Los múltiples temores que genera el ALCA en el continente están justificados por la nefasta experiencia del tratado de libre comercio de América del Norte (TLC) vigente desde 1994 entre Canadá, EEUU y México, que servirá de modelo para la "integración continental" que propone el ALCA. Uno de los temas centrales: el agua , permite entender la lógica utilizada en esta triste negociación. Este elemento esencial para el mantenimiento de los ecosistemas y para la supervivencia de la especie humana, corre grave peligro de ser transformado en una nueva y simple mercancía.

Las grandes corporaciones han comenzado a competir por explotar la creciente demanda del precioso líquido y, junto a algunos gobiernos de países poseedores de este recurso, se ven así mismas como "la nueva OPEP del agua", fingiendo ignorar que en este caso se trata de un recurso vital.

En América del Norte ya (como es costumbre) se despertaron los inmorales apetitos. El Toronto Globe and Mail de Canadá, ya preveía en 1991 que la privatización del agua sería la mega industria de las siguientes décadas.

El Wall Street Journal anunciaba en 1998 que luego del teléfono, la energía y el gas; el agua sería el próximo servicio donde se desarrollaría la más encarnizada competencia internacional.

De hecho, mientras que la población americana se inquieta (y con razón) por el peligro que acuerdos comerciales como el TLC implican sobre los recursos hídricos, las grandes firmas de ingenieros y de transportes esperan tranquilamente el día en que finalmente puedan organizar el comercio mundial del agua, como el petróleo o la madera.

Tironeados por ambas aspiraciones, los gobiernos de América se mantiene en una posición ambigua; se declaran decididos a proteger sus aguas (como lo desea la gran mayoría de sus poblaciones), pero por otra parte y cautivos de corrupciones y presiones diversas (deuda externa), se muestran dispuestos a abrir libremente los mercados del continente central y sur a numerosas firmas Canadienses y Norteamericanas que operan en el sector.

Los gobiernos, ya de por sí sometidos a las reglas de la Organización mundial de Comercio (OMC) se verán impotentes en la zona de librecambio "de Alaska a Tierra del Fuego", donde la preponderancia de las normas del mercado libre serán aún mayores, dada la histórica (e inducida) inseguridad jurídica reinante..

El TLC ya impone a sus Estados miembros limitaciones mucho mayores que las de la OMC, en virtud de su capítulo 11: "los inversionistas, ahora dotados del estatuto de sujetos de derecho internacional, antes sólo reservado a los Estados miembros; pueden iniciar acciones legales directamente contra los Gobiernos con la utilización de tribunales de ultramar".

Este capítulo (11) permite "garantizar" el comercio de agua en varios sentidos. En primer lugar (por ejemplo) si Argentina decidiera reservar las extracciones masivas de agua, su exportación o incluso la gestión de los servicios de distribución a compañías privadas de origen nacional, podrá ser objeto de acciones judiciales por parte de otras compañías oriundas de otros países integrantes del TLC , a las que deberá indemnizar.

Por otra parte, las derogaciones previstas en el artículo 200 del GATT (en vigencia), como instrumento predecesor de la OMC, no se aplican en el marco del artículo 11 del TLC, que en esta forma rige todos los recursos hídricos, incluido el derecho de acceso al agua en su estado natural.

En 1998, el estado de California (EEUU) estimaban que si no encontraban nuevas fuentes de agua dulce antes del año 2020 ese estado debería enfrentar un déficit hídrico equivalente a su actual consumo de agua anual ( ¿adivinas cuáles podrán ser esas "nuevas fuentes"? te suena - en Neuquèn- Sobisch, plan de regionalización y Región de los Siete Lagos). La mirada esta puesta en que serán provistas por el comercio "Argentino" de agua, en la medida que la demanda pudiera ser satisfecha por la oferta.

Ocurre que Argentina tiene agua en abundancia y tarde o temprano deberá inevitablemente "compartirla" con sus vecinos, afirma el responsable actual de la compañía de agua Californiana Sun Belt, empresa que ya inició un proceso contra la autoridades nacionales Argentinas, por qué estas se han negado a iniciar exportaciones masivas del líquido hacia esa comunidad norteamericana, tal cual había pactado oportunamente la administración Menem. Causando así la perdida de importantes (e incontables) beneficios. Caso similar esta ocurriendo con la administración Canadiense.

Otro importante capítulo (nª 1202) , tampoco difundido públicamente, del TLC (futuro ALCA) incluye una lista de servicios de distribución y saneamiento que estarán también jurídicamente cubiertos por el acuerdo, es decir con la misma cobertura jurídica del elemento madre del intercambio (el agua).

Por último, existe el principio de trato proporcional (otra disposición única en su genero) inscripto en el TLC (futuro ALCA) que signa que una vez comenzada la exportación de agua hacia los EEUU (por ejemplo), cualquier restricción que el Gobierno Argentino quisiera introducir debería estar acompañada de restricciones idénticas en el plano interior (disminuir el consumo interno con tarifas similares). Una vez iniciada la exportación de agua hacia un país miembro del acuerdo, este tendría derecho a reclamar, prácticamente a perpetuidad, la fracción correspondiente de las aguas "Argentinas" (artículo 315 del TLC y ALCA).

El Agua quedaría así fuera del principio de "soberanía permanente sobre los recursos naturales". Con el ALCA todos los pueblos de América se verán obligados a perpetuar un uso no sostenible de los recursos hídricos del continente y a aceptar un reparto no equitativo de ese mismo recurso, según su valor mercantil (igual al petróleo), es decir en función de la ley de la oferta y la demanda.

Para la gran mayoría de la población Americana, que solo sobreviven bajo la autosuficencia alimentaría esto seria funesto; acabarían rápidamente con sus vidas.

En la criminal lógica del libre mercado, la presión de la demanda sobre un recurso (ya) limitado haría subir el precio y el agua se transformaría así en una riqueza para quienes pueden acapararla, se encuentre donde se encuentre.

Pero los ecosistemas y los pueblos seguirá necesitando agua para vivir, aún sin disponer del dinero para comprarla. Recurso vital, el agua es un tema emblemático del debate que recién comienza en esta desangrada América latina. Si la vida no es una mercancía, es necesario volver a encontrar urgentemente el sentido y el espacio del bien colectivo, de un patrimonio y sueño común. De un bienestar de la humanidad; que bajo ningún concepto (y nuestro diario sufrimiento lo atestigua) puede quedar sometido a los imperativos del mercado.

En una lógica donde la escasez determina el precio, o donde el valor se fija según la oferta y la demanda, una computadora vale más que una vida. La demanda de los ecosistemas y la sed de millones de seres no será jamás "solvente".

Excluir ahora al agua de todas las transacciones internacionales, colocarla fuera del ejido de la Organización Mundial del Comercio, de los tratados sobre inversiones internacionales, constituiría un primer paso importante en la salvaguarda del derecho a la vida, intentando preservar la razón humana, y sus bienes comunes: La educación, la Salud, el Conocimiento y la información.