AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, A LOS MINISTROS DE ENERGIA Y MINAS, ECONOMIA Y DEL AMBIENTE, AL CONGRESO NACIONAL Y AL PUEBLO ECUATORIANO
La empresa estadounidense Occidental Exploration and Production Company que opera en el Ecuador desde hace 20 años bajo un Contrato de Participación en el bloque 15 y Convenios Operacionales de Explotación Unificada en los campos Edén-Yuturi y Limoncocha, ha violado la Constitución de la República y leyes nacionales del país.
Las tres principales violaciones a la Ley de Hidrocarburos por parte de la transnacional Occidental que sustentan la declaración de caducidad del Contrato de esta empresa con el Estado son:
1.- El traspaso de derechos y obligaciones del contrato petrolero sin la autorización previa del Ministro de Energía y Minas. OCCIDENTAL y CITY INVESTING COMPANY LIMITED (AECI) suscribieron con vigencia desde el 1º de octubre del año 2.000 y hasta que hayan finalizado los "Contratos Participativos", un "Operating Agreement", en virtud del cual la AECI dispone del 40% en los Contratos Participativos, y OCCIDENTAL del 60%; y se nombra a OCCIDENTAL como Operador de los 3 campos petroleros. Hasta el momento el Ministro de Energía y Minas no ha autorizado dicha transferencia.
2.- No haber realizado las inversiones mínimas establecidas en el contrato.
3.- La reincidencia en infracciones a la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento, entre otras: irrespeto de las tasas máximas de producción; ocultamiento de información clave a la Dirección Nacional de Hidrocarburos, DNH, en los ámbitos financiero y técnico (como la perforación de pozos, movimiento de crudo); incumplimiento en el pago de "derechos de control anual" y las "regulaciones de entregas de petróleo crudo del Sistema de Oleoducto Trans-ecuatoriano (SOTE)".
Por otra parte, los delitos de esta empresa incluyen: operar en Áreas Protegidas (Limoncocha, Pañacocha, Yasuní, Cuyabeno); engañar y humillar a comunidades locales con ofrecimientos incumplidos; provocar la expropiación de territorios indígenas; contaminar el río Napo con desechos tóxicos; utilizar mano de obra infantil para sus trabajos de limpieza de materiales tóxicos; operar su oleoducto Edén Yuturi-Lago Agrio sin licencia ambiental; construir una carretera clandestina en territorio Kichwa, cerca del Parque Nacional Yasuní; utilizar violencia extrema (amenazas, detenciones, agresiones, torturas) contra campesinos de la comunidad Unión Paltense durante la construcción del oleoducto Edén-Lago Agrio; atracar en mayo de 1999 el patrimonio nacional cuando acordó con el entonces Ministro de Energía y Minas, René Ortiz, que se le entregue los campos Edén-Yuturi y Limoncocha, considerando que sólo las reservas de Yuturi son superiores a las del Bloque 15.
Cada día que el Estado se retrasa en declarar la caducidad del Contrato con Occidental el país deja de percibir 112.000 barriles diarios de petróleo. La caducidad de este contrato significa un ingreso para el país de aproximadamente 1.200 millones de dólares anuales. En otras palabras, los ingresos potenciales para el Estado serían muy superiores a los que el Banco Mundial prevé entregar al Estado en estos 5 años, como lo expresa en su Estrategia de Asistencia al País. Con estos recursos financieros y de manera soberana se puede invertir en una verdadera transformación de la situación en que se encuentra la mayoría de la población y también significa evitar que se amplíe la frontera petrolera hacia áreas frágiles y territorios indígenas en el centro y sur de la Amazonía.
Estados Unidos, a través de su embajada y del Departamento de Comercio, está chantajeando diplomáticamente al Ecuador, amenazándonos con un arbitraje internacional y no firmar el TLC si se declara la caducidad del contrato con Occidental. Esta intromisión de los EEUU es inaceptable y, por ello, constituye una causal más de caducidad a los contratos petroleros suscritos con esta empresa.
Todas estas irregularidades, infracciones y delitos que ha cometido Occidental violan los derechos económicos, sociales, ambientales, colectivos de los ecuatorianos garantizados en la Constitución y leyes de la República y en tratados internacionales. No podemos permitir que esto quede impune.
Solicitamos la inmediata cancelación del Contrato con la empresa Occidental porque ha atentado contra la Soberanía y Dignidad de nuestro país.
Atentamente
CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.