Acolman, Mex., 11 de julio. Al menos un millar de policías de la Fuerza de Acción y Reacción Inmediata (FARI) del estado de México arremetieron contra más de 100 labriegos de San Salvador Atenco cuando se dirigían a esta cabecera municipal a protestar en un acto que encabezaba el gobernador mexiquense, Arturo Montiel Rojas; los campesinos respondieron con machetes, piedras y palos en un choque que dejó un saldo de al menos 30 ejidatarios lesionados, varios de gravedad, 19 desaparecidos y tres agentes estatales heridos.
Todo comenzó al filo de las 12:30 horas, cuando los campesinos de San Salvador Atenco, en resistencia por la prevista construcción del aeropuerto de la ciudad de México en la zona de Texcoco, se congregaron en la plaza principal para partir en caravana hacia el municipio de Teotihuacán y protestar en un acto que realizaría el gobernador mexiquense. Un grupo de 40 labriegos, encabezados por Jesús Adán Espinoza e Ignacio del Valle, líderes del movimiento, emprendió en tres camionetas la ruta a Teotihuacán.
Al llegar al poblado de Santa Catarina, sobre la vía Acolman-Pirámides, casi un kilómetro antes de arribar a la cabecera de Acolman, los campesinos se encontraron con un camión tipo torton rojo que habían colocado los policías estatales para impedir que la caravana pasara. Los labriegos empujaron el vehículo que obstruía su paso y lo proyectaron a una canaleta del costado de la vialidad; lo mismo hicieron con un camión de pasajeros atravesado.
El grupo de ejidatarios continuó su recorrido, pero metros adelante una valla de casi 40 policías estatales del FARI, con equipo antimotín y escudos, le hizo frente. Durante casi una hora las agresiones sólo fueron verbales entre ambos bandos, unos metros los separaban. Los labriegos dieron aviso a sus compañeros que se encontraban en San Salvador Atenco, por lo que su contingente aumentó a casi 120.
Ignacio del Valle, uno de los dirigentes, solicitó a un comandante de la policía se les permitiera el paso, pero los ánimos se caldearon cuando de entre las milpas ubicadas a un costado de la carretera un grupo de casi 100 policías vestidos de civil salió y encaró a los campesinos.
El choque
El enfrentamiento comenzó. Primero hubo golpes entre los efectivos vestidos de civil y los campesinos, y estos últimos lograron replegarlos. Pero inmediatamente cientos de granaderos se incorporaron a la valla y comenzaron a arrojar gases lacrimógenos hacia los ejidatarios.
La policía hizo decenas de disparos mientras enfrentaba y replegaba a los miembros del movimiento en resistencia contra la construcción de la terminal aérea. Una nube de gas cubrió la zona.
El equipo antimotín avanzó, cubierto con cascos y caretas y portando toletes y escudos. Del bloque de campesinos, uno a uno iban cayendo a lo largo de casi un kilómetro de la carretera Pirámides-Acolman, debido a que eran atacados también por la retaguardia.
El campesino conocido como Zapata, uno de los miembros más activos del movimiento, no pudo replegarse debido a que cojea y fue golpeado por al menos 20 policías. Su cuerpo quedó enmedio de un charco de sangre, y casi sin conocimiento continuaba siendo agredido. "¿No que muy chingón?", gritaban los efectivos. Al acercarse estos corresponsales, el ejidatario decía: "Me voy a morir, tengo sed".
Por lo menos otros 20 campesinos fueron lesionados. Los policías arremetieron también contra civiles que pasaban por el lugar y usuarios del transporte que circulaban por la carretera. Del bando de los uniformados varios resultaron lesionados por machete.
Al verse copados por la retaguardia, los campesinos huyeron y se introdujeron en varios domicilios particulares, mientras otros lograron abordar las tres camionetas que se encontraban en su poder, ya que dos más fueron destrozadas por los agentes antimotines.
Los campesinos que lograron entrar en las viviendas fueron sacados por la fuerza y detenidos. Mientras tanto, un helicóptero de la policía estatal sobrevolaba la zona y un tripulante daba órdenes con señas para que se siguiera a los campesinos que regresaban a San Salvador Atenco.
Por la tarde noche, al menos 300 ejidatarios ingresaron a la Subprocuraduría de Justicia con sede en Texcoco, donde detuvieron a siete trabajadores de esa dependencia, entre ellos a su titular, José Andrés Mendiola Valdés, en respuesta porque en las galeras ya no se encontraba uno de sus líderes, Ignacio del Valle Miranda, detenido por agentes de la Policía Judicial cuando recibía atención médica en un hospital particular de Texcoco, tras el enfrentamiento de la mañana en Acolman.
Al conocerse de los hechos sangrientos, cientos de habitantes y ejidatarios se congregaron en la explanada principal de San Salvador Atenco, donde de inmediato bloquearon cuatro puntos de la carretera federal Texcoco-Lechería.
A las 14:30 horas, alrededor de 3 mil 500 habitantes colocaron piedras y llantas para impedir el paso a todo vehículo por la citada arteria. De inmediato los enardecidos habitantes de los pueblos de Acuexcomac y Atenco, municipio de San Salvador Atenco, y La Magdalena Panoaya y Tocuila de Texcoco, se armaron con machetes, palos, piedras y decenas de bombas molotov. Primero quemaron tres patrullas en la entrada del poblado de Acuexcomac, con números 158 de la Policía Judicial mexiquense; la 2703 de la Policía Auxiliar del estado, y la 6927 de Seguridad Pública.
Mientras tanto, en la entrada principal de Atenco, sobre la vía federal Texcoco-Lechería fueron incendiados otros dos vehículos: la unidad 97436 de la Policía Bancaria Industrial y un Volkswagen particular con matrícula LRZ 1208, este último decomisado a un presunto agente de Gobernación mexiquense. Simultáneamente retuvieron tres tractocamiones de la empresa refresquera Coca-Cola y una unidad para traslado de reos.
Entre la confusión y la desesperación de la gente por no saber si alguno de sus familiares estaba detenido, y cuáles eran los nombres de los heridos, los inconformes retuvieron a las primeras cinco personas: Marcelino Rocha, custodio de reclusorios; Apolinar Vargas, policía judicial; Luciano Maldonado y Manuel Velázquez, de la policía bancaria, y Rubén Martínez, "técnico en medición de carreteras".
Eran las 18 horas cuando a bordo de cuatro camionetas, un tractocamión de la empresa refresquera Coca-Cola, un autobús y decenas de bicicletas los campesinos partieron rumbo a la Subprocuraduría de Justicia con sede en Texcoco. Cuando intentaron ingresar, el agente judicial David Gallardo González sacó su pistola, cortó cartucho y encañonó a los ejidatarios. "¡Aquí no entran, cabrones!", gritó, pero al ver que la gente no se espantaba echó a correr; en su intento de huida fue detenido y recibió varios golpes.
En protesta porque en el lugar no encontraron a uno de sus dirigentes, los ejidatarios y habitantes de San Salvador Atenco retuvieron al subprocurador de Justicia, José Andrés Mendiola Valdés; al jefe de Averiguaciones Previas, Guillermo Fragoso Martínez; a los agentes David Gallardo y Alberto Teutle Márquez, y a los secretarios del Ministerio Público Alfredo Chávez Reyes, Leonel Medina Sánchez y René Limón Monterrosas.
"¡Aguántese como los hombres, cabrón!"
El jefe de Averiguaciones Previas y ex alcalde de Ecatepec, en su desesperación, soltó el llanto, pero en respuesta recibió: "¡Aguántese como los hombres, cabrón, que nuestra gente sí esta herida y a usted no lo estamos agrediendo!"
Luego de lograr su cometido, los manifestantes regresaron a la zona de los bloqueos sin que ninguna autoridad policiaca interviniera, pese a que durante todo el recorrido se escucharon sirenas.
En el auditorio municipal de San Salvador Atenco, los siete empleados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México adscritos a la subprocuraduría de Justicia de Texcoco fueron presentados ante los medios de comunicación. Antes, Felipe Alvarez, ejidatario de Nexquipayac, aseguró que sus compañeros tienen derecho a manifestarse y sin embargo fueron recibidos a balazos.
"Nosotros exigimos que liberen a nuestros compañeros a cambio de los empleados de Alfonso Navarrete Prida -procurador del estado-. Serán los primeros muertos en caso de que el gobierno intente utilizar la fuerza pública para liberarlos."
Por su parte, el subprocurador de Justicia solicitó a Navarrete Prida que llame al diálogo a los campesinos, pues expresó que teme por su vida. Los campesinos amenazaron con quemar vivas a las 13 personas retenidas si en las próximas horas el gobierno del estado no da respuesta a sus demandas.
Por la noche ya se conocía la lista de los ejidatarios que participaron en el enfrentamiento en Acolman y están desaparecidos: Fernando Martínez, Erick Molina, Enrique Espinosa, Juan Martínez Mendoza, Odilón del Valle, Víctor Márquez, Manuel Núñez, Ignacio Yánez, José Medrano, Pascual Martínez, Gil Morales Pérez, Isaías Mata, Raquel Rojas, Enrique Chávez Rojas, Isabel Avilés Ramírez, Jesús Espinoza Rojas, Abraham Zapata, Domingo Pájaro y Felipe Martínez.
Hasta el cierre de esta edición se mantenía un ambiente de alarma y tensión, y persistía la amenaza de que fueran incendiados los tres tractocamiones de una empresa refresquera, los cuales fueron retenidos durante el bloqueo que se inició poco después de las 14 horas y que aún se mantenía. Al filo de las 10 de la noche los ejidatarios comenzaron a cavar zanjas en las entradas al pueblo.
Hay indicios de que grupos con fines políticos promueven el movimiento, afirma
Según Navarrete Prida, los campesinos en resistencia reciben financiamiento externo
El procurador mexiquense anunció la detención de 14 inconformes, entre ellos dos líderes de la oposición al decreto expropiatorio
Descarta intercambiar policías por arrestados
ISRAEL DAVILA Y SILVIA CHAVEZ CORRESPONSAL
Minutos después del enfrentamiento entre policías estatales y ejidatarios de San Salvador Atenco, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), detuvo a 14 integrantes del movimiento opositor al proyecto aeroportuario, entre ellos Ignacio del Valle Medina y Jesús Adán Espinoza Rojas, identificados por el gobierno mexiquense como los líderes de este grupo, sobre quienes pesaban órdenes de aprehensión giradas por un juez de Texcoco.
El procurador de justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, indicó que los 14 detenidos fueron consignados al juez primero de lo penal con sede en Texcoco e ingresados al penal de esta localidad, por delitos que van desde el robo calificado en agravio del gobierno del estado hasta motín y ataques a las vías de comunicación.
Aseguró que la dependencia a su cargo tiene comprobado el "financiamiento externo" que recibe este movimiento por parte de grupos políticos, sociales y universitarios, aunque no proporcionó mayores detalles; sin embargo, consideró que "más que defender legítimos intereses de personas afectadas por el decreto expropiatorio, se ha buscado iniciar un movimiento político con fines distintos a la tierra".
En tanto, el secretario general del gobierno mexiquense, Manuel Cadena, advirtió por la noche que no habrá negociaciones con un grupo que recurre a “prácticas guerrilleras, que no corresponden a campesinos, con los que supuestamente estamos habalando”.
“Los uniformados, prudentes”
Por la tarde, el gobierno del estado emitió un comunicado de prensa en el que afirma que el enfrentamiento suscitado en el poblado de Santa Catarina, municipio de Acolman, se debió al bloqueo “agresivo y violento ” de la carretera Tepexpan-Pirámides.
Señala que los elementos de la policía estatal "actuaron con toda prudencia, evitando hasta el límite posible las provocaciones de los inconformes", e incluso afirma que fueron los manifestantes quienes atropellaron con un camión de redilas a los uniformados que habían montado un cerco sobre la carretera.
El enfrentamiento dejó un saldo de seis policías lesionados, dos de ellos de gravedad, y 10 civiles con golpes, entre ellos un menor de edad.
Ejecución de órdenes de aprehensión
Al las seis y media de la tarde, Navarrete Prida ofreció una conferencia con la prensa, en la cual anunció la detención de los 14 campesinos que participaron en el bloqueo.
Comentó que entre los detenidos fueron identificados Ignacio del Valle Medina y Adán Espinoza Rojas, considerados líderes del movimiento, y sobre quienes pesan órdenes de aprehensión, seis contra el primero y dos contra el segundo, derivadas de las averiguaciones previas que se habían iniciado por movilizaciones anteriores. A los aprehendidos se les acusa de robo agravado en agravio del gobierno mexiquense, ataques a las vías de comunicación, motín, ultrajes, daño en bienes y privación ilegal de la libertad.
Los otros detenidos son José Enrique Espinoza Suárez, José Anastasio Serna Hernández, María Isabel Avilés Ramírez, Isaac Jiménez Osorio, Dante Espinoza Cabrera, Cristian Gámez Tovar, Manuel Núñez Arias, Raquel Rojas Salas, Pascual Martínez García, Joaquín Colín Flores, Gil Morales Pérez e Isaac Serna Hernández, consignados todos ante el juez primero de lo penal de Texcoco por los delitos de ataques a las vías de comunicación, lesiones y daños en bienes destinados al servicio público, propiedad del gobierno del estado.
Navarrete Prida sostuvo que existen cuatro órdenes de aprehensión más contra ejidatarios de Atenco, y de manera extraoficial se supo que se trata de José Gil García, Felipe Alvarez Hernández, Daniel Portugal Pedraza y Odilón Romero, El Conejo.
En la conferencia, el procurador del estado aseguró que la dependencia que encabeza "cuenta con evidencia jurídica suficiente para llevar a cabo una investigación sobre el financiamiento y apoyos externos que recibe el grupo opositor a la construcción del aeropuerto alterno metropolitano, mediante el cual se acredita que más que defender intereses legítimos de personas afectadas por el decreto expropiatorio, se ha buscado iniciar un movimiento político con fines distintos a la tierra".
El gobierno del estado, dijo, ha manifestado su profunda convicción de respeto y defensa de legítimos intereses de personas afectadas por la construcción del aeropuerto metropolitano; lo que no es permisible, es que abusando de la tolerancia que se vive en la entidad y el pleno respeto a los derechos ajenos, se pretenda crear mediante la violencia un clima de enfrentamiento que derive en un movimiento político con fines distintos a la construcción del aeropuerto.
Las evidencias del gobierno mexiquense sobre los apoyos externos al movimiento de ejidatarios son "testimonios, documentos e indicios de reuniones entre el grupo opositor y personas que tienen intereses ajenos, como grupos políticos, sociales y radicales universitarios de otras entidades, pero hasta que no concretemos la línea de investigación haremos públicos sus nombres", añadió el funcionario mexiquense.
Respecto de la posibilidad de que quemaran a los cuatro policías retenidos por los ejidatarios de Atenco, que serían liberados a cambio de sus compañeros detenidos por la procuraduría de justicia estatal, Navarrete Prida aseguró que “la ley no se negocia; todos los detenidos están ya en penales del estado de México y a disposición de juez".
Asimismo, comentó que se duplicarán los policías ministeriales destacamentados en el perímetro en el cual se construirá el aeropuerto alterno, con lo que serán 400 efectivos. Añadió que la Secretaría General de gobierno solicitará a la Federación su intervención en la zona, por ser un decreto expropiatorio emitido por el gobierno de la República.
Navarrete Prida informó que también se envió a la delegación de la PGR un desglose por los delitos del orden federal que cometieron los ejidatarios de Atenco en sus manifestaciones, como la privación ilegal de la libertad de un funcionario federal e impedir el acceso a las oficinas de una delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria ubicada al oriente del estado.
Ocho hospitalizados
Carlos Moctezuma Reza, subdirector médico del Hospital de Traumatología del IMSS de Lomas Verdes, ubicado en Naucalpan, informó que fueron internadas ocho personas que intervinieron en el enfrentamiento, entre ellas cinco civiles y tres policías estatales, "todos intervenidos quirúrgicamente por la tarde".
Dijo que se teme por la vida de uno de los civiles, que está en calidad de desconocido, porque su estado de salud es grave, mientras Abel Galicia Víveros, de 42 años, presenta un balazo que le provocó fractura del brazo izquierdo.
Moctezuma Reza precisó que los cinco heridos fueron trasladados en helicóptero hacia este hospital, y señaló que los tres oficiales identificados como Alejandro Vivas Campos, de 23 años; Mario Humberto Torres Armenta, de 23, y Miguel Angel Cortés Bejarano, de 35, también se encuentran en ese nosocomio.
Detalló que el civil no identificado presenta traumatismo craneoencéfalico severo, edema cerebral y golpes graves en región abdominal, ceja y sien, por lo que se estado de salud es reportado como "muy grave".
Indicó que el uniformado Mario Humberto Torres presenta traumatismo severo en tórax, probable lesión pulmonar y heridas en piernas y brazos, que pudieron ser hechas con tubos, piedras o algún otro instrumento.
De Torres Armenta dijo que registra herida cortante en rodilla izquierda con lesión muscular y golpes. Cortés Bejarano presenta un fuerte golpe en el esternón, posiblemente por un "tubazo". Todos están reportados como delicados.
El subdirector médico aclaró que no se puede precisar que la lesión ocasionada al oficial Torres Armenta haya sido por un machete, pues comentó que "decirlo así sería muy aventurado; pudo ser una lámina".
La resistencia civil comenzó con el anuncio de la expropiación de tierras
La construcción del aeropuerto alterno en Texcoco, ocho meses de conflicto campesino y batalla jurídica
Las aves decidieron que pueden convivir con los aviones, justificación de Pedro Cerisola
Protestas públicas ininterrumpidas, asambleas y un municipio en rebeldía, resultados
En 1957, el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines firmó el decreto mediante el cual por primera vez aceptaba que los campesinos construyeran sus casas dentro de las áreas de cultivo de San Salvador Atenco. A los ejidatarios les costó 20 años que introdujeran servicios básicos.
El 22 de octubre de 2001 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anuncia la decisión de construir el nuevo aeropuerto en Texcoco, para lo cual se expropiarían 4 mil 500 hectáreas, la mayoría ejidales, por las que se pagarían seis pesos por metro cuadrado.
El 25 de octubre, ante senadores, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, justifica la decisión por Texcoco con un argumento singular: “Las aves deciden y tienen opinión... y decidieron que pueden convivir perfectamente con los aviones”.
Luego de protestas públicas ininterrumpidas, asambleas municipales y campesinas, así como la continuación de preparativos de resistencia, el 2 de noviembre de 2001 los ejidatarios de San Salvador Atenco se aprestan a dar la batalla jurídica. Dos mil personas entregan sus documentos al comisario ejidal y encargan su caso al abogado Ignacio Burgoa Orihuela.
El 4 de noviembre del mismo año, los ejidatarios afectados por la expropiación acusan al presidente de la República, Vicente Fox Quesada de burlarse de ellos con su afirmación de que los campesinos de Texcoco “se sacaron la lotería ” con la decisión del nuevo aeropuerto.
El 21 de noviembre los campesinos inconformes advirtieron hasta dónde estaban dispuestos a llegar para no entregar sus tierras: “Si el gobierno quiere muertos, estamos dispuestos a dar los muertitos”.
Nueve días después, el 30 de noviembre, un juez concede la primera suspensión temporal contra el decreto de expropiación de San Miguel Tocuila.
El 4 de diciembre los municipios de Texcoco y Acolman, así como el Gobierno del Distrito Federal, presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sendas controversias constitucionales en contra de la construcción de la nueva terminal aérea.
El 11 de diciembre, en una nueva estrategia de sus frecuentes marchas de protesta al Distrito Federal, los ejidatarios se unen a un numeroso contingente magisterial y realizan una de las mayores manifestaciones que llega a la Cámara de Diputados.
La Navidad de ese año, los campesinos de Atenco comenzaron la colocación de barricadas y ubicaron antorchas en los costados de los accesos principales de al menos diez comunidades para impedir la entrada de “gente extraña”, fuerzas policiacas o maquinaria a sus ejidos.
Un día antes de terminar 2001, los ejidatarios declaran a San Salvador Atenco “municipio en rebeldía”.
El 12 de enero de 2002 el procurador agrario (dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria), Valdemar Martínez Garza, renunció al cargo bajo el argumento de que no le permitieron actuar con autonomía en la defensa de los campesinos.
El 19 de enero, la SCJN aceptó la controversia constitucional presentada por el ayuntamiento de Acolman, y el 23 de febrero toma la misma decisión en la demanda presentada por el ayuntamiento de San Salvador Atenco.
El último día de febrero de este año, unos 150 ejidatarios atenquenses irrumpieron en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), donde presidían una ceremonia el titular de la Secretaría de Agricultura, Javier Usabiaga, el gobernador mexiquense, Arturo Montiel y el embajador de Japón en México, Takahico Horimura, y les impidieron durante varios minutos la salida del lugar.
Ya para marzo de este año las protestas de los campesinos, tanto en Toluca como en el Distrito Federal -machetes en ristre y con la solidaridad de los más variados sectores-, se hacían más radicales y concurridas. Una de ellas ocurrió el día 6, cuando se organizaron distintas movilizaciones simultáneas que lo mismo cerraron por 26 horas calzada Chivatito (inmediaciones de Los Pinos) que bloquearon por más de tres horas distintos puntos de la carretera federal Texcoco-Lechería, además de que retuvieron al director regional de Gobernación del estado de México, Humberto Navarro.
En Tijuana, el 11 de junio, el procurador de Justicia del estado de México, Alfonso Navarrete Prida, anuncia: “Estamos próximos a proceder contra ejidatarios de Atenco ” y adelanta que se consignaría penalmente a los involucrados en ocho averiguaciones previas.
El primero de junio los habitantes de San Salvador Atenco anunciaron tener detenidos a seis “presuntos topógrafos ” que realizaban trabajos nocturnos de medición del predio expropiado para la construcción del nuevo aeropuerto. Entre ellos estaba un ciudadano búlgaro, Krassimir Kiriloviankov, y los ingenieros Gerardo Agustín Galguera y Juan Carlos Jiménez. Pertenecían a una empresa que se identificó como OHL.
Apenas el martes pasado, unos 600 campesinos pretendieron ingresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se enfrentaron con elementos de la Policía Federal Preventiva. Aunque se reportó saldo blanco en el incidente, se emplearon balas de salva por parte de los uniformados y cohetones y palomas por el lado de los campesinos, quienes llegaron como siempre blandiendo sus machetes y gritando las consignas que utilizan desde el primer día: “¡Tierra sí, aviones no!” y “¡Ni hoteles ni aviones, la tierra da frijoles!”
Centrada en la violencia y descontextualizada, la visión general de medios electrónicos
Cobertura sesgada sobre los hechos de Atenco
La gente pide que el gobierno negocie y duda que se haga el aeropuerto, en respuesta a la tv
JUAN MANUEL VENEGAS Y JENARO VILLAMIL
La criminalización del movimiento social de San Salvador Atenco volvió a dominar la cobertura de los medios electrónicos, a raíz del enfrentamiento entre ejidatarios y elementos de Seguridad Pública del estado de México. Los principales noticiarios radiofónicos optaron por adjetivar al movimiento como "grupo violento" y especular sobre "la presencia externa", mientras que la televisión privilegió las imágenes del enfrentamiento, sin contextualizar sobre los orígenes del movimiento ni las demandas de los campesinos.
Sorpresivamente, las encuestas televisivas revelaron a una opinión pública dividida, que rechazaba la mano dura y se mostraba escéptica frente a la construcción del aeropuerto. En el sondeo telefónico de El noticiero con Joaquín López Dóriga, de Canal 2, el 64 por ciento de las llamadas manifiesta no creer que se construirá el nuevo aeropuerto, contra 36 por ciento en contrario, mientras que en Hechos la pregunta fue más maniquea: "Ante los hechos en San Salvador Atenco, la autoridad debe: ¿negociar o castigar?" Sorpresivamente, 51 por ciento de las 20 mil 174 llamadas optó por la negociación y 49 por ciento por "el castigo".
En Monitor de la tarde, el conductor Enrique Muñoz planteó que detrás del movimiento de Atenco hay grupos de "extranjeros, del famoso Consejo General de Huelga de la UNAM, del PRD... organizaciones como el Frente Popular Francisco Villa... Esto se ve, ¡es una realidad!"
Dedicó buena parte de su espacio a leer llamadas de radioescuchas, la mayoría pronunciándose en contra de los ejidatarios de Atenco y calificándolos de violentos.
Ciro Gómez Leyva y David Páramo, en su noticiario vespertino de Radio Fórmula, afirmaron que los campesinos de San Salvador Atenco han dado muestras de su rechazo a dialogar. Páramo se pronunció porque se aplique "el estado de derecho" contra los violentos o que el gobierno de Vicente Fox, de plano, acepte que será imposible construir el aeropuerto en Texcoco. Criticó a las autoridades que dejaron crecer el movimiento de ejidatarios.
En un tono similar, Javier Alatorre, en la apertura de su noticiario en Tv Azteca consideró que se estaba registrando un "atentado contra el estado de derecho", mientras que el comentarista de Canal 40 Jorge Fernández Menéndez se apresuró a diagnosticar que "no se le ve visos de solución y no hay disposición de negociar".
José Cárdenas, en Multivisión, dibujó el movimiento de los atenquenses: "están atrincherados, enardecidos"; hizo énfasis en el "secuestro" de los funcionarios y policías por parte de los ejidatarios y abrió el micrófono a ciudadanos que, al igual que en Monitor, casi todos condenaron "la violencia" de los pobladores de Atenco.
Cárdenas entrevistó al abogado Ignacio Burgoa Orihuela, quien le adelantó que dejaba la defensa de los ejidatarios, por los hechos de violencia, y al procurador general de Justicia del estado de México, Alfonso Navarrete Prida. "¿Dónde está el estado de derecho? Hay cuatro personas en calidad de rehenes en manos de los atencos, que están enardecidos y atrincherados", dijo el conductor. El funcionario declaró que se actuaría contra el "grupo violento" que bloqueó la carretera, "armado con machetes, piedras y palos".
Cárdenas también entrevistó a un ejidatario, quien ante las preguntas que se le plantearon advirtió: "Si no nos dicen dónde están nuestros compañeros (detenidos) y no nos los entregan, no los soltamos (a los funcionarios). Si alguien de nuestros compañeros se muere, ¡matamos a estos cabrones!"
Imágenes de alarma y violencia
En coberturas muy similares a las que se han realizado en otros movimientos, como el del CGH en la UNAM, los noticiarios televisivos transmitieron ininterrumpidamente las imágenes de la violencia, descontextualizada de la explicación de las demandas de los ejidatarios de San Salvador Atenco, del bloqueo vial en la carretera Lechería-Texcoco y en no pocos casos, como en el de Televisa, se volvieron ellos mismos protagonistas de los sucesos, ya que tres de sus reporteros fueron detenidos y amenazados.
En Televisión Azteca, en el noticiario que conducen Pablo Latapí y Lily Téllez, fue entrevistado Miguel Buendía, uno de los líderes de los campesinos, quien dijo: "Si nos vamos a morir, nos vamos a morir ahora... pero ellos se van a ir por delante". Latapí le pidió que no se enojara, que se calmara, que los micrófonos y cámaras de la televisora estaban abiertos para que dijera todo lo que quisiera.
Buendía insistió en que el movimiento quería negociar "con Fox" y que lo único que ellos piden es que "nos liberen a nuestros presos".
La reportera de Canal 40 Erika Flores fue una de las pocas periodistas televisivas que pudo ingresar a la comunidad de San Salvador Atenco. El noticiario dio una cobertura más amplia a la versión de los propios ejidatarios. Uno de ellos, cuyo nombre se mantuvo en el anonimato, sintetizó así sus demandas: "Le exigimos al gobierno del estado de México que libere a nuestros compañeros. No vamos a dejar nuestras tierras. La gente está enardecida. Nosotros vamos a velar por la seguridad" de los funcionarios detenidos.
El informativo conducido por Joaquín López Dóriga presentó un mejor resumen de los sucesos con el título "Los machetes tronaron". En cadena nacional, el procurador del estado de México, Alfonso Navarrete Prida, repitió las acusaciones reproducidas en los noticiarios radiofónicos: los ejidatarios de Atenco son "apoyados y financiados por personas ajenas" a la comunidad.
Al final del informativo, Javier Alatorre, en Canal 13, matizó un poco la posición editorial de Tv Azteca y afirmó que "no hay que olvidar que es responsabilidad compartida de autoridades y dirigentes" conseguir una solución pacífica.
Hasta las 23:05 horas, Tv Azteca informó sobre el boletín emitido por la Secretaría de Gobernación, la que sólo indicó que "está en permanente comunicación" con el gobierno del estado de México.