Santo Domingo, 12/10/2006. Agentes Policiales fuertemente armados comandados por el coronel Aquino interrumpieron e impidieron llegar al Palacio de Gobierno a cientos de habitantes de barrios y comunidades, los cuales se proponían entregar un manifiesto público al Presidente Leonel Fernández demando el cese de los desalojos forzosos, la promulgación de una Ley de Titulación a favor de los habitantes, el reasentamiento e indemnización de comunidades desalojadas en Villa Esfuerzo, Altos de Chavón, Cristo Rey, La Zurza, Los Haitises, San Francisco de Macorís y la disolución del grupo paramilitar autodenominado "Los Buitres" que destruye las viviendas, roba loa ajuares y pertenencias y ha asesinado y herido a varios ciudadanos.
A penas se había iniciado en la Plazoleta La Trinitaria la "Marcha Popular al Palacio Nacional" fue interceptada por los agentes policiales indicando que no permitirían su realización.
La actividad fue convocada por la Red de Coordinación Urbano Popular, con el respaldo de varias instituciones y redes asesoras como son CIUDAD ALTERNATIVA, Centro Juan Montalvo, CEDAIL, Alianza Internacional de Habitantes, HIC, y con la solidaridad internacional del Grito de los Excluidos/as y la VÍA CAMPESINA. Después de forcejeos los manifestante se desviaron hacia la avenida México y dos esquinas antes del Palacio Nacional, en la calle Juan Bautista Vicini fueron nuevamente interceptados y cercados por agentes fuertemente armados.
Fuertes discusiones se produjeron entre el coronel Aquino y Los dirigentes populares Jesús Adón, del Consejo de Unidad Popular, Catalina Pirón de COPADEBA, Juana Ferrer de CONAMUCA, Victor Gerónimo del COLECTIVO, Soler Pérez, de UPROBRISAS, Cesar Trinidad de MAMA TINGÓ e Isabel Tejada del Movimiento de Comunidades Campesinas Unidas, MCCU. Luego de una consulta Pedro Franco de la Coordinación de la Campaña Cero Desalojos presentó a Santos Mota, Coordinador del Espacio Urbano Popular, quien anunció la decisión de "rechazar y denunciar la disposición del Gobierno de impedir esta Marcha, pues estamos ejerciendo un derecho".
Santos Mota a continuación leyó el Manifiesto del 12 de Octubre, llamando al Gobierno a favorecer una Mesa de Diálogo y Concertación que permita abrir una discusión para la aprobación de una Ley de Titulación a favor de los habitantes, que solo en Santo Domingo favorecería a más de un millón de personas que han edificado sus viviendas en terrenos reclamados por particulares, y los cuales sufren constantemente desalojos.
"No es posible que el Presidente siga hablando de un Estado Social de Derechos mientras las casas le son demolidas encima a la gente con la participación de funcionarios civiles y militares; que el Presidente hable de Cambiar la Deuda Externa para Cumplir los Objetivos del Milenio y promueva desalojos, cuando el objetivo 7-11 nos habla de poner fin en el 2020 a los "sin techo".
Con las notas del Himno Nacional dominicano fue clausurada la actividad.
Red de Coordinación Urbano Po**pular*
*Por la Defensa del Territorio*
Este 12 de octubre 2006 los pueblos del continente y El Caribe conmemoramos el "Día de Movilización Continental de los/as Excluidos/as"; de los "sin techo", "sin voz", "sin tierra" y los desamparados. Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular iniciada hacen más de 500 años en nuestra América.
Estamos aquí, frente a las autoridades dominicanas en la "Asamblea Nacional de Pobladores/as" en marcha hacia el Palacio Nacional. En lucha por el derecho Fundamental y Humano, a la Vivienda y en demanda del cese inmediato de los desalojos los cuales se han incrementando de modo exorbitante en los últimos meses, al igual que siguen las amenazas a miles y miles de familias en todo el territorio nacional. Para peor, estas amenazas provienen no solo de particulares, sino también del propio Estado, en tanto que el Abogado del Estado se despacha con frecuencia asignando autorizaciones de desalojo en franca violación al derecho que nos asiste como ciudadanos/as.
República Dominicana, al igual que la mayoría de los países del área forma parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, el cual, igual que nuestra constitución compromete a los gobiernos a satisfacer la necesidad de vivienda digna e infraestructura a los habitantes, a proteger y promover el derecho a la vivienda como un Derecho Fundamental Humano.
No obstante, estos compromisos de carácter internacionales y las observaciones hechas por organismos de la ONU, como el Comité de los DESC (ver documento E/C 12 1994- 15), las autoridades dominicanas las ignoran completamente. Además de su responsabilidad social como Estado de proteger a los mas pobres, una gran parte de la población de los sectores populares del país, tienen que soportar impotentemente el ver que las propias autoridades le demuelen las viviendas que han logrado construir a fuerza de muchos años y de enormes sacrificios, con máquinas pesadas asistidas por bandas de civiles armados protegidos por la Policía Nacional
Señores autoridades dominicanas encabezadas por el Dr. Leonel Fernández, presidente constitucional de la Republica, creemos que constituye una vergüenza para ustedes ufanarse de los altos niveles de seguridad que proporciona el país para la inversión extranjera y de las facilidades que se asignan a empresas, incluyendo grandes porciones de terrenos, mientras que quienes habitamos los barrios populares y poblamos nuestros campos carecemos de la garantía de un pedazo de suelo para poder vivir * trabajar con seguridad, en paz y con dignidad. *Eso es Desarrollo Humano.
Indigna a la población dominicana que en pleno siglo XXI se esté empleando máquinas pesadas para demoler humildes viviendas, que se utilice desde y en nombre del Estado bandas de civiles armados que se llevan a su paso todos los ajuares "en nombre de la Ley" y en compañía del "Cuerpo del Orden", la Policía Nacional, ¡OH ironías del destino!. No aparece autoridad que ponga freno a tanto desatino, y es lo mismo, desde arriba, nadie sabe nada de cuanto ocurre cuando la "justicia la autoridad y el orden" se ensañan contra los mas débiles, los hijos de machepa.
En menos de dos (2) meses pasan de 600 viviendas demolidas, 453 en el municipio de Boca Chica, 20 en Brisas del Este, cinco (5) en Valiente, en Jarabacoa, Azua y Pedernales y varias familias afectadas por la construcción del tramo carretero San Cristóbal- Ban entre otros lugares; mientras se impone la incertidumbre entre las miles de familias del entorno de los Ríos Ozama e Isabela por la construcción de la Av. Perimetral al margen de la opinión de los moradores y sus organizaciones respecto a la movilización del contingente humano y el impacto en timos ecológicos que esto representa.
Lo mismo ocurre en el caso de las familias campesinas de los bateyes de la región de Los Haitises donde el Consejo Estatal del Azúcar CEA y el Instituto Agrario Dominicano-IAD, le quieren echar del lugar en donde siempre han vivido sin buscar en lo mas mínimo un nivel de solución, sin proveer el amparo necesario de una verdadera ley de reforma agraria que garantice el derecho a la tierra para los campesinos. Lo propio sucede a campesinos de San Francisco de Macorís.
Vista la situación denunciada, las organizaciones congregadas aquí, en esta Asamblea Nacional de pobladores/as, acompañada de su cuerpo de asesores, Ciudad Alternativa, Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, s.j. Centro Dominicano de Asesoria e Investigaciones Legales CEDAIL, HIC y la Alianza Internacional de Habitantes - AIH; de Redes Grito de los Excluidos/as y la VÍA CAMPESINA, *planteamos* la necesidad de crear una *Mesa de Diálogo y Concertación* entre todos los sectores involucrados a los fines de buscar una solución armoniosa y definitiva que garantice un lugar seguro donde nuestras familias puedan vivir en paz y con dignidad al tiempo que damos paso a la aprobación del Proyecto de Ley de Titilación como forma de solución a mediano plazo. Estas propuestas se complementan con las siguientes:
Agradeciendo su atención, le saludan en el Día Continental de los Excluidos y Excluidas y la Asamblea Nacional de Pobladores, por el Equipo de Coordinación de la Red Urbano Popular:
Santos Mota, Coordinador General
Consejo de Desarrollo Comunitario de La Caleta CODECOC
Comité para la Defensa de los Derechos Barriales COPADEBA
Colectivo de Organizaciones Populares
Consejo de Unidad Popular- CUP
Unión de Juntas de Vecinos Inc. De Sabana Perdida
Movimiento Campesino de las Comunidades Unidas MCCU
Frente Progresista de La Caleta FRENPROCA
Unión para el Progreso de Brisas del Este UPROBRISAS
Nota: La Confederación de Mujeres del Campo, CONAMUCA, y la Federación Urbano Campesina MAMÁ TINGÓ suscriben el documento.
Santo Domingo, Distrito Nacional
12 de octubre 2006
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