El gobierno de Mesa se gana otro conflicto por dilatar la salida de una transnacional que no cumplió su contrato
Los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto explicaron al gobierno que para levantar el paro indefinido que empieza mañana es necesaria la destitución del superintendente de Saneamiento Básico, Eriko Navarro, y el nombramiento inmediato de un interventor para la empresa Aguas de Illimani. Exigen también un proyecto de empresa social -sin intervención privada- para dotar de agua y alcantarillado a La Paz y El Alto.
Ayer por la tarde, la ministra de Trabajo, Audalia Zurita, se reunió con los vecinos en El Alto y escuchó sus demandas. Sostuvo que en el marco de las negociaciones se puede hablar de la salida del Superintendente, pero sin presiones por medio. Antes de emprender viaje al Uruguay, el Presidente Carlos Mesa calificó en Cochabamba de irracional la demanda de la Fejuve respecto a la salida inmediata de la empresa Aguas de Illimani.Navarro afirmó que si se rescinde el contrato de inmediato las ciudades de La Paz y El Alto se quedarán sin el suministro de agua potable y alcantarillado. Al respecto, el ejecutivo de la Federación de Fejuve, Abel Mamani, aseguró que no interrumpirán los servicios porque lo que se pide es la salida inmediata de los ejecutivos de Aguas del Illimani, no así de los trabajadores de la empresa.De forma sorpresiva, el presidente de la Federación de Empresarios de La Paz, Bernd Abendroth, llegó ayer a la sede de la Fejuve para solicitar que la dirigencia reconsidere el paro indefinido que empieza mañana. No logró una respuesta positiva.¿Por qué se rebela El Alto? La movilización popular alteña contra la empresa Aguas del Illimani (AISA) nada tiene que ver con el capricho de los líderes vecinales de El Alto y menos con una supuesta campaña política contra la "inversión extranjera", como analistas y la prensa sistémica intentan hacer ver. Los ciudadanos de El Alto se levantaron contra la subsidiaria de la multinacional Suez y ahora exigen su expulsión simplemente porque la empresa ha demostrado en los hechos que es incapaz de satisfacer las necesidades básicas de miles de personas que habitan en una de las ciudades más pobres de Bolivia. Desde el inicio de la privatización del servicio en La Paz y El Alto, las tarifas para los pobres aumentaron 35%, el costo de conexión de agua 16,4% (196 dólares) y el de conexión al alcantarillado 38,3% (249 dólares). Ahora, la estructura tarifaria es progresiva, lo que quiere decir que a mayor consumo el costo unitario sube; el ciudadano ya no se beneficia con los 10 m3 de consumo libre que otorgaba la empresa municipal encargada del servicio antes de la privatización.AISA informa que la cobertura del servicio en El Alto ha llegado al 83.89%, pero no especifica que ese porcentaje se refiere sólo al área servida y no a toda la concesión. La empresa asegura que las áreas peri-urbanas que se encuentran fuera del área servida no están dentro de sus obligaciones contractuales, dejando de esta manera a 200 mil ciudadanos de El Alto sin posibilidades reales de acceder al servicio. Según datos de ex autoridades de la Superintendencia de Saneamiento Básico, al menos 68.400 personas carecen del servicio pese a que viven en barrios en los cuales existe red de agua potable. Esto ocurre porque los vecinos están imposibilitados de pagar los 445 dólares que exige la empresa. Además de esas 68.400 personas, aproximadamente el 16% de la población de todo el municipio de El Alto (129 mil personas) no cuentan ni con red y menos con conexiones de agua. En resumen, los vecinos del El Alto protestan porque aumentaron las tarifas, pero no mejoró la cobertura del servicio. Pese a la evidencia, el gobierno y la Superintendencia de Saneamiento Básico dilatan innecesariamente la salida de la transnacional que no pudo satisfacer las necesidades de la gente en ocho años de administración. Las tres demandas centrales de El AltoLos dirigentes de la Fejuve son tachados de intransigentes por el solo hecho de exigir al gobierno que cumpla sus compromisos. En un principio, el gobierno comprendió las razones de la protesta vecinal al emitir el 12 de enero de este año un decreto supremo instruyendo la terminación del contrato con Aguas del Illimani. Pero ya han pasado más de 45 días y no hay visos de que se cumplan los compromisos gubernamentales. Es por eso que la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) ha iniciado una nueva etapa de movilizaciones frente a la actitud diletante de las autoridades. Las tres demandas centrales de la Fejuve son:
1. Que Erico Navarro se destituido del cargo de Superintendente de Saneamiento Básico por mentir y obstaculizar la terminación del contrato con Aguas del Illimani.
2. Que se cumpla el acta del 14 de enero y se transfiera la administración a Samapa.
3. La nueva empresa a crearse no debe ser mixta sino una institución pública de carácter social que reinvierta todas sus ganancias en la ampliación del servicio.
1. ¿Por qué debe irse Navarro?
El Decreto Supremo firmado por el Presidente Carlos Mesa el 12 de enero fundamenta el rompimiento del contrato por el hecho de que 200 mil personas carecen del servicio en la ciudad de El Alto. En el mencionado decreto el gobierno asegura que trató infructuosamente de modificar el contrato, pero que debido a la oposición de la empresa no le quedó otro camino que instruir la terminación del mismo. En las dos resoluciones administrativas emitidas la semana pasada instruyendo la terminación del contrato con AISA, el superintendente Navarro no cita las causales mencionadas en el Decreto de Mesa y sólo indica que el inicio de la terminación del contrato es una demanda de la Fejuve. En otras palabras, sus fundamentos son incompletos y descontextualizados. Luego, Navarro emitió un comunicado oficial de la Superintendencia donde echa por tierra el argumento central del Decreto Supremo de Mesa asegurando que 83.89% de los habitantes de El Alto cuenta con servicio de agua potable y alcantarillado. Con estos datos, Navarro da a entender que el conflicto en El Alto es imaginario. Navarro anuncia la realización de auditorías técnicas y financieras en un plazo de entre seis y siete meses que develen si Aguas del Illimani cumplió o no su contrato y cuánto invirtió, pero no habla de una auditoría de activos fijos. Promete que la licitación de esas auditorías será dentro de un mes y medio y adelanta que en función de esos estudios es posible que Aguas del Illimani se quede como prestador del servicio. Sin embargo, antes de licitarse siquiera las auditorías prometidas, Navarro advierte que si se rescinde el contrato de forma inmediata el Estado tendría que pagar más de 80 millones de dólares de indemnización, que son las deudas pendientes de Samapa con la KFW, el BID y el Banco Mundial.
2. Procedimiento de ruptura con Aguas del Illimani
El 14 de enero de 2005, representantes del gobierno, de la Superintendencia y los alcaldes de La Paz y El Alto acordaron iniciar inmediatamente la transferencia de AISA a Samapa en un tiempo máximo de tres meses. En esa reunión, acordaron que Semapa se haga cargo de la operación del servicio de agua potable y alcantarillado de forma transitoria hasta que se conforme una nueva empresa. Sin embargo, días después los alcaldes y el gobierno cambiaron de posición, olvidaron su compromiso de fortalecer Samapa y salieron con la propuesta de conformar una empresa mixta. El gobierno dice que la transferencia a Samapa es un proceso lento y engorroso, pero los ex trabajadores de la empresa pública del agua informaron que cuando se privatizó el servicio la transferencia de Samapa a AISA no tardó más de una semana.
3. Por una empresa pública
Los alteños buscan que una Asociación Civil Público Social se haga cargo del servicio de agua potable y alcantarillado en las ciudades de La Paz y El Alto. Esta nueva institución debe tener un carácter eminentemente social porque su objetivo principal no será el lucro sino la ampliación de la cobertura de agua potable y alcantarillado en las dos ciudades. Esta nueva institución concibe a las fuentes y sistemas de agua potable y alcantarillado como bienes de dominio público y reinvierte todas las utilidades obtenidas. Según el superintendente Navarro, la exigencia de la Fejuve es inviable porque las alcaldías de La Paz y El Alto no cuentan con recursos para garantizar el suministro. Sin embargo, existen 35 millones de dólares comprometidos del Banco Mundial, del banco alemán KFW, de la cooperación suiza y canadiense, y eventualmente del BID para la dotación de agua a la población. Se calcula que AISA ejecutó 17 millones de dólares en préstamos en los últimos ocho años. El gobierno, los alcaldes de La Paz y El Alto y la Superintendencia insisten en reforzar el mito que dice que una empresa de prestación de agua es inviable sin la participación del capital privado. Sin embargo, el mismo Banco Mundial admite que no existe un dogma universal y reconoce que colaborará para fortalecer al sector público en la prestación de servicios relacionados con el agua. Hay que recordar que en el mundo, sólo 5% de los sistemas de agua potable están privatizados. Según dados del Banco Mundial, Bolivia es uno de los pocos países del mundo cuyo sistema de agua mantienen participación privada, en este caso del 28%.