Quedaron de verse en el pueblo a las orillas del río y en medio de la gran selva. Tenían miedo pero no de los changuitos llamados zaraguatos que rugen como leones o por las serpientes u otro animal peligroso, sino porque en ese pueblo las autoridades están un poco violentas, quieren desalojar por la fuerza a comunidades de los Montes Azules, amenazan y hostigan a defensores de derechos humanos, y se tragan el discurso del gobierno del estado de que el Plan Puebla Panamá (PPP) no existe. Sin embargo, el gobernador de Chiapas Pablo Salazar acude el 26 de junio de 2003 al vecino estado de Tabasco a una reunión con los « mandatarios « del Sur Sureste de México, con el fin de relanzar el PPP ante el descrédito y el fracaso que ha tenido por la movilización y la consciencia popular.

Pero no había de otra. Llegaron al poblado chiapaneco de Frontera Corozal a tiempo. Estaban determinados a buscar la información que el gobierno continúa negando. Los compañeros y compañeras del otro lado del río pasarían temprano por ellos para aprovechar la luz del día y partir cuanto antes. La duda y la confusión les asaltaba porque el 28 de enero de 2003, en un Boletín de Prensa, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) titulaba su comunicado como « NO EXISTE NINGÚN PROYECTO PARA CONSTRUIR UNA PRESA DE CORTINA ALTA EN EL RÍO USUMACINTA «. En este boletín afirmó que « no tiene programado construir ninguna presa de cortina alta en el río Usumacinta, en la región conocida como Boca del Cerro, ya que desde hace varios años quedó cancelado un proyecto con esas características. Los técnicos de la empresa están estudiando en esa zona la posible utilización del caudal del río para la generación de hidroelectricidad, teniendo como limitante la utilización del río en su cauce natural. En todo momento se consultarán los avances de los estudios con las autoridades correspondientes. « En otro lado la CFE afirma que pretende lograr el proyecto hidroeléctrico del Usumacinta para el año 2011.

Al mes siguiente, la CFE volvió a desmentir en una carta del diario La Jornada que « no tiene ningún plan para construir una central hidroeléctrica de cortina alta en la región conocida como Boca del Cerro, en el río Usumacinta, en el estado de Tabasco, ya que un proyecto de este tipo quedó definitivamente desechado desde hace muchos años y en la programación estratégica de la empresa no está contemplado el desarrollo de ninguno similar. La CFE se encuentra realizando estudios de factibilidad por técnicos de la compañía, con la instrucción precisa de conocer la posible utilización del caudal del río Usumacinta para generar electricidad sin alterar su cauce. Mientras estos estudios no concluyan y se conozca la factibilidad «. Más adelante añade: « Dentro de estos estudios queda explícita la instrucción de que no podrá haber ningún proyecto que altere el cauce natural del río, por lo que no se construirán presas hidroeléctricas ni cortinas altas que alteren el cauce, ni se inundarán tierras a partir del desvío artificial del río «.

Por su lado, el gobierno guatemalteco ha presentado su « Plan de Reactivación Económica 2002-2004 «, en el contexto del proyecto de integración eléctrica entre Centroamérica y México en el marco del PPP, donde enfatiza en la « promoción de la construcción y operación de proyectos hidroeléctricos medianos y grandes «.

El 26 de enero de 2003, el diario mexicano TABASCO HOY, publica que « en cinco años habrá un millón de desplazados, 300 sitios arqueológicos inundados, un entorno ecológico afectado incluyendo parte de la reserva de la Biosfera Maya y Los Pantanos de Centla que en menos de 10 años habrán perdido el 70 por cientos de su extensión a consecuencia de la construcción de cinco represas en el Alto Usumacinta, englobadas en siete acciones similares sobre afluentes situados en Los Altos de Chiapas. En la segunda quincena de marzo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inicia la construcción de cinco hidroeléctricas sobre el último río caudaloso de México; trabajos contemplados en la "tercera etapa" consistentes en la construcción de carreteras y accesos a las zonas montañosas así como estudios, pruebas de pilotaje, ingeniería de suelo y cimentación donde se destinarán millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para sostener el Plan Puebla Panamá (PPP). «

Con el mapa en las manos y montados todos y todas en una lancha fueron recorriendo el impresionante río Usumacinta entre aguas a veces turbulentas que dividen a Chiapas con Guatemala, en medio de una hermosa selva que alberga la mayoría de la biodiversidad mesoamericana. Verificar el impacto social, ecológico y político de un proyecto totalmente absurdo fue la misión de esta expedición binacional conformada por organizaciones sociales, indígenas y civiles del Petén guatemalteco y del estado mexicano de Chiapas. Y es que la CFE miente. Según la Comisión Internacional de Grandes Represas (International Commission on Large Dams -ICOLD-) que es la asociación de la industria de represas en el mundo, una « represa grande « es aquella que mide 15 metros o más desde la fundación hasta la cresta.

Pero suena el río, porque piedras lleva. Pobladores de las comunidades indígenas de la región confirman que en Tenosique, en el estado mexicano de Tabasco, ya se construyen viviendas que albergarán a los ingenieros. También confirman que en el ejido Delicias y El Diamante en Palenque la CFE está buscando trabajadores que por 100 pesos diarios trabajen en el proyecto de las represas. En otros lados informan que ya se está colocando materiales a la orilla del río. Pero el gobierno y la CFE callan, guardan silencio y la información. En el mapa de la CFE se detalla la construcción de las cinco cortinas sobre el río Usumacinta: Yaxchilán, Isla Cayo, El Porvenir y La Línea, con una altura que van desde 55 a 108 metros sobre el nivel del mar (www.ciepac.org/mapas). Es por ello que el grupo se lanzó con la misión de verificar la ubicación de las cortinas basado en el mapa de la CFE del que niega su autoría aunque su firma estampada presume del gran proyecto. Pero todo el grupo ignoraban su suerte y pesadilla al final del camino.

Llevaban una convicción. La Comisión Mundial de Represas (CMR) también cataloga como « represa grande « a cualquiera que tenga una cortina mayor de 15 metros de altura (www.dams.org), de las cuales se han construido más de 45 mil y han desalojado entre 80 a 100 millones de personas, pueblos indios y campesinos en todo el mundo. Pese a que no se desvíe el río Usumacinta y sean puestas las turbinas en su corriente, de cualquier manera inundarían y contaminarían el río, bloquearían el paso del agua en la Boca del Cerro y dañarían los pantanos de Centla de Tabasco. El daño ecológico y cultural en la región será muy alto, razón por la cual el proyecto fue detenido años atrás.

La CFE no informa a la sociedad sobre estos planes y mucho menos a las comunidades indígenas que podrían ser afectadas, lo que viola el Convenio 169 de la OIT que especifica que cualquiera megaproyecto debe ser consultado con los pobladores. También se violan los Acuerdos de San Andrés firmados entre el gobierno federal y el EZLN. Por si fuera poco la CFE tampoco otorga la información y niega entregar incluso los estudios que anuncia en su página web (www.cfe.gob.mx) donde exponen un estudio de factibilidad sobre el río. Todos los ciudadanos tienen derecho a conocer estos proyectos e incluso los estudios de impacto ambiental.

Por algo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas afirmó que la CFE se ha convertido en el enemigo público número uno de los chiapanecos (Diario Las Casas, 24 de junio 2003). Las represas sobre el Usumacinta están en el marco del PPP para abastecer de electricidad a toda la región del PPP que obviamente requerirá de sistemas de distribución de energía. Análisis y mapas sobre esto pueden ser consultados en www.ciepac.org.

Era el 10 de junio de 2003 cuando la delegación binacional llegó antes del anochecer al ejido Corregidora en el municipio de Tenosique en el estado mexicano de Tabasco. Los cuatro mexicanos y ocho guatemaltecos representaban a diversos organismos de la sociedad civil, entre ellos de Edupaz, CIEPAC, CIEP, Frente Petenero y Chiapaneco contra las Represas, entre otros. Para entonces llevaban ya varias horas verificando la ubicación de las futuras cortinas sobre el río Usumacinta. Avisaron a las autoridades ejidales y a los militares acampados en la región sobre el motivo de su visita y solicitaron permiso para el ingreso al municipio, el cual les fue negado. Sólo les dieron permiso de pernoctar en la comunidad. Sin embargo, en la madrugada los militares irrumpieron de forma prepotente y con lujo de violencia donde la delegación descansaba. Les exigieron su identificación y los mexicanos se negaron argumentando que los militares no tenían ningún derecho ni autorización para actuar así. Casi desnudos querían obligarlos a subir a los vehículos militares y por fin los trasladaron a las instalaciones del cuartel militar La Palma a la ciudad de Tenosique, la cabecera municipal.

Ya para entonces tenían las mediciones de las alturas donde se pretenden instalar las cortinas. A la altura del poblado de Bethel el grupo de exploración registró 103 metros sobre el nivel del mar (msnm), en La Técnica 99 msnm y en Arroyo Yaxchilán 94 msnm. En la zona arqueológica de Yaxchilán 92 msnm; en Estación Aforo 90 msnm; en Raudal 84 y en Isla El Cayo 73 msnm; en la región arqueológica de Piedras Negras y en el Porvenir 64 msnm; en La Línea 36 y Boca del Cerro 25 msnm.

Cuando al día siguiente los militares trasladaron a la delegación con la Procuraduría General de la República (PGR), parte de ellos sin haber tomado alimentos, inventaron otra historia. Los soldados afirmaron que sorprendieron a la delegación a media noche por el río Usumacinta, que algunos portaban identificaciones falsas y otras acusaciones dolosas. La PGR al no encontrar delito y liberar a los mexicanos trasladó a los guatemaltecos con el Instituto Nacional de Migración (INM) quienes de manera prepotente procedieron a encarcelarlos por dos horas. Luego de liberarlos les conminaron a abandonar el país.

Pero historias como estas suceden a lo largo del Continente contra comunidades indígenas y campesinas así como contra defensores de los ríos, de los derechos humanos y de la ecología. Pese a ello la lucha de resistencia continúa. El 14 marzo pasado se llevaron a cabo movilizaciones en 30 países celebrando el Día Internacional de Lucha Contra las Represas en todo el Mundo. Países como España en Europa, Mozambique en África y Tailandia en Asia se movilizaron para exigir el fin del modelo de producción de energía que ya expulsó a 80 millones de personas de sus casas. En Brasil el Movimiento Nacional de los Afectados por Represas (MAB) movilizó a miles de personas que denunciaron en las calles los impactos causados por la construcción de grandes centrales hidroeléctricas y señalaron la necesidad de construir alternativas, socialmente justas y ambientalmente responsables. En este país se realizaron 13 actividades en diferentes regiones. En Sao Paolo, cerca de mil afectados y organizaciones de apoyo ocuparon la sede de la empresa estadounidense AES para denunciar el fracaso del proceso de privatización y la estafa que esta multinacional.

En Belo Horizonte, los afectados por Represas de Minas Gerais y Bahia ocuparon la sede de la empresa Vale do Rio Dulce, uno de los grandes consumidores que recibe energía eléctrica a precios subsidiados, mientras que millones de familias no tienen energía en sus casas y los más pobres pagan más caro por la luz que consumen. En Goiás, 600 afectados ocuparon la Represa de Cana Brava impidiendo su funcionamiento, con el fin de exigir la solución de los problemas pendientes en la región. En Cana Brava, la situación es tensa, ya que la empresa responsable por la obra ejerce gran "influencia" sobre los cuerpos policiales de la región, que están para reprimir a los agricultores e impedir que reivindiquen sus derechos.

La Red Internacional de Ríos (IRN por sus siglas en inglés) también registró actos y ocupaciones en ciudades como Emperatriz en Marañao, contra la construcción de represas en la Amazonia y en capitales del nordeste como Aracaju y Joao Pessoa. En Chiapas las comunidades decidieron poner banderas en señal de protesta en sus territorios donde se pretenden construir hidroeléctricas. Instalaron mantas en los caminos rechazando el PPP y los planes hidroeléctricos. En la Ciudad de San Cristóbal colocaron mantas en las cuatro entradas a la ciudad manifestando su rechazo a las represas. La consciencia en las comunidades de Chiapas sobre los efectos de las hidroeléctricas y la resistencia hará difícil que una más sea construida en la entidad.

Lamentablemente no se pudo hacer mucho contra la enorme presa de « El Cajón « en el estado mexicano de Nayarit y que el presidente Vicente Fox acaba de inaugurar para dar inicio a su construcción. Esta obra para el consumo industrial y que garantizará los intereses de las maquiladoras, las empresas de la región y los estados fronterizos de Estados Unidos, será la obra más grande de este periodo presidencial. La sala de máquinas de la hidroeléctrica será más alta que la torre Latinoamericana de la Ciudad de México y en su interior podrían caber 10 pirámides del Sol de Teotihuacán. Pareciera que los gobiernos no escarmientan luego de las experiencias en todo el mundo en torno a la corrupción en la construcción de las hidroeléctricas, el endeudamiento y lo absurdo de estas obras en términos técnicos, sociales y ambientales.

Pero en otras regiones las luchas de resistencia continúan. El 31 de mayo del 2003 dio fin el « II Foro Nacional, Comunidades frente a la Expansión Hidroeléctrica « en Costa Rica cuyos participantes demandaron a las autoridades « frenar cualquier proyecto que atente contra la seguridad social y ambiental, en cualquier comunidad nacional «. Rechazaron tajantemente el Proyecto hidroeléctrico Boruca y exigieron « que se respete la territorialidad, cultura y soberanía de los pueblos indígenas, lo cual además garantizaría el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmado por Costa Rica «.

Entre los participantes en este encuentro estuvieron la Pastoral Social de Limón, Amigos de la Tierra Costa Rica, Liga Cívica de Pérez Zeledón, SINAESPA, ASDEICE Pérez Zeledón, Asociación de Desarrollo San Antonio Florida Siquirres, Grupo pro Cívico de Tucurrique, SINDEU, Espirito de Lucha Rey Curré, PAC Zona Norte, afectados por la Hidroeléctrica La Esperanza de la Tigra San Carlos, Asociación Ambientalista de Siquirres, Pirris-PROAL, APCOCURSA-Savegre, CECADE, ASEPALECO, Frente de Trabajadores de la Cultura de Turrialba, Federación para la Conservación del Ambiente, AESO-OILWATCH CR, SITUN y Jóvenes de la Cuadra los Guido Desamparados. Los participantes afirmaron que « en aras de contar con espacios nacionales indispensables para salvaguardar la biodiversidad, exigimos que los ríos Pacuare y Savegre, queden libres para siempre de la amenaza de ser represados «. Además manifestaron su rechazo al « Tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, el Plan Puebla Panamá, y cualquier otra iniciativa multilateral, que lejos de significar opciones de desarrollo para nuestros pueblos, constituyen una nueva forma de anexión, con la que reducidos grupos de capital nacional están de acuerdo «.

En el caso de Brasil, la construcción de represas continúa avanzando en el río Xingú, el último de los grandes ríos amazónicos en buen estado de conservación. De seguir esta tendencia se calcula que casi toda la selva amazónica será destruida en la primera mitad de este siglo. Los planes para la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú generaron mucha controversia en los 80's cuando fue detenido por la presión de los indígenas que agitando sus cuchillos se mantuvieron frente a los técnicos de la empresa Electronorte y protestaron contra el Banco Mundial, consiguiendo la suspensión del financiamiento. Hoy, además de los indígenas, también protestan los pequeños productores rurales contra la construcción de Kararaô. ("A hidrelétrica de Kararaô e os movimentos populares", Rodolfo Salm).

El 13 de junio del 2003 dio fin el V Encuentro de Afectados por las Represas en Brasil provenientes de 18 estados del país. Más de 900 líderes del MAB Reflexionaron sobre cómo fueron « Desarraigados compulsivamente sin reasentamiento o reparación, o reasentados en condiciones precarias, viendo nuestras comunidades destruidas y nuestras culturas y tradiciones menospreciadas, perdiendo el puesto de trabajo y medios de vida, sufriendo el ataque frontal al territorio de los pueblos indígenas, con los ribereños obligados a convivir con la muerte de los peces asistiendo a la degradación del medio ambiente, los afectados somos las primeras víctimas de un desarrollo que se hace a costa de la mayoría y en beneficio de un pequeño grupo de empresas privadas, nacionales e internacionales, que se apropian de las riquezas producidas de todo un pueblo. «

Los participantes en este encuentro declararon que: « Tenemos claro que el cambio de modelo de desarrollo solo va a suceder si es enfrentado con firmeza la lucha por el cambio del modelo energético. Más que nunca es necesario cambiar radicalmente la forma de producir, distribuir y consumir energía eléctrica en nuestro país. El modelo energético y el sector eléctrico existentes fueron estructurados para alimentar, apoyar y reproducir las desigualdades regionales que caracterizan esta sociedad, socialmente injusta y ambientalmente irresponsable. El sector eléctrico, más allá de ser responsable por la expulsión de más de un millón de personas de sus tierras y moradas, de condenar a muerte a pueblos indígenas y a sus culturas seculares, de destruir ríos y bosques, viene alimentando la industria de las represas, las grandes contratistas, las empresas consultoras, las industrias extranjeras de equipos eléctricos, las agencias financieras. «

También afirmaron que « Con la privatización del sector eléctrico (...) la situación se torno aún más grave. Nuestros ríos están siendo entregados, a precios de oferta a la codicia de los grandes empresarios: patrimonio público, nuestras aguas están siendo colocadas al servicio del lucro privado. Las empresas privadas elevan los precios de la energía, no pagan sus deudas y envían al exterior el resultado de sus operaciones. Muchas concesiones para industrias de aluminio, que disfrazadas bajo el nombre de autoproductores o productores independientes usan nuestros ríos, para producir y exportar aluminio a Europa, Estados Unidos y Japón, y lo que es peor, este verdadero saqueo a la riqueza nacional viene siendo realizado con el apoyo financiero y político de los órganos del propio gobierno. Al mismo tiempo que las empresas privadas elevan las tarifas de electricidad pagadas por los pobres, la Eletronorte por ejemplo, vende electricidad subsidiada, abajo del precio de costo, para Alcoa y Albras. «

Los afectados por las represas en Brasil están conscientes de que « El cambio en el Sector Eléctrico debe comenzar con la inmediata suspensión de las concesiones y licencias de nuevas plantas generadoras. Es también urgente la revisión de toda la legislación de concesiones del gobierno (...) y las normas de licencia heredadas de la dictadura militar. Es indispensable suspender los subsidios y favores a las empresas privadas. Ni una moneda más debe salir de las arcas públicas, o del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (...) para apoyar a las empresas eléctricas privadas y el gobierno tiene la obligación de ejecutar la deuda de las empresas que han incumplido con sus contratos y retornarlas al control público. «

Entre las alternativas para el MAB incluyen las siguiente políticas para el sector eléctrico: que haya un debate amplio y democrático, con la participación del MAB para la elaboración y deliberación de un proyecto de reestructuración del sector eléctrico; ejecución de la deuda de las empresas eléctricas privatizadas y retornarlas el control público y estatal sobre las empresas que no cumplen los contratos; suspender las nuevas licitaciones, licencias y estudios hasta una completa revisión de los procedimientos para estudio, licitación, concesión y licenciamiento de proyectos eléctricos; suspender los subsidios a los grandes consumidores, en particular a las industrias alto consumo eléctrico; una educación de la población para el uso racional de la energía; priorizar inversiones e investigaciones del gobierno en fuentes de energía alternativas; el rescate inmediato de la deuda económica y social con los afectados y amenazados por represas; y que se otorgue energía eléctrica con bajo costo para los afectados por represas, trabajadores de bajos ingresos y desempleados.

Días después la resistencia tuvo otra victoria. El diario financiero brasilero "Valor Econômico" anunció el 24 de Junio que un grupo de empresas que utilizan grandes cantidades de energía abandonaron la construcción de la represa hidroeléctrica de Santa Isabel sobre el Río Araguaia en la Amazonía. Un representante regional del MAB dijo "El Araguaia le pertenece a todos aquellos que nacieron aquí, para quienes el río es clave para su sobrevivencia -comunidades indígenas y campesinos- así como para el ecosistema natural que el río alimenta «. La represa habría costado US$800 millones de dólares. Su funcionamiento se pretendía diera comienzo en el 2009 y hubiera inundado 240 km2. Esto afectaría los ecosistemas de humedales y a los delfines de río y tortugas; a 20 especies de peces que sólo se encuentran en el Araguaia y 140 sitios arqueológicos que hubieran quedado bajo las aguas. Por si fuera poco este proyecto hubiera desplazado a 6,800 personas. Ahora la empresa pretende que el gobierno le devuelva US$40 millones de dólares que depositó en garantía para asegurar los derechos de concesión.

Por más de dos años los activistas brasileros e internacionales han escrito a los directores de las compañías y han enviado miles de faxes urgiendo que éstas dejen que el Araguaia corra libremente donde también se pretende construir las presas Couto de Magalhães y Estreito. Sobre el río Rio Tocantins también también hay más proyectos de represas. Para el 2004 el gobierno brasileño pretende dar más concesiones para la construcción de represas. Luis Pinguelli Rosa, Presidente de la compañía estatal Eletrobrás habló ante los asistentes al congreso nacional del MAB donde reconoció que las represas causan serios impactos a miles de familias, y que de ahora en adelante los planes para la construcción de nuevas represas serían discutidas con MAB.

Muchas cartas han sido enviadas a la ICOLD haciendo llamados a que los gobiernos y empresas acaten las recomendaciones de la CMR entre las cuales están: desarrollar procesos de información abiertos, transparentes e informadas con las comunidades indígenas para lograr un consentimiento libre; ofrecer información ambiental y social en los idiomas locales; hacer estudios imparciales de impacto ambiental, social, técnicos y económicos. Estas son algunas de las herramientas que el creciente movimiento chiapaneco contra las represas debe usar para defender las tierras, la biodiversidad, la cultura, la ecología, sus vidas. Por lo pronto esta fuerzas chiapaneca se va reforzando con el II Foro Mesoamericano contra las Represas que se llevará a cabo en La Esperanza, Honduras, del 18 al 20 de julio; y que al mismo tiempo se vinculará al II Encuentro Mundial contra las Represas en Tailandia en el mes de diciembre del presente año.

Fuentes y para mayor información: Comunidad Web de Movimientos Sociales www.movimientos.org; Boletin del CEDIN Costa Rica; Comisión Federal de Electricidad www.cfe.gob.mx; Red Internacional de Ríos www.irn.org; CIEPAC www.ciepac.org; Comisión Mundial de Represas www.dams.org; Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales www.wrm.org.uy; Diario La Jornada.

Gustavo Castro Soto
CIEPAC, A.C.