He realizado un viaje por Chile este mes de agosto, participando en una serie de actividades organizadas por Igor Parra, compañero chileno-español de Ecologistas en Acción Almería con amplios contactos en este país.english summary:The following text has been written from a member of our organisation, Ecologistas en Acción Spain, about a trip to Chile visiting the area of Bio-Bio- in which the Spanish multinatiol ENDESA plans to construct a dam, devastating the land of the native habitants (Mapuches)
He realizado un viaje por Chile este mes de agosto, participando en una serie de actividades organizadas por Igor Parra, compañero chileno-español de Ecologistas en Acción Almería con amplios contactos en este país.
La primera parte del viaje se ha desarrollado en la VII Región, Bío-Bío, cuya capital es Concepción. En la Universidad de Concepción, la tercera en importancia del país, impartí dos conferencias en el Instituto de Ciencias Ambientales EULA, una sobre el movimiento ecologista andaluz, y la otra sobre la gestión forestal. Hay que indicar que el movimiento ecologista en Chile es bastante débil y muy disperso, no existen organizaciones con capacidad de actuación en el ámbito estatal y la experiencia de Ecologistas en Acción interesó mucho La situación forestal es desastrosa, hay unas 2 millones de hectáreas de eucaliptus y, sobre todo, pinos de Monterrey (Pinus radiata), que forman inmensas plantaciones monoespecíficas en toda la Cordillera de la Costa. A estas conferencias asistieron numerosos representantes de grupos ecologistas de esta región y profesores e investigadores de la Universidad.
Tuve además en esta región dos reuniones interesantes. Una con el Director y los técnicos de la CONAMA (Comisión Nacional de Medio Ambiente) que es el organismos que tiene las competencias medioambientales, aunque tiene pocas de gestión, dedicando la mayor parte de su actividades a realizar las evaluaciones de impacto ambiental. Y otra con alcaldes, técnicos, profesores y representantes de cooperativas agrícolas de Asociación de Municipios del Secano Ñuble, una Mancomunidad de una comarca deprimida, con una fuerte dependencia de las industrias forestales -el primer sector económico son las explotaciones de madera de pinos y el segundo viñedos de vino- que quieren superar esta situación fomentando un modelo económico más sostenible. Tienen una gran preocupación por el proyecto, ya en fase inicial, de construcción de una macrocelulosa en la comarca. Nos piden asistencia técnica sobre los efectos de estas plantas sobre los viñedos. El que sepa algo que me pase la información.
Por último tuve oportunidad de visitar los últimos bosques nativos que quedan en la Cordillera Costera de esta región: el bosque de Nonguén, de árboles planifolios de hojas perennes, cerca de Concepción, muy amenazado, y los robledales (Notofagus) y bosques de araucarias de Nahuelbuta, en la IX región (la Araucanía).
Pero lo más grave que está ocurriendo en esta zona es la construcción de la presa de Ralco por la empresa española ENDESA. Esta presa se está construyendo en la cabecera del río Bío-Bío (Mapa), en la cordillera de los Andes, en territorio de los Pehuenches, comunidad indígena integrada en la cultura Mapuche que ha habitado estas tierras en los últimos miles de años. Esta presa dará lugar a un embalse de 1.222 Hm3 y anegaría 3.467 has. de los valles del Bío-Bío, Lomín, Villucura y Lolco, la mayoría de bosques nativos de alta biodiversidad. La turbina tendría una potencia de 520 Mw y la inversión superaría los 500 millones de dólares. Esta sería la primera de una serie de seis presas previstas en el alto Bío-Bío, que destruirían unos de los ecosistemas más valiosos del planeta, según se indica en el Informe de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, que califica estos proyectos de "Ecodesastres". El embalse inundará dos Comunidades pehuenches: Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, que están integradas por 92 familias y más de 500 personas.
Las irregularidades administrativas y las implicaciones de clara corrupción por parte de los responsables de ENDESA y la administración chilena han sido constantes en el proceso de aprobación de este proyecto.
El Estudio de Impacto Ambiental fue rechazado inicialmente por unanimidad por la CONAMA. Pero según ha declarado la que era entonces la Directora Ejecutiva de la CONAMA, Sra. Viviana Blanlot, "a pesar de los informes técnicos contrarios y debido a una imposición de la Secretaría General de la Presidencia, la Dirección Ejecutiva de la CONAMA permite a ENDESA presentar un Addendum a su EIA". La Secretaría General de la Presidencia es el Ministerio del que depende la CONAMA. En las diligencias judiciales que se siguen por este caso constan declaraciones de altos cargos de este ministerio donde se relatan las presiones políticas para la aprobación del proyecto. Al final, la CONAMA aprueba el EIA en 1997, supeditado a una serie de medidas ambientales y al cumplimiento de la legislación indígena, hechos que no se están cumpliendo.
También fue rechazado por la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), organismo encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos de la Ley Nº 19.253 de Protección de los Pueblos Indígenas, por afectar a territorios indígenas y vulnerar esta Ley. En el informe de CONADI se asegura que la realización del proyecto entrañaría la inevitable destrucción de la cultura pehuenche y su extinción como pueblo antes de una década, impacto que considera inaceptable y no podría "sino catalogarse de etnocidio". Hay que destacar que parte de los territorios que se inundarán por este embalse, 683 has, tienen la calidad jurídica de "tierras indígenas" protegidos por la Ley Protección de los Pueblos Indígenas. Ante el rechazo de la CONADI, fueron destituidos dos Directores Nacionales, Mauricio Huenchulaf Cayuqueo y Domingo Numuncura, dirigentes indígenas mapuches nombrado por el Presidente de la República para dirigir este organismo, que fueron sustituidos por un funcionario de la Secretaría General de la Presidencia. Además fueron removidos de sus cargos dos representantes del gobierno en la CONADI que habían mostrado públicamente su rechazo el proyecto Ralco. La CONADI ha terminado por aprobar el proyecto con la ausencia de los consejeros indígenas.
En los informes de la CONADI y de Federación Internacional de las Ligas de Derechos Humanos se relatan las técnicas seguidas por ENDESA y por las administraciones chilenas para "persuadir" a las dos Comunidades pehuenches a dejar sus tierras y aceptar las permutas propuestas por ENDESA. Según la Ley Nº 19.253 las tierras indígenas "no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia". La ley permite permutar tierras indígenas por otras de igual valor con el consentimiento de las Comunidades y el visto bueno de la CONAMA. El método correcto sería que se negociara con la totalidad de las Comunidades afectadas por estas permutas, que sólo tendrían valor si son aceptadas libremente por estas Comunidades. Pero ENDESA ha utilizado la táctica de negociar familia por familia, rompiendo la unidad de las Comunidades, ofreciendo casas nuevas y ganado -promesas que después no se han cumplido- a cambio de que firmaran la permuta. La administración se ha inhibido, por lo que ha tenido lugar una negociación desigual: técnicos y abogados de ENDESA frente a familias pehuenches, muchas de ellas analfabetas. Baste decir que ENDESA está pagando por las tierras permutadas veinte veces menos que su valor real. Muchos han firmado ante la amenaza de que si no lo hacían se iban a inundar sus tierras de todas formas (la presa está ya a medio construir) y no iban a recibir nada a cambio, y todo en medio de continuas declaraciones oficiales asegurando que la presa tiene todo el apoyo del gobierno. En CONADI constan numerosas declaraciones de pehuenches asegurando que se van por la fuerza, porque los echan al inundar sus tierras. Según el ex Director de la CONAMA Domingo Namuncura "se trata de un consentimiento forzoso, sin más alternativas que salir del actual lugar de residencia", por lo que según la Ley Indígena, estas permutas forzosas "adolecen de nulidad absoluta". Las permutas suponen por otro lado la disgregación de las Comunidades, pues se van a trasladar a las familias de forma independiente. Esta recolocación se va a realizar además en tierras más altas y frías, donde no podrán mantener su sistema socioeconómico basado en la recolección del pehuén (piñón de la araucaria) y el ganado trashumante entre las tierras bajas en invierno, donde viven ahora, y las altas de la Cordillera en verano. El EIA de ENDESA reconoce el alto impacto de las recolocaciones de las comunidades indígenas, impacto que se vería compensado con "la integración de los pehuenches al macrosistema nacional", a cambio de destruir su cultura tradicional.
Según consta en el Informe de la CONADI: "La construcción de la presa Ralco significa la ruptura del frágil ecosistema que sustenta la ancestral existencia del pueblo pehuenche que vive del tránsito estacional de la invernada y veranada; significa un reasentamiento que provocará un cambio en su sistema de vida, su economía de subsistencia, costumbres tradicionales y cosmovisión. Además, el reasentamiento, traslado o erradicación, no permite opción alguna de continuidad identitaria y cultural, pues la asociación tierra-hombre es el lazo que permite la existencia del Pueblo Pehuenche... En definitiva, cualquier medida de compensación económica es insuficiente ante la pérdida de cultura aborigen; los daños son inmitigables cuando está en juego parte del patrimonio de la humanidad". Según la CONAMI, este recolocación implicaría "un dramático cambio en sus modos de producción, lo que hace aún menos probable su subsistencia"..."La recolocación implica necesariamente la "Aculturación" de las comunidades".
Ha habido movilizaciones y represiones. El pasado mes de marzo 200 indígenas que se manifestaban en Ralco fueron brutalmente reprimidos por una compañía de carabineros, a los que ENDESA pagó el transporte, alojamiento y manutención. El resultado fue de docenas de heridos y detenidos, a los que han iniciado juicio en fiscalías militares. El episodio más cruel ha sido la destrucción deliberada por maquinaria de ENDESA de cementerios y lugares sagrados de los pehuenches.
La concesión eléctrica a ENDESA y los derechos sobre el río Bío-Bío (que de hecho es ya un río privado de ENDESA) está también plagada de irregularidades, y fue firmada por el entonces Presidente Eduardo Frei el último día de su gobierno, en enero de 2000. En el Decreto de concesión se ordena de forma ilegal constituir servidumbre sobre 133 predios, de los que 98 pertenecen a pehuenches, por lo que están amparados por la Ley de Protección de los Pueblos Indígenas.
Es sorprendente que estas actuaciones de ENDESA en Chile hayan pasado bastante desapercibidas en España. Sólo consta en Chile la actuación de un grupo de apoyo a los pehuenches en las Baleares, que han conseguido varias resoluciones del Parlamento balear solicitando al Gobierno de Chile la paralización de este proyecto, y el apoyo del grupo parlamentario de Esquerra Republicana del Parlamento Catalán. Recientemente, una delegación pehuenche ha mantenido una entrevista en Bruselas con miembros del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, concretamente con Miquel Mayol I Raynal y Gaby Küppers.
Ante esta situación creo necesario lanzar una campaña en nuestro país contra ENDESA para presionar y conseguir la paralización del proyecto Ralco y de las otras presas previstas en el Bío-Bío. Entre las personas con las que he tratado este tema están Cristrian Cornejo, activo ecologista de Concepción y uno de los organizadores de la campaña contra la presa Ralco, y Roberto Celedón, prestigioso abogado de Santiago que está llevando la asistencia jurídica a las comunidades pehuenches de Ralco de forma altruista. Roberto, y un equipo de apoyo jurídico que se ha constituido en la Universidad ARCIS -en el Departamento de Derechos Humanos y Estudios Indígenas-, tenían preparada una demanda para presentar en España contra ENDESA por genocidio. Tomaron contacto con un bufete de Madrid que los han toreado, pues les han sacado bastante dinero -10.000 dólares- por un informe donde terminan por desaconsejar que actuaran contra ENDESA. Igor y yo le propusimos que podríamos tramitar los asuntos jurídicos en España, incluida esta demanda por genocidio, que considero que es de suma importancia y podrían crear un importante precedente. Roberto se compromete a redactar y documentar todas las demandas, nosotros sólo las tendríamos que tramitar y llevar la campaña de información pública. Nos ha facilitado un CD con todo tipo de documentos sobre el caso Ralco. Hay que recordar que el delito de genocidio está tipificado en el Código Penal español (art. 607) y que es de clara aplicación a este caso: "Los que, con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetraren alguno de los actos siguientes...desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo a otro".
Les he ofrecido a Cristian y a la miembros de la Coordinadora de Fuerzas por el Bío-Bío que redacten un artículo para nuestra revista y que nos manden información para ir insertando en nuestra página Web. Toda la información que divulguemos sobre las actuaciones de ENDESA en Chile les va a hacer mucho daño a esta empresa y servirá de presión contra el proyecto Ralco.
También me entreviste en Santiago con Tomás Mosciati, Director de la cadena de radio Bío-Bío (¡casualidades!), una de las más importantes del país, que se comprometió a divulgar todas nuestras actuaciones contra ENDESA en España. Esta cadena me realizó una entrevista que emitieron a nivel nacional (di tela de caña contra las plantaciones de eucaliptus y pinos, y contra ENDESA). La cosa les ha preocupado, y un portavoz de ENDESA me contestó a los pocos días desmintiendo todas mis acusaciones. Pero el tema ha quedado ahí, y la noticia de que ecologistas españoles van a actuar contra ENDESA se ha difundido ya a nivel nacional.
Y esto es todo. Puerto de Santa María a 24 de agosto de 2002
Juan Clavero
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