73) En el municipio de Condoto el 29 de noviembre de 1998 se presentó en la población de Santa Rita de Iró una ejecución extrajudicial. Miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá penetraron a esta población hacia las 5:30 de la mañana, reunieron a la población y luego, en las afueras del pueblo dieron muerte a 3 mujeres: Fermina Perea (enfermera), Sorina Perea (Inspectora) y Yacira Sánchez, una joven con un niño recién nacido 13.
 

74) De la misma manera, en municipios vecinos a Condoto, se han presentado hechos de violencia similares. De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas se tiene noticias de que en 1995 se presentaron dos ejecuciones extrajudiciales en Tadó; en 1996 una ejecución extrajudicial más en Tadó, en 1997 una ejecución extrajudicial en Istmina, en 1998 seis ejecuciones extrajudiciales en Istmina; en 1999, una ejecución extrajudicial en Tadó 14
 

75) El 4 de enero de 1998 sucede una masacre de tres campesinos a manos de presuntos paramilitares, ocurrida en Pié de Pató, Alto Baudó, lo que causó una movilidad humana forzada de por lo menos 450 personas.
 

76) En agosto de 1999 en Barbacoas, Nariño, se produjo una primera matanza de cuatro personas, en un establecimiento público y resultaron heridas tres más, que luego fueron asesinadas en el centro de salud por hombres armados, al parecer de las FARC.
 

77) En noviembre de 1999 en Barbacoas, habían sido asesinadas diez personas y otras torturadas por las FARC, dentro de lo que se denomina de "limpieza social", es decir, el asesinato de personas declaradas "indeseables" por ser marginados sociales, ladrones, drogadictos o infractores de la ley.
 

78) El once de octubre de 2000 en Tumaco, Nariño, en el kilómetro 28, hombres armados ocasionan una masacre a José Luis CASIERRA, Álvaro Andrés ANGULO ACOSTA, Juan QUIÑÓÑEZ, William VALLECILLA y Jesús PALACIOS y fueron heridas seis personas en este atentado.
 

79) En noviembre de 2000 en Tumaco fueron asesinadas tres personas no identificadas, y se registraron, además las muertes de una persona del Ecuador identificada como Sigifredo REVELO, de Luis Enrique ROSERO; Pascual QUIÑOÑEZ, Luis MONTAÑO, Alfredo Luciano MORALES, Claudia Lorena PARRA, Jairo Enrique GARCÉS, Jesús Enrique SANCHEZ, Luis Edilberto CORTÉS, Teodulo Ulises QUIÑÓNEZ.
 

80) El 7 de julio del 2001, a escasos días de la salida de las Fuerzas Militares de la población de Bocas de Satinga (Nariño), aparece un grupo armado de aproximadamente 50 informados pertenecientes a los paramilitares del Bloque Libertador del Sur, de las AUC, quienes asesinan a cinco personas civiles que, según versión de los pobladores, aparecían en una lista junto a otras más.
 

81) El 19 de enero de 2000, un grupo presuntamente identificado como paramilitar ejecuta una masacre en la comunidad negra de Ovejas, departamento de Sucre. De acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "en la masacre de Ovejas (...) la Oficina recibió testimonios sobre la presunta participación directa de miembros del Ejército en estas acciones de paramilitares" 15
 

82) El 17 de diciembre de 2000, en Buenaventura (Valle), 10 personas fueron asesinadas por paramilitares de las AUC. Los victimarios llegaron a un establecimiento público, y dispararon contra quienes se encontraban en el lugar, dando muerte a 3 personas. Posteriormente, se dirigieron al corregimiento de Penitas donde asesinaron a 3 de sus habitantes. Luego se dirigieron a las veredas de Guinea y Limones, y ejecutaron a otras tres. En la acción resultaron gravemente heridas 15 personas. Como consecuencia de estos hechos más de 2000 personas se desplazaron.
 

83) El 24 de septiembre del 2001 en la comunidad de El Paso, entre el río Iraburú y la parte alta de la cuenca del río Tamaña, municipio de Novita, Chocó, las FARC asesinaron a dos jóvenes Afrocolombianos acusados de ser colaboradores de las autodefensas 16

85) La masacre en las comunidades de paz de San José de Apartadó; (Antioquia), en la región del Golfo de Urabá, el 19 de enero del año 2000, donde los presuntos responsables fueron los paramilitares.
 

86) Las masacres de El Salado, municipio de Ovejas en Sucre y sur del departamento de Bolívar los días 16 al 19 de febrero, cuyos autores fueron presuntos paramilitares 17
 

87) De acuerdo con la ONU, en sólo el mes de mayo del 2000, en Buenaventura se denunciaron seis matanzas a comunidades negras, por presuntos paramilitares.
 

88) Igualmente, en zonas urbanas, particularmente las controladas por los paramilitares tales como las ciudades de Quibdó e Istmina (Chocó), Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle), se han dado las llamadas "limpiezas sociales" donde se ejecutan indiscriminadamente y de manera silenciosa a Afrodescendientes que son trabajadoras sexuales, delincuentes, jóvenes pandilleros, expendedores de drogas y delincuentes menores.
 

89) El 28 de enero de 2001, en Tumaco (Nariño) Jennifer Segura, de 3 años de edad, murió tras recibir una bala disparada por miembros de las Infantería de Marina de ese puerto, cuando éstos dispararon contra una embarcación en la que se transportaban varios pasajeros. Según testigos, no hubo ninguna señal que hiciera pensar que se trataba de autoridades. Por su parte, los Infantes de Marina adujeron que pensaban que la gente en la lancha eran delincuentes comunes.
 

90) El 15 de enero de 2001, en Riosucio, Chocó, Dagoberto GAVIRIA LASRIS y Miguel MARTINEZ fueron asesinados, y heridas Elida Rosa TORRES e Itala CUAVA FLOREZ, por paramilitares de las AUC.
 

91) El 24 de marzo del 2001 en Tumaco, fueron desaparecidos 30 campesinos por paramilitares de las AUC, quienes reunieron a los pobladores en la Plaza Central, escogieron a los 30 campesinos y los amenazaron con mutilarlos con motosierra. Posteriormente los maniataron y los llevaron a lugares desconocidos 18

2.1.2 Asesinatos selectivos e intolerancia social.

92) Algunos casos más destacados de asesinatos selectivos a líderes comunitarios, activistas de ONG, Alcaldes municipales y Concejales, son:
 

93) Hasta el mes de noviembre del 2000 en Tumaco se desató una ola continua de asesinatos selectivos (55 según el diario El Espectador 19, no menos de 100, según la Pastoral Social), cuyas víctimas fueron personas acusadas de colaborar con la guerilla, pero también indigentes y delincuentes comunes, dentro de la mal llamada "limpieza social". Luego se presentó el asesinato y amenazas de algunas voces independientes.
 

94) Los asesinatos selectivos, como el del Concejal indígena Armando ÁCHITO, el 25 de diciembre del 2000 en Juradó, Chocó, por presuntos guerrilleros de las FARC.
 

95) El asesinato del Alcalde de Juradó, joven Henry PEREA TORRES, el 18 de enero del 2001 por presuntos guerrilleros de las FARC.
 

96) El asesinato de Misael SOTO, Alcalde de Alto Baudó (Chocó) en el año 1999.
 

97) El asesinato del Alcalde de Vigía del Fuerte (Medio Atrato antioqueño) en diciembre del año 2000 por presuntos guerrilleros de las FARC.
 

98) El 8 de enero de 2001, en Riosucio, Chocó, Marcelino MENA PALACIOS fue asesinado por las FARC. El homicidio ocurrió en la comunidad de paz de Puerto Lleras. La víctima trabajaba como motorista del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, organización no gubernamental jesuita con sede principal en Bogotá. Hacía quince días había retornado a la comunidad.
 

99) El asesinato del profesor Luis Antonio PEREA, representante legal del Consejo Comunitario de Cugucho (Alto Baudó- Chocó), perpetrado, presuntamente por paramilitares, quienes lo acusaron de auxiliador de la guerilla. El líder Afrocolombiano fue degollado en el corregimiento de La Victoria (Municipio de Cantón de San Pablo) a comienzos del año 2002.

• El 19 de septiembre del 2001, en la ciudad de Tumaco, al frente de la Pastoral Social, fue asesinada la religiosa Yolanda Cerón presuntamente por paramilitares.

100) El 16 de enero del 2002, producto de enfrentamientos entre guerilla y ejército, en la población de Tapón, las FARC dieron muerte y tortura al Afrocolombiano Marino PEREA, médico veterinario y ex alcalde de Tadó.

2.1.3 Desapariciones Forzadas

101) La desaparición forzada del líder Afrocolombiano Euclides BLANDÓN, conocido entre los movimientos Afrocolombianos como "Kunta Kinte", en inmediaciones de la vía que de Cali conduce a Buenaventura, en el año de 1991.
 
La desaparición forzada de Carlos Ramos en la semana santa del 1992 en la ciudad de Cali.

2.1.4 Derecho a la libertad de circulación

102) Las restricciones de carácter militar a la libertad de circulación afectaron, de manera especial, a comunidades Afrocolombianas enteras, no sólo de una vereda o una comunidad de río, sino de toda una región e incluso todo un departamento, como es el caso del Chocó (río Atrato) y de la subregión de Barbacoas, sobre el río Telembí, en el centro del departamento de Nariño, donde las guerillas han establecido restricciones, bloqueos y retenes en carreteras y ríos. El objetivo de estas acciones es evitar el abastecimiento de alimentos y combustibles supuestamente a paramilitares, sometiendo así al hambre y al abandono total a cientos de comunidades negras.
 

103) Igualmente, las Naciones Unidas denunciaron en el año 2000, la violación al derecho a la libre circulación en la comunidad de paz de San José de Apartadó (Antioquia) en un hecho "en el cual por orden del comandante de la zona, los soldados exigieron nombres y cédula de todas las personas que entraban y salían de la comunidad, advirtiendo que sólo se le permitía el ingreso de quienes eran dueños de ellas. Esta comunidad han sido, además estigmatizadas por las autoridades bajo la sindicación de que sus integrantes tienen nexos con la guerilla" 20
 

104) Un factor importante a destacar es que desde 1997, cuando se agudizó el conflicto en el Chocó, el transporte por vía acuática en el río Atrato fue suspendida por los grupos armados. Esta restricción a la libre circulación comenzó con la piratería a las lanchas de transporte de comida y pasajeros, la muerte de varios conductores y la prohibición de transportar pasajeros. La situación, según lo reportó un funcionario de la División Fluvial del Atrato, dejó pérdidas sólo en 1997, de más de $1.008 millones de pesos y la inmovilización de más de 28.800 pasajeros que usaban el trayecto Turbo - Quibdó.
 

105) En el caso de los paramilitares, las violaciones al derecho a la libertad de movimiento han estado asociadas con la instalación ilegal de puestos fijos de control y vigilancia en las regiones sometidas a su dominio. De acuerdo con la ONU, los retenes son utilizados por los paramilitares no sólo para controlar la identidad de los transeúntes y restringir el comercio de víveres y de gasolina, sino para ejercer una fuerte incidencia para la posterior perpetración de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, masacres y desplazamientos forzados de población civil. En el 2000 las Naciones Unidas dieron cuenta de la instalación de retenes en zonas de comunidades negras, en municipios como Quibdó, San José de Apartadó, Urrao, Bahía Solano y Turmaradó. Igualmente se conocen los retenes permanentes que las guerillas establecen en la carretera Tumaco- Barbacoas, Quibdó- Medellín, Pereira- Tadó, en especial en la comunidad negra de Santa Cecilia (Risaralda) donde las guerillas de las FARC poseen una estación permanente. En esta carretera, además, hacen presencia con retenes móviles y permanentes, guerrilleros del Ejercito Revolucionario Guevarista (ERG) al igual que paramilitares.

2.1.5 Reclutamiento de menores

106) Otro aspecto grave tiene que ver con el reclutamiento forzado de menores y jóvenes de estas comunidades. Esta práctica parece responder a la necesidad del respectivo grupo armado de contar en sus filas de combatientes con personas conocedoras del territorio cuyo control se busca. De acuerdo con las informaciones preliminares de personas de las zonas de Afrodescendientes, los paramilitares son el grupo que más reclutan jóvenes negros dentro de sus filas, aunque no se tienen datos precisos de las edades de vinculación, o la cantidad de combatientes Afrocolombianos.
 

107) De otro lado, se conoce que las guerillas también son un grupo al que muchos jóvenes de ambos sexos de la comunidad negra se ha ido vinculando, muchas de las veces por la seducción de las armas, los uniformes y la participación en acciones bélicas que les puede representar prestigio, dinero o formas de venganza de hechos en los que se han visto afectadas sus familias.
 

108) Finalmente, preocupa altamente a las organizaciones de Afrodescendientes el alto componente de reclutas y soldados profesionales dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, en donde, a pesar de la discriminación racial, que no permite a ningún Afrocolombiano obtener grado de oficiales, sí se les incluye masivamente como tropas tanto bajo la modalidad del servicio militar obligatorio, como de elementos profesionales vinculados a la Policía y las Fuerzas Armadas, única opción laboral que ofrece el conflicto a las y los jóvenes Afrodescendientes. En este sentido, se habla de que entre los(as) Afrodescendientes se encuentran víctimas y victimarios dentro del escenario del conflicto armado interno.

109) En las acciones armadas de los diferentes grupos, la población no combatiente ha sido a menudo el blanco principal o la víctima circunstancial debido al carácter indiscriminado de los ataques de las partes en contienda. Tanto guerillas como paramilitares y Fuerza Pública, en muchos casos han dirigido sus ataques contra la población civil, cometiendo homicidios colectivos, amenazas de muerte o mediante actos de retaliación con fines ejemplarizantes.
 

110) Las guerillas, por ejemplo, en sus ataques a puestos de Policía y guarniciones militares, generalmente desconocen los principios de distinción y proporcionalidad, causando numerosas víctimas entre la población civil. De este modo, armas no convencionales difíciles de dirigir - como los cilindros de gas- , han caído en casas, iglesias, escuelas, centros de salud, provocando muerte de personas civiles, incluyendo niños y madres en lactancia.
 

111) Las personas víctimas de homicidios por parte de los grupos armados fueron a menudo torturadas, violadas o mutiladas antes de su muerte.
 

112) De acuerdo con la Diócesis Istmina - Tadó, durante el año de 1998 en las Comunidades de El Paso y Cascajero (Novita), en la cuenca del río Irabubú y del alto Tamaña, se han originado hechos de violencia, inicialmente causados por enfrentamientos entre las AUC y las FARC; reincidiendo luego de un nuevo enfrentamiento por parte de los mismos actores armados, en el mes de mayo del 2000, en la Comunidad de El Paso. Esta comunidad, en la década de los noventa fue azotada por una ola de asesinatos realizados por grupos de Autodefensas, ya que supuestamente miembros de la comunidad hacían parte del grupo "Benkos Bioho" antigua columna de las ELN en la zona. El 24 de septiembre del año 2001 fueron asesinados por miembros de las FARC dos jóvenes que habían sido declarados objetivo militar por ese grupo. Al retirarse el grupo armado de la comunidad, advirtieron a ésta que debían desocupar en corto plazo el lugar, procediendo luego al saqueo de cada una de las viviendas, llevándose víveres, productos alimenticios, ropa y dinero.
 

113) En la madrugada del 19 de marzo de 1999, el Frente 29 de las FARC que opera en Barbacoas, Nariño, entró al municipio y asaltó a una población y aunque no hubo víctimas, varias familias abandonaron sus viviendas por temor.
 

114) Tres meses después, en junio de 1999, en la misma población de Barbacoas, entró un grupo de las FARC compuesto por 20 a 25 personas que, ante la inacción de la Policía del lugar, tomó el control de la población.
 

115) En el 2000 se dieron hostigamientos a la población civil por parte de los grupos armados, con ocupación de poblaciones en: Juradó, Bagadó y Bellavista (Chocó) Vigía del Fuerte (Antioquia) y Santa Cecilia (Risaralda); incursiones bélicas en el río Neguá y retenes de paramilitares y guerrilleros en la vía que de Tadó conduce a Pereira y Quibdó - La Mansa.
 

116) El 8 de marzo del 2001, en Bocas de Satinga, Nariño, se da una incursión guerrillera en la que se presentan víctimas civiles, situación sobre la cual días antes, el Obispo de Tumaco había alertado a las autoridades militares.
 

117) El 18 de mayo del 2001, se inició un operativo militar sin precedentes denominado "Operación Tsunami" cuyo objetivo era desalojar al Frente 29 de las FARC y a los grupos paramilitares presentes en la región del litoral de Nariño y desmantelar los laboratorios de procesamiento de coca, asentados en Barbacoas al centro de Nariño y zonas aledañas.
 

118) En el mes de junio de 2001 como parte de la Operación militar "Tsunami", el ejército hace presencia en la población de Bocas de Satinga, zona controlada por las FARC, que se repliegan sin que hubiera habido combates. El ejército realizó entonces algunos operativos de control, destruyendo algunos cultivos ilícitos y finalmente, se retiró de la población.
 

119) En el mismo mes, como parte de la "Operación Tsunami" el ejército se presenta nuevamente en Barbacoas, sin que hubiera enfrentamientos con la guerilla nuevamente. Al replegarse, el ejército realizó acciones de control y destrucción de algunos cultivos ilícitos, afectando también cultivos de alimentos.
 

120) En el mes de julio de 2001 en Barbacoas, luego de la Operación Tsunami, la guerilla incursiona nuevamente y asesina a tres personas: Franco VALLEJO, secretario de obras de la administración municipal, Hugo CABEZAS, profesor del Colegio Normal Superior y a una comerciante ecuatoriana no identificada; posteriormente reúne a los pobladores del casco urbano en el parque principal y con lista en mano, ordena la salida de líderes comunitarios, profesores, comerciantes, los miembros del concejo y funcionarios de la alcaldía , entre otros.

2.1.7 Toma de rehenes

122) Los secuestros perpetrados por los actores en conflicto armado son una modalidad que ya afecta a las comunidades negras y se constituyen en términos del derecho internacional humanitario como "toma de rehenes":
 

123) En el mes de abril del año 2002 en la vía que de Tadó conduce a Quibdó, en cercanías a la población de Yuto en el Chocó, guerrilleros del ELN detuvieron y secuestraron al representante legal del consejo comunitario mayor del Alto San Juan (ASOCASAN). En ese mismo reten ilegal los subversivos tomaron como secuestrados a funcionarios del SENA y de una Institución de Investigación de carácter Regional. Un mes antes, en la zona rural del municipio de Lloro, territorio colectivo del Consejo Comunitario del Alto Atrato (Chocó) guerrilleros del ELN retuvieron como secuestrados a dos estudiantes practicantes de la Universidad Tecnológica del Chocó 21.

2.2 El desplazamiento forzado

124) Según Francis Deng, representante del secretario general de las Naciones Unidas sobre desplazamientos Internos. el desplazamiento forzado interno en Colombia es uno de los mas graves del mundo, situación confirmada por el Comité de Refugiados de los Estados Unidos que estiman la población desplazada en Colombia como la tercera más numerosa del mundo, después de países como Sudán y Angola.
 

125) El fenómeno del desplazamiento afecta a cerca del 4% de la población colombiana. Se estima que el número total de desplazados en Colombia oscila entre 600.000 y dos millones de personas, dependiendo de la fuente (gubernamental o no gubernamental), y del periodo que se toma en consideración ( los últimos cinco años, en el primer caso y los últimos quince años en el segundo)
 

126) El documento CONPES 3057 de noviembre de 1999 estimó que en Colombia existían 400.000 personas desplazadas forzosamente que requerían atención y que desde 1996 anualmente se han desplazado un número cercano a 25.000 familias (125.0000 personas).
 

127) De acuerdo con los documentos consultados se tiene que en los últimos 15 años (1985-2000) fueron desplazados violentamente en el país unas 2.160.000 personas. Desde la era Pastrana (agosto de 1998) se han desplazado unas 800.000, en el año 2000 se registraron 317 desplazamientos, la cifra mas alta desde 1985. Para los tres primeros meses del 2001 ya eran 91.166 desplazados, cifra que registra un fenómeno que va en ascenso (individual y familiar en un 62%, colectivo 35%) El Chocó ocupa el quinto lugar de los primeros departamentos en desplazar, con una cifra que alcanza los 30 mil personas. Se calcula que en los últimos 15 anos unas 25.913 personas llegaron como desplazados a Quibdó. En este año 2002 mas de 1.101 personas de desplazaron de la comunidad afrodescendiente del Tapón en Tadó y mas de 2.500 afrodescendientes de Bellavista (Bojayá- Chocó- huyeron despavoridas luego que en mayo de este año, producto de un enfrentamiento entre guerillas y paramilitares, las FARC lanzaran un cilindro bomba sobre una Iglesia que tenía como protegidos mas de 320 campesinos afrodescendientes y de la cuales resultaron 117 muertos (47 de ellos niños) y un centenar aun no contabilizado de desaparecidos y heridos.
 

128) El Sistema de Estimación por Fuentes Contrastadas -SEFC- de la Red de Solidaridad Social, revela que el desplazamiento inducido por el conflicto armado durante el período que va de enero de 2000 a junio de 2001 ha afectado a un total de 213.855 personas, es decir 45.918 hogares en 2.317 eventos de desplazamiento en toda Colombia. En total, el 23.58% de la población desplazada corresponde a grupos étnicos, pero del consolidado general el 18% (26.962) son afrocolombianos de las cuales el 83.5% (22.518 desplazados) provienen de los seis departamentos que hacen parte de la región Pacífica. Las principales causas del desplazamiento, según el SEFC, son las amenazas generalizadas, (44%), enfrentamientos armados (15%), masacres (9%), amenazas específicas(5%) y tomas de municipios (3%). En cuanto a presuntos autores de desplazamientos figuran: las Autodefensas (46%), el 12% a las guerillas, el 19% a mas de uno de los actores armados y el 0.65% a los agentes armados del Estado.
 

129) Para el período relacionado se estima que los departamentos que registran mayor actividad de desplazamiento de comunidades negras en el país, son 17, los cuales han recibido 26.936 personas negras, que se constituyen en el 10.71% de la población. El 50.29% de esta población corresponde a mujeres.
 

130) Los mayores receptores de población afrodescendientes del país. lo constituye en primer lugar el departamento de Antioquia con el 28.76% de la población total del país, cuyos mayores receptores son la capital del departamento y la zona del Urabá antioqueño, le siguen tres de los cuatro departamentos de la región Pacífico, Chocó, Valle y Cauca, que aportan en conjunto el 46% de la población afrodescendiente de todo el país. Es decir, estos cuatro departamentos reportan el 75 % de la población negra en situación de desplazamiento.
 

131) De los departamentos que durante estos 18 meses tuvo mayor registro de recepción de desplazados fue el Chocó, donde de cada 100 personas que recibe como desplazado, 99 son afrocolombianos que provienen de sus territorios colectivos o de sus consejos comunitarios, se sigue Cauca con el 89.51%, Risaralda con el 79% y el Valle con 23.9%. De acuerdo con la Red de Solidaridad "los departamentos del Pacífico son donde se concentra la mayor dinámica del desplazamiento inducido por el conflicto armado en las comunidades afrocolombianas, mas que en cualquier otra región del País.
 

132) En total los seis departamentos que hacen parte (total o parcial) del Pacifico recepcionaron unas 78.469 personas desplazadas. De este conjunto se registró que el 28.7 % pertenecen a las comunidades negras asentadas en sus territorios colectivos (22.546 personas, equivalentes al 83.5% del total nacional de desplazados afrocolombianos), siendo Antioquia el mas afectado con 7.835 afrocolombianos (17.45% del total departamental), Chocó con 5.956 (99.42%), Valle con 3.450 (23.91%), Cauca con 2.867 (89.51%), Risaralda con 1.953 (79%) y Nariño con 475 afrocolombianos desplazados (6.35% del total departamental).
 

133) La expansión, escalamiento y degradación del conflicto armado han exacerbado el problema del desplazamiento forzado. Los actores armados han continuado intensificando sus operaciones en todo el país y el desplazamiento continua siendo una estrategia de guerra en la lucha por el control del territorio. En la actualidad, casi la totalidad de los departamentos del país, y en especial los territorios habitados por comunidades afrocolombianas, están afectados por este flagelo. La incidencia de las amenazas de muerte, de las masacres y de los retenes sobre los desplazamientos forzosos es una situación incuestionable. De otra parte el problema de los desplazados no se circunscribe solamente al incremento de índice por año, sino que la situación social y humanitaria de los desplazados es cada vez mas critica, por cuanto ellos no solo se encuentran marginados y estigmatizados sino que viven en desempleo, indigencia, sin vivienda, alimentación y seguridad social. Los desplazados y su situación constituyen una emergencia humanitaria en el ámbito nacional y en países vecinos, en especial Panamá y Ecuador, donde acuden comunidades negras desplazadas de sus territorios fronterizos .
 

134) Un aspecto grave respecto al fenómeno de los desplazados tiene que ver con los casos de amenazas y atentados contra personas desplazadas, y particularmente, contra sus lideres. En este sentido es preocupante la disminución de los espacios humanitarios en varias regiones. A demás de ello, el Gobierno no implementa programas especiales de protección adecuados para estas personas en riesgo y no ha tomado medidas para luchar contra la disminución de la discriminación y estigmatización de las que ellas son objeto. Casos como estos se ha vivido en la población desplazada de Cacarica, en donde tres de los desplazados fueron muertos en el casco urbano de Turbo, durante el año 2000, por supuestos paramilitares.
 

135) Otros aspecto tiene que ver con que el Gobierno no cuenta con un mecanismo legal idóneo para la reubicación y retorno de los desplazados. Muchos de los casos de retornos de desplazados se han hechos bajo frágiles acuerdos con grupos armados ilegales, sin que el Estado haya cumplido con sus deberes de protección y atención frente a dicha población. De acuerdo con Naciones Unidas en Colombia no se ha avanzado con los programas de soluciones duraderas urbanas ni rurales, con lo cual no se puede hablar de reestablecimiento de la población en condiciones de seguridad y de sosteniblidad.

2.2.1 Casos de desplazamientos en Comunidades negras.

136) En 1993 se dio el primer desplazamiento masivo a causa de la incursión de las guerillas del Ejercito Popular de Liberación (EPL). Fueron afectadas 350 familias para un total de 700 personas desplazadas, las cuales huyeron hacia Quibdó e Istmina principalmente.
 

137) Para 1996 la Gobernación del Chocó registra un total de 3.095 personas que han sido desplazadas del Urabá Chocóano y de Córdoba y que se dirigen hacia Unguía y Acandí
 

138) Para esa misma época de 1996 lª Defensoría del Pueblo de Apartadó denuncia el desplazamiento de 200 familias de Acandí debido a confrontación entre paramilitares y guerrilleros
 

139) En 1997 el Chocó expulso al 21% del total de personas desplazadas durante ese año en todo el país, pertenecientes todos a la etnia afrocolombiana. En efecto en ese año se produjeron éxodos de campesinos negros que fueron declarados objetivo militar por parte de los actores en conflicto, en desarrollo de una estrategia de ocupación y dominación territorial que no es ajena a los intereses geoestratégicos y económicos.
 

140) Durante 1997 en la comunidad negra de Pavarandó (Bajo Atrato Chocoano) se concentraron mas de 4000 Afrocolombianos que huyeron desplazadas del Municipio de Río Sucio, en la frontera con Panamá, lo que represento el primer centro de desplazados de la guerra en Colombia.
 

141) En 1997 se registra un desplazamiento masivo de campesinos Afrocolombianos de las poblaciones de Santa Rita de Iró, Papagayo, Santa Bárbara, La Encharcazón y Viro Viro, todos pertenecientes a la cuenca del río Iró, municipio de Condoto
 

142) Entre diciembre de 1996 y febrero de 1997, los Paramilitares incursionan al municipio de Río Sucio (Bajo Atrato Chocoano), produciendo hostigamiento contra la población civil, trayendo como consecuencia el primer desplazamiento de unas 15000 personas en el área del Bajo Atrato. Se inicia entonces un éxodo disperso de los pobladores hacia diversos puntos: frontera con Panamá, Quibdó, Turbo y capitales departamentales en la costa Caribe (Cartagena, Barranquilla) y del interior del país (Cali, Bogotá, Medellín).
 

143) En marzo de 1997 cuando a las comunidades afrocolombianas del Río Truandó y Cacarica se les otorga sus títulos colectivos por mas de 70.000 hectáreas ya buena parte de su población (unas seis comunidades) se encontraban desplazada y algunos líderes asesinados 22
 

144) En 1998, fueron expulsados de sus territorios ancestrales del Chocó unas 2.251 hogares, equivalentes a 9.680 personas afrocolombianas 23 En ese mismo año de 1998 se presentaron en masa dos éxodos en los municipios de Carmen de Atrato y Río Sucio en los que se desplazaron 1.483 personas.
 

145) Desde 1998 en el medio Atrato, con el otorgamiento de 800 mil has a más de 45.000 campesinos agrupados en 120 consejos comunitarios que integran su organización étnica ACIA, comienza a registrarse graves secuelas de la guerra producto el control territorial por parte de los actores armados (bloqueos económicos, tomas de cabeceras municipales como Bojayá, Vigía del Fuerte, Bagadó y Lloró, cierre del río Atrato, desplazamientos y asesinatos selectivos)
 

146) Para el año 1999, los paramilitares anuncian su llegada a la zona de Buenaventura afirmando "limpiar" la región de guerrilleros. Se produce de inmediato el desplazamientos de 4.000 personas afrocolombianas campesinas de la zona rural de ese municipio del Pacífico
 

147) Para 1999 en los 10 municipios costeros de Nariño las AUC anuncian acciones contrainsurgentes. En la zona rural de Barbacoas se producen desplazamientos de población hacia la cabecera municipal como producto del conflicto; igualmente se registra asesinatos selectivos en Tumaco y brotes de huidas de líderes comunitarios y dirigentes étnicos quienes con los antecedentes de lo sucedido en el Chocó deciden abandonar la región por temor a ser victimados.
 

148) Igual sucedió con otros casos registrados como en el Alto Atrato con las tomas de Bagadó en 1999 y luego en el 2001 que permitieron desplazamientos de campesinos asociados en la organización OPOCA,
 

149) En 1999 fueron expulsadas el 6.6% de hogares Afrocolombianos equivalentes al 6.4% de la población del Chocó 24
 

150) Durante 1999 de acuerdo con un informe de la Comisión de Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó se registraron desplazamientos masivos de las comunidades Indígenas de Sabaletas de la carretera Quibdo-Medellín, las comunidades negras del Medio Atrato como las Mercedes, Mesopotamia y San Martín, todas dentro del territorio colectivo del Consejo Comunitario Mayor de la HACIA
 

151) En el año 2000 se desplazaron desde el Chocó hacia otros departamentos cerca de 8.823 personas 25
 

152) Para el año 2000, Justicia y Paz dio cuenta que en el Chocó "el conflicto armado cobro mas de 7000 campesinos desplazados del medio Atrato, unas 300 provenientes del Urabá, el bajo Atrato, el Cantón de San Pablo y Baudó. Otras 2000 personas de la zona de Neguá que se desplazaron en mayo del año pasado (1999), y muy especialmente los 600 desplazados que en el mes de enero de 2001 huyeron de Jurado y ahora se acantonan en Bahía Solano" 26
 

153) Durante enero y octubre del 2000, según ONU "indígenas y Afrocolombianos (...) representan el 36% del total de los desplazados en Colombia
 

154) Durante el mes de mayo del 2000, según La ONU. producto de las masacres paramilitares en Buenaventura , se evidencio un éxodo masivo de mas de 7000 Afrocolombianos campesinos
 

155) En diciembre del 2000 y en enero del 2001 , luego de los asesinatos selectivos del alcalde de Jurado Henry Perea Torres y del concejal indígena, se produce un desplazamiento de la cabecera Municipal de Juradó de 167 familias hacia municipios y ciudades como : Bahía Solano, Nuquí, Quibdó, Buenaventura, Cali y Medellín; y poblaciones de la frontera Panameña, específicamente en Jaque y Ciudad de Panamá 27
 

156) A comienzos del 2001 se registran hostigamientos y combates en las cuencas de los ríos Naya y Yurumanguí en la zona rural de Buenaventura, lo que produjo desplazamientos de campesinos hacia el puerto de Buenaventura y Cali.
 

157) En Julio de 2001 en Barbacoas ante el temor generado por las amenazas de las FARC y como consecuencia de la operación Tsunami se presentó el desplazamiento de 25 familias y 414 personas desplazadas hacia las ciudades de Pasto, Cali y Tumaco.
 

158) A mediados de ano 2001, luego que el estado otorgara un título colectivo a campesinos Afrocolombianos del Consejo Comunitario del Alto Baudó (ACABA) se registra de inmediato un desplazamiento de 4000 campesinos del Alto Baudó hacia Quibdó e Istmina.
 

159) El 3 de octubre del 2001, de acuerdo con la Diócesis de Istmina Tadó, unas 24 personas agrupadas en 6 familias pertenecientes a comunidades del Paso y Cascajero del río Irabubú (Alto Tamaná) fueron desplazadas. Según la Diócesis estas comunidades llegaron a Nóvita el 3 de octubre del 2001, al parecer debido a amenazas recibidas por grupos subversivos de las FARC, luego de que días antes las hubieran amenazados y ejecutados a dos jóvenes campesinos Afrocolombianos pertenecientes al lugar
 

160) El 16 de enero del ano 2002 un total de 152 familias afrocolombianas que agrupan a 1.105 personas de 16 comunidades campesinas de la parte alta de la cuenca del río San Juan (Tadó - Chocó) fueron desplazadas a raíz de cruentos combates realizados en la población negra del Tapón entre guerrilleros del Ejército Revolucionario Guevarista, el frente 47 de las FARC y a células del ELN y tropas del Batallón Manosalva Flores de Quibdó 28
 

161) En el año 2002, según Codhes, por primera vez en los registros históricos de Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento "SISDES" del Observatorio de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, aparece información sobre la llegada de población en situación de desplazamiento en el departamento de San Andrés y Providencia (13 personas), el cual era uno de los territorios ancestrales de comunidades negras, donde no se había registrado este tipo de fenómeno 29
 

162) Los hechos del genocidio del 2 de mayo de 2002 permitieron el masivo desplazamiento de mas de 3000 personas afrocolombianas de Bojayá y Vigía del Fuerte que se encuentran en este momento en Quibdó

2.3 Crimen de guerra y genocidio

166) El día 2 de mayo de 2002, en medio de la confrontación armada en la población de Bojayá entre guerillas y paramilitares, hacia las 10:15 a.m. la guerilla de las FARC lanzó una pipeta explosiva de gas que cayó al interior de la Capilla Católica de Bellavista donde se encontraban amparados mas de 300 campesinos. La explosión produjo como resultado:117 muertos civiles, un 40% menores de edad, hombres y mujeres. 19 heridos de gravedad trasladados a Medellín. 95 heridos, aproximadamente, con heridas leves, atendidos en el hospital de Vigía de Fuerte. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, este acto constituyo un crimen de guerra. (ver esta información ampliada en el anexo Chocó y Medio Atrato)

LA SITUACION DE LOS NEGROS O AFRODESCENDIENTES EN LAS CARCELES

167) Actualmente en Colombia existen 168 establecimientos carcelarios entre penitenciarias, cárceles de distrito, colonias penales, reclusiones y cárceles de circuito. Si sumáramos los anexos siquiátricos y los pabellones de alta seguridad, el total llegaría a los 176 establecimientos, bajo la administración del Instituto penitenciario y carcelario ( INPEC).
 

168) También por mandato legal cada municipio debe contar con un sitio de reclusión para dar cumplimiento a las providencias privativas de libertad, con fundamento en la comisión de contravenciones, que prefieran las autoridades de policía. Adicionalmente, la policía Nacional dispone de tres centros de reclusión especial para sus miembros y ex miembros.
 

169) El sistema carcelario colombiano se encuentra en crisis en la medida en que no cuenta con las condiciones suficientes para garantizar la dignidad de las personas privadas de la libertad.
 

170) En los 168 establecimientos carcelarios y penitenciarios tiende a prevalecer una situación caracterizada por las altas tasas de hacinamiento y por las notorias deficiencias de su estructura física. En general, la mayoría de las edificaciones carcelarias son muy antiguas, el mantenimiento preventivo y correctivo de estás ha sido bastante deficiente, los proyectos de construcción de nuevos cupos carcelarios no se han cumplido, son protuberantes las deficiencias de las celdas, y las áreas destinadas para las actividades de resocialización son insuficientes e inadecuadas. 30