Mision de Observacion a la Situación de las Comunidades Afrodescendientes en Colombia:

Desplazamiento forzado interno, Violaciones al Derecho Internacional Humanitario y Situación de Personas Afrocolombianas en las Carceles.

INFORME

RESUMEN EJECUTIVO

Bogotá Colombia , junio de 2002

El presente informe se refiere a las violaciones de los Derechos Humanos y fundamentales en las comunidades negras en Colombia, en particular lo relacionado con infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), el desplazamiento forzado interno y la situación carcelaria en comunidades Afrocolombianas.

El análisis sobre comunidades negras, se hace en el marco especial del conflicto armado interno colombiano, cuyos escenarios de combate se extienden a toda la nación, impactando particularmente a los territorios tradicionalmente ocupados por población Afrocolombiana.

Por violación de los derechos humanos debe entenderse toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del estado vulnera en cualquier persona y en cualquier tiempo, uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.1

Igualmente en este marco hay que tener en cuenta las manifestaciones de intolerancia social, la cual se entiende cuando la violación de los Derechos Humanos está dirigida a eliminar personas consideradas por sus victimarios como disfuncionales o problemáticos para la sociedad (habitantes de la calle, drogadictos, homosexuales, prostitutas, delincuentes, mendigos).

En el contexto del conflicto armado interno colombiano, las infracciones al DIH se entienden como las acciones u omisiones contrarias al articulo 3 común a los Convenios de Ginebra, al Protocolo II adicional a estos y al derecho consuetudinario que regula los conflictos armados, cuya autoría corresponde esencialmente a quienes participan directamente en las hostilidades. En Colombia, de acuerdo con la legislación internacional, el DIH se le aplica tanto al Estado, como a las guerillas y a los paramilitares.

Igualmente dentro de las infracciones al DIH debe tenerse en cuenta las acciones bélicas, la cuales son las llevadas a cabo dentro de una guerra, y responden a un objetivo militar definido y hacen uso de medios y armas lícitos en combate, según el Derecho Internacional Humanitario y el derecho de Guerra.

Introducción

La situación critica que presenta el panorama de violación de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario en los grupos étnicos colombianos, en especial las comunidades negras, los somete a un estado de alta vulnerabilidad. Estas comunidades - en medio del fuego cruzado que vive el país- siguen afrontando situaciones difíciles en cuanto en ellas se combinan el desconocimiento reiterado de sus derechos étnicos, económicos, sociales, y culturales con múltiples agresiones a sus derechos civiles y políticos.

Las comunidades afrocolombianas, y también las indígenas, sufren todas las consecuencias de los sucesos violentos de la guerra. A menudo se presentan casos de privaciones arbitrarias de la vida y de la libertad, restricciones no razonables a la libertad de circulación, apropiación ilícita de bienes de consumo y uso desproporcionado del poder armado y de la fuerza que quedan en la impunidad.

En la guerra interna de Colombia, los muertos básicamente los están poniendo los pobres, entre ellos, las comunidades negras, quienes caen anónimas con el rótulo de población civil o de campesinos, en general, sin especificar si son o no de comunidades Afrocolombianas. Según la ONU, la vigencia efectiva de los derechos de los grupos étnicos se ha visto entorpecida por diversos factores; entre ellos el desconocimiento de la legislación que protege a los(as) Afrocolombianos(as) por muchas autoridades del Estado, el desarrollo de permanentes conflictos sobre la tenencia de la tierra entre los(as) Afrocolombianos(as) y otros estamentos sociales (latifundistas, empresas y multinacionales) y, las estrategias de control territorial que inspiran la actividad violenta de diversos actores armados.

Un aspecto importante a destacar sobre la violación de los derechos humanos y fundamentales de los grupos Afrocolombianos tiene que ver con su precaria situación económica y social, la cual está muy lejos del promedio nacional y no responde a las obligaciones del Estado en estas materias: Altos porcentajes de las comunidades negras se mantienen en condiciones de marginalidad y están por debajo de la línea de pobreza, sufriendo un grave deterioro en su calidad de vida. Agregado a ello hay que tener en cuenta la erosión cultural a que constantemente se ven sometidas estas comunidades, producto de los proyectos globales de homogenización cultural, auspiciados por las hegemonías neoliberales.

De acuerdo con CODHES 2 la degradación y expansión de la guerra en Colombia encuentra en la situación de los grupos étnicos (pueblos indígenas, comunidades Afrocolombianas y otras minorías) uno de sus rasgos más distintivos. Para esta organización no gubernamental, el conflicto tiene una tendencia creciente a la urbanización y se manifiesta no sólo en los atentados con bombas en las ciudades y pueblos, los ataques a la infraestructura eléctrica y a las redes de distribución de agua potable, sino que además tiene que ver con miles de personas forzadamente desplazadas que se encuentran buscando apoyo o mendigando en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali o Pasto, para citar solamente algunos casos. Los mayores casos de este drama urbano lo reflejan familias afrocolombianas que provienen del Chocó, Cauca, Nariño, el sur de Bolívar y el Cesar (entre otras zonas del país), quienes intentan reiniciar sus proyectos de vida, luego de sobrevivir a masacres, amenazas, desapariciones forzadas y un extenso listado de violaciones de los Derechos Humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario.

De otra parte, los territorios tradicionales de refugio en los cuales las comunidades afrocolombianas han resistido los efectos de la guerra, son cada vez más escasos. La intensidad de las acciones armadas y la ampliación de los escenarios de disputa o de control estratégico conllevan el copamiento de los territorios ancestrales y el control exhaustivo sobre las personas, los bienes e incluso los apoyos humanitarios que ingresan a las comunidades. En efecto, el control sobre alimentos, medicinas e insumos agrava aún más la situación de aislamiento e histórico abandono estatal al que han sido sometidos pueblos enteros, el reclutamiento de sus integrantes, y los ataques a las autoridades tradicionales que hacen aún más problemática la vida de los grupos étnicos.

En términos generales, según CODHES, el desplazamiento forzado de minorías étnicas implica en la práctica la inmersión de pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, gitanos y raizales en muy profundos procesos de transformación socioeconómica, sociopolítica y sobre todo, cultural, que en casos extremos puede conllevar a su extinción física y cultural de estas etnias (Etnocidio).

Los múltiples ataques a la población civil (en este caso las minorías étnicas) y las acciones de los actores armados estrangulan las redes de aprovisionamiento, sostenimiento alimentario e ingresos; erosionan las formas e instancias de autogobierno y los mecanismos de resolución de conflictos intra e inter-étnicos; debilitan, eliminan o suplantan los dispositivos de control social interno; transforman las pautas de inculturación y socialización, los lazos de lealtad y reciprocidad que constituyen las expresiones de solidaridad comunitaria; y rompen los circuitos de intercambio económico, cultural y político, colocando en condiciones de extrema vulnerabilidad a las familias y comunidades.

Urge del Estado Colombiano el cumplimiento de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos para la protección de los grupos étnicos que se encuentran en riesgo o que ya fueron desplazados, mediante políticas diferenciadas y no discriminatorias, tendientes a la atención integral, a la garantía de la seguridad en la propiedad de la tierra y del territorio y a la presencia de una institucionalidad estatal civil con claro perfil social (entidades de salud, docentes, crédito etc).

La vigencia de los Derechos Humanos y el respeto irrestricto de la normatividad humanitaria por parte de todos y cada uno de los partícipes de la guerra, bien pueden ser el principio del camino en donde la afirmación cotidiana de la diferencia, haga parte del país incluyente que todos y todas deseamos y merecemos.