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El supuesto objetivo principal del Plan Colombia es precisamente la destrucción de los cultivos ilegales mediante las fumigaciones, pero, la verdad es que las fumigaciones, lejos de haber destruido los cultivos ilegales, en 1999 aumentaron el área sembrada de coca y amapola en 22 mil hectáreas, pues a pesar de que se destruyeron por fumigaciones 16 mil, se sembraron 38 mil nuevas.
La razón de este fenómeno es bien sencilla: esta es la única forma de subsistir para miles de campesinos y jornaleros. La liberalización de la economía y la apertura a las importaciones, bajo el mandato de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio OMC, ha causado la decadencia de la agricultura colombiana, a tal punto que el área sembrada en cultivos legales se redujo en más de un millón de hectáreas y las importaciones de alimentos e aumentaron en 700 por ciento en los últimos 10 años. ¡Colombia importa hoy café para su consumo interno porque la cosecha bajó de 16 a 9 millones de sacos. Parte de la gente que cultivaba y recolectaba las cosechas legales, ahora cultiva y cosecha coca y amapola.
El Plan Colombia tiene como objetivo específico fortalecer la aplicación de las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio y esta es la mejor vía para continuar la expansión de los cultivos de coca y amapola. El campesino cuya parcela es fumigada vende su tierra a un narcotraficante u otro terrateniente y no tiene otra oportunidad más que ir a tumbar más selva, más lejos, para hacer más cultivos ilegales, dado que por la política de libre comercio los cultivos legales no son rentables.
Al internarse en la selva, los costos de producción del campesino aumentan y entonces para mantener el ingreso mínimo de subsistencia el campesino debe cultivar más. Si antes se sostenía, por ejemplo, con 3 hectáreas de coca, ahora debe sembrar 5, trabajar más y destruir más selva si quiere sobrevivir.
Las fumigaciones son entonces una nueva edición del sistema histórico colombianos, mediante el cual los latifundistas le quitan la tierra a los campesinos, indígenas y afrocolombianos y los envían más y más lejos en la selva.
La violencia en Colombia se ha relacionado siempre y se relaciona estrechamente con la concentración de la propiedad de la tierra. Durante La Violencia entre 1948 y 1958, 2 millones de campesinos fueron desplazados de sus tierras y 200 mil personas fueron asesinadas. Al mismo tiempo, las plantaciones de caña de azúcar se extendieron por el departamento del Valle del Cauca, el que mayor número de campesinos desplazados tuvo, 500 mil. En el Tolima, segundo departamento en número de desplazados, en esa época la producción de algodón se quintuplicó. Un modelo de "desarrollo" a sangre y fuego.
Un proceso de concentración de la propiedad similar ocurre en la violencia actual. Los grandes propietarios pasaron de tener el 32 por ciento de la tierra en 1984 a tener en 1997 el 45 por ciento, gracias a la guerra. Las grandes propiedades están creciendo a una tasa alarmantemente rápida. Ya en 1983- 84 había datos que mostraban el inicio de esta tendencia, pues habían crecido el tamaño promedio de las propiedades de más de mil hectáreas, así como las grandes fincas del valle del Cauca y en Barrancabermeja y el área aledaña a la nueva "carretera de la paz" se redujo drásticamente el número de propietarios.
Hoy la concentración es más acelerada en Cesar, Bolívar, Valle del Cauca, Quindío, Caquetá, Putumayo, Meta Casanare y Chocó. La relatifundización se produce como resultado de la conjunción de fenómenos económicos y políticos:
La expansión de la guerra, de los grupos paramilitares y las masacres diarias, que han propiciado desplazamientos de población y apoyado procesos de concentración de la propiedad de la tierra en cabeza de ganaderos, narcotraficantes y especialmente de especuladores
La economía del narcotráfico que produjo una nueva capa de compradores de tierra latifundistas y encareció el crédito.
La apertura económica y libre comercio que aumentaron las importaciones y provocaron una drástica reducción del área sembrada, especialmente en cereales.
La actual concentración de la propiedades meramente especulativa a la espera la valorización de las tierras cerca de los megaproyectos y explotaciones petroleras.
La gran propiedad ha reducido las siembras y la producción y la distribución del área sembrada según el tamaño de propiedad está vuelta al revés en Colombia: mientras las pequeñas propiedades tienen el 44 por ciento del área sembrada en apenas el 15 por ciento de la tierra, los latifundios tienen apenas el 9 por ciento del área sembrada aunque posean el 45 por ciento de la tierra. El lento proceso de modernización de la agricultura colombiana no ha reducido la población rural en términos absolutos. Aunque la población rural se ha reducido en términos relativos, ha seguido aumentando, de 6 millones de personas en 1938 a 11,6 millones en 1993 y más de 12 millones de personas en la actualidad. Otro tanto ha ocurrido con la población económicamente activa del sector agropecuario que pasó de 1,9 millones en 1938 a 2,7 millones en 1993. Aun más, los "trabajadores por cuenta propia" del sector (campesinos medios) pasaron de 600 mil en 1938 a 700 mil en 1964 y 800 mil en 1993. Los economistas dogmáticos han argüido que el "desarrollo" de Colombia presupone el final de la economía campesina. A pesar del notorio aporte económico y social del campesinado a la economía colombiana, a pesar de que sobre sus hombros descansa lo que resta de agricultura en Colombia, la visión del proceso de violencia es la de exterminarlo. Sí, el canadiense Lauchlin Currie, asesor de varios presidentes de Colombia, entre ellos el padre del actual, Pastrana, opinaba que para el desarrollo del país "probablemente la violencia y el secuestro son los más serios obstáculos y por supuesto, la competencia de la agricultura de tipo primitivo". "La competencia exagerada", decía él, "la competencia insalvable que presenta a las máquinas el hombre con una azada".
Currie creía y con él la clase dominante de Colombia de hoy, que toca eliminar al "primitivo" campesino por atracción o por expulsión. Para "atraerlo" crearon durante el gobierno de Pastrana, los programas de vivienda financiados con el oneroso sistema crédito y UPAC, finalmente colapso, por los altos intereses, en el año 99 luego eliminado por una sentencia de la Corte Constitucional. Pero para ellos, como no se pudo eliminar al campesino por atracción, "la Guerra tomó el lugar de un programa deliberado de movilidad acelerada no mediante las fuerzas económicas naturales sino por un programa de choque. Esto fue verdaderamente un rompimiento (breakthrough) y ahora podemos hablar con confianza de un despegue garantizado." Como el Gobernador de la novela colombiana La Vorágine, ellos matan "sólo por suprimir la competencia", la inadmisible y hasta entonces victoriosa competencia de los campesinos.
El problema sigue siendo si se trata de "vencer" esa "competencia" - o sería mejor decir resistencia - eliminando a los "ineficientes" agricultores tradicionales "que cultivan tierras marginales en predios de tamaños antieconómicos" o si se acepta, que el campesinado puede abrir una vía alterna de desarrollo económico y social siempre y cuando cuente con el apoyo de programas masivos, que lo doten de los medios de producción adecuados y le permitan tanto consolidar la economía y la cultura propia, así como desarrollar formas asociativas e iniciativas como granjero y cooperativista. Esta alternativa que estuvo planteada anteriormente entre gran agricultura y ganadería nacional y la mayoría de los campesinos, hoy se plantea en una escala mayor, entre la agricultura y ganadería mundial (extranjera) de alta productividad y megaproyectos viales e inversiones petroleras, mineras y agroindustriales de una parte, y de otra parte la economía campesina nacional.
Es el resultado de la apertura económica que ha globalizado el problema agrario. Currie sabía que llegaría el momento en que la alta productividad agrícola y pecuaria de Estados Unidos y Europa enfrentaría a nuestras economías campesinas, luego tampoco este resultado puede considerarse imprevisto. El campesinado ya no enfrenta sólo ni principalmente a la "vía terrateniente" y al latifundio, sino especialmente al capital transnacional y su modelo de globalización, que necesita "limpiar" el territorio de gente ineficiente o sobrante y lo está tratando de hacer mediante la guerra. Parecería que ahora sí llegó la hora del "rompimiento" (con la economía campesina). La apertura económica, la nueva Violencia con la gran masa de desplazados, así parecen anunciarlo. No sólo hay desplazados porque hay guerra, sino especialmente hay guerra para que haya desplazados. Se realiza entonces la contrarreforma agraria en torno a los grandes proyectos de inversión y se han tomado se van a seguir tomando medidas de orden expropiatorio, legales e ilegales (como las masacres y el desplazamiento forzado) en contra de los campesinos, indígenas, comunidades negras, en torno a lo que son los proyectos petroleros mineros, los megaproyectos eléctricos o viales y los proyectos de exploración biológica y genética que se realizan en diferentes sitios del país. En este momento la Occidental Petroleum trata de expropiar tierras del pueblo U'wa. Cuatro proyectos viales terrestres-fluviales-portuarios deben ser especialmente mencionados:
En torno a las dos primeras zonas se ha detectado el mayor flujo de desplazados por la violencia, que corresponde a la región de Urabá y a los departamentos de Antioquia y Chocó. El canal seco que se llama Atlántico- Pacífico, de las vecindades del Atrato, es una prioridad porque está dentro del proceso global económico y se le asigna a Colombia. Delante de la construcción de ese canal se desarrolla un proceso expropiatorio, al igual que en las tierras de Córdoba y Cesar que están sobre la esperada autopista Urabá-Maracaibo. En el río Meta (Puerto López, Puerto Gaitán, Guaroa, se ha producido una masiva compra de tierras y presencia de paramilitares financiados por los compradores. Últimamente se incrementó el proceso de violencia en Puerto Asís, así como en toda la costa Pacífica. "Entre 1985 y 1994 el desplazamiento forzado afectó una población aproximada de 700.000 personas mientras que entre 1995 y 1999 la cifra de desplazados supera el 1.000.000 (89.000 en 1995, 181.000 en 1996, 257.000 en 1997, 308.000 en 1998 y 225.000 entre enero y septiembre de 1999). El mismo gobierno reconoce una población de 381.755 personas desplazadas entre 1996 y 1998. En consecuencia las estimaciones sobre el acumulado de población desplazada desde 1985 hasta 1999 supera el 1.700.000 personas".
El Estado apoya este genocidio social que Colombia vive, 425 masacres al año, el peor genocidio, al cual se agrega el genocidio político, que ha costado la vida a 4.000 activistas de oposición y 3.000 líderes sindicales en 14 años. Una sola de las federaciones campesinas ha tenido 1.700 líderes asesinados en la última década. En 1999 la mitad de los sindicalistas asesinados en el mundo fueron muertos en Colombia. En el año 2000, 79 sindicalistas fueron asesinados.
Toda alternativa política al bipartidismo tradicional ha sido exterminada desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, cuando éste, el más importante caudillo popular colombiano del siglo XX estaba a punto de ganar las elecciones presidenciales. Entre 1975 y 1983 fueron liquidados los concejales de la Unión nacional de Oposición en las zonas donde esa alianza había ganado las elecciones. La Unión Patriótica perdió a la casi totalidad de sus dirigentes y parlamentarios a partir de su creación en 1985.
El sacerdote jesuita Javier Giraldo ha denominado a este sistema, que se sostiene mediante el asesinato masivo, la "Democracia Genocida", la también llamada "democracia más antigua de América latina, que bien cabe dentro del rótulo de "Democradura" con el que el escritor uruguayo Eduardo Galeano designa a ciertas dictaduras civiles que sirven de mascarada para aplastar a un pueblo.
¿Por qué apoya Estados Unidos la continuación de este genocidio aprobando el llamado "Plan Colombia", mil trescientos millones de dólares adicionales para Colombia e insiste en que Colombia es la "democracia más antigua de América Latina"? Expresamente el 83 por ciento de este dinero se dedicará a fines militares, principalmente helicópteros Black Hawk y Huey. Demócratas y Republicanos compartieron utilidades para las respectivas corporaciones que los producen (United Technologies y Bell), las cuales sostienen sus campañas electorales.
Pero el Plan Colombia tiene objetivos mucho más grandes que vender helicópteros. El más importante es el petróleo cuyo precio al alza ha sido una gran preocupación.
Estados Unidos y parte de Europa occidental, vivieron en 1999 y en el primer semestre del 2000, un auge económico poderoso, alimentado por los recursos de los países en crisis (Sureste asiático, Rusia, Europa Oriental y Latinoamérica), avivado por la guerra en Kosovo y amenazado ahora, especialmente por el alza de los precios del petróleo. La desaceleración de la economía norteamericana se ha puesto en evidencia en el Segundo semestre del 2000. Japón por su parte comienza a salir de una fuerte recesión y al igual que Estados Unidos y Europa se interesan por producir y perpetuar una rebaja de los precios de los combustibles.
El pasado auge norteamericano y europeo se edificó sobre el repliegue de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, la cual se debilitó desde la década de los 80, cuando la producción masiva de los pozos del mar del Norte y de México hizo echar atrás su unidad y los precios. La Shell emergió entonces como empresa rectora, seguida de la BP, mientras la Amoco fue comprada por ésta; la Texaco, que como Occidental había caído bajo la influencia de Shell, fue comprada por Chevron y, la norteamericana Exxon adquirió a la Mobil rehaciendo la antigua Standard Oil.
Las "siete hermanas" del domino del petróleo en el mundo se redujeron en la práctica a cuatro (Exxon, BP, Shell y Chevron) rodeadas de empresas menores que hoy trabajan por todos lados, quedando a la larga bajo la hegemonía de la banda de las cuatro.
En esta situación las reservas petroleras de Colombia aparecen como un buen bocado, aunque no sean ni lejanamente comparables a las de Venezuela. Las reserves de Colombia son importantes y hasta ahora cuidadosamente conservadas para un mejor momento, que parece haber llegado, por el alza de los precios y en la medida en que los dos últimos Gobiernos han reventado todas las defensas del país frente a las transnacionales.
Por primera vez durante el Gobierno de Ernesto Samper, una transnacional (Texas, en ese momento bajo el dominio de Shell) logró que un contrato de hidrocarburos no revirtiera a Ecopetrol en la fecha fijada y se prorrogara, como ocurrió en el caso del gas de la Guajira. Luego se ha ido modificando el sistema de contratación, cambiando el reparto de asociación 50 y 50, por 25 y 75 %, elevando escandalosamente la participación de las transnacionales, autorizando disminuciones de regalías y modificando contratos ya firmados a favor de la parte extranjera.
Así, desde 1999 Colombia ha aumentado rápidamente los contratos de exploración y explotación petrolera, especialmente con empresas estadounidenses, canadienses y británicas: BP-Amoco, Chevron-Texaco, Shell, Exxon, Canadian Oxy, Talisman and Alberta Energy. Impresiona mirar el loteo en los mapas de Ecopetrol. La llamada "Ronda 2000" completa el reparto, del cual solamente restan por distribuir, la cuenca del Pacífico, considerada por Estados Unidos como reserva especial para contingencies militares y la del suroriente amazónico.
En torno al Plan Colombia se orquestó el más extremo listado de ofertas hechas realidad a favor de las transnacionales petroleras a cambio del sostenimiento de los gamonales colombianos. Si antes, el Gobierno Samper obtuvo el más decidido apoyo público de las petroleras frente a la crisis que vivió por el proceso 8.000, a cambio de entregarles prebenda tras prebenda, ahora el gobierno Pastrana les ha dado todo, por la migaja de 900 millones de dólares que Estados Unidos dará para la guerra y de lo que espera recibir de Europa.
En Octubre de 1999, el presidente de Colombia Andrés Pastrana se reunió en Houston (Texas) con los ejecutivos de las principales compañías de petróleo y electricidad de Estados Unidos, coordinadas por el entonces gobernador de Texas, George W. Bush. Pastrana les prometió mayores concesiones para la exploración de gas y petróleo y la continuidad de las privatizaciones en el sector eléctrico, parte del cual ya es propiedad de una de las empresas representadas, la Reliant Energy. Estaban allí también, la Enron, propietaria principal de las redes de gas domiciliario en Colombia y todas las grandes del negocio petrolero.
El presidente Pastrana declaró el 11 de febrero de 2000 en el "Congreso de Calidad" de los empresarios en Cali, que Colombia hará una reforma constitucional para dar más libertad a la inversión extranjera y para poder afiliarse al NAFTA, tratado de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y México. Este último país, en 1993 hizo la tal reforma constitucional para entrar al NAFTA, que consistió en eliminar la inalienabilidad de las tierras comunales, lo que provocó el alzamiento armado zapatista. En la Constitución de 1991 los pueblos indígenas y las comunidades negras de Colombia lograron que se reconociera que sus Resguardos y tierras comunales son inalienables. Aunque los indígenas también han sido víctimas de la violencia, en la actual situación la inalienabilidad de sus tierras les ha dado una importante protección relativa frente al desplazamiento forzado.
El Plan Colombia y el proyecto de entrar al NAFTA amenazan los territorios indígenas al apuntar contra la inalienabilidad de los Resguardos y tierras comunales. Quieren meter toda la tierra al mercado y echar al basurero el derecho fundamental de los indígenas.
Para completar, Occidental Petroleum (Oxy), en la cual la familia del entonces Vicepresidente Gore es accionista, intrigó en el Congreso norteamericano para apoyar el Plan Colombia. Canadian Oxy es copropietaria contrato para explotar el más grande pozo petrolero encontrado en la historia de Colombia, en la región del Sumapaz, cerca de Bogota, la que fue declarada zona de Guerra la misma semana que se inició el Plan Colombia. También es beneficiaria de contratos en el Putumayo, en la zona donde se adelanta la primera fase del Plan Colombia, y que ha sido entregada, milímetro a milímetro, a las petroleras de Canadian Oxy.
Durante la discusión del Plan en el Congreso de Estados Unidos, los senadores Dewine, Grasseley y Coverdell urgieron a Colombia dar prioridad a la industria del petróleo. En un artículo el 10 de Abril del 2000 en el Washington Post, Coverdell escribió que la necesidad de proteger los intereses petroleros en Venezuela (!) justifica la intervención estadounidense en Colombia ! "El patio trasero", según él.
El gobierno venezolano de Hugo Chávez recientemente ha sido líder de la OPEP para regular el Mercado de los combustibles en favor de los exportadores. La nueva administración de Venezuela, con una renovada y amplia mayoría electoral, ha aplicado importantes reformas políticas y comienza a impulsar reformas sociales y económicas. A la vez ha impulsado un acuerdo para producción y distribución de petróleo con Brasil. Se sabe que el gobierno de Brasil no es totalmente consecuente con su aliado venezolano y trata a la vez de intercambiar acciones de Petrobras con la empresa española Repsol y se asocia para sacar nuestro petróleo en Melgar, Boquerón y Guamo con la de la banda , pero el doble papel de Brasil y Petrobras no hace sino aumentar los celos norteamericanos y británicos ante la posibilidad de una monumental ruptura de la hegemonía de Venezuela.
Por otra parte está entregando petroleo y otros combustibles a bajos precios a todos los países de Centroamérica y el Caribe, estableciendo una nueva alianza económica regional caribeña. Esta trayectoria y las recientes visitas de Chávez a Irak y Cuba, han puesto contra él a Washington y a las transnacionales petroleras.
La oligarquía colombiana ha saltado a defender la estrategia de las transnacionales petroleras contra Chávez. El pasado 17 de Octubre, la prensa colombiana reportó supuestas incursiones del ejército venezolano dentro del territorio colombiano en zona ocupada por los paramilitares. Luego la prensa de Colombia y de Miami, y funcionarios del Estado Colombiano han acusado a Chávez de apoyar a las guerillas colombianas y a movimientos inconformes en otros países. El Washington Post, en editorial, declaró a Chávez "el próximo Castro". El expresidente López Michelsen y los políticos colombianos hacen declaraciones diarias contra el gobierno venezolano.
Todo esta campaña de prensa busca crear el clima psicológico para fabricar un conflicto colombo-venezolano que convertiría la intervención de Estados Unidos en Colombia en una intervención para agredir al gobierno de Venezuela.
El vicepresidente de la Oxy Lerry Mariage demandó que el Plan Colombia sea ejecutado también sobre la frontera colombo-venezolana en el área de Gibraltar donde opera esta empresa dentro del territorio U'wa y, en el Catatumbo, donde se ha firmado un Nuevo contrato con BP-Amoco. En efecto, Gibraltar fue militarizado contra los derechos de los U'wa y campesinos de la región y los paramilitares han "limpiado" Catatumbo. A la vez tratan de provocar enfrentamietos con el ejercito venezolano y sirviendo además como fuente para las informaciones de prensa contra Venezuela.
Ecuador también está amenazado. Estados Unidos construye allí la base militar de Manta, que junto con las que funcionarán en Antillas Holandesas sustituirán el papel de las anteriores bases en el canal de Panamá y harán de tenazas sobre la región. Holanda coopera sí dentro de los mecanismos de la OTAN, pero a la vez dentro de los intereses de la empresa holandesa Shell, que tiene un contrato gigante para la exploración de gas frente a la costa Guajira, a pocos kilómetros de Aruba y Curazao.
Ecuador está dentro de las miras del artículo de Coverdell como país productor de petróleo. Un organizado y poderoso movimiento indígena, en alianza con los sindicatos y con militares bolivarianos aspira a gobernar el país y ello es visto como un peligro por Coverdell y los círculos allegados a las transnacionales y a los gamonales latinoamericanos.
En realidad, el Plan Colombia es echarle gasolina al fuego del conflicto social en la región, de manera que toda Suramérica puede llegar a arder por la irresponsabilidad de una aventura militarista.
Hoy, es creciente la actividad popular en el continente. En Brasil, el Partido de los Trabajadores PT acaba de ganar las elecciones en la tercera parte de los municipios, incluida la ciudad de san Pablo, la más grande del país, mientras otro partido de oposición laborista ganaba la alcaldía de Río. A la vez el Movimiento de los Sin Tierra es cada vez más activo. En Perú se cayó la dictadura de Fujimori. En Bolivia los campesinos paralizaron las ciudades con un largo bloqueo que obligó al gobierno de Banzer a echar atrás la privatización del agua y a negociar sobre la erradicación de los cultivos de coca. En Paraguay es creciente la actividad del movimiento campesino e indígena. En Uruguay la izquierda es una alternativa de Gobierno, al igual que en El Salvador y nuevamente en Nicaragua. La insurgencia indígena en México hace parte de este cuadro Latinoamericano en que el Plan Colombia se sitúa.
El Plan Colombia, es el Plan de Desarrollo de Andrés Pastrana, paramilitares, gamonales políticos, latifundismo especulativo, genocidio social y político. Gasolina al fuego de una guerra que lleva 52 años y que amenaza con incendiar a la región andina y a Suramérica y el Caribe. Lo que Colombia necesita es un acuerdo de paz democrática basado en profundas reformas sociales, económicas y políticas. En lugar de tratar de romper la dinámica de las comunidades rurales es necesario acoger su enorme poder para provocar estas transformaciones del país desde la base de la sociedad. La economía campesina y las culturas nativas son elementos estratégicos del país del futuro. La alternativa a la guerra es la participación directa y decisoria de las comunidades en la planificación y la gestión. No la participación marginal de unos pocos pequeños agricultores favorecidos por el clientelismo o por programas relacionados con la política de guerra. El verdadero problema de la participación es el acceso al poder y a la riqueza. El objetivo no es conservar lo que existe, porque eso sería conservar siglos de dominación sobre los campesinos, afrocolombianos, obreros e indígenas. El objetivo es cambiar el actual modelo de dominación por uno de democracia real, de participación directa de las comunidades, que promueva el desarrollo campesino, los derechos del trabajador y las culturas nativas como parte de una nueva economía nacional. Eso es digno de nuestras vidas.