La batalla final de la guerra del Agua El Alt
silviopaez ((i)) La Paz (03/03/2005 10:42)
http://bolivia.indymedia.org/es/2005/03/15223.shtml
El 13 de enero, el gobierno firmaba un confuso decreto en el que comprometía la salida de la empresa Aguas del Illimani. Después de casi dos meses, el gobierno ha impedido la salida de la empresa utilizando todos los medios a su disposición y ha conseguido sumar de su lado a los alcaldes de La Paz y El Alto. El gobierno, nombró a Erico Navarro como nuevo superintendente de servicios básicos, que pretende revisar el contrato y hacer auditorias, regresando el conflicto al punto inicial, después que en meses de diálogo, el gobierno tuvo que admitir la recesión del contrato con la empresa, tras las causas demostradas por la FEJUVE.
Por eso los vecinos saben que ésta es la última batalla que libran por recuperar el agua para el pueblo. No quieren más transnacionales ni empresas estatales burocratizadas.
Imponen como condición inicial de cualquier diálogo, la renuncia del nuevo superintendente y no cesarán con las medidas de presión hasta que la empresa Aguas del Illimani se vaya, dejando el servicio a cargo de SAMAPA residual, que en tres meses deberá traspasar la gestión del agua a una nueva empresa social.
Los alteños van a defender octubre
Por más reducida que sea la versión del bloqueo en relación a octubre, en cualquier esquina de la ciudad de El Alto, todos los vecinos invocan desde los rincones empolvados de sus corazones, la gloriosa Guerra del Gas de octubre del 2003, reviviéndola con su protesta y su movilización. Como si la memoria no solamente fuera un recuerdo traído al presente, como si fuera un pedazo de tiempo pasado hecho cuerpo en cada vecino. Cada llanta quemada, cada consigna y cada declaración, además de la exigencia de las demandas, exhala ese pedazo de dignidad extraviado que fue recuperado en ese tiempo pasado.
Heridos, familiares de las víctimas, desocupados y vecinos, todos movilizados, sienten que el Estado y el gobierno no han cambiado en nada. Por eso las actuales movilizaciones, son para ellos, nada más que una continuación de lo que empezaron ayer.
Sobre el primer día de Paro Cívico
La huelga de hambre. En el décimo día de huelga de hambre, el estado de salud de los dirigentes es crítico. Por la mañana, la doctora encargada de controlar a los huelguistas, indicaba por ejemplo, que Julio Pabón debía ser internado inmediatamente, a pesar de esto, el dirigente decidió sumarse activamente a las movilizaciones. Otro informe de la doctora, alertaba sobre el peligro de que el dirigente Abel Mamani ingrese en estado de coma por la hipoglicemia que es producto de no ingerir alimentos, sorteando las recomendaciones de la doctora, Abel también decidió quedarse en la huelga. En apoyo a la huelga en la FEJUVE, se van sumando otros piquetes como el de Cochabamba y de la Federación de periodistas de La Paz.
Puntos de bloqueo. A pesar de que no hubo una participación masiva de los vecinos en cada punto de bloqueo, fueron varios los puntos en los que no circulaban las movilidades. Estaba bloqueado desde el cruce Villa Adela hacia la Radio San Gabriel, también la carretera a Viacha, la avenida 6 de Marzo hacia Senkata, Santiago II estaba bloqueada aunque por calles secundarias de esa zona circulaban las movilidades hacia Senkata, también Río Seco y la 16 de Julio se encontraban bloqueadas. Otras zonas bloqueadas fueron Culpilopaka, Ferropetrol y Alpacoma.
La represión. Hay dos diferencias significativas entre el actual paro cívico y los anteriores. La primera es que debido a la burla del gobierno frente a sus compromisos con el pueblo alteño, las movilizaciones, obligadas por la situación, se siguen una a la otra de forma repentina, sin dar mucho tiempo a la FEJUVE, dirigentes, barrios y distritos a organizarse de la mejor forma.
La segunda es que, el gobierno en los anteriores paros, no reprimía las movilizaciones por su debilidad, esta vez el gobierno, las reprime inmediatamente impidiendo los bloqueos, confiado de haber superado su debilidad con el apoyo de los alcaldes y la ofensiva política derechista encabezada por los cívicos cruceños.
Cuando una pequeña marcha intentaba bloquear el peaje en la autopista, los gases tirados por la policía contra los manifestantes, también desenterraron los recuerdos de represión en el pueblo: "qué derecho tienen de balearnos sin motivo" gritaba un vecino, mientras todos los demás, identificando a Mesa con Goni, se proponían organizarse de mejor manera para soportar la represión.
Mesa, Paredes y Del Granado, los nuevos defensores de las transnacionales
Resulta irónico el spot publicitario que montaron el gobierno y los alcaldes de La Paz y El Alto, que nos habla de la propuesta conjunta ya elaborada por ellos, que consiste en una empresa mixta en la que se mantiene a la empresa Aguas del Illimani.
Frente a una ausencia pública de los antiguos politiqueros, recluidos en sus nichos de poder estatal que aún controlan, aparecen ahora estos tres desubicados tomados de la mano para defender los mismos intereses de las transnacionales contra los derechos exigidos por el pueblo.
A esto se suma, la campaña de los medios de comunicación, más comprometidos con estos intereses, que trata de desvirtuar la movilización acudiendo al viejo axioma de que los paros perjudican la economía y que cualquier otra forma de gestión del agua que no sea la privada extranjera, fracasará, sobretodo si es social. Según el solipsismo de la forma neoliberal de pensar, la "desorganización del pueblo" es inaplicable frente a la "organización" de la imprescindible inversión extranjera.
El gobierno no cumple con los heridos. ¿Cómo pueden pensar en el agua?
En la FEJUVE, unos ladrillos viejos junto a una bolsa de estuco en el piso, anuncian la amenaza del tapiado del ingreso a la sala en que se encuentran en huelga de hambre los heridos de octubre, si el gobierno continúa con su actitud de desprecio e indiferencia.
Con gritos enfurecidos contra los policías que acababan de tirar gases y los ojos aún lagrimeando, Claudia Flores nos cuenta que su esposo fue herido de bala en el cuello en octubre del 2003, con una gravedad del 50%. El gobierno le había prometido a su esposo una cirugía y audífonos para que recuperara un poquito de lo que la violencia del Estado le había arrebatado, la capacidad de audición y la movilidad del brazo. Pero hasta ahora no recibió nada, él mismo tiene que seguir pagando su tratamiento en el hospital, aunque ya no puede trabajar haciendo las carrocerías que solía construir.
"Ya no es el mismo, no aguanta el frío ni el calor, anda de mal humor todo el día y ya no tiene ganas de salir adelante" nos cuenta Claudia, como si su esposo, además de perder la salud, habría perdido el alma.
Ahora es ella quién debe correr con todos los gastos de su hogar, incluidos la alimentación y la escuela de los niños.
La zona de Claudia hace tiempo que ya tiene agua potable, pero para ella es impensable poder conseguir los 196 dólares que exige la empresa Aguas del Illimani como tarifa para la conexión, y en caso de querer también alcantarillado, tendría que aumentar otros 249 dólares.
Cuando los brillantes economistas del neoliberalismo decidieron privatizar el servicio de agua potable y alcantarillado y negociar las tarifas de conexión y consumo, tal vez "olvidaron" que una persona como ella, que consigue apenas 10 bolivianos al día, jamás podrá ahorrar esa cantidad de dinero para gozar del servicio, así como las otras 200.000 personas que todavía no pudieron conectarse. Pero, mostrando la eficiencia del modelo, lo que no se les olvidó es asegurar una ganancia de más de 5 millones de dólares anuales para la empresa.
El juicio de responsabilidades en la mente de los burócratas, ya sea que lo apoyan o lo obstaculicen, no pasa de ser una abstracción. Detrás de todo ese proceso, está la necesidad de enviar a los culpables a Chonchocoro, pero también está la responsabilidad que debe asumir el Estado para con las víctimas: atender su salud y darles trabajo y condiciones mínimas para que puedan desarrollar sus actividades.
Menos trabajo, menos ingresos y más nos cobran del agua
En una habitación de la FEJUVE, también se instaló un piquete de huelga de hambre de mujeres dirigentes de las juntas, de la Federación de Mujeres de El Alto y de mujeres de la Federación de Desocupados.
"El agua es de la Pachamama, por qué tenemos que pagar" reclama Genoveva Fernandez que forma parte del piquete. Ella es del Distrito 2 y es integrante de la Federación de Desocupados.
Trabajó en el Plane (plan de empleo de emergencia del gobierno) solamente dos meses. Los 480 bolivianos que ganaba apenas le alcanzaban para los pasajes que gastaba en cumplir con su obligación laboral. Pide que éste empleo sea permanente, porque le va aún peor ahora que vende unas golosinas en la calle.
Sus cuatro niños, igual nomás tienen que ir a la escuela "soy padre y madre, no tengo apoyo de nadie" nos dice. Los 18 bolivianos que paga mensualmente por el consumo de agua, son una pesadísima carga para Genoveva, más aún cuando sabe que no gasta mucha agua.
Mientras que, es fácil imaginarse la vida que deben darse los dueños y ejecutivos de la transnacional Suez, que obtiene sus 52 billones de dólares de ganancia operando en 125 países con 130 millones de usuarios, extrayendo pedacitos de vida a personas como Genoveva, que aún desocupadas, tienen que dar lo poco que tienen para construir estas ostentosas cifras estadísticas que expone el modelo neoliberal.
La gente sencilla contra el poder de las transnacionales
Todo un gran aparato bélico que se desenvuelve en el terreno político, económico, comunicacional e incluso militar, ha comenzado a mover sus engranajes para proteger a la transnacional.
Propaganda contra la gestión social del agua, contra los dirigentes sociales y las movilizaciones. Manejo del poder estatal en el gobierno central y los gobiernos municipales para proteger a la empresa, para obstaculizar su salida, para comprar conciencias. Condicionamientos del financiamiento de la "cooperación internacional" para evitar que se expulse a la empresa. Represión policial contra las movilizaciones. Amenazas de millonarias indemnizaciones y juicios en el CIADI del Banco Mundial. Son todas, parte de ese aparato.
Estas personas sencillas que individualmente no significan nada para las estadísticas del modelo y que con lo poco que tienen y que les explotan, construyen millonarias ganancias, no dejarán de luchar. Esas ganas que tienen, es algo que el modelo jamás les podrá arrebatar. "Queremos unirnos todos, queremos trabajo y que se vaya Aguas del Illimani" nos dice Victoria Larico de Fernandez de 61 años que también está en huelga de hambre. "Todos vamos a unirnos todos, hasta las últimas consecuencias, muerto voy a salir de aquí" continúa doña Victoria, "la lucha se va a generalizar a nivel nacional empezando de El Alto", esa es su convicción y esas sus esperanzas.
El pueblo alteño no le está suplicando un trato más justo al gobierno, está enfrentando su política y al modelo con lo único que le queda... su organización y su dignidad. Si no lo entienden estos señores del poder, es probable que también tengan que irse como su antecesor el gringo.