06 de febrero de 2007
Algunas de las viviendas de 30 metros cuadrados, construidas para familias indígenas en Nuevo Montes Azules, Palenque, Chiapas. Por fuera se ven impecables y recién construidas pero por dentro el deterioro es evidente: baños inservibles, láminas rotas, sin agua, ni drenaje Foto: Angeles MariscalPalenque, Chis., 5 de febrero. Dos años después de haber sido sacados de la selva Lacandona como parte de un programa de regularización y reubicación, decenas de indígenas regresaron a la reserva ecológica ante el fracaso de los proyectos productivos que impulsó el gobierno del ex presidente Vicente Fox. Otros migraron hacia Estados Unidos.
En el poblado Nuevo Montes Azules, municipio de Palenque, adonde algunos fueron reubicados, las viviendas están abandonadas y los pocos habitantes que quedan señalan que las tierras que les dieron son pantanos y no sirven para la agricultura.
En febrero de 2005, el gobierno foxista reubicó en el municipio de Palenque a 162 familias que habitaban los poblados Ocotal, El Suspiro, Sol Paraíso y Nuevo Petalcingo, ubicados en la selva.
En su momento, la representante de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Martha Díaz Gordillo, señaló que a cada familia se le entregó una vivienda y cinco hectáreas, así como proyectos productivos. Los indígenas fueron reubicados en predios que pertenecieron a terratenientes liderados por Róger Grajales, secretario de Gobierno durante la administración estatal de Pablo Salazar Mendiguchía, a quienes se les pagó la tierra con sobreprecio.
Para persuadir a los indígenas a abandonar el lugar que habitaron casi 20 años, el gobierno federal argumentó que se trataba de un programa para resguardar el ecosistema de la selva y se comprometió a ubicarlos en centros de desarrollo donde tuvieran mejores opciones de vida.
En el proyecto de reubicación y regularización de los poblados de la selva se invirtieron, según cifras oficiales, unos 450 millones de pesos. Dos años después de las reubicaciones, los afectados denunciaron el fracaso del programa.
"Nos sacaron de la selva para traernos a este desierto; aquí es puro bajerío (tierra anegable)", resume Angel Hernández Sántiz, uno de los pocos indígenas tzeltales que aún se encuentran en el lugar bautizado como Nuevo Montes Azules.
La mayor parte de los tzeltales y choles ya regresaron a sus comunidades de origen; otros más migraron hacia el norte del país y Estados Unidos. Los que aún permanecen en el lugar se quejan del engaño de los gobiernos federal y estatal y del abandono en que se encuentran.
Los entrevistados muestran las viviendas que les entregó el gobierno. Son construcciones de 30 metros cuadrados, hechas de lámina y bloques huecos, con dos cuartos, insuficientes para albergar a familias de ocho personas.
La mayor parte se ven impecables por fuera y parecen recién construidas, pero en el interior los baños se ven inservibles, los pisos deteriorados, no hay agua y las láminas están rotas.
Sebastián Hernández Sántiz, de 30 años, dice que sus padres vivieron por más de 40 años en Montes Azules, pero cuando él aceptó entrar al programa del gobierno se emocionó porque tendrían una casa cerca de una ciudad como Palenque y cinco hectáreas de tierras para sembrar.
"Fue un engaño, aquí no tengo terreno suficiente para sembrar frijol y maíz, no funcionaron los proyectos, tampoco podemos tener ganado porque las cinco hectáreas son insuficientes para mantener un hato; vivimos en puros charcos", denuncia.
En las diminutas casas en las que con dificultad entra una cama, permanecen arrumbadas las estufas y cilindros de gas que el gobierno les dio, pero que sólo utilizaron los primeros meses pues después se les dificultó reunir 260 pesos para rellenar los tanques.
En el poblado no hay fuentes de empleo. Además, en estos dos años todos los habitantes se endeudaron con la Comisión Federal de Electricidad con entre 4 mil y 7 mil pesos. "Tenemos una deuda, pero no con qué pagar", se justifican.
La paraestatal les corta cada tanto el servicio para obligarlos a pagar, lo que afecta también el sistema de distribución de agua potable del poblado que funciona mediante una bomba.
Recuerdan que a principios de 2005, la entonces delegada estatal de la SRA, Martha Díaz Gordillo, viajaba con frecuencia a Montes Azules, pero una vez reubicadas las familias, ni ella ni funcionario alguno regresaron.
"Vinimos por necesidad, pero nos engañaron; esta tierra no es fértil, y lo mejor es regresar a la selva", sostienen.