www.jornada.unam.mx01 de febrero de 2007
www.jornada.unam.mxTuxtla Gutiérrez, Chis., 31 de enero. Organizaciones de defensa de derechos humanos advirtieron que hay señales de que actores sociales vinculados a las acciones y políticas paramilitares desarrolladas en la región Selva de Chiapas, entre 1995-1999, se han vuelto a posicionar alrededor de esa zona, abundante en recursos naturales.
Luego de la agresión de indígenas lacandones contra habitantes del poblado Viejo Velasco, el 13 de noviembre de 2006, las organizaciones mencionadas formaron una comisión de observación, misma que presentó un informe en el que señalan que el proceso de reubicación y desalojo de comunidades, así como las acciones de intimidación y agresión ejercidas contra los poblados indígenas "irregulares", obedece en el fondo a intereses corporativos extranacionales.
El objetivo, acusan, es posicionarse y controlar territorios ricos en recursos naturales estratégicos para la soberanía nacional, tales como la biodiversidad, los macizos con cubierta forestal, así como las fuentes y cauces de agua dulce no contaminada.
Los centros de derechos humanos, entre ellos el que preside el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, explican que como parte de las acciones para desocupar esa región, se está utilizando a "actores sociales vinculados a la política y acción paramilitar que no fueron castigados ni desarmados" en sus anteriores incursiones, en particular se refieren a la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC).
"Considerando estos intereses y estos actores, existe el riesgo de que continúen las acciones de presión, intimidación y agresión contra otras comunidades indígenas asentadas en la región y organismos y personas defensores de derechos humanos involucrados en el acompañamiento de estas comunidades", señala el informe.
Añade que la OPDDIC amenaza con recurrir al uso de las armas para desalojar a las comunidades de San Jacinto Lacanjá, Flor de Cacao, Ojo de Agua y El Semental.
Las organizaciones exigen la ubicación y presentación con vida de Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Juan Peñate Montejo y Pedro Núñez Pérez, habitantes del poblado Viejo Velasco desaparecidos desde la agresión armada. También la liberación de Diego Arcos Meneses, ejidatario de la comunidad Nueva Tila, privado ilegalmente de su libertad acusado de ser presunto responsable de dicha matanza.
Las organizaciones mencionadas, entre ellas el Comité de Defensa de la Libertad Indígena Xi'nich, el Centro de Derechos Indígenas, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Maderas del Pueblo del Sureste, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, entre otras, solicitan a las autoridades que garanticen la integridad y vida de las familias que pueblan asentamientos irregulares de la selva Lacandona y en favor de Miguel Angel García Aguirre y su familia, quienes han sido amenazados por integrantes de la OPDDIC.