PRONUNCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES,INDIGENAS, CAMPESINAS Y DE DERECHOS HUMANOS ANTE LA SEGUNDA REUNION DE PRESIDENTES DE AMERICA DEL SUR [Guayaquil , julio 26 y 27 del 2002].

Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento nos dirigimos a los Presidentes de las Repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela para expresarles nuestra preocupación por los siguientes temas de interés regional y continental:

1. La implementación del Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA)
    
   La discusión sobre el acceso a los mercados reviste una importancia especial no sólo para los Estados sino para nuestros pueblos, por todas las implicaciones y consecuencias que este tipo de decisiones traen consigo. La participación de nuestros países en el Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA) no puede ser impuesta verticalmente, si no se garantiza previamente el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, en particular a ser consultados sobre la conveniencia o no de este proceso, como una expresión de la voluntad política de nuestros gobernantes para fortalecer las democracias de la región.
    
   El llamamiento a una consulta regional donde se pronuncien nuestros pueblos respecto a la participación o no de nuestros países en el Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA) debe ser considerada en la agenda presidencial de la región.
    
   Llamamos a la reflexión a los Jefes de Estado presentes en nuestro país respecto a la marcada inestabilidad de las economías latinoamericanas, y los recientes sucesos en Argentina son una prueba de ello.
    
   La liberalización comercial de bienes y servicios, la eliminación de todo tipo de control nacional al capital financiero internacional, el diferencial tecnológico respecto a los Estados Unidos de América y Canadá, la inseguridad jurídica, la inflación, los desajustes financieros, las privatizaciones, el ajuste estructural, el enorme peso de la deuda externa, la corrupción y las inequidades sociales que mantienen sumidos en la pobreza y la miseria a millones de latinoamericanos, deben ser actores ineludibles en sus deliberaciones y convocan a la adopción de compromisos y medidas que pongan término a las exclusiones históricas.
    
   Apostamos por una asociación e integración regional económica, política, social, tecnológica y cultural que tenga como uno de sus principales propósitos la construcción de la comunidad latinoamericana de naciones donde las relaciones comerciales sean un medio para conseguir estándares de desarrollo humano sustentable que eliminen progresivamente la pobreza y sus causas estructurales, aseguren una calidad debida digna de las personas, promoviendo la justa y equitativa redistribución de la riqueza.
    
2. La paz y la seguridad en la Región Andina
    
   Los Gobiernos sudamericanos deben contribuir y fomentar, a través de mecanismos de cooperación y asistencia mutua, la paz y la seguridad en la Región Andina y, especialmente, en Colombia. No obstante, consideramos pertinente sumar a sus decisiones las propuestas de la sociedad civil colombiana y la de los países fronterizos.
    
   Por esta razón, escuchamos con profunda preocupación las voces de altos funcionarios gubernamentales de la región que sugieren una posible solución militar al conflicto social y armado colombiano, bajo el amparo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de la Junta Interamericana de Defensa. La guerra no es viable ni humana, ni económica ni políticamente. Es imperativo para la paz, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la seguridad en la región promover, retomar, fortalecer y acompañar al Gobierno colombiano en el proceso de negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
    
   También debe quedar claro que la asistencia militar de los Estados Unidos de América a Colombia, la vinculación de la insurgencia y las fuerzas paramilitares con el narcotráfico, la persistencia de masacres, asesinato de líderes sociales, secuestros, desplazamientos forzados y otras formas de degradación de la guerra, no ayudan a crear un clima de confianza para reiniciar un proceso de paz.
    
   Esta oportunidad que la historia contemporánea brinda a los presidentes latinoamericanos debe ser asumida con fortaleza y osadía en beneficio de la paz y la seguridad en nuestra región. La paz de Colombia es la paz de todos.
    
3. Los derechos humanos en el Continente
    
   Graves problemas de derechos humanos en nuestros países siguen sin solución. Se mantienen las desapariciones forzadas, la tortura y la pena de muerte. Persiste la impunidad. La discriminación contra las mujeres, los adultos mayores, los niños/as, los pueblos indígenas y los pueblos afroamericanos no tienen respuestas estatales eficaces. Los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros pueblos son desconocidos. Los derechos laborales de miles de trabajadores son conculcados cotidianamente. La degradación del medio ambiente, la inadecuada explotación de los recursos naturales y la vulneración de los derechos ambientales merecen su inmediata intervención por las consecuencias desastrosas que acarrean para nuestros pueblos.
    
   En Bridgetown, Barbados, durante la última Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las organizaciones sociales y no gubernamentales advertíamos que los Estados de la región no habían avanzado seria y decididamente para superar estas situaciones. Por tal razón, les reiteramos las siguientes demandas:
    

1. El fortalecimiento del sistema interamericano de protección de derechos humanos, que incluya la ratificación de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana;
    
2. La participación de la sociedad civil en los diversos foros promovidos por los Gobiernos es de enorme importancia, pues es una demostración de su voluntad y madurez política, así como de su espíritu democrático;
    
3. Un firme compromiso de todos los gobernantes para contribuir a poner término a la grave crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia;
    
4. La búsqueda de soluciones democráticas, mediante procedimientos constitucionales, para la superación de la crisis políticas, en especial en Argentina y Venezuela;
    
5. La implementación de una política de negociación multilateral con las instituciones financieras internacionales (FMI, BM, BID, entre otras), sujetándose a los principios fundacionales de la Carta de las Naciones Unidas, y al respeto y cumplimiento de la normativa internacional de los derechos humanos establecidos en los convenios y pactos internacionales, como la Declaración del Derecho al Desarrollo;
    
6. Un público respaldo y reconocimiento a la labor de los defensores/as de derechos humanos en la región, pues ellos contribuyen a mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas, reducir las tensiones sociales y políticas, crear un entorno pacífico, tanto en el plano nacional como internacional, y fomentar el interés de la comunidad nacional e internacional por los derechos humanos;
    
7. La firme decisión de incorporar las demandas de los pueblos indígenas y afroamericanos en el diseño y la implementación de las políticas públicas de los países de la región, en el marco de la aplicación del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes;
    
8. Una mayor sensibilidad con la situación de miles de ciudadanos que por las condiciones de exclusión social de nuestros países se han visto obligados a emigrar fuera de nuestra región.
    
   Este momento, miles de hombres y mujeres, adultos y niños/as, soportan el peso de una política migratoria impuesta por los Estados receptores que viola sistemáticamente sus derechos humanos. Los programas y operativos de hostigamiento y acoso por los agentes del Estado, las detenciones y deportaciones masivas, la explotación laboral debido a su irregular situación migratoria, la discriminación por su nacionalidad o su origen étnico, la xenofobia y la intolerancia, a la que son sometidos miles de latinoamericanos en el extranjero, en particular en Europa y los Estados Unidos, merece su inmediata respuesta.
    
   Esta situación es el resultado negativo y paradójico de la globalización. Europa y los Estados Unidos de América, cuna de los derechos ciudadanos, las libertades fundamentales y la democracia, discriminan a quienes van a sus naciones deseando ejercer el derecho a la esperanza. Los emigrantes latinoamericanos han reconstituido el tejido demográfico de la población europea que tiene tasas bajas de crecimiento, además han aportado nuevas dinámicas y cosmovisiones culturales que constituyen otros paradigmas sociales donde la riqueza humana deviene de la convivencia, de la interculturalidad y la diversidad.
    
   Por tal razón, primero, les exhortamos a suscribir la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y, segundo, amparados en el principio de reciprocidad, iniciar una campaña internacional para que los Estados receptores de emigrantes latinoamericanos procedan a adherirse a este instrumento internacional de derechos humanos.
    
   Del mismo modo, les exhortamos a emplear los mecanismos diplomáticos pertinentes para que los Estados receptores en Europa se adhieran al Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe la expulsión colectiva de ciudadanos extranjeros y al Protocolo 7 del citado instrumento que establece garantías para el debido proceso en los casos de expulsión;
    
9. Una posición más congruente con la realidad de nuestros países en la lucha contra el terrorismo. Las organizaciones sociales, indígenas, campesinas y de derechos humanos condenamos firmemente los actos de terrorismo, pues generan violencia y atentan contra el derecho a la vida y las libertades fundamentales. No obstante, vemos con profunda preocupación como los Estados Unidos de América impone en nuestra región una visión unilateral de la lucha contra este delito. No por ello podemos olvidar las nefastas consecuencias del terrorismo de Estado en décadas pasadas en nuestro Continente. Por esta causa, consideramos que la lucha contra el terrorismo no puede atentar contra el derecho a solicitar asilo y a la no devolución (non refoulement), el derecho a un juicio justo y el derecho a la libertad de asociación, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Internacional de Derechos Humanos.

Por lo expuesto las organizaciones sociales, indígenas, campesinas y de derechos humanos firmantes instamos a los dignatarios que participan en la II Reunión de Presidentes de América del Sur a acoger estas demandas y planteamientos.