En el caso de Venezuela, el respaldo militar y popular al gobierno legítimamente constituido del presidente Chávez, así como el pronunciamiento en favor de la institucionalidad democrática formulado por la OEA, han frustrado el intento de las corporaciones energéticas estadounidenses (y alguna competidora española) de conseguir por la fuerza, con el apoyo de sus aliados dentro de la casta gerencial de PDVSA, el control total de la producción nacional

Venezuela: Otro frente en la guerra petrolera mundial
Gustavo Fernández Colón

Una espada de Damocles pende sobre la administración Bush: la incapacidad que ha demostrado hasta ahora para sacar al país de la recesión crónica en la que está sumido desde mucho antes de los atentados del 11 de septiembre. La reciente reestructuración del equipo económico de la Casa Blanca, que costó sus cargos al secretario del tesoro Paul O'Neill, al titular de la Comisión de Valores y Cambio Harvey Pitt y al asesor económico Larry Lindsay, es apenas un indicio de las enormes presiones que, de cara a las elecciones del 2004, están obligando al presidente Bush a implementar un plan de reactivación de la economía que ofrezca resultados tangibles en el corto plazo. Sobretodo en momentos en los que el capital político de la guerra contra el terrorismo, no sólo se ha agotado sino que comienza a arrojar pérdidas; a raíz de las escandalosas evidencias de incompetencia y falta de coordinación entre la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional en la prevención de los ataques contra las Torres Gemelas, y la intempestiva renuncia de Henry Kissinger a la Comisión Independiente nombrada, apenas en noviembre, para hacerse cargo de las investigaciones sobre las "fallas de inteligencia" del aparato estatal de seguridad.

Dos datos preocupantes del mes de diciembre completan el difícil cuadro de la economía estadounidense: el peor desempeño en las ventas decembrinas de las últimas tres décadas y el aumento de hasta un 30% en el precio de la gasolina en comparación con el año pasado. Las expectativas de una nueva guerra contra Irak y el paro de la industria petrolera venezolana, han disparado el precio del barril de crudo por encima de los treinta dólares. De modo que a los factores endógenos de la recesión se añaden ingredientes exógenos cuya solución no depende tanto de la política monetaria, fiscal o comercial; sino más bien de la efectividad de la política exterior y de los planes militares puestos en marcha en la esfera internacional.

No es la primera vez que el ciclo económico de los Estados Unidos se ve afectado por los vaivenes del mercado petrolero mundial. Sucedió a principios de los setenta, cuando la OPEP negoció con las compañías petroleras occidentales un aumento de los precios del crudo para compensar los efectos de la devaluación del dólar, después de la eliminación del patrón oro declarada por Nixon en 1971. Con el embargo petrolero de 1973, impuesto por los productores árabes en protesta por el respaldo estadounidense a Israel durante la guerra de Yom Kippur, la escasez y el alza en los precios del combustible profundizaron -y algunos sostienen que provocaron- la recesión sufrida por la primera potencia mundial entre 1973 y 1975.

De cualquier manera, es un hecho evidente que la paralización de la industria petrolera de Venezuela, (país que cuenta con cerca del 7% de las reservas mundiales de crudo y proporciona alrededor del 13% del petróleo importado por los Estados Unidos), incide directamente en los planes de recuperación económica del presidente Bush; al encarecer el precio interno de la energía e incrementar las presiones inflacionarias que, hasta los momentos, se han mantenido a raya gracias a los recurrentes recortes de las tasas de interés efectuados por la Reserva Federal y las tendencias deflacionarias propias de cualquier proceso recesivo.

Por otra parte, la política exterior de Washington también se ve afectada desde el momento en que el incumplimiento en los despachos de PDVSA incrementa el riesgo de una escalada en los precios internacionales del crudo, en caso de que Bush decida iniciar la guerra contra Irak. Por esta razón Humberto Calderón Berti, expresidente de la petrolera estatal venezolana, declaró hace poco que los planes militares de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico tendrían que ser retrasados mientras no se logre una solución definitiva al paro petrolero promovido por la Coordinadora Democrática, opositora del gobierno de Chávez.

Sin embargo, examinando más detenidamente los hechos, la declaración de Calderón Berti -en la actualidad consultor de importantes empresas transnacionales de energía- luce como otra carnada más de la derecha venezolana para apuntalar el respaldo de Washington al plan de desnacionalización de la corporación estatal Petróleos de Venezuela, pues no hay ningún indicio de que la crisis de esta compañía pueda alterar el cronograma de las operaciones bélicas contra Bagdad previstas para la primavera. Al contrario, la resistencia que algunos antiguos aliados de Estados Unidos durante la Operación Tormenta del Desierto de 1990, como Alemania y Francia, han manifestado contra el nuevo proyecto de invasión a Irak impulsado por Bush, puede ser vencida con mayor facilidad con el auxilio de la presión económica que implica el alza de los precios internacionales del crudo, agudizada por el intento de paralización de la industria petrolera venezolana. Una intervención cruenta pero corta en Irak y la salida de Chávez por vía electoral, a más tardar en agosto, permitirían eventualmente a Washington contar con petróleo abundante y barato para el segundo semestre del 2003. Pues en resumidas cuentas, la premura por derrocar a Hussein está animada por los mismos objetivos que desencadenaron la brutal campaña militar estadounidense contra el pueblo de Afganistán y el respaldo de la Casa Blanca al efímero golpe del pasado mes de abril en Venezuela: el control imperial sobre las principales reservas petroleras del planeta, el desmembramiento de la OPEP y el abaratamiento del precio de la energía para subsidiar el despegue de las aletargadas economías del Primer Mundo.

En el caso de Venezuela, el respaldo militar y popular al gobierno legítimamente constituido del presidente Chávez, así como el pronunciamiento en favor de la institucionalidad democrática formulado por la OEA, han frustrado el intento de las corporaciones energéticas estadounidenses (y alguna competidora española) de conseguir por la fuerza, con el apoyo de sus aliados dentro de la casta gerencial de PDVSA, el control total de la producción nacional. Tanto los militares golpistas del pasado 11 de abril como los gerentes responsables del sabotaje a la industria en diciembre del 2002, lucen actualmente desarticulados ante la paciente pero contundente respuesta del gobierno. De ahí que, a partir de ahora, la oposición enfile todas sus baterías propagandísticas y recursos económicos en la promoción de un referéndum consultivo de dudosa legalidad, para intentar reemplazar a Chávez por la vía electoral. Sin embargo, en un clima de enfrentamiento y desestabilización institucional como el que actualmente vive Venezuela, donde el actual Consejo Nacional Electoral, en virtud de su fractura interna, ni si quiera ha sido capaz de llevar a buen término las elecciones sindicales del año 2001, resulta poco factible la realización de una consulta electoral mínimamente confiable, si antes las partes en conflicto no arriban a un acuerdo para la reestructuración del Poder Electoral y la normalización, en la mayor medida posible, de la vida económica, política y social de la nación. De otra manera, la campaña mediática en pro de un referéndum consultivo para solicitar la renuncia al presidente el próximo dos de febrero, no será más que un nuevo escenario de conflicto para forzar la intervención de la OEA como árbitro directo de un próximo proceso electoral y, en última instancia, para activar la más peligrosa jugada de la derecha fascista venezolana: la intervención militar de los Estados Unidos, tácitamente anunciada en la descabellada propuesta de eliminación de la Fuerza Armada Nacional formulada por algunos voceros de la oposición en los últimos días.