www.jornada.unam.mx13 de febrero de 2007
www.jornada.unam.mxSan Cristóbal de las Casas, Chis., 12 de febrero. La Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas (Opddic), considerada paramilitar desde hace años por las comunidades indígenas de la selva Lacandona, y reactivada en fechas recientes, se erige como la principal amenaza para la convivencia entre comunidades indígenas, con el abierto apoyo del gobierno perredista de Juan Sabines Gutiérrez.
El meollo de sus acciones consiste en desestabilizar diversas regiones de la selva y la zona Norte bajo el pretexto de "disputar" las tierras recuperadas por las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tras el levantamiento de 1994, donde hace más de una década se fundaron decenas de poblados autónomos.
Tres juntas de buen gobierno zapatistas (Morelia, Garrucha y Roberto Barrios) han denunciado en semanas recientes a la organización priísta que fundó el hoy diputado suplente Pedro Chulín; aunque éste no la encabeza formalmente, es el mando principal. Además, la Opddic estuvo involucrada, junto con la llamada "comunidad lacandona", en los hechos sangrientos ocurridos en Viejo Velasco Suárez, al norte de Montes Azules, el 13 de noviembre de 2006, donde perdieron la vida varios indígenas, hubo heridos, 10 familias desplazadas y aún hay cuatro personas desaparecidas.
Abundan elementos para considerar la súbita beligerancia de la Oppdic como parte de un nuevo plan de contrainsurgencia en gran escala, planeado a nivel federal y respaldado por los gobiernos locales, hasta el año pasado por el de Pablo Salazar Mendiguchía y ahora de manera más abierta por el de Juan Sabines, quien es un priísta que ocupó la candidatura perredista en 2006. Su equipo de gobierno y sus alianzas prelectorales con los ganaderos de la selva y ciertos grupos indígenas revelan su esencia tricolor.
Cobijada por el Ejército desde su lugar de origen en Taniperla y Monte Líbano en las cañadas de Ocosingo, la Opddic ha "crecido" hacia muchas regiones, sobreponiéndose y absorbiendo a los fracasados grupos paramilitares Paz y Justicia, Los Chinchulines y Mira, que operaron en el pasado, el primero en Tila, Sabanilla, Salto de Agua, Tumbalá y Palenque; el segundo en Chilón y Yajalón, y el tercero en Ocosingo y Altamirano.
Documentan ONG proceso de expansión
Este proceso de expansión ha sido documentado por organismos civiles como Capise, Ciepac, Maderas del Pueblo y los centros de derechos humanos con presencia en las regiones indígenas de Chiapas, así como en informaciones periodísticas. No se trata sólo de un grupo político exitoso en su proselitismo, como podría parecer. Sí, es una estructura eficaz para gestionar programas, proyectos e inversiones gubernamentales para sus agremiados. Pero también constituye un grupo de coerción, que confesó estar armado y ha cometido acciones violentas desde 2001.
La recomposición de Opddic como el grupo contrainsurgente en Chiapas data de 2005. En ese año realizó acuerdos con el gobierno de Salazar Mendiguchía, y con el de Vicente Fox por conducto de Luis H. Alvarez, entonces comisonado de paz y hoy titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en sustitución de Xóchitl Gálvez.
Las áreas donde la Oppdic es más visible son, curiosamente, las más militarizadas de la selva y la zona Norte. Si bien las fuerzas federales evitan la relación abierta con miembros de este grupo, las comunidades donde los soldados están más "identificados" a la población indígena, en particular tzeltal, son las plazas fuertes de la organización del diputado Chulín.
El actual gobierno chiapaneco es muy cercano a la Opddic. No es casual que en él participen el grupo político del ex gobernador interino Roberto Albores Guillén y su hijo, así como los ganaderos más beligerantes y antizapatistas de Comitán, Altamirano y Ocosingo. Además, entre sus promesas de campaña, tanto el neoperredista Sabines como el ex candidato priísta José Antonio Aguilar Bodegas se comprometieron a entregar a sus seguidores las tierras recuperadas por los zapatistas y otras organizaciones independientes.
Los "interesados" cuentan hoy con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Social del estado, así como la procuraduría y el Tribunal Agrario federales. Tan sólo en el municipio autónomo Olga Isabel, donde la Opddic "reclama" más de 2 mil hectáreas, La Jornada pudo confirmar la existencia de más de 50 órdenes de aprehensión contra otros tantos campesinos zapatistas, por delitos como "despojo" e "invasión" de tierras que hoy son comunales. Si el gobierno se las apropia serán ejidales, y pronto ingresarían al Procede, programa "de certificación" que facilita la futura compraventa de dichas tierras por particulares nacionales o extranjeros.