La activista canadiense advierte sobre una creciente privatización del recurso en el país
Acreedora al Nobel Alternativo, pugna para que se considere derecho humano el acceso al líquido
El foro que se efectuará aquí, "con membrete de la ONU pero impulsado por las corporaciones"
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La próxima gran lucha social de México será contra la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, advirtió la canadiense Maude Barlow, ganadora este año del Premio Nobel Alternativo, que entrega la fundación sueca Right Livelihood. El derecho a ese bien, prevé la activista, será el elemento aglutinador de esa lucha contra la cada vez mayor presencia empresarial en ese rubro.
La defensora del derecho al agua, quien junto con Tony Clarke -también acreedor al reconocimiento internacional por su trabajo en favor de los derechos humanos- escribió el libro Oro azul, visitó el país hace unos días para dialogar con las organizaciones no gubernamentales mexicanas que buscan el respeto a esa garantía individual.
Entrevistada sobre el tema, Barlow destacó el hecho de que en México se realice, en marzo de 2006, el próximo Foro Mundial del Agua, ya que este país se ofrece como anfitrión de una visión corporativa del líquido, cuando aquí "la gente está desesperada por el acceso a ese bien".
Dos posturas ante un problema
Desde hace varios años "se habla de que existe un problema de escasez. Hay dos grandes dimensiones cuando se trata este tema. La primera es el derecho humano a acceder a ese servicio, sobre todo cuando hay millones de personas que carecen de él; éste se ha convertido en uno de los más importantes aspectos de los derechos humanos", comenta la activista canadiense.
Al mismo tiempo, abundó, "se está acabando el agua fresca por varias razones, entre ellas la industrialización, la contaminación, los modelos de agricultura corporativa y la minería; enfrentamos lo que en mi opinión es una de las luchas más grandes. Y la pregunta de esta lucha es: ¿quién va a controlar el suministro?"
Según la Organización de Naciones Unidas, más de mil millones de personas, de los 6 mil 500 millones que conforman la población mundial, carecen de acceso a ese recurso, y 2 mil 500 millones de servicios de saneamiento básicos.
La escasez es causa de al menos 7 por ciento de las muertes y enfermedades en el mundo, mientras las afecciones transmisibles por líquido insalubre matan 3 o 4 millones de personas al año.
Ante ese panorama, Barlow subraya: "creemos que el agua es un derecho humano, es un bien público, y debe ser un servicio administrado y manejado por los gobiernos, no por la iniciativa privada".
Sin embargo, advierte, frente al problema del desabasto también está la visión de los oganismos multilaterales, como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, los cuales han señalado que el recurso es un servicio privado que debe ser administrado por empresas. "En ese contexto, en el tema del comercio, el agua se considera un bien, un servicio y una inversión."
Las grandes corporaciones que lucran con el abasto son europeas -Suez y Veolia-, con filiales en todo el mundo; "sus ganancias crecen más rápido que la economía de los países. Estas empresas creen que el líquido es una mercancía que debe ser ofrecida y comprada en el libre mercado. Es una posición adoptada por la Unión Europea y Estados Unidos".
Ante ello, los gobiernos con menor capacidad económica, con menor margen de negociación, deben asumir las reglas de los organismos internacionales, los cuales les dicen que si quieren aprovechar los créditos para el desarrollo del agua deben involucrar a las empresas.
Los amigos del recurso
Durante la última década, puntualiza Barlow, las organizaciones han concentrado su lucha en el contexto del Consejo Mundial del Agua, que cada tres años celebra el foro internacional: "se maneja como si fuera parte de la ONU, pero se encarga de instrumentar las políticas de esas grandes corporaciones".
La lucha se ha ido recrudeciendo, dice, y recuerda que en el foro de 2003, en Japón, hubo una fuerte confrontación entre organizaciones de la sociedad civil y las corporaciones, con una visión totalmente diferente de lo que es el manejo del recurso.
"El punto más importante de diferencia entre lo que es la posición de las organizaciones y el Consejo Mundial del Agua es el derecho al líquido. Mientras las organizaciones de base de la sociedad civil dicen que es un derecho humano, el consejo dice que es una necesidad humana que puede ser satisfecha a través de los servicios del sector privado."
A partir de esa versión del foro, señala, "nos hemos ido constituyendo en Los amigos por el derecho humano al agua. No es un asunto semántico. Si logran plasmar y amarrar jurídicamente lo que es su idea de la administración de ese bien en un marco jurídico, en una convención internacional, será difícil echarlo abajo. Pensamos que los gobiernos han ido abandonando su responsabilidades con el abasto, y esos espacios han sido ocupados por las corporaciones".
Asegura que poco a poco el tema se impondrá en las agendas nacionales por la escasez del líquido, y ante el reciente anuncio de la salida de Suez de Argentina, menciona que la lucha en América Latina es intensa: "las trasnacionales están en situación difícil". Ejemplo de ello es que el Banco Mundial aumentó cuatro veces el financiamiento al agua, precisamente porque las empresas piden garantizar su inversión.
A su vez, Annette von Schönfeld, de la agrupación alemana Pan para el Mundo, destacó que organizaciones de todo el planeta se han reunido para promover el derecho humano al recurso en diversos sentidos y trabajarán en el establecimiento de una convención para que sea un derecho obligatorio para los estados en el seno de Naciones Unidas, pero ello se podría concretar en por lo menos 10 años, y "no vamos a esperar tanto tiempo", por lo que se promueven las luchas por el derecho a ese bien.
Recuerda que ya existe un comentario general de la Comisión de Derechos Económicos y Culturales de la ONU, en el que se establece que el acceso es un derecho humano y nadie debe quedar fuera de él, pero se trata sólo de una recomendación a los gobiernos y no es obligatorio acatarla.
Entre las organizaciones que promueven el derecho al agua están Alliance Sud, de Suiza; Blue Planet Project, de Canadá; Fundación Heinrich Böll, de Alemania, y Public Citizen, de Estados Unidos. Por México se prevé la participación de la Coalición Mexicana por el Derecho al Agua, del foro Ecologista y del Centro de Análisis, Información y Formación Popular.
Asimismo anunciaron que en breve se pondrá en marcha el Tribunal Latinoamericano del Agua, que en principio evaluará nueve casos en que se viola el derecho a ese recurso, de los cuales tres corresponden a México, aunque aún se desconocen los asuntos que se analizarán.
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