La voluntad popular y los muertos no tienen importancia
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En la misma senda del depuesto Gonzalo Sánchez de Lozada, el gobierno de Carlos Mesa anunció que persistirá en su intención de exportar gas natural a los Estados Unidos, proyecto que desencadenó una gigantesca rebelión popular. Hay incredulidad y malestar en dirigentes sindicales y opositores que pactaron la tregua y que apoyaban a Mesa.
La posición gubernamental fue anunciada oficialmente por el ministro de Minas e Hidrocarburos, Alvaro Ríos, quien dijo que el proyecto de exportación de gas natural licuado a Estados Unidos y México por un puerto en el océano Pacífico era "vital para el país".
"El gas debe exportarse porque no puede quedarse en las entrañas de la tierra y sin valor", aseguró en su primer contacto con los periodistas.
Ríos, un profesional independiente, explicó que las condiciones y características de la exportación de gas a Estados Unidos, así como algunos cambios en la Ley de Hidrocarburos, serían definidas en un referéndum decisorio, que aún no tiene fecha.
PROTESTAS Y MALESTAR
La posición gubernamental causó malestar y sorpresa entre los dirigentes sindicales y de oposición que habían otorgado una tregua al presidente Mesa, en el entendido de que un referéndum definiría cómo recuperar el gas para los bolivianos y decidiría si se exportaba o no el gas, pero no, como ahora pretende el gobierno, definir únicamente las características de la venta.
"Con su sangre, el pueblo boliviano ha dicho no a la venta del gas, por lo que ahora no podemos aceptar que un ministro diga que el gas se debe exportar a los Estados Unidos", reclamó el diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.
"El presidente Mesa no puede dar continuidad a la política de Sánchez de Lozada", agregó el líder cocalero que hasta hoy había mostrado una actitud conciliadora y hasta de apoyo hacia el nuevo presidente.
Otros líderes sindicales, sin embargo, no se mostraron sorprendidos por la actitud gubernamental. "Sabemos que el actual Presidente, Carlos Mesa, no nos va responder, sabemos que está rodeado por una logia chilenófila, sabemos que está rodeado por intereses de la oligarquía, de las transnacionales y de los Estados Unidos", dijo Roberto de La Cruz, el principal dirigente de la Central Obrera regional (COR) de El Alto.
A diferencia de Morales, el dirigente de la COR alteña fue uno de los pocos que insistió en no dar tregua al nuevo gobierno, ya que éste sólo sería una continuación del neoliberalismo y del "gonismo sin Goni".
GONISMO SIN GONI
La insistencia de Goni (sobrenombre del ex presidente Sánchez de Lozada) para llevar adelante la exportación de gas a Estados Unidos desencadenó una gigantesca sublevación popular que puso fin a su mandato, aunque a costa de 80 civiles muertos y más de 400 heridos, según los últimos recuentos. El proyecto de exportación de gas era rechazado por la mayor parte de la población porque iba a reportrar ingresos multimillonarios para las transnacionales (Pacific LNG), pero muy poco para el Estado y los bolivianos.
Así, según las estimaciones empresariales, por cada dólar pagado al Estado boliviano por concepto de impuestos y regalías, el consorcio de Pacific LNG, constituido por las trasnacionales British Gas (BG), British Petroleum (BP) y Repsol/YPF, obtendría 24 dólares.
Las proyecciones de Pacific, según dijo en su momento el presidente de British Gas, Edward Miller, establecen que el ingreso previsto para las transnacionales serán de 1.369,6 millones de dólares en promedio anual, mientras que el pago de impuestos y regalías oscilará entre 40 a 70 millones de dólares.
En un horizonte temporal de 20 años, periodo de duración del contrato de exportación, las transnacionales petroleras aspiran a lograr algo más de 27 mil millones de dólares, un monto lo suficientemente atractivo para que las megaempresas que operan en Bolivia hayan presionado al gobierno de Sánchez de Lozada y ahora al de Mesa.
No extrañó, por ello, que el nuevo ministro Ríos haya intentado apaciguar a estas compañías sobre las posibles modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, exigida por los sindicatos y organizaciones populares.
"Quiero mandar un mensaje claro a la comunidad petrolera internacional, a los organismos de financiamiento: que vamos a tratar de ser bien equilibrados en lo que haya que revisar (de la Ley) porque no podemos ahuyentar el capital que es el que requerimos para avanzar en el rumbo del progreso, la modernidad y el trabajo", dijo.
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