Ministro Galindo: la autoridad presentó el decreto que abroga otro de Sánchez de Lozada y su gabinete
La Prensa La Paz - Bolivia Edición de Octubre 28, 2003
AL FILO
El Contralor volverá a recibir informes de parte del Ministro de Gobierno
Ministro Galindo: la autoridad presentó el decreto que abroga otro de Sánchez de Lozada y su gabinete
El presidente de la República, Carlos Mesa Gisbert, eliminó ayer el decreto supremo con el que su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada, eximía excepcionalmente a su ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, de la rendición de cuentas sobre los gastos reservados ante el Contralor General de la República.
Ahora, el artículo 1 del Decreto Supremo 27221 ordena la restitución de "la plena aplicación y vigencia del Decreto Supremo 27055 de 30 de mayo de 2003". "Esto responde a la inquietud que teníamos todos" de buscar transparencia, dijo el ministro de la Presidencia, José Galindo, al presentar la nueva regla.
Decreto de un día
La norma abroga el 27213, promulgado el 17 de octubre, día en que Sánchez de Lozada renunció a sus funciones presionado por protestas las sociales que de la oposición a la eventual venta del gas pasaron a repudiarle la muerte de al menos 81 personas en la llamada "guerra del gas".
"Se autoriza, de manera excepcional, que el control de los Gastos Específicos de la Administración Central será efectuado ante el Presidente de la República; por lo que los mecanismos de Rendición de Cuentas, determinados en el artículo 6 del Decreto Supremo 27055, quedan suspendidos en su aplicación (...)", disponía el parágrafo I del artículo 2 del decreto que dictó el ex Presidente ahora refugiado en Estados Unidos.
Sánchez de Lozada y su gabinete justificaron la promulgación de la norma ante "una situación de emergencia originada por la conmoción interna que sobrepasa la capacidad normal del manejo administrativo del Estado".
Decreto muy cuestionado
La decisión de la anterior administración gubernamental fue cuestionada por sectores políticos, sociales y las autoridades del gobierno de Mesa Gisbert.
Más contundente fue la delegada presidencial de Lucha contra la Corrupción, Lupe Cajías. "Acá hay un tema ético. Cómo es posible que teniendo la conciencia de que estaba a punto de salir se firme un decreto, para proteger qué actuación. Hay dos dimensiones, una que creemos de daño a la colectividad, en beneficio de un grupo de personas, lo cual es un acto de corrupción, y la otra, que tiene una dimensión ética por la forma en la cual se ha querido aprobar este decreto", dijo el viernes.
Aunque el diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) Gerardo Rosado defendió la postura de Sánchez de Lozada y su gabinete, su correligionario presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Arrien, opinó en sentido de que el presidente Mesa Gisbert debería derogar la norma.
El decreto del ex Presidente despertó susceptibilidades en el gobierno actual, por lo cual las autoridades decidieron que el despacho de Cajías tramite una auditoría en el Ministerio de Gobierno sobre la administración de recursos reservados, que según la Ley del Presupuesto se denominan Gastos Específicos de la Administración Central.
Ayer, en la presentación del Decreto 27221 en el Salón de los Retratos del Palacio de Gobierno, el Ministro de la Presidencia fue escueto, no se refirió acerca de si Kukoc será convocado para que informe sobre el manejo del dinero asignado a uso específico de la que fue su oficina.
En el decreto restituido, el Contralor es el receptor "indelegable" de informes
El Decreto 27055 restituido señala que el Ministro de Gobierno administrará "exclusivamente" los gastos reservados y el Contralor de la República los fiscalizará cada tres meses a través de descargos de parte de la autoridad gubernamental. Toda la información respecto del caso será confidencial y quienes violen su "carácter secreto" serán sujetos de proceso legal.
La norma fue creada para dar fin a multiples cuestionamientos que surgieron en mayo, cuando el ex ministro de Gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) Víctor Hugo Canelas denunció que parte de los llamados gastos reservados fueron dispuestos para el pago de sobresueldos (plus) a autoridades gubernamentales.
El artículo 3 del documento establece que "los Gastos Específicos de la Administración Central son destinados a cubrir los requerimientos en que incurre el gobierno, exclusivamente para preservar la soberanía nacional, la seguridad interna, las relaciones internacionales y la estabilidad del estado de derecho, incluyendo gastos que demande la seguridad especial del Presidente de la República y otros dignatarios nacionales, así como dignatarios extranjeros de visita en el país".
Al asignar la administración de dichos recursos al Ministro de Gobierno, el gobierno centralizó la acción en una sola autoridad, señalando así que otros portafolios de Estado ya no podrán manejar el dinero de la partida. Dichos gastos, "detallados como gastos reservados en el clasificador presupuestario publicado por el Ministerio de Hacienda, se diferencian de los demás gastos públicos por la prohibición de su difusión y publicidad, y por su sistema especial de descargo y control", define el artículo 2 del decreto 27055.
Respecto del control, la norma asigna la tarea "personal e indelegable" al Contralor de la República, quien convocará trimestralmente al Ministro de Gobierno para la recepción de descargos sobre montos de los desembolsos, conceptos y recibos o comprobantes correspondientes.
Si el Contralor no convoca´al Ministro, éste puede solicitar la presentación de su informe. El informe de descargos será oral.
El decreto también establece la confidencialidad de la información sobre el uso de los gastos reservados. "La violación a la confidencialidad (...) dará lugar al procesamiento de los responsables de acuerdo a disposiciones legales en vigencia", señala el artículo 7.
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