06 de febrero de 2007
Delegados de más de 830 comunidades de la selva Lacandona, Chiapas, exigieron a los gobiernos federal y estatal, así como a la Unión Europea (UE), una moratoria para el inicio del Proyecto de Desarrollo Sustentable e Integral de la Selva Lacandona (Prodesis), ante la falta de información sobre este programa ambiental, en el que están interesados varias potencias biotecnológicas.
En una carta entregada a la cancillería mexicana, los delegados indígenas denunciaron que desconocen el origen, el contenido, el financiamiento y los objetivos general y específicos del Prodesis.
De igual forma, señalan que ni siquiera pueden decir que la propuesta de Prodesis sea mala, pues sencillamente la desconocen, pero sí afirman que es "ilegítima", porque no se ha hecho partícipes de su elaboración y consulta a las comunidades chiapanecas de la selva Lacandona, convirtiendo a los indígenas en meros objetos del asistencialismo.
La misiva también fue entregada a la representación diplomática de la UE, a la que no pudieron ingresar los ocho delegados, con el argumento de que sólo podrían recibir a dos personas, según revelaron los mismos manifestantes al momento de entregar el texto en la oficialía de partes de la cancillería, donde tampoco fueron recibidos.
Varias organizaciones no gubernamentales han señalado que Prodesis, cofinanciado con el estado de Chiapas, es el proyecto con el cual la UE le pretende disputar a Estados Unidos la riqueza natural de la selva Lacandona, mediante programas de conservación y desarrollo sustentable.
Por ejemplo, el Consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas ha señalado que el programa tiene impacto en más de 830 comunidades de la selva Lacandona, promoviendo el combate a la pobreza al abrir los recursos naturales de la región al libre mercado, con programas de producción de artesanías, comercio de plantas medicinales y servicios ambientales.
Desde luego, eso no sería negativo si no se impusiera a los habitantes de la selva usufructuar con sus tierras como "garantía" de los proyectos. "Se está en plena vía de privatizar la selva", se ha denunciado con insistencia.
Así, Prodesis, de la UE, está haciendo frente a la organización estadunidense Conservation International, cuyos personeros nacionales son encabezados por la ex secretaria de Medio Ambiente Julia Carabias, quien ha declarado que "nadie ha visto los fondos de la UE y pareciera que más bien servirán para tolerar nuevas invasiones en Montes Azules".
En la carta, los delegados de las comunidades enclavadas en Ocosingo, Independencia, Trinitaria, Margaritas, Maravilla Tenejapa, Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas señalan que entre sus derechos constitucionales se encuentran el poder diseñar y operar conjuntamente con el Estado mexicano los programas que les afecten.
Además, el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que antes de cualquier acción sobre los recursos y modos de las comunidades, las autoridades deberán recabar previamente el consentimiento libre e informado de ellas, lo cual no ha ocurrido.
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