La Jornada 31 de enero de 2002 (Cuarta información)
Dispone México de instrumentos jurídicos para renegociar el acuerdo, afirma experto
Factible, declarar moratoria: UACh
El rector de esa casa de estudios apremia a incluir en las políticas agropecuarias a los 25 millones de mexicanos del medio rural y no sólo a pequeños grupos de productores
MARIA RIVERA
Ante la situación de emergencia que enfrenta el agro a nueve años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Gerardo Gómez González, demandó al gobierno federal pensar un país para todos los mexicanos, y un campo que incluya a todos los habitantes del medio rural, no sólo a los pequeños sectores que por el momento se ven beneficiados por el acuerdo comercial.
Con base en investigaciones de esa casa de estudios, afirmó que cabe la posibilidad de hacer uso tanto de artículos constitucionales como de instrumentos jurídicos que el propio tratado permite para ordenar salvaguardas, moratorias e incluso lograr la revisión de su capítulo agropecuario.
En medio de la intensa discusión que ha suscitado el TLCAN y sus consecuencias, el doctor en ciencias agrícolas por la Universidad Humboldt de Berlín pidió una reflexión de largo alcance. El agro, sostuvo, vive una situación crítica desde hace 20 años por lo menos, debido a que prevalece una visión excluyente de nación.
"El TLCAN no ha hecho más que acentuar los problemas. La solución de fondo pasa por formular un proyecto nacionalista, donde la producción agrícola cumpla una función estratégica. Las autoridades deben plantear programas de apoyo más decididos, que atiendan las necesidades de tipo estructural y que no sean meros paliativos para que los productores puedan comer el día de hoy".
El funcionario aceptó que las limitaciones del presupuesto nacional son grandes, pero recordó que a la sociedad mexicana le han cargado facturas muy fuertes, como el rescate al sector bancario, mientras para el campo, que es prioritario, se escatiman recursos.
“Urge revisar la política agrícola del país y ofrecer certidumbre al sector agropecuario para los próximos años. Es paradójico que en Estados Unidos se otorgue seguridad a los productores para la siguiente década y nosotros estemos al cuarto para las 12 aprobando presupuestos y definiendo incrementos para este año. Pero, ¿qué va a pasar con 2004 o 2005? No podemos seguir viviendo al día”.
Gómez González también destacó que el tema del campo no se puede manejar únicamente como un problema de cifras. Recordó que subsisten una serie de valores que han sido el sustento de la cultura mexicana. Pero además, subrayó, tampoco se puede copiar el modelo de reducir la población rural, porque México tiene 25 millones de habitantes en este medio, en cambio los estadunidense son 6 millones y los canadienses apenas 700 mil. Sin contar con que en aquellos países la población desplazada tiene alternativas, como sectores industriales muy desarrollados, que no existen aquí.
El abandono del campo -continuó- ha generado una migración que no sólo ha repercutido en las ciudades mexicanas, sino también lo ha hecho con amplias regiones del país vecino.
“En la actualidad la población rural tiene en promedio 50 años, según datos oficiales, y la opinión de los campesinos es que sus hijos tienen poca o nula oportunidad si se quedan, por lo que creen que la única solución es salir de ahí. Pero, ¿qué va a pasar en los próximos años con un campo con una población de viejos y donde hagan falta los jóvenes que migraron a otra parte?", se preguntó.
El rector de la UACh lamentó que mientras los países desarrollados apoyan su sector agropecuario por considerarlo estratégico para su economía y su medio ambiente, en México sólo se le atribuyó la función de subsidiar a la industria con productos baratos. Sin embargo, ahora ni la industria ni el gobierno le están retribuyendo nada.
"Es un sector que requiere apoyos urgentes, no únicamente en lo inmediato, sino como parte de una estrategia de mediano y largo plazos. Los habitantes de las ciudades queremos agua suficiente, aire limpio, pero no estamos dispuestos a pagar nada para que los habitantes del campo atiendan el ambiente y planten la vegetación necesaria para que esto suceda. Se necesita un compromiso de toda la sociedad mexicana con los campesinos ante la situación de desigualdad y asimetría tan fuerte que viven ahora".
El funcionario también destacó, sin negar la inserción de México en un contexto internacional, que prácticamente todos los países desarrollados declaran que se deben eliminar los subsidios, los aranceles, las protecciones a los productos agrícolas, pero hacen otra cosa.
“El ejemplo más claro lo podemos observar con la ley agrícola de Estados Unidos, donde de un plumazo incrementaron 70 por ciento los subsidios al campo, que se suman a los que ya tenían. El 40 por ciento de los ingresos que tiene un productor estadunidense corresponde al subsidio que el gobierno le está dando, mientras en México representan apenas un 24 por ciento.
Los funcionarios del país vecino del norte se quejan de las protecciones y son los primeros en establecerlas, como en los casos del atún, los aguacates o los tomates. “Ellos no hacen valer sus derechos sino sus intereses económicos".