La violencia en el Perú ha disminuido sustancialmente durante este último año. Desde todos los sectores del país se reconoce esta situación, que ha implicado una serie de cambios en la vida política y el quehacer cotidiano de los peruanos.
No menos cierto es que aún desarticulados en su aspecto fundamental los grupos terroristas no han desaparecido del todo y con ellos, subsisten en menor intensidad las acciones aisladas que causan gran destrucción al país y temor en la población.
Asimismo, puede apreciarse una disminución de las violaciones a los derechos humanos como producto del descenso de las acciones armadas.
Sin embargo, a esta disminución de desaparición forzada de personas y de ejecuciones extrajudiciales, también hemos observado con indignación la voluntad manifiesta de no investigar las violaciones los derechos humanos ocurridas durante estos años.
En efecto, durante estos años diversas fueron las formas como se evitó el juzgamiento y la sanción de los responsables de crímenes contra los derechos humanos. En varios casos se observó una clara voluntad de ocultar a los responsables, o juzgarlos en el fuero militar como si fuesen autores de delitos de función. Asimismo, se observaron casos en los que a través de contiendas de competencia resueltas a favor del fuero militar se cortaba investigaciones contra militares en el Fuero Común.
No obstante ello, el hecho más grave y que involucra a las más altas autoridades gubernamentales del país, se produjo recientemente, con la promulgación de una ley de amnistía (conocida en el país como ley de impunidad) que puso de manifiesto la voluntad del Gobierno de no investigar ni sancionar a los violadores de los derechos humanos en el país a lo largo de estos 15 años.
Esta ley de amnistía busca el olvido de una serie de crímenes cometidos por miembros de las fuerzas del orden a lo largo de estos años y cuestiona seriamente el compromiso del Gobierno Peruano para respetar los derechos humanos en el país.
Luego de haber alcanzado cifras alarmantes en los primeros años de esta década, los casos de ejecuciones extrajudiciales en el país han sufrido una disminución considerable en este último año.
En efecto durante 1990, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reportó 82 casos de personas ejecutadas extrajudicialmente en distintas zonas del país [1]. Un año sumamente violento y de fuerte presencia senderista que resulta particularmente interesante pues si bien disminuyó el número de personas desaparecidas; aumentó el número de ejecuciones sumarias respecto del año anterior (39 casos más).
Los múltiples asesinatos en Huancayo, Ayacucho y otras zonas del país daban cuenta de lo que fue catalogado como un "cambio perverso: asesinar en vez de desaparecer"[2]. Durante 1990 se produjo el cambio de Gobierno de Alan García al Ingeniero Alberto Fujimori pero esto no hizo variar sustancialmente esta situación.
Para 1991 la cifra siguió en aumento y llegó a 99 casos debidamente documentados [3]. Particularmente grave fue el asesinato de 17 personas en una fiesta por parte de un escuadrón de la muerte (Matanza de Barrios Altos). El proceso seguido contra los miembros del grupo Colina, responsables de esta matanza, se encontraba en investigación pero producto de la ley de amnistía la Corte Suprema habría decido archivarlo (según informaciones periodísticas difundidas el 19 de octubre del presente año, la Sala Penal de la Corte Suprema habría tomado tal decisión, sin embargo no existe aún notificación oficial a los abogados).
La cifra de ejecuciones iban en aumento, así en 1992, año en que se produjo el autogolpe del Presidente Fujimori cerrándose el Congreso de la República y el despacho judicial, los casos llegaron a sumar 114. Gran parte de estos casos ocurrieron en la sierra central y en el norte del departamento de Lima.
Además este año se produjo el vergonzoso caso de "La Cantuta", en el cual fueron secuestrados y luego asesinados un profesor y nueve estudiantes de esa casa de estudios por miembros de las fuerzas del orden ("Grupo Colina").
Fueron años sumamente violentos en el que las víctimas iban en aumento. Si bien, varios de estos casos habían pruebas contundentes, que involucraban a miembros de las fuerzas del orden las investigaciones sufrieron serias limitaciones y obstáculos. Finalmente con la ley de amnistía se puso fin a toda investigación y sanción de los responsables.
En 1993, el número de casos disminuyó a 34 en su mayoría provenientes de Junín, La Libertad y Lima. y para 1994 se reportaron 38 denuncias de ejecuciones extrajudiciales la mayoría de ellos campesinos que fueron victimados en el conocido operativo "Aries" en el Alto Huallaga.
Asimismo puede apreciarse el extenso informe del relator especial para ejecuciones extrajudiciales en su visita al Perú, en el cual se detallan una serie de casos que no han sido resueltos y en los cuales el Gobierno no ha sabido dar una explicación clara de lo ocurrido.
El hecho ocurrió el día 02 de Abril de 1995, en el Departamento de Ucayali ubicado en la selva peruana. A las 06:00 a.m. aproximadamente, alrededor de 15 efectivos de la Marina de Guerra del Perú que realizaban un operativo "rastrillaje", llegaron al domicilio de la Familia Pomactanta ubicado en el distrito de Padre Abad, en el kilometro 99 de la Carretera Jorge Basadre.
Luego de ingresar al domicilio sin mediar explicación alguna, obligaron a los padres y hermanos de Indalecio a salir al exterior de la casa y ponerse en posición de cúbito ventral. Sólo quedó en el interior del inmueble, Indalecio a quien interrogaron por varios minutos los efectivos militares.
Según denuncia el señor Juan Pomactanta, padre de Indalecio, al levantar la cabeza (estaba tendido en el suelo) vio que su casa estaba siendo incendiada y luego vio a su hijo envuelto en llamas que corría desesperadamente hacia los matorrales.
Todavía con vida, Indalecio fue trasladado al Hospital Regional de Pucallpa, falleciendo el 06 de Abril como consecuencia de las graves heridas sufridas. El informe médico señala que murió debido a un shock séptico debido a que el 65% de su cuerpo presentaba quemaduras.
El menor Indalecio fue victimado salvajemente delante de sus padres y sus dos hermanos quienes presentaron la denuncia respectiva. El trabajaba como agricultor junto con sus familiares.
El 26 de Mayo de 1995, el joven Jhoel Huamán fue detenido por miembros de la Policía Nacional, cuando se encontraba en el Instituto Superior Pedagógico de Pasco "Gamaniel Blanco Murillo". El había sido denunciado por delito de lesiones y robo de un arma de fuego. El denunciante lo implica únicamente por tener el cabello parecido a una de las personas que lo asaltaron.
Ese mismo día los familiares y el fiscal de turno constataron que Jhoel se encontraba en buen estado físico. Al día siguiente, por la mañana sus familiares acuden a la dependencia policial pero allí les informan que había sido trasladado al Hospital muy grave. Al llegar al Hospital les informan que el estudiante había llegado cadáver, la causa de la muerte era traumatismo múltiple por objeto contundente. Inicialmente, se fraguó una necropsia donde no aparecía la causa de la muerte a pesar de las lesiones evidentes que mostraba el cuerpo. Las crueles torturas a que fue sometido causaron la muerte del joven.
El hecho viene siendo investigado por el juzgado penal de Pasco contra los efectivos policiales Edson Cóndor Arredondo, Rolando Huere Oré y Wilson Torralva Dávila.
El 14 de mayo de 1995, Wilder Osorio fue levado por personal militar junto con otros 40 jóvenes de una discoteca ubicada en la localidad de Cerro de Pasco. El joven Wilder estaba divertiéndose con amigos en dicha discoteca cuando de pronto ingresaron militares y policías y detuvieron a todos los presentes. Los que mostraron sus documentos de identificación también fueron detenidos y llevados a la dependencia policial y luego trasladados a la base militar de la zona.
Wilder y los demás muchachos fueron víctimas de insultos y maltratos y luego de una selección médica preliminar un grupo reducido, entre los que se encontraba Wilder, fue conducido al Hospital de Pasco para un examen médico más minucioso. Al cabo de unas horas el carro portatropas regresó sin Wilder, quien había sido internado en el Hospital gravemente herido. Según las fuentes militares "se arrojó del camión militar en marcha". Según los informes médicos el cadáver de Wilder Osorio presenta múltiples fracturas en el cráneo y hematomas en la espalda que no corresponden a una caída sino a golpes con objetos contundentes. Los demás detenidos no quieren atestiguar pues temen por sus vidas.
Posteriormente, la familia Osorio ha recibido amenazas y han habido claras interferencias de bloquear las investigaciones. Parece ser que los propios militares temen que se sepa la verdad de los hechos, situación que compromete a toda la institución.
Esta práctica de detener (levar) de manera ilegal y abusiva a los jóvenes en edad militar, para enrrolarlos en el servicio militar obligatorio, se ha vuelto muy difundida. En este caso ha cobrado una víctima. Los medios de comunicación resaltaron este hecho que a todas luces merece ser investigado, sancionando a los responsables.
José Eugenio Chamaya Rumacharis, fue detenido por efectivos policiales de la comisaría de Santa Felicia, cuando realizaba servicio de taxi a dos adolescentes en las inmediaciones del distrito de La Molina.
Fue llevado a la comisaría de la zona y sometido a maltratos físicos, ocasionándose la muerte del mismo por un paro cardíaco que le sobrevino luego de haber sido sumergido reiteradamente en agua.
Por orden de la Fiscal Flor Alva, titular de la 40 Fiscalía Provincial Penal de Lima, se trasladó el cadáver a la Morge de Lima, donde el resultado de la necropsia fue muerte por traumatismo toráxico, politraumatismo abdominal y asfixia por sumersión.
Los presuntos responsables de este homicidio son el suboficial PNP Aldo Sucno Luna y el teniente PNP José Zevallos Ortíz. Ambos policías fueron puestos a disposición de la 40 Fiscalía en lo Penal de Lima.
Los activistas de derechos humanos han sido objeto de amenazas directas por el ejercicio de la profesión. Durante el proceso judicial del caso de Barrios Altos, no se hicieron esperar las amenazas contra las víctimas, sus familiares y abogados, que se produjeron inmediatamente después de la decisión de la juez de declarar inaplicable la ley de amnistía.
Así, la Dra. Gloria Cano Legua abogada de Tomás Livias Ortega, uno de los sobrevivientes de la matanza de Barrios Altos, recibió una llamada telefónica anónima el 10 de julio, a las 10 am. aprox., y le dijeron "No te metas con los militares, no te metas con los militares, mira que te vamos a chapar, te vamos a hacer el amor y vas a saber lo que es bueno". El número telefónico de la Dra. Gloria Cano tiene menos de dos meses de instalado y muy pocas personas lo conocían.
Pero no son éstas las únicas amenazas que se han suscitado luego de la ley de Amnistía. El abogado de la Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Juli, organismo de derechos humanos de la iglesia en Puno, Tito Guido Gallegos Gallegos recibió una carta y varias llamadas telefónicas anónimas con amenazas de muerte si no detenía su trabajo de defensa legal a víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado, la abogada de la Asociación Nacional de Familiares y Víctimas del Terrorismo, organización integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Dra. Juana Angélica Matías Ronceros, quien venía patrocinando a dos oficiales militares y un civil contra quienes se había abierto proceso judicial por denunciar actos de corrupción dentro del Ejército, también fue objeto de actos de amedrentamiento desde mayo de este año.
Ella recibió la visita en su domicilio de Miguel Ríos Sáenz, conocido como "Chito Ríos", a quien conoció durante sus estudios universitarios. El se presentó como personal del Servicio de Inteligencia Nacional y le pidió que le informara sobre el paradero de sus patrocinados, a lo cual se negó.
En un primer momento le ofreció dinero por la información, pues según le manifestó con eso podía obtener una beca. Al no recibir la información, en actitud intimidatoria, le dijo que había intercedido por ella para que no fuera desaparecida, ya que tal era la intención del Servicio de Inteligencia.
A partir de entonces, empezó a recibir amenazas escritas. 15 días después, dejaron bajo su puerta una hoja bond con una nota en maquina de escribir que decía "CUIDATE. CUIDATE MUCHO". El 20 de mayo, otra que decía "FALTA POCO TIEMPO". El 4 de junio, otra que decía "PROHIBIDO ENSUCIAR PENA DE MUERTE". El 20 de junio, una hoja bond en blanco. El 22 de junio, un familiar suyo recibió una llamada telefónica de un tal suboficial Wilson Vilcaburu, dejando un número telefónico para que devolviera la llamada. Al devolver la llamada, le indicaron que contestaba el Cuartel Militar de Barbones, sin dar razón del suboficial Vilcaburu. Al verificar el número con la compañía de teléfonos, le indicaron que el número telefónico del Cuartel era otro.
Finalmente, el 16 de noviembre de 1995, aproximadamente a las 19.40 de la mañana, en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos, organización miembro del Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se recibió de manos de una señora un arreglo floral fúnebre en forma de una cruz, el cual estuvo acompañado de un sobre conteniendo una tarjeta que indicaba textualmente la amenaza siguiente:
En recuerdo de los que fueron y por la eterna
calcinación de sus restos: NADA SOMOS.
En la lista están mencionados tres parlamentarios del sector de oposición (Javier Diez Canseco T., Henry Pease y Gustavo Mohme), tres dirigentes de organizaciones de derechos humanos (Susana Villarán, Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Francisco Soberón, Presidente de la Asociación Pro Derechos humanos, y Ernesto de la Jara, Director del Instituto de Defensa Legal), dos familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos (Gisela Ortiz y Raida Cóndor), un abogado particular defensor de víctimas de violaciones de derechos humanos (Heriberto Benítez) y un General en retiro del Ejército Peruano que hizo denuncias de violaciones de derechos humanos (Rodolfo Robles).
Por las características de la amenaza está provenía del grupo paramilitar "Colina", responsable de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas el asesinato múltiple de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta".
Como lo han señalado reiteradamente en sus informes el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, continúan produciéndose, aunque en menor medida, este tipo de prácticas al amparo de los estados de emergencia aún vigentes en gran parte del territorio nacional y como parte de una actuación indiscriminada de las fuerzas del orden, sin ningún control judicial efectivo.
Asimismo, puede observarse que los miembros de las fuerzas del orden continúan actuado bajo la lógica de la lucha antisubversiva y vienen causando víctimas inocentes entre ciudadanos peruanos especialmente jóvenes. Las amenazas a ciudadanos y las muertes producidas en dependencia policiales dan cuenta de una actitud reiterada de no respetar las más elementales garantías que tienen todos los ciudadanos en el país.
Las investigaciones en curso para dar con los responsables de violaciones a los derechos humanos han sido quebradas con la promulgación de la ley de Amnistía promulgada el 15 de Junio de 1995. Esta amnistía ha sido invocada en diversos procesos penales contra responsables de violaciones a derechos humanos para acogerse a ella.
Por estas consideraciones, es importante que el relator de ejecuciones extrajudiciales pueda emitir un informe especial que de cuenta de la manera en que se viene aplicando las recomendaciones que formulara con motivo de su visita en 1993. Asimismo se pueda realizar un informe sobre la ley de amnistía y la ley interpretativa y sus implicancias en la comunidad internacional.
1. Ver informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú en 1990. CNDDHH p.12.
3. Ver informe sobre la situación de derechos humanos en el Peru en 1991. p.32.