: „La OEA no es un organismo creíble debido a que está en manos del señor Miguel Insulza, acólito y delfín del señor Hugo Chávez”.
La Unión Europea también negó el envío de observadores al referendo por su ilegalidad. Entonces, el mencionado senador declaró que este organismo: „no puede decidir apresuradamente porque no conoce la verdadera realidad...”(6), y Klinsky, parlamentario de Podemos dijo que el referéndum no necesita el reconocimiento de nadie para validar los resultados(7). El presidente del Senado Ortiz (Podemos) por su parte declaró que: "no hay ningún embajador que pueda decir qué es legal o ilegal en Bolivia, si alguien ha dicho eso estaría cometiendo una intervención a asuntos internos" (8).
Por otra parte, uno de los grandes periódicos de Santa Cruz pretendiendo que los separatistas cuentan con respaldo legal, sostuvo: „...nosotros enmarcados dentro de la ley y estamos enmarcados con el derecho internacional por las resoluciones emitidas por las naciones unidas y otros sectores que son suscritos y que reconocen los derechos a los pueblos, el derecho que trae la autonomía (9). Esto, sin citar ninguna ley, ni resolución, ni sector suscrito (¡t;¿Sector?!).
Finalmente, ante esta orfandad internacional, el Presidente de la Corte Electoral de Santa Cruz, -que ya no reconoce a la Corte Nacional-, desenmascarando a su único amo y señor sugirió la posibilidad de convocar a representantes de EEUU como observadores del referéndum.
Estamos pues ante gente para la cual no hay ley nacional ni internacional que valga y cuando dicen que hay alguna en su favor, no la citan. Todo funcionario de Estado que no se les somete es un vendido al gobierno; y si es un funcionario internacional, es un muñeco de Chávez o, ignora la „verdadera realidad”.
El Comité Cívico pro Santa Cruz (CCST), como parte de su campaña internacional, se dirigió a la FIDH denunciando al gobierno de Evo Morales por "una campaña de espionaje y persecución en contra de cuidadanos". La respuesta de la FIDH en vez de conmiseración contenía una dura condena al Comité por los ataques, hostigamiento, amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos y dirigentes campesinos que luchan contra la impunidad o para una repartición más equitativa de la tierra, perpetuados por actores radicales, entre los cuales se destaca la Unión Juvenil Cruceñista, a la cual califica la FIDH de „especie de grupo paramilitar” promovido por el CCST. Como prueba, le recuerda el asalto cometido en diciembre, 2006, por más de 100 personas, entre ellas sus propios miembros a la Central Indígena PAIKONEKA de San Javier, donde destruyeron bienes y archivos históricos recopilados por más de 20 años y el ataque de un grupo armado de la Unión Juvenil Cruceñista, a Adalberto Rojas afuera de la APDH.
La FIDH también condena al CCST por patrocinar atentados contra el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en Bolivia; por múltiples ataques a personas por ser indígenas o apoyar al gobierno; por su actitud y discursos secesionistas y racistas; por convocar a la desobediencia militar; por presionar a las autoridades del país para mantener desigualdades sociales y asegurarse la impunidad de sus crímenes; por ejercer un control total sobre los funcionarios públicos departamentales, incluso los electos y los principales medios de comunicación; por seleccionar y controlar los operadores judiciales y la policía. En pocas palabras, la FIDH acusa al Comité de haber establecido una dictadura en Santa Cruz, de fomentar paramilitares y actuar como tales.
Estos grupos no son algo extraño al autonomismo. El Estatuto establece la creación de otra policía que por su objetivo -proteger los bienes y autoridades departamentales, sin mencionar los del Estado- ya era sospechoso. Ahora queda claro que se trataba de crear una fuerza armada propia para enfrentar al Estado, lo que se hizo patente con motivo del referendo, para el cual van a potenciar la mencionada „especie de grupo paramilitar”, para hacer de policía. Por otra parte, el 3 de abril, el Presidente del Comité y el Prefecto anunciaron que Santa Cruz tendrá su policía regional, es decir, sin ningún respaldo legal. Respecto a las Fuerzas Armadas, hasta ahora solo han dedicado insultos públicos a su Comandante; otras acciones son todavía desconocidas.
La beligerancia de los autonomistas es por demás expresiva de que no pretenden separarse de Bolivia para vivir en paz y por su cuenta, sino arrastrar a otros departamentos, someter al resto del país a su propia ley, derribar al Estado nacional y para ello bloquear toda negociación, sin importar que se produzca una guerra. Marinkovic, el Presidente del CCST, ha declarado que se acerca la guerra y en este marco dijo: „...que sepan las madres cruceñas que ..., vamos a derramar la sangre de sus hijos de manera responsable”. De aquí es evidente por una parte, que como militar no lo haría mejor que ponerse las botas al revés, pues un militar nunca haría semejantes ofrecimientos a las madres de sus soldados; y por otra, que si cree que se puede derramar sangre „responsablemente”, un cuarto litro por soldado o algo así, no sabe qué es la guerra moderna, pese a la abundancia de antecedentes.
El año 2003, el presidente de la mayor potencia militar de la historia, los EEUU, dio por concluida la guerra contra Irak, pero 4 años después, ésta continúa sin visos de concluir, y lo mismo ocurre con otras como la guerra de medio siglo en Colombia, la de Somalia y Afganistán, entre otras. Esto respecto a la duración de la guerra. Respecto a su extensión, todas estas guerras amenazan con extenderse más allá de lo previsto. Aparte de estas, los atentados terroristas en España e Inglaterra cometidos por gente del medio oriente son un ejemplo. En cuanto a las pérdidas humanas, es por demás sabido que más del 90% de las víctimas de las guerras modernas, son civiles y esto no depende necesariamente de la tecnología empleada.
Sin embargo, los separatistas pretenden hacer creer a los jóvenes que la guerra será como ir de parranda un día y volver al otro llenos de honores. Que estos jóvenes vuelvan, es posible, pero ya que el 90% de las víctimas son civiles, es probable que lo que encuentren a su retorno les muestre que eso de „cosa de hombres” es para estúpidos. Iraq es un ejemplo: un estudio de la Opinion Research Business publicado el 28 de enero encontró un promedio de 1,26 muertos por familia encuestada.
Lo anterior es similar a lo que se hizo cuando la Guerra del Chaco para engatusar a los dos pueblos más desventurados de Latinoamérica, Bolivia y Paraguay, que apenas salían de sendas guerras, destrozados y diezmados. A los bolivianos pretendieron hacerles creer que almorzarían en Asunción el día de iniciada la guerra. La realidad fue otra, de modo que años después, el instante en que terminó la guerra, los soldados enemigos salieron de sus trincheras para abrazarse como hermanos, llorando, porque habían comprendido la estupidez de aquella guerra; pero atrás quedaron 120.000 muertos de ambos países. Los combatientes bolivianos comprendieron que la guerra había sido causada por la Standard Oil. Y esto costó a Bolivia cerca de 60.000 muertos, y cifras nunca contabilizadas de lisiados y traumatizados. Lo peor sin embargo, y lo más difícil de contabilizar, fue el futuro que se fue con los dineros para la guerra y el sacrifico humano que podrían haberse empleado en la construcción del país. Esto no quiere decir que la historia se repite, sino que continúa la misma historia. Como ayer peleó el pueblo la guerra de una compañía, la Standard Oil, ahora peleará la de todo un grupo de petroleras y de su imperio –que son en realidad las causantes de la actual crisis- y de sus aliados nacionales. Pero hay una diferencia, esta guerra será interna y a partir de casos similares, sus perspectivas son espantosas.
En Bolivia, una gran proporción de la gente no radica en sus lugares de origen. Santa Cruz, Pando y Tarija tienen entre un 26 y 35% de su población nacida en otros departamentos; y Chuquisaca y Beni, entre un 13-14%; esto sin contar sus descendientes ya nacidos en el lugar de residencia. ¿Cual será la situación de esta gente cuando llegue la guerra „responsable”?.
Las primeras versiones del Estatuto dictaban el „control” de la inmigración ¡t;de bolivianos!. Esto se ha corregido en el presente Estatuto, pero de hecho la táctica del separatismo para cohesionar gente en torno suyo, se ha basado en identificar a los forasteros como una amenaza. Por eso las víctimas de la violencia de los grupos mencionados por la FIDH han sido quienes podían ser identificados como forasteros y los indígenas del departamento. Evidentemente existen forasteros e indígenas que apoyan la autonomía pero no es raro que sean hostigados o vistos con desconfianza por los fanáticos. Tal como van los preparativos para el referendo, estos sectores serán los más expuestos al „derramamiento responsable de sangre”, lo que podría iniciar una limpieza étnica al estilo de Yugoslavia o Rwanda.
Los separatistas seguros de su victoria y de tener todo bajo control, han anunciado por boca del Senador Bass-Werner que: „Cuando cada región apruebe su referéndum, su comunidad autonómica y nazcan a la vida pública sin estar en el marco de la Constitución Política del Estado, el siguiente paso será construir la Federación de Departamentos Autonómicos”(10). Esto, aparte de ser otra confesión más de ilegalidad („sin estar en el marco de la CPE”), es un delirio. ¿Vamos a creer que Tarija con una población igual al 19% de los 2.029.471de Santa Cruz tiene alguna posibilidad de sobrevivencia autónoma frente a este?. En su programa de gobierno, los cruceños hacen planes para el petróleo, pero tomando en cuenta que el suyo se está acabando y que los megacampos están en Tarija, ¿No será que están pensando en los yacimientos de Tarija?. ¿Vamos a creer que Pando cuya población es el 2,6% de la cruceña, y con una desproporcionada dependencia de los ingresos dotados por el Estado tiene alguna posibilidad de sobrevivencia autónoma?. Para tener una idea de conjunto, los departamentos autonomistas, Chuquisaca, Pando, Beni y Tarija juntos son apenas el 66% de la población de Santa Cruz, y la misma proporción de su PIB (INE-2005); y los tres primeros, sólo son el 31%.
Partiendo de la historia y de casos o indicios recientes, no es improbable que algunos departamentos sean quebrados por movimientos internos que pretendan anexionarse a países vecinos, lo que haría rebalsar el conflicto sobre las fronteras. Uno de los más expuestos es Pando.
Otro factor que debe tomarse en cuenta es que el Presidente de Colombia, Uribe, que salió guasqueado del Grupo de Río, no renunció a sus argumentos en favor del unilateralismo. Consiguientemente, ha continuado con sus actitudes provocadoras que retrasan la normalización de relaciones con sus vecinos. Entre esas actitudes están sus solapadas acusaciones, a Bolivia y a varios países latinoamericanos de albergar guerrilleros de las FARC. Esto tiene el objetivo de desestabilizar la región y como van las cosas en Bolivia, el punto más probable de hacer un eje con Colombia es Santa Cruz. (A pesar de esto vemos a Colombia como „mediador” en el conflicto boliviano).
En síntesis, los separatistas están invocando a un demonio –la guerra- que no van a poder controlar. Según la experiencia reciente las previsiones sobre la duración y su extensión geográfica de ese tipo de guerras no son nada seguras y obviamente, tampoco los costos. Pero es seguro que más del 90% de las víctimas será población civil y que lo poco de infraestructura y medios de vida que Bolivia, el país más pobre de Sudamérica pudo construir son objetivos militares y serán destrozados. Habrá sí, un beneficiado, el Imperio, porque esta guerra responde a sus intereses geopolíticos y puede abrir un buen mercado de armas en este continente tan escaso de guerras, donde la mayoría de los ejércitos nacionales se bancan con trabucos viejos.
Este abril podría ser el último mes de vida de muchos bolivianos, especialmente de los jóvenes. Pero ¿por qué van a morir? ¿Acaso las autonomías ofrecen solucionar los grandes problemas del país como la cuestión marítima; la deuda externa; la falta de industrialización, de ciencia y tecnología (11); nuestra eterna dependencia de la exportación de materias primas; la falta de seguridad social, el retroceso de los derechos laborales y la existencia de amplias regiones donde no están vigentes, justamente en los departamentos autonomistas; el problema de la salud que los prefectos creen solucionar sembrando de hospitales; de la dependencia económica del narcotráfico; la corrupción, la burocracia, etc...? ¡t;Nada de eso!. La mayor parte de estos temas ni se mencionan y cuando se lo hace, -como la industrialización en el Estatuto-, solo es una mención nunca un planteamiento. Esto quiere decir que todo lo que está en el fondo es el deseo de los patrones de asaltar las riquezas que tienen bajo sus latifundios y mantener sus propiedades.
Uno de los argumentos con que han seducido a la población es el „maldito centralismo” o „centralismo secante” del Estado, al cual le atribuyen todos los males. Pero ¿quién ha gobernado ese centralismo?. Fueron ellos; los que encumbraron la dictadura del General Banzer en 1971 y desde entonces han sido parte esencial del poder central. Y han utilizado el poder central para ubicar las tierras, los bosques y otros recursos, para adueñarse de ellos en forma fraudulenta; para conseguir créditos; y para que no les cobren, como los créditos algodoneros que fueron traspasados al Tesoro para que los pague el pueblo; para obtener subvenciones, rebajas, exenciones, liberaciones y facilidades ilegales de importación y exportación. Su situación privilegiada en el Estado les ha permitido frenar el desarrollo y la aplicación de la legislación laboral al área rural y muy especialmente en la media luna, gracias a lo cual han mantenido hasta el día de hoy regímenes de trabajo inhumanos, uno de ellos basado en el endeudamiento eterno de sus trabajadores. Esto es que sin el Estado central ellos no serían nada.
Un factor que tuvo gran importancia para el poder actual de los terratenientes fue el neoliberalismo. También este fue implementado a través del Estado central y tuvo como efecto ahondar el carácter primarista de nuestra economía, y por ende el fortalecimiento de los terratenientes y una mayor concentración de la tierra. La presión que los mismos terratenientes crearon sobre la tierra generó un movimiento social cuyo poder fue creciendo hasta convertirse en uno de los factores decisivos para la caída del gonismo en octubre del 2003. Las dificultades de los sucesivos gobiernos para lidiar con este movimiento y los otros, les llevó a gritar cada vez más fuerte por la autonomía. Es decir que una de las causas del autonomismo fue el crecimiento amenazante del movimiento popular, no el centralismo. Como vieron que el sector más fuerte del movimiento estaba en la parte alta del país, y que además podía contaminar a sus peones, largaron su campaña racista, contra esta población. En este marco, adoptaron la autonomía como una nuevafórmula para destruir el movimiento popular partiéndolo en etnicismos, regionalismos y resentimientos.
Debe notarse que los oligarcas de la media luna no están solos. No es raro que ningún empresario de otros departamentos del país se haya pronunciado contra las autonomías. En estos días la oligarquía minera ya ha comenzado a inducir las demandas autonomistas en Potosí, lo cual ha coincidido con la realización del Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, donde uno de los temas más discutidos fue la nacionalización de las minas, por ello es natural que la oligarquía minera y los acaparadores improductivos de concesiones mineras (contra los cuales el gobierno no ha tomado ninguna medida) adopten la autonomía para dividir a los mineros y sustituir su tradicional identificación con los problemas de alcance nacional, por una mentalidad fijada en localismos, etnicismos y regionalismo.
Latinoamericana, durante el siglo pasado, adquirió una valiosa experiencia en la luchacontra las petroleras que la puso a la vanguardia de las nacionalizaciones. Una lección central de esa experiencia, según el Gral. Mosconi es que: „Dos organizaciones, la fiscal y la privada, no pueden coexistir, pues representan intereses antagónicos, destinados a vivir en una lucha de la cual sólo por excepción saldrá triunfante la organización estatista”. Por ello Mosconi llegó a la conclusión de que el país no podría nunca asegurar su riqueza petrolera si no establecía el monopolio estatal íntegro de la cadena productiva petrolera. Otro luchador petrolero, Enrique Mariaca, en 1966, expuso las razones políticas de las desventajas de la organización fiscal frente a las petroleras, sosteniendo que lo peor con la presencia de las transnacionales petroleras es que se constituyen en un super-estado; se apoderan de la vida política e institucional del país, penetran los medios de comunicación, los partidos políticos, las organizaciones de empresarios y ejercen un gran poder de corrupción.
Estas lecciones han sido lamentablemente ignoradas en Bolivia. En tiempos del neoliberalismo, las petroleras no tenían ningún contrato legal (12), solo un acuerdo privado con el gobierno, en virtud del cual explotaron los hidrocarburos por varios años. Con el gobierno actual, estas empresas ya tienen un contrato aprobado por el Congreso; pero esto se hizo sin esperar los resultados de las auditorias en curso a las empresas. Tampoco se tomó en cuenta la explotación que realizaron ilegalmente por varios años. El costo de esta política ha sido muy alto para el gobierno pues, las empresas, como advirtió Mariaca, se apoderaron de la vida política e institucional del país, penetrando los medios de comunicación, los partidos políticos, etc... y se han constituido en el peor enemigo del gobierno y del país. Para peor, se cometió el grave error de no refundar YPFB ni la Corporación Minera de Bolivia para hacer contrapeso a las petroleras y a las mineras. Una de las consecuencias es que el abastecimiento del mercado interno de combustibles depende de las compañías.
El 3 de abril, en la presentación de su programa de gobierno, el Prefecto de Santa Cruz puso la demanda cruceña en la misma línea de las protestas del agro en Argentina (13). Este hecho refleja el impacto del neoliberalismo en Latinoamérica que ha llevado a la reprimarización de su economía, y por tanto al crecimiento y fortalecimiento de sectores como el de los terratenientes, los cuales, por las características y de su producción ya vienen aliados a las transnacionales financieras, las del agro, y las relacionadas con la monstruosa red de infraestructura vial y energética de la IIRSA. La importancia de los terratenientes es tal que se han constituido en uno de los pilares de la integración latinoamericana –la neoliberal- cuya columna vertebral es justamente la IIRSA. El poder que han adquirido los terratenientes puede limitar la soberanía o la autoridad del estado en las regiones de „su propiedad”, e inclusive influir en la re-conformación de los territorios nacionales. De hecho el proceso de regionalización del continente de la dos últimas décadas tenía ese sentido y lamentablemente los gobiernos populares continúan implementando.
Es importante tomar en cuenta que los terratenientes o agroempresarios son los agentes económicos y por ende políticos de sus financiadores. Esto es evidente del paro de los terratenientes en Argentina, el cual aparte de la lucha por sus intereses económicos específicos, tuvo objetivos más amplios: castigar al gobierno por una serie de acuerdos comerciales con países latinoamericanos, entre ellos Venezuela (14), y por su actuación en el Grupo de Río, donde C. Fernández atacó duramente el unilateralismo en las relaciones internacionales, lo cual iba contra la política exterior de los EEUU y ahora también de Colombia.
Visto lo anterior, y tomando en cuenta la ya por demás obvia injerencia de los EEUU en la crisis boliviana, podemos comprender que la secesión de Santa Cruz podría convertirlo en un nuevo Guantánamo, como Kosovo donde los americanos construyeron una base militar visible desde el espacio, por su dimensión.
La situación que adquiriría EEUU en Santa Cruz le daría una influencia excepcional sobre una extensa área de grandes riquezas naturales (hidrocarburos, minerales, agua y biodiversidad), caracterizada por el predominio de terratenientes agroexportadores vinculados a las mayores transnacionales de transgénicos, y sobre la red de transporte e infraestructura más densa de la IIRSA. A partir de esta posición, EEUU podrá zarandear a los Países de la región, utilizando a los terratenientes y otros sectores „primaristas”. Para concluir, el problema de Bolivia es que las transnacionales petroleras, a título de autonomía, y en alianza con los sectores primarios mas retrógradas, están llevando al pueblo a una guerra fratricida. Mientras el pueblo se desangre, continuarán exportando el gas de Bolivia y los terratenientes, madereros, mineros, etc., exportarán lo suyo. Esto es lo que el Prefecto de Santa Cruz ha llamado la „exportación autónoma” que regirá a partir del 5 de mayo. La cuestión es: ¿Quién comprará los objetos robados a Bolivia?
¿Quién permitirá el paso de estos objetos robados por su territorio?.
Aquí es donde tiene que entrar en juego la solidaridad y el apego a la legalidad de los países latinoamericanos; más aún si quieren evitar que se constituya el eje Colombia-Santa Cruz. Las mayores esperanzas están en la solidaridad de los pueblos latinoamericanos y de sus organizaciones, para impedir el saqueo de Bolivia y el aprovisionamiento de los saqueadores desde el exterior.
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