El viernes 28 de marzo el Tribunal Constitucional de Sudáfrica dictaminó que una pareja de gemelos hija de dos lesbianas mediante inseminación asistida eran "hijo legítimo" e "hija legítima", un término que tradicionalmente se aplica sólo a las hijas e hijos de parejas casadas.

El Tribunal decretó que la Sección Quinta de la Ley sobre el Estatus de los Niños y Niñas (1987) era inconstitucional porque no reconocía a las uniones permanentes entre personas del mismo sexo como madres legítimas y padres legítimos, y por lo tanto debía ser modificada.

Según las disposiciones vigentes de la Ley sobre el Estatus de los Niños y Niñas, la pareja heterosexual casada es madre legítima y padre legítimo de las criaturas que nazcan de ella mediante inseminación asistida utilizando donantes de esperma o de óvulos. La Ley no reconoce a las parejas estables formadas por personas del mismo sexo que se convierten en madres o padres utilizando esperma u óvulos donados.

En este caso, el esperma provino de un donante anónimo, y los óvulos eran de la primera de las demandantes, a quien sólo se identificó como "J". Los óvulos de J, ya fertilizados, le fueron implantados a la segunda de las demandantes, "B".

Luego de que nacieran la niña y el niño, en agosto de 2001, J y B pidieron que se las registrara a ambas como madres. El Departamento de Asuntos Internos sólo permitía que se registrara a B como madre.

La pareja apeló ante el Tribunal Superior de Durban para que anulara la negativa del Departamento, y tuvieron éxito en su pedido. Como el caso implicaba la inconstitucionalidad de un fragmento de una ley, el veredicto debía ser confirmado por el Tribunal Constitucional.

Al confirmar la esencia del dictamen del Tribunal de Durban, el Tribunal Constitucional no hizo extensiva la legitimidad a las hijas e hijos de parejas heterosexuales que no están casadas.

El veredicto del Tribunal Constitucional entró en vigencia inmediatamente después de pronunciado. El Estado no se opuso a su aplicación, pero si quiso que se demorara su entrada en vigencia al menos por un año, para que el Parlamento pudiera modificar la ley.

El juez Richard Goldstone leyó el veredicto en nombre del Tribunal. Ocho de los jueces votaron a favor del dictamen.