La cuenca del bajo Atrato en el departamento del Chocó y parte de Antioquia se encuentra dividida en parte Alta, Media y Baja, agrupando a los municipios de Bagadó, Atrato, Lloró, Quibdó, Medio Atrato, Murindó, Vigía del Fuerte, Carmen del Darién, Bajirá, Bojayá, Riosucio, Unguía y Acandí. Entre sus principales afluentes figuran el Napipí, el Opagadó, Domingodó, Murrí, Riosucio, Truandó, Salaquí y Cararica. Toda la cuenca, menos la del bajo Atrato se encuentra titulada colectivamente para comunidades negras e indígenas.
El Bajo Atrato tiene especial significancia dado su crecimiento y concentración de la riqueza en biodiversidad, las posiciones geoestratégicas que ocupa en el país y el mundo, la presencia de grandes capitales ilícitos y las grandes propuestas de desarrollo y construcción de megaproyectos como:
- La terminación de la carretera panamericana
- E canal seco interoceánico
- Los megapuertos de Río Sucio y Turbo
- Las grandes hidroeléctricas,
Igualmente en el Bajo Atrato se asientan grandes negocios relacionados con el narcotráfico y el trafico de armas, además de monopolios de empresas forestales, ganado, turismo y palma africana. De modo que el Bajo Atrato es una subregión en disputa desde 1990.
Desde mediados de los años 90s el Bajo Atrato entra de lleno al escenario de la guerra y desde ese momento se afianzan los más diversos intereses económicos, políticos y militares. Desde 1996, luego que los paramilitares logran "pacificar" el Uraba antioqueño comienza la estrategia para "recuperar" el Urabá Chocóano de manos de las guerillas, principalmente del Frente 57 de las FARC. De modo que se trazan dos tácticas paramilitares: "por un lado, está la dinámica que se teje alrededor Unguía, Bocas del Atrato y Acandí que está muy emparentado con los procesos que, pasando por Turbo, vienen desde el Norte de Urabá. Por el otro lado, está la dinámica de Riosucio que guarda una estrecha relación con las dinámicas que, desde Turbo, se extienden hacia territorios del Sur como Pavarandó, Pavarondocito (Mutatá, Antioquia), Puerto Lleras y Llano Rico (Chocó)." 52
Primer escenario: Acandí - Unguía
De acuerdo con Teresa Uribe (2001) desde 1996 los paramilitares buscan controlar una zona que tradicionalmente ha sido utilizada por la guerilla para recuperarse de campañas extenuantes y para lucrarse del tráfico de armas y drogas que puede hacerse a través de la frontera con Panamá. Desde entonces el norte del Chocó, en especial Unguía y Acandí, durante 1996 enfrenta simultáneamente dos procesos de desplazamiento: uno que convierte al territorio en receptor de campesinos expulsados de Urabá Antioqueño; otro, que dado los continuos combates entre paramilitares, ejército y guerilla así como la muerte de campesinos, hace que sus pobladores huyan abandonando sus casas y cultivos. 53
La prensa nacional registra como para ese año el entonces alcalde de Ungía Cayetano Tapias se queja por la forma como "Las autodefensas campesinas y el frente 57 de las FARC están enturbiando el buen vivir de la gente del municipio", convirtiendo así al norte del Chocó en tierra de desplazados por la violencia." 54 En efecto para 1996 la Gobernación del Chocó registra un total de 3095 las personas que han sido desplazadas del Urabá Chocóano y de Córdoba y que se dirigen hacia Unguía y Acandí Pero con la confrontación entre paramilitares y guerrilleros, según lo denuncia la Defensoría del Pueblo, seccional Apartadó, la población nativa de estos municipios se ve obligada a desplazarse (unas 200 familias de Acandí abandonaron sus casas y cultivos)
En declaraciones al diario el Tiempo el Alcalde de Unguía, Cayetano Tapia Romero, asegura que la población de su municipio, que llega a 2300 personas, aumentó el año pasado y en lo que va corrido de este año (1996), en unos 2500 habitantes." 55. Igualmente, del mismo modo como llegan desplazados, llega la muerte y el terror tal como sucedió en noviembre de 1996, cuando 60 hombres llegan en lanchas y siembran el terror: "comenzaron en la vereda Capitán, después fueron a Acandí Seco Medio, Acandí Seco Arriba y El Cedro', los muertos no fueron más porque los desconocidos no llegaron a Acandí Seco Abajo, asegura un campesino 56". Este hecho genera un nuevo desplazamiento tanto masivo como aluvial hacia Acandí, pero también hacia Panamá, Quibdó y otras ciudades del interior del país. Al casco urbano llegaron unas 1000 personas provenientes de las veredas afectadas por la incursión paramilitar, incluida Dos Bocas.
Teresa Uribe precisa que "de acuerdo con los datos de la Asociación de Desplazados de Acandí, se calcula que entre el 3 y el 18 de noviembre, llegaron unas 300 familias que al localizarse en la cabecera han tenido que aguantar las inclemencias del hacinamiento. Algunas de estas familias al no soportar estas condiciones deciden tomar rumbo hacia Quibdó, otras dejan el país penetrando la frontera panameña, pero las 289 que se quedaron en Acandí (con 65 niños) no han encontrado más opción que ésta.
Segundo escenario: Riosucio
El Municipio de Riosucio (hoy fraccionado en Carmen del Darién y Bajirá) ha sido centro de la actividad de grandes industrias como la maderera, la ganadera, la del banano y la camaronera, y ahora último la Palma Africana. Además, el territorio que está titulado colectivamente a comunidades afrocolombianas cobra importancia a los ojos de intereses internacionales por la posibilidad que guarda para la explotación de recursos genéticos y para las grandes obras de infraestructura que permitirán definir las nuevas rutas de intercambio comercial entre el Atlántico y el Pacífico
Se tiene información que desde 1994 Riosucio se viene colocando al centro como zona de disputa entre paramilitares y guerilla; pero ya en desde febrero de 1996 se entra de lleno a la geografía de la guerra total, comenzando hostigamientos en las zonas rurales: los corregimientos de Alto Riosucio, Bajirá, Boca de Curvaradó, Cacarica, Chintadó, Domingodó, Jiguamiandó, La Grande, La Honda, La larga, La Raya, La Teresita, La Travesía, Peye, Salaquí, Truandó, Tumaradocito, Turriquitadó, Vigía de Curvaradó, Villanueva. Las inspecciones de policía de La Isla, Sautatá y Tamboral. Muchos de estos territorios tradicionales de comunidades afrocolombianas fueron el escenario de asesinatos, masacres, ejecuciones extrajudiciales , amenazas y desapariciones. Eventos del conflicto que dan paso a los grandes éxodos de comunidades enteras.
Según un testimonio recogido por Teresa Uribe (2001) 57" El pasado 24 de febrero, a plena luz del día, arrimaron a Riosucio Chocó, cinco pangas que viajaban por el río Atrato. De allí se bajaron más o menos 125 hombres armados hasta los dientes, vestidos con prendas del Ejército. El grupo estaba dirigido por los jefes paramilitares quienes llegaron para entrenar a los policías de Riosucio para un posible enfrentamiento con la guerilla, en caso de que ocupasen las vías fluviales." 58 Estas incursiones paramilitares, en principio, dan lugar a la movilización silenciosa y aluvial de los campesinos de Riosucio, que se inicia desde el propio mes de febrero cuando "en la mañana del 24 de febrero varias veredas de Riosucio y en especial en las aledañas al río Salaquí fueron bombardeadas por el ejército y visitadas por un grupo paramilitar que amenazó a los pobladores" 59 . "Meses después la presión sobre las comunidades es más directa, desencadenando desplazamientos masivos, cuando el río Atrato, único canal de comunicación con los pueblos de la región, es bloqueado por los paramilitares. En un foro por la paz celebrado en Quibdó los días 26 y 27 de abril de 1996, los campesinos de Riosucio denuncian que "prácticamente los grupos paramilitares los tienen cercados y les impiden transportarse por el Atrato y otros afluentes." 60
Las rutas de intercambio con Turbo y Belén de Bajirá han sido obstaculizadas, impidiendo el abastecimiento de combustible, drogas y alimentos. "Esta situación resulta sumamente grave para los riosuceños en razón a que esta comunidad ha dependido siempre de Turbo... Ahora Turbo, dicen en Riosucio, es territorio vedado. Lo mismo sucede con Bajirá, de Mutatá, otrora despensa de Riosucio" 61 A finales de 1996, después de que los paramilitares ocuparan Riosucio entre julio y octubre, comienza el éxodo de casi todos los habitantes de los campos y caseríos de Riosucio. "Al terminar el año comenzó un éxodo desde Riosucio hacia Turbo y al finalizar el mes pasado la zona rural, a la cual habían llegado los paramilitares entre julio y octubre del año pasado, quedó casi despoblada. 62".
Para el segundo semestre de 1996 algunos campesinos salen abiertamente hacia las Bocas del Atrato, corregimiento de Turbo, donde establecen un albergue; otros tantos salen hacia Quibdó; un grupo de familias más grande logra llegar a la cabecera urbana de Turbo instalándose en el coliseo; mientras que otros se quedan en Pavarandó, estableciendo alli en primer campo de refugiados.
"Los casi 800 campesinos desplazados de la zona rural de Riosucio que llegaron a Turbo y Bocas del Atrato, afirmaron que ven lejos el regreso a sus parcelas. El éxodo comenzó por un contagio de pánico, a raíz de posiciones radicales de paramilitares y guerrilleros, frente a los campesinos del corregimiento Limoncito de Riosucio. Los paramilitares les dijeron que salieran de las viviendas porque se iban a presentar enfrentamientos fuertes en la zona y los subversivos les advirtieron que si salían de sus casas no podrían regresar. Los pronunciamientos de los bandos en conflicto recorrieron rápidamente los caseríos Bijao, Cacarica, Bocas del Limón, caño Las Playas, y las veredas Bogotá, Barranquillita y el Miedo" 63.
"Este desplazamiento masivo se complementa con los desplazamientos selectivos y aluviales que se están registrando desde diciembre de 1996, cuando desde el 17 de este mes empiezan a salir los funcionarios de la alcaldía de Riosucio, encabezados por el propio alcalde. En Riosucio los actores armados no sólo pretenden que los campesinos abandonen el territorio, también las autoridades civiles y quienes están rigiendo los destinos de la población deben emprender la ruta del destierro, luego de que los paramilitares desaparecen al alcalde encargado, al tesorero y a otras cuatro personas"
De acuerdo con Teresa Uribe, para ese momento el comandante de la 17 Brigada, general Rito Alejo del Río, afirmó que la movilización que campesinos desplazados hacia Mutatá era la oportunidad de las FARC para colarse y tomarse la vía al mar por tercera vez." 64 Esta aseveración emitida por las autoridades militares, identificando a los desplazados con un actor armado, los coloca como objetivo militar de los enemigos declarados de la guerilla, llevando a que la única estrategia de sobrevivencia de los campesinos que abandonan sus tierras, los convierta en carne de cañón de los paramilitares.
Aunque el desplazamiento de campesinos desde Riosucio hacia Turbo se da desde 1996, en marzo de 1997 ocurre un nuevo desplazamiento caracterizado por ser masivo y aluvial. Estos últimos llegan a Turbo para ser albergados en casas de familiares y amigos; mientras que los primeros son albergados en las escuelas del corregimiento Bocas del Atrato y en el Coliseo. Los 650 nuevos desplazados de Riosucio (Chocó), vienen de los caseríos de Vijao, Cacarica, Bocas del Limón, Caño las Playas y de las veredas Bogotá, Barranquilla y el Medio. De acuerdo con el testimonio de un comerciante de Riosucio, este nuevo desplazamiento se debe a las amenazas de la guerilla quienes los acusan de apoyar a grupos paramilitares. Toman la decisión de dejar sus tierras luego de que siete campesinos son decapitados en el mes de enero por la guerilla. 65
En el año de 1997, además de que se presentan nuevos desplazamientos masivos y aluviales, se empiezan a vislumbrar algunas propuestas para las comunidades desplazadas que están en Paravandó y en el Coliseo de Turbo, casi todas apuntan al retorno, sin que exista claridad por parte de los funcionarios sobre las condiciones y el momento adecuados para hacerlo. "Los campesinos de Bocas de Curvaradó, 147 familias conformadas por 631 niños y 350 adultos, ocupan cinco albergues en el casco urbano de Riosucio, desde el pasado siete de agosto, cuando abandonaron precipitadamente sus territorios" 66. Para los desplazados son claras las dificultades que el regreso les representa, mientras para los funcionarios del Estado el asunto no es tan claro, pues las propuestas que plantean resultan ser cuestionadas por los propios desplazados, poniendo al descubierto el desconocimiento que tienen las instituciones de las realidades locales.
Al finalizar 1997 ocurre un nuevo desplazamiento producto del enfrentamiento entre la guerilla y los paramilitares, que deja un gran número de muertos y la expulsión de más campesinos: unos que se suman a los ya albergados en Pavarandó y otros deciden internarse en la selva del Darién en dirección a Panamá. "Según las versiones de los campesinos, los paramilitares se están tratando de meter al centro de operaciones del bloque de las FARC José María Córdoba , ubicado en el sitio Remacho de Puerto Lleras a unas once horas de Mutatá (...) Los campesinos asentados en Pavarandó dijeron que los muertos, civiles, podrían ser treinta; y que los desplazados recién llegados eran 780." 67
Algunas familias de las zonas rurales de Pavarandó se internaron por la selva del Darién hasta llegar a territorio panameño y se asentaron en las poblaciones de Paya, Peluza, Yape y Boca de Cupé en la provincia del Darién. "Al menos 180 colombianos, la mayoría niños, entraron en la selva del Darién buscando huir de una supuesta matanza que se registra en Urabá. La información fue suministrada por la Policía panameña. El legislador suplente de la provincia del Darién informó sobre la presencia de 115 colombianos, entre ellos 76 niños, 18 hombres y cuatro ancianos." 68 Estos desplazados que se encuentran Puerto Obaldía, Panamá, son repatriados por el gobierno panameño hacia la finca El Cacique ubicada en Cupica al norte de Bahía Solano. Hecho que es rechazado por la Diócesis de Quibdó, afirmando que a estas familias se les debió dar tratamiento de refugiados y no de desplazados 69.
"Panamá, entonces, se convierte en otra ruta de destino para los desplazados del Urabá Antioqueño y Chocóano, y tras ellos van las ACCU realizando violentas incursiones contra los caseríos Titiná y La Bonga donde viven 300 colombianos que huyeron de la violencia de urabá. Puerto Obaldía, territorio localizado en la costa panameña, que cuenta con una población de 1000 personas, 600 de ellas colombianas, ha soportado también el rigor de las incursiones de las ACCU en busca de los presuntos colaboradores de la guerilla
"Según la policía del vecino país las autodefensas salieron de los alrededores de Capurganá y caminaron 6 horas a Panamá para matar a los Colombianos que ayudaban a la Guerrilla de las FARC. "Esta zona es usada por los subversivos para abastecerse de víveres y traficar armas." 70 Hechos como estos permiten confirmar que el conflicto armado y el desplazamiento forzado en Urabá, no sólo se extiende hacia la frontera entre Antioquia y Chocó, sino que empieza a cobrar un carácter internacional, insertándose en la frontera panameña, que se convierte en nueva receptora de población desplazada por la violencia en Colombia."
Para los Afrocolombianos es claro que la motivación principal de la confrontación armada que actualmente se da en los territorios tradicionales de asentamiento étnico, tiene que ver precisamente con los intereses que sobre regiones como el Pacífico poseen tanto sectores nacionales, como internacionales y transnacionales. Esta situación ha permitido una disputa sangrienta por el territorio entre el Estado, las guerillas y los paramilitares, con sus graves consecuencias de desplazamientos individuales y/o masivos con carácter de éxodo, como han ocurrido con las personas desplazadas de Riosucio, Carmen de Atrato y Alto Baudó, Alto San Juan, Bojayá, Juradó, Naya, etc.
En el Chocó al tiempo en que se da el escalamiento y la degradación del conflicto, se agudiza la violación de los derechos fundamentales de las comunidades y de los pueblos, ligada a la explotación de los recursos naturales. Este departamento, de un 95% de población afrocolombiana. El Chocó en particular reviste gran importancia estratégica, dada su especial ubicación como punto de encuentro de los dos océanos y centro donde han fijado su atención las políticas mundiales para el "desarrollo" del mar del siglo XXI" 71 No cabe duda que este territorio escenario geopolítico por excelencia se mueve entre dos grandes vertientes de intereses contradictorios. Una que pretende su incorporación al desarrollo y otra que pugna por el respecto y cuidado del medio ambiente y de la población nativa. Obviamente hay algunos en el medio, a quienes les resulta funcional a sus intereses particulares las dos vertientes.
Para 1997 los puntos estratégicos mas agudos de enfrentamientos armado eran las cuencas medias y bajas del río Atrato, la parte alta y media del San Juan, el río Baudó, el Darién, la Frontera con Panamá en Jurado, los rios Salaquí, Truandó en el Urabá, los ríos Iró, Tamaná y Andágueda, estos últimos zonas mineras completamente por fuera de todo orden constitucional. Para esa fecha la información de prensa dio cuenta que el estado mayor conjunto de las Autodefensas Unidas Campesinas habían logrado diezmar a la guerilla y controlar mas del 75% del territorio y las cabeceras municipales del Chocó 72
La arremetida paramilitar en el Chocó buscaba erradicar y desarmar a la subversión, sobre todo los frentes 45, 35, 34, 25 y 60 de las FARC comandados supuestamente por alias Iván Marques. Por su parte el ELN mantenía dos bloques: el "Hernán Jaramillo" centrados en el medio Atrato y el "Benkos Bioho" radicado en el sur del Chocó en la provincia del San Juan. Además de estos grupos se detectó la presencia de un grupo guerrillero denominado Ejercito Revolucionario Guevarista (ERG), que básicamente operaba en las montañas del Tamaná y del Alto San Juan.
El Medio Atrato.
La violencia territorial en el Chocó para 1997 avanzó significativamente desde el norte (Uraba y Darién) hasta agudizarse en Bellavista y Vigía del Fuerte (Medio Atrato) donde existía una convivir. Este primer impacto de violencia, como ya se dijo logro el éxodo masivo de a menos 14 mil de los habitantes del municipio de Riosucio, de los cuales mas de 2.600 se hacinaron en el campo de refugiados de Pavarandó, mientras otros 2.200 se ubicaron en el Coliseo de Quibdó y el barrio la Cascorva de esa ciudad, otro tanto numeroso se instalo en el coliseo de Turbo.
Al tiempo que se agudizaba el conflicto en territorios rurales del Chocó, la impunidad en los centros urbanos creció de manera alarmante, pues en solo 1997 en la ciudad de Quibdó se registraron mas de 221 asesinatos, en Istmina y Condoto se cometieron cerca de 56 y 32 muertes violentas, cifra de ejecuciones extrajudiciales alarmantes para áreas demográficamente pequeñas y de gran tradición pacifica. Los análisis de prensa precisan que para esa época "los saldos de muertes violentas han podido ser superiores, toda vez que el conflicto armado se descontrolo en Riosucio, Bojayá, Murindó, Vigía del Fuerte, etc. donde la impunidad pudo haber llegado a extremos de barbaries, donde el miedo, las masacres, los desplazamientos y las desapariciones forzosas constituyeron las constantes del fenómeno.
Por esa misma fecha, el Gobierno instala en Quibdó el Batallón de Infantería Alfonso Manosalva Flores, con un pie de fuerza inicial de 300 soldados.
Un factor importante que se debe anotar es que desde 1997 en que se agudizo el conflicto en el Chocó, la vía acuática del Río Atrato fue suspendida por los grupos armados ilegales. Esta restricción a la libre circulación comenzó con la piratería a las lanchas de transporte de comida y pasajeros, la muerte de varios conductores y prohibición de pasajeros. Esta situación según lo reporto un funcionario de la División Fluvial del Atrato dejó perdidas en 1997 de mas de $1.008 millones, la inmovilidad de mas de 28.800 pasajeros que usaban el trayecto Turbo - Quibdó
Durante 1999 de acuerdo con un informe de la Comisión de Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó se registraron desplazamientos masivos de las comunidades Indígenas de Sabaletas de la carretera Quibdo-Medellin, las comunidades negras del Medio Atrato como las Mercedes, Mesopotamia y San Martín, todas dentro del territorio colectivo del Consejo Comunitario Mayor de la ACIA.
Para el año 2000, Justicia y Paz dio cuenta que en el Chocó "el conflicto armado cobro mas de 7000 campesinos desplazados del medio Atrato, unas 300 provenientes del Urabá, el bajo Atrato, el Cantón de San Pablo y Baudó. Otras 2000 personas de la zona de Neguá que se desplazaron en mayo del año pasado (1999), y muy especialmente los 600 desplazados que en el mes de enero de 2001 huyeron de Jurado y ahora se acantonan en Bahía Solano" 73
Ese mismo año se dieron hostigamientos a la población civil por parte de los grupos armados: Tomas en Juradó, en Bagadó, en Vigía del Fuerte, Bellavista y Santa Cecilia (Risaralda); incursiones bélicas en el río Neguá; retenes de paramilitares y guerrilleros en la vía que de Tadó conduce a Pereira y Quibdó la Manza
El caso del Baudó.
La zona del Baudó en el Chocó ejemplifica el dantesco panorama. Hasta 1993 el Baudó se caracterizaba por ser "un territorio donde reinaba la paz, pese a la falta de presencia eficiente y eficaz del Estado colombiano". A partir de este año comienzan a hacer presencia los grupos armados victimizando a los lideres de los procesos organizativos que reivindicaban los derechos como grupo étnico. Algunos de ellos perdieron la vida en el proceso de capacitación, para presentar la solicitud de titulación colectiva de los territorios ancestrales de comunidades negras del Baudó. En 1993 se dio el primer desplazamiento masivo a causa de la incursión de las guerillas del Ejercito Popular de Liberación (EPL). Fueron afectadas 350 familias para un total de 700 personas desplazadas, las cuales huyeron hacia Quibdó e Istmina principalmente. Mas tarde, se registra como hecho alarmante, una masacre de tres campesinos a manos de presuntos paramilitares, ocurrida el 4 de enero de 1998 en Pié de Pato, Alto Baudó, causó una movilidad humana forzada de por lo menos 450 personas.
En este contexto de violencia, las comunidades negras e indígenas Emberá y Wounaan asentadas en el Baudó llegaron a acuerdos sobre la posesión, reconocimiento y titulación colectiva del territorio. Luego de cuatro años de lucha, los campesinos Afrocolombianos organizados en su Consejo Comunitario ACABA, logran que el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, les reconozca su titulo colectivo el 23 de mayo de 2001, poco antes de ser desplazados por los paramilitares. Hecho similar ocurrió en el municipio de Riosucio, con la entrega de los primeros títulos colectivos en 1996.
El lunes 4 de junio de 2001, hizo presencia en las comunidades de la Playita y Puerto Martínez (Zona del Baudó Chocó) un grupo armado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, y el Frente Metro-Pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que reunió a las comunidades y les dio la orden de desalojo fijándoles para ello un plazo de 24 horas, bajo la amenaza de muerte para quien la incumpliera, ya que irían a realizar "una operación rastrillo". Por orden de los paramilitares, las personas que se empezaron a desplazar hacia el sur del municipio de Pie de Pató (Río Baudó abajo), avisaron a las otras comunidades que tenían que desplazarse hacia Quibdó, o hacia el medio Baudó (Boca de Pepé) y que desde la comunidad de Nauca hasta la comunidad de Apartadó no debía quedar nadie en le territorio. Este mismo día un grupo de personas de las comunidades llegó a Pie de Pató a informar lo acontecido, con lo cual se emprendió el éxodo de la población afro chocoana.
El 5 de junio de 2001, los casi 1500 habitantes del casco urbano de Pie de Pató (cabecera municipal del Alto Baudó) lo abandonaron, junto a los cuales se desplazaron las comunidades rurales de Playita, El Coco, Puerto Valencia, Nauca, Puerto Martínez, Chigorodó, Bella Cecilia, Santa Rita, La Pureza, El Afirmado y algunas familias de Yucal, Chacajo y San Francisco de Cugucho. El desplazamiento se realizó hacia las ciudades de Quibdó, Istmina, mientras otro grupo de campesinos Afrocolombianos se dirigió al lugar llamado La Punta, en la carretera Panamericana; igualmente hubo otros puntos de desplazamientos en el Bajo Baudó, veredas del interior del municipio en el curso del río Pató.
El hecho violento también convirtió a la zona del Alto Baudó en un lugar de recepción de población desplazada, por cuanto muchos de los desplazados no salieron definitivamente de allí sino que se ubicaron en un lugar distinto al de origen pero dentro de la misma región.
Por su parte, las familias afrocolombianas desplazadas hacia Quibdó fueron instaladas inicialmente en la escuela Normal y en la Escuela San Vicente; posteriormente fueron trasladadas a las bodegas "los Silos", de propiedad del extinto Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, que se hallaban abandonadas. Actualmente se encuentran 341 familias y ya han retornado 257 familias, lo que quiere decir que Quibdó habría recepcionado un total de 598 familias.
Las condiciones de insalubridad y las diferentes presiones de las que fueron víctimas las personas afrocolombianas ubicadas en Los Silos, hicieron que se acelerara el proceso de retorno, por circunstancias como el no reconocimiento y violación a los derechos económicos y sociales de las personas albergadas en "Los Silos", por ausencia, inoperancia o prestación incipiente de las instituciones estatales para responder a las necesidades de la población desplazada.
Igualmente otros factores fueron:
- La presión ejercida por la Red de Solidaridad Social, Alcaldía del Alto Baudó y la Fuerza Pública, que incitaba a los desterrados a que se fueran, que podían regresar que allá no había nada.
- La presión a la que se vieron sometidos los profesores, a quienes se les decía que si no regresaban los despedían de sus cargos o no les pagaban, convirtiéndose en una angustia para los padres de familia, ya que los hijos podrían perder el año.
- El maltrato y el no reconocimiento a las directivos de ACABA por parte de las instituciones, al no querer reconocerla como los representantes legales de las comunidades desplazadas, situación denunciada por el Consejo Comunitario General del Baudó y sus afluentes -ACABA-
Una vez realizado el retorno de las comunidades del Alto Baudó, se denunció que por incumplimiento de uno de los compromisos adquiridos en salud por parte del gobierno, el cual tenia que ver con el envío de una brigada de salud a cada uno de los asentamientos, se produjo la muerte de un niño de cinco años. Igualmente, se denunció el bloqueo económico que se presentaba a causa de un reten de los paramilitares en el municipio del Medio Baudó, bajo la amenaza de que "los botes que suban alimentación se atienen a las consecuencias". Las personas que regresaron han reportado a la Comisión que los acompañó que al llegar a los lugares de habitación encontraron saqueadas las viviendas y los cultivos, reflejando la dolorosa realidad del retorno, la cual, sumada a la falta de seguridad y garantías para volver en condiciones dignas hacia las comunidades, hizo que muchos se devolvieran para Quibdó.
El desplazamiento masivo en el Alto San Juan
Una de las zonas mas criticas en materia de orden publico es el municipio de Tadó, en especial los territorios rurales que se disputan todas las guerillas y las autodefensas ilegales. En este municipio se ubica la carretera que comunica al Chocó con Risaralda y por donde pasa toda la actividad productiva y económica de la provincia del San Juan, además de ser un área minera de grandes recursos de oro y platino que actualmente son explotados por mineros industriales provenientes del Nordeste antioqueño, Bajo Cauca y Caucacia.
El río Iró y Condoto.
Desde 1997 la zona minera del San Juan no solo fue sobre explotada por las retroexcavadoras provenientes de Antioquia, sino que además las Guerrillas y los paramilitares concentraron en el lugar los mas dantescos escenarios de guerra, en especial en las subcuencas del Alto Condoto, el Bajo Opogodo, el Tajuato, el Alto Tamaná, el Medio San Juan y el Río Iró. En el río Iró (del Municipio de Condoto) la situación fe critica en cuanto fue precisamente allí donde los actores armados concentraron sus combates, lo que obligo que entre 1996 y 1998 toda la cuenca se desplazara hacia la cabecera Municipal de Condoto, Istmina, hacia Cali, Bogotá y Medellín. La Violencia particularmente azotó a comunidades de Santa Rita, Tadocitico, Duave. Dawe, Santa Bárbara, Viro Viro, Papagayo, Calle del Cedro, Curubá y la Encharcazón.
Como se afirmó anteriormente, en el municipio de Condoto el 29 de noviembre de 1998 se presentó en la población de Santa Rita de Iró una ejecución extrajudicial. Miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá penetraron a esta población hacia las 5:30 de la mañana, reunieron la población y luego en las afueras del pueblo dieron muerte a 3 mujeres: Fermina Perea (enfermera), Sorina Perea (Inspectora) y Yacira Sánchez, una joven con un niño recién nacido 74.
De la misma manera, en municipios vecinos a Condoto, se han presentado hechos de violencia similares. De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas se tiene noticias de que en 1995se presentaron dos ejecuciones extrajudiciales en Tadó; en 1996 una ejecución extrajudicial mas en Tadó, en 1997 una ejecución extrajudicial en Istmina, en 1998 seis ejecuciones extrajudiciales en Istmina; en 1999, una ejecución extrajudicial en Tadó
El alto San Juan.
El Alto San Juan es territorio colectivo de dos consejos comunitarios: el de Santa Cecilia (Risaralda) y el de ASOCASAN en Tadó. Desde 1997 hacen allí presencia de guerillas de las FARC, ELN, EPL y ERG, a demás de los paramilitares.
De acuerdo con información de prensa local, por mas de 17 horas del día 16 de enero del año 2002 en inmediaciones de la comunidad negras del Tapón en el municipio de Tadó (departamento del Chocó) se presentaron duros enfrentamientos entre mas de un centenar de guerrilleros y tropas del ejército colombiano pertenecientes al Batallón Manosalva Flores de Quibdó. Según fuentes oficiales los grupos guerrilleros pertenecían a al Ejército Revolucionario Guevarista, al frente 47 de las FARC y a células del ELN, quienes hacen presencia en la parte alta del río San Juan y controlan el paso en la carretera que de Tadó conduce a la ciudad de Pereira. Los subversivos fueron sorprendidos por soldados colombianos en momentos en que para ese día se había anunciado una toma guerrillera a la ciudad Chocoana de Tadó. Los enfrentamientos dejaron como saldo seis soldados y un civil muerto a manos de las guerillas identificado con el nombre de Marino Perea, médico veterinario y ex alcalde de Tadó, además de 15 soldados gravemente heridos y un alto número no determinado de subversivos.
Según los campesinos del lugar los combates fueron intensos y apoyados por el Avión Fantasma y Helicópteros artillados de las fuerzas militares. Desde muy temprano en la mañana del 16 de enero los subversivos establecieron un reten en la población de Playa de Oro. Mientras desde la ciudad Tadó desde las partes altas se lograba observar los combates. Por su parte las comunidades negras campesinas del Tapón y de sus veredas aledañas comenzaron a desplazarse del lugar utilizando la carretera, trochas, caminos y el mismo río San Juan hasta llegar a Tadó. Según censo oficial, el número de personas afrocolombianas que se desplazaron fueron 1105, pertenecientes a 13 comunidades y a 152 familias que se encuentran refugiadas en casas de parientes y amigos en ciudad de Tadó.
Según afirmó un líder de los desplazados la crisis del desplazamiento de estas comunidades del Alto San Juan tiene sus raíces desde el 3 de diciembre en que un grupo subversivo hizo presencia en el Tapón, reunieron a la comunidad y se llevaron a 2 personas. Luego el ejército llegó y se mantuvieron todo el mes de diciembre, hasta que el 16 de enero se dieron los enfrentamientos.
Los 1.105 desplazados corresponden al 17.4% de la población rural de este municipio de Tadó estimada por el DANE en 5.830 habitantes. Mientras que frente a la población total del distrito calculada en 15.290 personas, los desplazados superan el 7.22%.
Otro panorama de la violencia en el San Juan tiene que ver con hechos ocurridos en el Alto Tamaná, Municipio de Nóvita. De acuerdo con informes de la Diócesis Istmina Tadó, en las Comunidades del Paso y Cascajero, Cuenca de Irabubú en el alto Tamaná se han originado hechos de violencia; inicialmente causados por enfrentamientos entre las AUC y las FARC en el año de 1998; reincidiendo luego un nuevo enfrentamiento por parte de los mismos actores armados en el mes de mayo del año 2000 en la Comunidad del Paso. Vale destacar que esta comunidad en la década de los noventa fue azotada por una ola de asesinatos realizados por grupos Autodefensas, ya que supuestamente miembros de la comunidad hacían parte del grupo "BENKOS BIOHO" antigua columna de las FARC en la zona.
Luego el 24 de septiembre del año 2001 fueron asesinados por miembros de las FARC dos jóvenes quienes habían sido declarados objetivo militar por este grupo, al retirarse el grupo armado de la comunidad advirtieron a esta que debían desocupar en corto plazo la comunidad; procediendo así al saqueo de cada una de las viviendas llevándose víveres alimenticios, ropa y dinero.
El Genocidio de Bojayá.
La Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó, y las organizaciones de comunidades afrocolombianas y demás ONGs humanitarias denunciaron a la opinión pública nacional e internacional la gravedad de los hechos ocurridos en los Municipios de Bojayá, Chocó (cuya cabecera Municipal es Bellavista), y Vigía del Fuerte, Antioquia.
De acuerdo con el comunicado, "la guerilla de las FARC, había tomado posesión de las cabeceras municipales de los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte desde el 25 de marzo del año 2000, tras una incursión contra los puestos de policía y los retenes paramilitares que se encontraban en dichos lugares. El día 21 de abril del año 2002, un destacamento paramilitar auto identificado "Bloque Elmer Cárdenas", procedentes de Turbo, en seis pangas con dos motores de 200 caballos de fuerza cada una, tomó posesión de los cascos urbanos de estos mismos municipios, sin presentarse confrontación armada con la guerilla, la cual se había retirado de tales localidades desde las primeras horas del mismo día, como tampoco se enfrentó con los puestos de control militar y de policía en Riosucio, Chocó. El día 25 de abril la guerilla de las FARC retienen la lancha "El Arca de Noé", y quitaron las provisiones de alimentos que surten las tiendas comunitarias de la región y el combustible para la movilización de los equipos misioneros y algunos proyectos comunitarios. Cada vez que un grupo armado ha llegado a estas localidades, las comunidades les han leído su declaratoria de autonomía para que respeten sus lugares de habitación y de uso comunitario de la población civil.
El día 1 de mayo a las 6:00 a.m., la guerilla de las FARC incursiona en la población de Vigía del Fuerte y ataca un bote de los paramilitares. A partir de ese momento se inició la confrontación armada desde Vigía del Fuerte hacia Bellavista, por parte de las FARC contra los paramilitares. Los paramilitares se apostaron en el área urbana de Bellavista, concentrando la tropa en el centro del pueblo, alrededor de la capilla católica, del centro de salud; frente y debajo de la casa de las Hermanas Agustinas Misioneras. La población civil empezó a refugiarse en la capilla católica, en la casa cural y en la casa de las Hermanas Agustinas Misioneras, lugares donde permanecieron hasta el día siguiente 2 de mayo.
El día 2 de mayo, en medio de la confrontación armada, hacia las 10:15 a.m. la guerilla de las FARC lanzó una pipeta explosiva de gas que cayó al interior de la Capilla Católica de Bellavista donde se encontraban amparados mas de 300 campesinos. La explosión produjo como resultado:117 muertos civiles, un 40% menores de edad, hombres y mujeres. 19 heridos de gravedad trasladados a Medellín. 95 heridos, aproximadamente, con heridas leves, atendidos en el hospital de Vigía de Fuerte.
Ante la intensidad de los enfrentamientos, la población civil se desplazó en su gran mayoría hacia la casco urbano de Vigía del Fuerte y un grupo aproximado de ochenta personas se refugió en el área rural de Bojayá de las cuales a la fecha hay cuarenta que se desconoce su ubicación y condiciones de vida.
Desde el día 3 de mayo la guerilla de las FARC asume el control de Bellavista y continúa los combates en las áreas rurales de este municipio. El día 4 de mayo, se encontraba la población civil refugiada en Vigía del Fuerte esperando el aterrizaje de dos helicópteros de la Brigada Aérea de Salud, al sentir el primer helicóptero, salieron de sus casas con banderas blancas orientando a esta nave. Este helicóptero empieza a ametrallar directamente a la población civil, pero no se produjo ninguna víctima. Cinco minutos después aterrizaron los dos helicópteros que se esperaban para el traslado de los heridos hacia la ciudad de Medellín. Hacia las 10:30 de la noche del 4 de mayo sobrevoló las poblaciones de Vigía del Fuerte y Bellavista un avión que durante dos horas ametralló y lanzó explosivos en los alrededores de estos lugares.
El día 5 de mayo, un helicóptero, un avión MIRAGE y un OB10, sobrevolaron la zona y ametrallaron los alrededores de estas poblaciones. Hasta el día 6 de mayo, continúan las acciones militares con fuertes detonaciones y sobre vuelos en cercanías a estos municipios"
De estos bombardeos aéreos a los territorios de las comunidades negras de Bojayá, resulto muerta una señora, que en momentos de los disparos desde el aire huía hacia en interior de la selva.
Según la Diócesis de Quibdó, "inmediatamente se produce el arribo de tropas del Ejército colombiano y la armada nacional a los municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá, el día 8 de mayo de 2002, también se constata la salida a los mismos municipios de paramilitares que habían quedado vivo de los combates con las FARC. Pobladores de la comunidad de Bellavista que se encontraban en la tareas de remoción de escombros y arreglo de sus casas, fueron abordados por estas personas que se identificaron como paramilitares, y solicitaban ropa y embarcaciones para cruzar el personal herido a Vigía del Fuerte. Desde ese mismo 8 de mayo, en el hospital de Vigía del Fuerte han sido atendidos varios de esos paramilitares heridos. Las casas de la comunidad de Bellavista fueron saqueadas para conseguir ropa y vestir de civil a los paramilitares" 75
Según la Diócesis, a pesar que el ejército y la Armada Nacional, acampan en Vigía del Fuerte y Bellavista y son conocedores de esta situación, no han tomado hasta ese momento ninguna acción para detener a estos miembros de los grupos Paramilitares. Por el contrario se nota una actitud complaciente para con los mismos y las peticiones de la comunidad son atendidas con ironía. Las comunidades han visto cómo dentro de las tropas mismas del Ejercito Nacional, están uniformados varios de estos paramilitares" puntualiza la Diócesis.
Para la Diócesis de Quibdó los hechos anteriormente denunciados corroboran la alianza estratégica que en esa zona del Pacífico existe entre la Fuerza Publica y los Paramilitares. Sobre todo que el genocidio ocurrido en Bellavista y considerado como un crimen de guerra, según el defensor del Pueblo Nacional, Dr. Eduardo Cifuentes, tuvo sus mas remotos antecedentes desde el 21 de abril de 2002 cuando los paramilitares incursionaron al Medio Atrato pasando por Riosucio (Bajo Atrato), donde no hubo ningún enfrentamiento con la Fuerza Pública, que tiene allí puestos de control militar y policial. Además agrega la Diócesis: "Causa extrañeza la facilidad con la que hicieron presencia en dichos municipios, reconocidos jefes paramilitares de la region. Su movilización se hizo sin ningún obstáculo por parte de las autoridades de Turbo, Quibdó y Medellín, desde donde salieron y llegaron en vuelos chárter cada uno de dichos jefes paramilitares
Para la Comisión Vida, Justicia y Paz, y las organizaciones de comunidades negras, a raíz de la forma como se dieron los hechos de Bojayá, es preocupante la manera como las Instituciones del Estado, "a quienes la Defensoría del Pueblo les envió una Alerta Temprana y por diferentes medios se les informó oportunamente la inminencia de los combates y el riesgo en que se encontraba la población civil, no hicieron nada para evitar esta tragedia. De continuar los ataques militares indiscriminados, se pone en riesgo la seguridad de la población civil que se encuentra refugiada en el municipio de Vigía del Fuerte, y la que vive en las áreas rurales de estos dos municipios. De igual manera es incierta la suerte que pueden correr aún las personas desaparecidas a las cuales no se han podido ir a buscar por razones de seguridad.
Los hechos del genocidio del 2 de mayo de 2002 permitieron el masivo desplazamiento de mas de 3000 personas afrocolombianas de Bojayá y Vigía del Fuerte que se encuentran en este momento en Quibdó
Sobre esta terrible matanza las organizaciones de comunidades afrocolombianas responsabilizan al ESTADO COLOMBIANO, no sólo por el olvido al cual tiene sometido a estas poblaciones sumidas en la miseria, sino también por su omisión para evitar oportunamente esta tragedia, ante la permisividad con el actuar de los paramilitares. Responsabiliza a LOS PARAMILITARES, al tomar a la población civil como escudo.
Lo estratégico de Bojayá para los actores en conflicto.
La revista Semana en su edición de mayo 11 de 2002 , precisa que las FARC llegaron al Atrato Medio desde 1996. No tardaron en aparecer las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tras ellos, y desde 1997 los caños y ciénagas que desembocan en el Atrato se llenaron de sangre de unos y de otros pero, sobre todo, de los pobladores. En el año 2000 los paramilitares se establecieron en Vigía del Fuerte, luego salieron del lugar, situación que fue aprovechada por las FARC que violentamente atacó el pueblo el 25 de marzo de 2000 y asesinaron a 21 agentes de policía, a ocho civiles y al alcalde. En Bellavista secuestraron a 10 agentes y destruyeron el puesto policial. Y se quedaron allí hasta hoy controlando estratégicamente el río Atrato y sus regiones aledañas, desde las afueras de Quibdó, río abajo, hasta un poco antes de Riosucio. De esta población hasta el golfo de Urabá dominan las autodefensas. Por eso desde hace ya casi tres años no hay servicio de transporte público por el río Atrato. Nadie pasa de un territorio al otro.
Una de las razones que argumenta la Revista Semana sobre interés por este territorio tiene que ver precisamente "porque de Medellín -bien sea por los ríos Murrí o Arquía- se pasa a Vigía del Fuerte y de ahí por el Riosucio se llega al Pacífico. Todas estas son rutas clandestinas y bien protegidas para meter las armas y sacar la coca. Y últimamente del Páramo de Frontino (justo entre Medellín y Vigía) para sacar el látex de heroína de los campos de amapola allí sembrados. Además, hay otros intereses, en la zona de Bajirá y Riosucio los finqueros están sembrando palma africana y recurren a la protección de las AUC."
Para SEMANA "lo que dio lugar a estos últimos combates entre las FARC y las AUC son los reposicionamientos estratégicos de ambos bandos. Las FARC, al mando del jefe histórico, el más antiguo después de 'Manuel Marulanda', Noel Matta, alias el 'Viejo Efraín' o 'Nariño', llevan varios meses acumulando efectivos en Chocó. Allá están los frentes 5, 37, 38, 58 y 59 con tres objetivos centrales. El primero, construir una retaguardia para una próxima ofensiva sobre Urabá (zona agroindustrial clave) y Córdoba, en franco ataque al corazón de las AUC. Dicen fuentes de la región que ya tienen entre 1.500 y 2.000 hombres en Chocó. El segundo, tomarse por asalto las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico y las cocinas de coca en la zona de Riosucio que controlaban las autodefensas. Y el tercero, asegurar sus canales de abastecimiento con Panamá, que estaban interrumpidos. De ese país traen alimentos frescos permanentemente pues el clima húmedo en extremo, no permite guardar la comida en caletas por mucho tiempo. Con la ofensiva guerrillera sobre sus dominios, las autodefensas reaccionaron con el ataque que comenzó el 24 de abril. Pretendían sorprender al enemigo en su madriguera para impedir su avanzada hacia el norte y mantener sus rutas de droga y armas. En esa pelea cayeron las víctimas. Como el negocio sigue, continúa la guerra de paras y guerillas por el control de las selvas Chocoanas. Las víctimas inocentes no los desaniman. Al contrario, la población inerme, hace tiempo abandonada por el Estado, es el botín."
Jurado y la Frontera con Panamá.
Entre noviembre de 1996 y el año 2001 los epicentros de mayor desplazamiento forzado en el departamento del Chocó han sido los municipios de Riosucio, Alto Baudó y Juradó como zonas de expulsión y Quibdó, Istmina y Bahía Solano como principales zonas de recepción. En Jurado (frontera con Panamá) el 18 de enero del 2001 a raíz de la muerte del alcalde de ese municipio a manos de las FARC, se produjo un desplazamiento total de sus comunidades, las cuales trazaron dos rutas de éxodo; una con destino a Bahía Solano, en su gran mayoría, y otros a Jaque en Panamá. Las cifras dan cuenta de 3500 y 4000 personas que se desplazaron inicialmente hacia Bahía Solano. Los indígenas de Jurado, por su parte, agrupados en sus diez comunidades que hacen parte de los tres resguardos (Juradó, Santa María de Curiche y Guayabal de Partadó) se vieron obligadas a conforman un sólo núcleo de población en el primero de estos.
Antes del acontecimiento del 18 de enero del 2001, Juradó ya había sufrido retaliaciones en su casco urbano por parte de grupos armados ilegales, tal como sucedió el agosto 8 y diciembre de 1999. Después de una incursión guerrillera (frente 57 de las FARC) seguida por una paramilitar entre el 5 y 8 de agosto de 1999, las comunidades indígenas Embera que ocupaban los territorios de Aguas Calientes y Guayabal de Partadó, tuvieron que huir ante las amenazas y asesinato de cinco de sus miembros entre ellos un niño de 7 años. Hasta hace poco tiempo la población de dichas localidades estaba reunida en un mismo lugar, que les servía de refugio (25 familias, 133 personas) de las cuales sólo dos familias se habían desplazado, una para el Darién (Panamá) y otra para Salaquí.
Después del desplazamiento, un frente guerrillero que opera en la región llegó dos veces al lugar de refugio, en la Cabecera de Jurado, para presionarlos por distintos medios. En el poblado abandonado por la comunidad de Guayabal y como consecuencia posterior a los hechos del 12 de diciembre de 1999, fueron muertos más de 30 infantes de la Armada Naval colombiana. La mayor parte de éstos fueron sepultados o "enterrados" en una fosa común cerca de la comunidad. Por este hecho la comunidad indígena consideró que se ha violado su territorio y no desea volver al mismo pues no están dispuestos a vivir en un "cementerio" y menos bajo la amenaza constante de los actores armados.
Los refugiados de la Frontera Panameña
"Históricamente, los flujos migratorios transfronterizos han configurado culturalmente a las poblaciones que habitan a ambos lados de la línea divisoria colombo-panameña. Sin embargo, la intensificación del conflicto armado en Colombia y el incremento del interés privado en el usufructo de la zona fronteriza, han disparado los índices de violación de los Derechos Humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Las consecuencias de la degradación y escalamiento de la guerra en Colombia han provocado el desplazamiento de unidades familiares y pequeños grupos, en décadas pasadas, que en virtud de su magnitud pasaron inadvertidos para las autoridades y la opinión pública en general. Actualmente, se presentan verdaderas oleadas migratorias que desestabilizan la gobernabilidad y capacidad de gestión de los dos estados y de las instancias locales.
"El tratamiento oficial del Estado panameño dado a los colombianos que buscan refugio en el hermano país, ha sido el de "inmigrantes ilegales" que en una gran mayoría han sido deportados, en una abierta violación a los principios internacionales del Derecho al Refugio (voluntariedad, seguridad, no devolución, entre otros) suscritas por Panamá y en especial la Declaración de Cartagena que amplia el estatus de refugiado a quienes huyendo de la guerra traspasan la frontera nacional e ingresan a otros países. La anuencia y complicidad del Estado colombiano a este respecto enturbian aún más el panorama. La respuesta de ambos Estados se basa en dos estrategias aparentemente contradictorias pero "funcionales", en tanto que descargan sus respectivas obligaciones. De un lado por la vía del discurso y el lenguaje diplomático se enfrentan a los medios masivos; y de otra parte a través de las deportaciones -conocidas por la opinión pública internacional, a posteriori- como aparente salida a una problemática creciente. Así las cosas, la salvaguarda de la vida, honra y bienes de los nacionales colombianos se desconoce por parte del Estado Colombiano; el estatus de refugiados y los correspondientes derechos de los colombianos que buscan en Panamá huir de los horrores de la guerra, se ignoran a contrapelo de la legislación pertinente.
"La zona fronteriza panameña se ha convertido para los colombianos literalmente en un área de confinamiento, en espacio de reclusión, una frondosa y verde cárcel. La salida intermedia, en el caso de los colombianos que a mediados de 1997 buscaron refugio en Panamá, consistente en la expedición de un documento que permite la estadía "provisional", reducida a una muy delimitada zona del Darién (no más arriba de Yape, si acaso en Yaviza bajo cuenta y riesgo del refugiado) y que solo en casos excepcionales de enfermedad permite el ingreso a Ciudad de Panamá. Esta situación es una clara muestra de aplicación de una estrategia jurídica que no brinda soluciones de fondo a la problemática de los refugiados colombianos en Panamá. Dichos documentos en muchas ocasiones son retenidos, confiscados o destruidos por las autoridades militares panameñas que establecen fuertes controles en la zona del Darién, en algunas ocasiones dando lugar a detenciones arbitrarias o en el peor de los casos deportaciones, incumpliendo así con los principios del Derecho de los Refugiados. La situación jurídica de los colombianos allí ubicados es sumamente problemática. Se encuentran en una especie de interdicción de sus derechos, son extranjeros, "ilegales", no se les reconoce el estatus de refugiados y los derechos conexos a esta situación, no son ciudadanos, su libertad de locomoción está restringida. En estricto sentido, son verdaderos parias. Sin embargo es preciso aclarar que los refugiados provenientes de Juradó ubicados en Jaqué y Biroquerá han recibido atención médica, buen trato por parte de la guardia panameña, y atención de ONPAR. No obstante se restringe la salida de la zona hacía otros lugares de Panamá.
"Son tres los grupos de refugiados asentados en territorio panameño, sus circunstancias, alternativas y expectativas así mismo son bien distintas. Un primer grupo que arribo a mediados de 1997 y que ha logrado mantenerse frente a las deportaciones. Un segundo grupo es el del éxodo masivo proveniente de Juradó (Chocó). Y un tercer grupo mucho más difícil de cuantificar e incluso de ubicar de refugiados anónimos que se esconden en la espesura de la selva por miedo a la cárcel y a las deportaciones. El primer grupo está ubicado principalmente en las inmediaciones de Yaviza, Yape y Boca de Cupé, son aproximadamente unas 300 personas. Los refugiados provenientes de Juradó están ubicados en Jaqué, son 550 personas aproximadamente. El tercer grupo se desperdiga por esa zona de frontera difusa en donde la guardia panameña casi nunca ingresa, puesto que es zona de control de la guerilla o de violentas incursiones paramilitares, su número es incierto puesto que ninguna institución, por obvias razones de seguridad, puede ingresar a la zona . Por tanto la cuantificación y análisis de las reales condiciones de este último grupo son aún más difíciles.
"En Jaqué y en Biroquerá, provenientes de Juradó (Chocó), se encuentran 97 familias (447 personas) y 15 familias (85 personas) respectivamente. Dichas familias fueron expulsadas a mediados de diciembre de 1999. En Yape (9 familias -59 personas-), Yaviza (6 familias -43 personas-) y el Real (una persona), se encuentran algunos de los colombianos expulsados de Acandí y Unguía (chocó) durante el primer semestre de 1997. El primer grupo se encuentra en etapa de emergencia, el segundo está en etapa de transición puesto que no ha logrado romper el cordón umbilical de la ayuda humanitaria ni consolidar procesos de sostenibilidad autónoma".
En el área rural del municipio de Buenaventura, departamento del Valle, desde 1998 se comienzan a presentar casos de desplazamientos de población afrocolombiana hacia la cabecera municipal y hacia la capital del departamento del Valle, Cali. Inicialmente la causa de los desplazamientos son los enfrentamientos entre las guerillas del ELN y las fuerzas armadas en la zona de la carretera al mar, en el río Dagua y en el río Anchicayá (particularmente en el área de la represa hidroeléctrica de Anchicayá). Para el año 1999, los grupos paramilitares reivindican su llegada a la zona de Buenaventura anunciando "limpiar" la región de guerrilleros. En mayo del 2000 se producen masacres de campesinos reivindicadas por los paramilitares en las veredas de Sabaletas, Aguasclaras y Llano Grande. Simultáneamente prosiguen los combates entre guerilla y fuerzas armadas. Se producen nuevos desplazamientos masivos de población hacia el casco urbano de Buenaventura que, para este momento llegaban a la cifra de 2500 personas.
En Junio del 2000 el CODHES declara en "alerta temprana"(30) 37 veredas de los 5 principales ríos del municipio de Buenaventura. Según organismos de derechos humanos e informes de prensa, el 60% (aproximadamente unas 20.000 personas) de la población rural de Buenaventura se encuentran en un alto riesgo de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado.
En Agosto del 2000 los grupos paramilitares (las AUC) reivindican mediante comunicado de prensa que han logrado expulsar a los guerrilleros del municipio de Buenaventura En realidad si bien es cierto que la ofensiva paramilitar y de las fuerzas armadas debilita la presencia de la guerilla en la zona, esta no desaparece del área.
En el mes de junio de 1999 en las calles de Buenaventura fueron repartidos hojas sueltas que en su encabezado decían " ALERTA. ALERTA, MALEANTES, DELINCUENTES, BASUQUEROS Y SECUSTRADORES ASESINOS DE BUENAVENTURA. LES LLEGO SU HORA". Este documento anunciaba que por ordenes expresas de Carlos Castaño habían llegado al puerto de Buenaventura 23 expertos "...que nos desplazaremos en grupos en toda la localidad, para combatir la delincuencia de esta ciudad." El mismo comunicado señala que han recibido "... ordenes para combatir a los malandrines del bario Unión de Vivienda, R-9,Barrio Bolívar, Camilo Torres, Barro La Fortaleza, Juan 23,Viento Libre, El Arenal, La Ruñidera, B/vista, El Cocal, El Oriente y Kennedy entre otros" El panfleto esta firmado por "CARLITOS, EL FUCILERO. 12. FRENTE PARAMILITAR" 76.
El primer fin de semana de Julio de ese año, después de repartidos los panfletos, fueron asesinadas 17 personas, la mayoría de ellos correspondían a jóvenes entre los 14 y los 26 años. A la semana siguiente el numero se elevó a 47. En muchos de los cadáveres aparecieron panfletos que anunciaban la continuación de la "campaña de limpieza". Los muertos se han registrados en los barrios R-9, El Lleras, Viento Libre, San José y en el centro de la ciudad. Los familiares han dejado de colocar denuncias por temor a represalias. " Según versiones de la comunidad, en todos los casos se reporta la presencia de una moto a veces a pie y una camioneta Luv propiedad del grupo GAULA de la policía y un taxi marca DAEWOOD sin placa." 77
El día 1 de abril de 2001 en el barrio Nuevo Horizonte fueron asesinados tres jóvenes cuyos nombres corresponden a Juan Carlos, Jaime y Harvey, se desconocen los apellidos y fueron heridas cinco personas.
El 11 de abril de 2001 aproximadamente a las ocho de la noche llegaron al estadero "Los Chorros" cuatro personas, entre ellas una mujer y después de pedir un refresco, se dirigieron al señor JHON WILSON disparándoles en dos oportunidades y luego dispararon a su madre.
EL RIO NAYALa región del río Naya, ubicada en la zona limítrofe de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, sobre la cordillera occidental colombiana, es una extensa área de difícil acceso, que está integrada a los Farallones de Cali en su región oriental y a la costa Pacífica por el occidente. Desde el punto de vista de su adscripción administrativa, pertenece a los municipios de Buenos Aires, departamento del Cauca, y a los municipios de Jamundí y Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca.
En la actualidad, por la precariedad de la presencia del Estado y de los sistemas de producción y comercialización de los productos, la zona se ha visto afectada, adicionalmente, por un número considerable de hectáreas destinadas a cultivos ilícitos.
La región de El Naya se encuentra dividida en tres zonas biogeográficas; parte media-alta comprende la zona montañosa hasta los linderos del parque natural Los Farallones, zona media que se extiende desde los linderos del parque hasta el inicio de la zona de manglar y la parte baja, comprendida por la zona de marea. La región del medio y bajo Naya esta habitada por aproximadamente 17.000 personas, principalmente de raza negra a excepción del resguardo indígena de Juanquicito Eperarasiapidara. Por su parte en el alto Naya la población es principalmente indígena (páeces y guambianos) organizada en varios resguardos indígenas.
La zona de cordillera de El Naya está habitada por cerca de 4.000 personas, población que se distribuye, entre otras, en las veredas El Placer, La Vega, Las Brisas, Loma Linda, Sinaí, La Paz, Río Mina, El Playón, Pitalito, El Pital y Río Azul (Cauca) y Las Minas, Miravalle, Santa Helena, El Edén, Pico de Loro, La Playa, Riecito y Ramos Hidalgo (Valle del Cauca).
En la región, las FARC hacen presencia desde hace más de 20 años y actúan de manera intermitente. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, opera desde hace aproximadamente 10 años en la parte alta de la cordillera. Las condiciones topográficas y la ausencia estatal han facilitado esta presencia y las operaciones insurgentes de los diferentes grupos armados.
En la actualidad, se afirma que el ELN ha utilizado la región como ruta de escape y área de habitación de las personas secuestradas en forma masiva, tanto en el caso de la Iglesia La María de Cali, como en los hechos registrados en el kilómetro 18 de la ruta de esa ciudad hacia el mar.
La zona de El Naya constituye también una importante ruta de acceso de los actores armados al pacífico colombiano. Dadas las condiciones de abandono de la región y de baja densidad de población, los diferentes grupos al margen de la ley pueden, más fácilmente, llevar a cabo sus acciones ilícitas, tales como, el tráfico de armas, la comunicación entre diversos frentes armados y la comercialización de productos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
Vale la pena señalar que esta ruta permite conectar el pacífico colombiano con la vía Panamericana y, por consiguiente, con el oriente del Valle del Cauca y, hacia el sur, con el Macizo Colombiano.
Por estas razones, entre otras, la zona se ha convertido en un escenario de disputa entre los actores armados, por el dominio territorial. Esta situación permite comprender que los hechos registrados durante los días de la pasada Semana Santa, no son aislados, ni coyunturales, sino que, por el contrario, responden a la dinámica del conflicto en la región y a la estrategia de guerra de los actores armados.
En esta zona los paramilitares hicieron presencia publica en junio del 2000, desde entonces ejercieron presión sobre los pobladores realizando retenes, controlando la entrada de alimentos, realizando asesinatos selectivos y elaborando listas de personas amenazadas y prohibiendo a la población el desplazamiento.
Las Autodefensas Unidas de Colombia incursionaron violentamente en el mes de junio de 2000, en un sitio ubicado a 4 kilómetros de Timba, por la vía que de este lugar conduce a la vereda El Ceral. En esa ocasión, sembraron el terror entre los habitantes, al asesinar, sin motivo conocido, a un joven de 17 años y a un campesino del corregimiento El Porvenir.
El 21 de junio de 2000 incursionan violentamente las denominadas autodefensas por las veredas La Ventura y San Francisco del corregimiento de Timba, en donde resultaron 10 personas asesinadas y unas 2.500 desplazadas
El 29 de agosto de 2000, las FARC hacen presencia en las áreas urbanas de los municipios de Santander de Quilichao y Miranda.
El 4 de septiembre de 2000 en la localidad La Balsa fueron asesinadas 4 personas, al parecer, por parte de las denominadas autodefensas, la Defensoría tuvo conocimiento de la desaparición de aproximadamente 30 personas desde esa fecha hasta el 24 de octubre de 2000 y de una posible incursión de ese grupo por las localidades de Timba, La Esperanza, El Ceral y Palo Blanco.
Luego su retiro ocasional, obedeciendo la presencia del Ejército Nacional. En noviembre de 2000, se informó a la Defensoría acerca de la existencia de un retén paramilitar en la vía que de Buenos Aires y Santander de Quilichao conduce a la región de El Naya. Desde este lugar se estuvo controlando, por parte de miembros de la denominadas autodefensas, el acceso de alimentos y víveres hacia las comunidades de El Naya.
El 12 de diciembre de 2000 ,la Defensoría del Pueblo tramitó una alerta temprana, ante la inminencia de una acción violenta en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Morales y Cajibío, por parte de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, a través de sus Bloques Calima y Farallones de Cali.
En diciembre 23 del año 2000 por una amenaza paramilitar se desplazaron las comunidades de 25 veredas de los municipios de Suárez y Buenos Aires, aproximadamente 6.000 personas de las comunidades indígenas, negras y mestizas. En tanto que los pobladores indígenas y negros de la zona del Alto Naya se quedaron aislados y sin que les entrara alimentos.
En ese mes, las denominadas autodefensas amenazaron a la población del resguardo de La Paila Naya y obligaron a por lo menos 4.000 personas a abandonar el lugar. El desplazamiento se realizó hacia Timba, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Caloto y Jamundí.
La llegada de tropas del Batallón Pichincha al corregimiento de Timba, en diciembre de 2000, normalizó en forma temporal la situación de la zona y facilitó el retorno de la población, luego de un proceso de concertación entre las comunidades y algunas autoridades del Gobierno, en medio de unas condiciones de alto riesgo para los habitantes de la zona.
La presencia del Ejército se mantuvo hasta mediados del mes de enero de 2001. Con su salida, nuevamente las denominadas autodefensas hicieron presencia en dicho corregimiento. Las tropas del Ejército reaccionaron frente a esta situación e hicieron presencia nuevamente en el lugar. Sin embargo, el ataque realizado por las al Cerro Tokio, en jurisdicción del municipio de Dagua, Valle, obligó al Ejército a reforzar su presencia en ese punto, con efectivos del Batallón Pichincha. Este hecho facilitó una nueva ocupación del corregimiento, por parte de las denominadas autodefensas, el 10 de marzo pasado.22
En abril del 2001, se produce la irrupción de algunos miembros de las denominadas Autodefensas, en el municipio de Cajibío.
El 11 de abril de 2001 se comunicó por parte de la Defensoria a las autoridades competentes la movilización masiva de un grupo, presuntamente de las denominadas autodefensas, desde el municipio de Buenos Aires hacia el Alto Naya, por las localidades de La Esperanza y El Playón.
En Semana santa del 2001 los paramilitares del Bloque Calima y Farallones de las AUC incursionaron desde el Norte del Cauca sobre el Alto Naya, masacrando y descuartizando 30 personas y generando el desplazamiento de pobladores hacia Buenaventura e internamente entre las veredas y quebradas del mismo río Naya. De acuerdo con las informaciones recaudadas, las denominadas autodefensas prepararon la acción, el sábado 7 de marzo, durante una reunión llevada a cabo en el lugar conocido como el Cerro La Teta. La Defensoría tuvo conocimiento de que desde este punto y por la vereda San Miguel, miembros de las denominadas autodefensas ingresaron a la localidad El Ceral y a las veredas Patio Bonito, Río Minas, La Paz y El Placer, con cerca de 500 hombres armados.
Este mismo grupo, entre el 10 y el 13 de abril del año 2001, realizó un recorrido de violencia por toda la región de El Naya, cuyo resultado definitivo aún no ha sido precisado por las autoridades, pero que de conformidad con las versiones recogidas, deja como saldo la muerte de cerca de cuarenta personas y el desplazamiento forzado de más de 1.000 habitantes de la localidad.
A la fecha, no existe certeza respecto a la forma como se desarrolló el operativo paramilitar. Según una versión de los hechos, los victimarios se movilizaron en un solo bloque. De acuerdo con otra interpretación, dos grupos armados recorrieron senderos diferentes, cada uno de los cuales estaba conformado por 250 miembros.
Es oportuno destacar que los posibles lugares de ingreso a la zona de los hechos se encuentran ubicados en las inmediaciones del corregimiento de Timba, localidad que contaba, entonces, con la presencia de efectivos de las Fuerzas Militares 78 [5].
El día 11 de abril, fue asesinada una menor en la vereda El Ceral, ubicada a una hora de Timba, en automóvil por carretera destapada. De allí, los hombres armados continuaron su camino hacia la vereda Patio Bonito, lugar en donde fue asesinada otra mujer. Los miembros de las autodefensas prosiguieron su recorrido de terror hacia las veredas Río Minas, La Paz y El Placer, situadas a más de 12 horas a pie, de la vereda El Ceral.
En el sitio Río Minas, unos hombres reunieron a la población, la amenazaron y le ordenaron que anunciaran que ese territorio era propiedad de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia y que éstas no estaban dispuestas a abandonarlo.
De acuerdo con algunas versiones, el número de muertos asciendió a cuarenta, pero sólo ha sido posible verificar la muerte de 22 personas. El Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, por su parte, llevó a cabo 20 diligencias de levantamiento de cadáveres. De acuerdo con la información obtenida por la Defensoría, algunos cuerpos fueron arrojados a los abismos y otros a los ríos de la región que desembocan en el río Cauca. Según las versiones, algunas víctimas fueron desmembradas con motosierra. No existe información precisa acerca de señales de torturas y vejámenes en los cuerpos de las víctimas.
Finalmente, el sábado 13 de abril de 2001, las denominadas autodefensas abandonaron la zona. El domingo de ramos, hizo su arribo la Fuerza Pública hasta el sitio conocido como La Silvia, distante, aproximadamente, 10 horas a pie de las veredas en donde se presentó el mayor número de víctimas.
Para la Defensoría del Pueblo, resulta inexplicable la forma cómo aproximadamente 500 hombres de las autodefensas pudieron realizar una movilización de estas características, sin ser advertidos, más aún cuando la zona por donde se estima incursionaron los hombres armados al área, se encuentra situada a 20 minutos del corregimiento de Timba, lugar en donde está ubicada la base del Ejército Nacional, desde el 30 de marzo del año en curso. Como consecuencia de estos hechos, numerosas familias se vieron forzadas a desplazarse hacia Timba, Jamundí, Cali, Santander de Quilichao y Buenaventura, muchas de las cuales tuvieron que fraccionarse en el momento del desplazamiento.
Según datos de la misión realizada en el río Naya entre los meses de mayo y junio del 2001 y la información sobre población desplazada de esta región reportada por el equipo de la Pastoral Social de la Diócesis de Buenaventura, se registró un total de 3.850 personas desplazadas de la región del Naya, equivalente a 685 familias. De este total el 94.94% de la población desplazada pertenece a la etnia negra; mientras el 2.62% a mestizos y el 2.44% a indígenas. Del total de la muestra el 50.57% (1.947 personas) son mujeres y el 49.43%(1.903 personas) son hombres
Los desplazados de diciembre del 2000 y los de semana santa del 2001 retornaron en su inmensa mayoría a sus veredas de origen, previo acuerdo con las autoridades nacionales y locales y mediante el compromiso de que se adoptarían medidas para garantizar su protección, asistencia humanitaria y restablecimiento socioeconómico.
Luego de efectuado el proceso de retorno de la población de El Naya, a mediados de enero del año 2002, las autoridades y entidades acompañantes de las comunidades efectuaron actividades de seguimiento y verificación de las condiciones de atención y seguridad en la zona. Estas labores permitieron advertir el riesgo y vulnerabilidad de las comunidades, al igual que sus necesidades de ayuda humanitaria. No obstante, la acción desplegada fue insuficiente para alcanzar una adecuada coordinación interinstitucional, que permitiera adoptar las medidas necesarias para que los riesgos advertidos pudieran ser evitados efectivamente.
Ambos desplazamiento fueron anunciados con anterioridad a su ocurrencia. (Sistema de Alerta temprana en las cuencas de los ríos Ahora, si bien los habitantes de las cuencas de los ríos ubicados en la Antigua carretera al mar, viven con temor y muy alterados por lo que pueda suceder en adelante, también se advirtió por parte de los consejos comunitarios el riesgo que presentan varias poblaciones de las cuencas de ríos:
El día 29 de abril de 2001 hacia la una de la madrugada, al poblado de El Firme ubicado en las riberas del río Yurumanguí -a tres horas de Buenaventura (vía fluvial)- llegaron aproximadamente 30 hombres armados quienes se identificaron como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Bloque Calima, los cuales irrumpen violentamente en las casas de los pobladores obligándolos a salir de ellas, asesinando a cinco personas con hachas y dos mas fueron asesinados a tiros, los demás lograron escapar, luego procedieron a pintar mensajes en las paredes de las viviendas, como " bajamos del Naya y nos quedamos", "AUC presentes",etc. Según versiones de la población los paramilitares portaban capas y uno de ellos uniforme de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Estos hechos ocasionaron generaron el desplazamiento de 120 personas habitantes del lugar y otras comunidades vecinas se desplazaron hacia la parte alta del río en la comunidad de San Antonio, Puerto Merizalde, en el Naya, y algunas a Buenaventura.
Según la información registrada por la Pastoral Social de Buenaventura, de la cuenca del río Yurumanguí han salido a este municipio 21 familias equivalentes a 129 personas de las cuales el 53.49% (60 personas) son hombres y el 46.59%(60 personas ) son mujeres. El 100% de la población pertenece a la minoría negra o afrocolombiana.
El río Anchicayá tiene su nacimiento entre Pance (Valle) y el Parque Nacional Natural de los Farallones, limita al norte con Buenaventura y al sur con el río Cajambre. Hacia el año 2000 comienzan a circular los rumores de la incursión en la región y las amenazas de los paramilitares, rumores que comienzan a tomar forma después de la masacre realizada por estos grupos el 11 de mayo de 2000 en Sabaleta, ubicada por la denominada "carretera vieja", que conduje de Buenaventura a Cali, donde fueron asesinadas 3 personas y desaparecidas 5. Posterior a esta masacre se incrementaron las amenazas y los rumores de la incursión lo que generó los primeros éxodos masivos de personas.
Los pobladores que continuaron en la zona luego de estos hechos, comenzaron, según versiones recogidas, a recibir presiones sicológicas y hostigamiento por parte de la fuerza pública, quienes al parecer, a finales del 2000 realizaron bombardeos en las cabeceras del río, y aunque no se ha tenido conocimiento de victimas de la población civil, si las ha atemorizado y obligado a salir de la zona; comunidades como Callelarga, Pogoró, Santa Bárbara, San José, Llano Grande, entre otras, han sido abandonadas. Igualmente algunos campesinos han sido ultrajados mientras realizaban labores de campo y ha sido repartida propaganda aérea, alusiva a la presencia subversiva en la región.
El día 1 de mayo del 2001 aproximadamente a la media noche un grupo de hombres armados, algunos de ellos encapuchados, portando armas largas y cortas, incursionaron en el poblado La Contra ubicado en la desembocadura del río Anchicayá al océano Pacífico, a 45 minutos de Buenaventura, al parecer buscaban a los hombres que habitaban en el lugar, los cuales huyeron, al no encontrarlos quemaron una casa y robaron dos motores nuevos y los camarones que se encontraban en las lanchas. Como consecuencia de esta incursión paramilitar se produjo el desplazamiento de 240 personas habitantes del lugar, 140 de ellos son memores de edad, quienes se encuentran en las riberas del río Anchicayá.
De la cuenca del río Anchicayá, han salido desplazadas hacia Buenaventura 145 familias, equivalentes a 843 personas. De estas, el 51.01% (430 personas) son hombres y el 48.99% (413 personas) son mujeres.
En el lugar llamado Bello horizonte, zona de manglar del río Raposo, se encuentran refugiados 12 familias llegadas recientemente, más 16 que se desplazaron desde 1998 y que no han regresado a su lugar de origen en el mismo río.
En Cucho Geriondo se encuentran ocho familias desplazadas y en Santa Ana, bocana del Raposo, se encuentran siete familias. Igualmente en Zolan, limite entre Mallorquín con Raposo, se encuentran otros desplazados pero no se conoce el numero exacto y algunas personas han salido para Buenaventura. En las comunidades de Humanes e Islas Peladas se encuentran familias desplazadas del río Yurumanguí
El día martes 21 de mayo, llegaron cuatro lanchas de las Autodefensas Unidas de Colombia a las veredas Cocalito y Guadalito, en la zona Baja del río Raposo, supuestamente en busca de la guerilla (Frente 30 de las FARC), presentándose disparos de parte de los dos bandos, los miembros de la comunidad se desplazaron río abajo.
En el estero Fabián, ubicado frente al barrio Lleras, zona urbana de Buenaventura donde realizan fuertes controles la segunda Brigada de la armada Naval, los pescadores que transitan por el lugar observaron el día 3 de febrero del 2001, tres cadáveres ahorcados que colgaban en los árboles de mangle, en la semana siguiente observaron otro cadáver. Estos cadáveres permanecieron en el lugar hasta descomponerse.
El día 3 de marzo de 2001 a las 7:30 de la noche, en la vereda Citronela del municipio de Buenaventura, ubicada en el kilómetro 14 , en le desvío de la carretera que conduce a Cali, llegaron cuatro hombres encapuchados hasta el andén de una casa donde un grupo de personas jugaban domino, preguntando por unas personas , cuando los personas respondieron no conocerlos, procedieron a disparar , asesinando a dos personas.
En el municipio de Santander de Quilichao, los paramilitares han asesinado de manera selectiva a aproximadamente 300 personas, ellos patrullan abiertamente en el casco urbano y tienen bases notorias en La Balsa y Ventura donde han establecido retenes controlando la movilización de personas, el transporte de alimentos y medicamentos y saqueando las pertenencias de los campesinos de la zona. En Timba es evidente la convivencia entre la fuerza publica y los paramilitares.
En la actualidad en la región del Naya en la zonas media y alta se encuentra unas comunidades afrodescendientes aisladas, que no han podido desplazarse por la presencia de los grupos armados ilegales en los ríos de la zona. Dichas comunidades se hayan en altos niveles de vulnerabilidad, sometidos a toda clase de arbitrariedades, falta de alimentos y a posibles enfrentamientos. También se ha conocido de un gran numero de personas que deambulan por la zona rural en la más completa indefensión
El 11 de abril del 2002 incursionó en Puerto Merizalde, río Naya, un grupo armado que se presentó como Autodefensas Unidas de Colombia y reunieron a la comunidad para prohibirles salir de la zona y utilizar el teléfono veredal y que si lo hacían los matarían. Ese mismo día estuvieron en la vereda El Barranco procediendo de la misma forma.
En el río Timba, una quebrada que va al río Cajambre, al parecer este mismo grupo, disparó sobre una lancha en la que se transportaban 12 personas de la vereda San Miguel y asesinaron a una persona e hirieron a otra.
El departamento de Nariño se encuentra situado en la parte sur occidental del país, tiene una área de 33.268 Km., esta conformado por 62 municipios, dividas en dos grades regiones: 1) La región andina, conformada por 52 municipios con una extensión de 15.969 Km. equivalente al 485 de la superficie del departamento y que constituye el 83 % de la población y 2) La región del Pacífico constituida por la llanura del Pacífico y el piedemonte de la cordillera occidental, conformado por 10 municipios con una extensión de 17.299 Km. es decir 52% de la superficie departamental con una población del 17%.
Las comunidades negras del departamento de Nariño se asientan principalmente en la región del Pacífico, concretamente en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Santabárbara (ubicados en la zona costera) y Barbacoas, Roberto Payan, Magüí Payán (zona centro- piedemonte). Los dos principales afluentes son los ríos Mira y Patía donde confluyen los ríos Telembí, Guelmabí, Mataje, chili, etc.
En la región solo existen dos hospitales, en Tumaco(nivel 2) y en Barbacoas (nivel 1) las demás cabeceras municipales solo cuentan con centros de salud en su gran mayoría deficitarios en infraestructura y personal capacitado para atención en salud.
En el Pacífico Nariñense las empresas que hacen presencia son las palmicultoras, camaroneras, palmicheras, madereras y mineras, las cuales han arrasado gran cantidad de la riqueza natural de esta región, dejando en mayor pobreza a la población nativa.
Varios factores han contribuido a la violación de los derechos humanos y étnicos de los pobladores afrocolombianos de Nariño: presencia del monocultivo de la Palma Africana, la camaronicultura, la ganadería y el testaferrato en la zonas de la carretera Tumaco- Pasto y de los ríos Mira y Mataje, la explotación del oro con retroexcavadoras en Barbacoas, Iscuandé y el Charco y la presencia de cultivos ilícitos en Bocas de Satinga, zonas rurales de los municipios de Tumaco, Barbacoas, Magüí Payan, Roberto Payan
El monocultivo de la palma africana se convierte en una de las grandes amenazas para las comunidades negras por lo que ha logrado expandirse de tal manera que ha generado una gran deforestación de los bosques, extinción de muchas especies y la contaminación de los ríos por el manejo que se le da al procesamiento de la pepa, así mismo muchas de las tierras cultivadas han sido apropiadas de manera arbitraria debido a que los nativos se han visto obligados a venderlas a bajos costos o abandonarlas y tener que desplazarse por las amenazas y el acoso por parte de las empresas, algunos ha sido asesinados por la defensa de sus tierras.
En la década de los ochenta llegan a la región las empresas camaroneras, las cuales han provocado daños a la flora y fauna de los manglares disminuyendo la seguridad alimentaría de los nativos, que por años han derivado el sustento diario de este habitad.
En los años noventa aparecen en la zona los cultivos ilícitos, implementados en principio por personas ajenas a la región y luego acogido por los nativos como mecanismo de subsistencia por las precarias condiciones de vida de los pueblos afro descendientes, consecuencialmente la guerilla (FARC Y ELN) hace presencia en la zona, invadiendo tierras para el cultivo y ejerciendo control político y social sobre varias poblaciones de la región, posteriormente por intereses sobre el control de la economía cocalera y conocedores de la posición estratégica de la región llegan los paramilitares.
En la región, además, se planea la implementación de varios megaproyectos que van en contra de los intereses colectivos y de protección del medio ambiente de los Afrocolombianos e indígenas que la habitan, entre ellos tenemos:
- Carretera binacional Espriella- rio Mataje
- Construcción de Hidroeléctrica e Bocas de Satinga.
- Proyecto estatal del "Plan de Acción Forestal para Colombia y Explotación Industrial del Recurso Forestal, Minero, Pesquero y Palma Africana, por parte de Compañías Nacionales y Extranjeras".
Hasta el momento el INCORA a adjudicado a las comunidades negras de la costa pacifica nariñense 8 títulos colectivos, mientras se han solicitados 20. Los pocos avances de la titulación colectiva en la zona de la ensenada de Tumaco, tiene que ver con la presión ejercida por palmeros, camaricultores y los megaproyectos.
Este municipio forma parte de la región del Pacífico Nariñense, la cual se encuentra ubicada en el extremo sur occidental de la República de Colombia, en la región biogeográfica del Pacífico, un área estratégica por su ubicación y por ser la segunda zona del mundo en diversidad biológica, después de la Amazonía, a pesar del saqueo de sus recursos naturales a la que a sido sometida.
La población de Tumaco es de aproximadamente 150.000 personas la mayor parte afro descendiente.
Desde el 3 al 9 del mes de septiembre de 2000, justo en los días en que se celebraba la "Semana por la Paz" y se inician las fumigaciones de los cultivos ilícitos como parte del Plan Colombia, aparecieron varios graffitis en la ciudad de Tumaco, anunciando oficialmente la presencia paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. Llama la atención la coincidencia entre la irrupción paramilitar y el inicio de las fumigaciones para la erradicación de cultivos ilícitos, como parte del Plan Colombia.
A partir de este momento los miembros de la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco fueron amenazados; el día 13 de septiembre de 2000 fue asesinado el vigilante de la plaza de mercado llamado "La Mosca".
Hasta el mes de noviembre de 2000 se desató una ola continua de asesinatos selectivos (55 según el diario EL Espectador, no menos de 100 según la Pastoral Social), cuyas víctimas fueron personas acusados de colaborar con la guerilla como también indigentes y delincuentes comunes, dentro de la mal llamada "limpieza social", luego se presentó el asesinato y amenazas de algunas voces independientes. Estos crímenes fueron realizados a plena luz del día y varios de ellos a escasos metros de la Estación de Policía, sin que se presentara reacción inmediata por parte de esta autoridad. Igualmente se registró el intento de asesinato a un reconocido líder cívico, mientras dos profesores del Instituto Técnico Industrial son notificados de amenazas contra su vida y tienen que salir de Tumaco, se toman fotografías a personal de la Diócesis de Tumaco y a varios ciudadanos que se encontraban reunidos en el Centro Catequístico para analizar la situaciones violencia en la zona. Por su parte los miembros de la Junta Directiva del Sindicato del Magisterio de Tumaco presentan su renuncia por sentirse amenazados.
Según varias informaciones al parecer algunos miembros de la policía de Tumaco, del DAS y de la Base de entrenamiento de Infantería de Marina No. 2 (BEIM2) estaría implicados en los asesinatos selectivos por acción u omisión. De la misma forma es conocido por la comunidad que algunos comerciantes y palmicultores presentes en este municipio, la gran mayoría no nativos, colaboran con dinero para el financiamiento de los paramilitares.
Se especula que en la actualidad se encuentran en Tumaco aproximadamente 200 paramilitares, entre sicarios, agentes de inteligencia, informante y colaboradores. Informaciones callejeras dan cuenta que el jefe paramilitar en Tumaco se llama Pablo y el área urbana esta a cargo de alias Gustavo; también se conocen los nombres de cuatro detenidos por porte ilegal de armas y por motocicletas sin placas. Llama la atención la libertad con que se movilizan y el patrullaje de los paramilitares por toda la ciudad de Tumaco, tanto en automóviles como en motocicletas que circulan sin placa y la incursión violenta a las casas de sus víctimas, ante la mirada tolerante de las autoridades. Es de público conocimiento que los lugares frecuentados, los de reunión y vivienda de los paramilitares están ubicados en zonas muy cercanas a las bases militares de Tumaco y en áreas de patrullaje y movilización permanente de la fuerza pública, como son los barrios de La Florida, La cordialidad, el Morro 20 de julio, Avenida La Playa, Avenida Férrea y la Gran Vía.
Las bases militares que habían sido desocupadas por la Infantería de Marina del municipio de Tumaco, en la actualidad vienen siendo utilizadas por los grupos armados ilegales que reclutan jóvenes y menores de edad de las comunidades afro colombianas a los que ofrecen salarios mensuales entre $500.000 y $800.000 para que se incorporen a estas actividades ilícitas.
En la región del río Mira, frontera con el Ecuador, motivados por la ejecución del proyecto binacional de la carretera Tumaco Esmeraldas y la expansión de las áreas de cultivo de palma africana, nuevamente grupos ilegales armados financiados por los grupos económicos vienen ejecutando atropellos y amenazas contra la población afro colombiana asentada en la región, por ejemplo en el Congal Alto Mira los paramilitares invita a los Afrocolombianos a sembrar palma y coca por tal razón algunas personas se han desplazado para el Ecuador.
En las comunidades del Congal, Sagumbita, Cacaotal, entre otras, los paramilitares tienen aproximadamente cinco laboratorios de coca, venden la semilla a los campesinos a dos mil pesos por árbol, hacen prestamos millonarios a los campesinos para la siembra de coca con el compromiso de venderles la producción, enamoran a las jovencitas y las convierten en informantes, establecen retenes en las canoas de pasajeros que transitan por el río Mira y le sustraen parte de la remesa a los pobladores como cuota a la organización paramilitar.
El 11 de octubre de 2000 en Tumaco, en el kilómetro 28, hombres armados segaron la vida de JOSE LUIS CASIERRA, ALVARO ANDRES AGULO ACOSTA, JUAÑ QUIÑOÑES, WILLIAM VALLECILLA y JESUS PALACIOS y fueron heridos en este atentado seis personas .
En noviembre del mismo año, fueron asesinadas tres personas no identificadas, una persona del Ecuador SIGIFREDO REVELO y LUIS EÑRIQUE ROSERO; PASCUAL QUIÑOÑES, LUIS MOTAÑO, ALFREDO LUCIANO MORALES, CLAUDIA LOREA PARRA, JAIRO ENRIQUE GARCES, JESUS EÑRIQUE SAÑCHEZ, LUIS EDILERTO CORTES, TEUDULO ULISES QUIÑOÑES .
El 16 de noviembre, el Capitán de Fragata, Mauricio Gómez, de la Base de la Armada Nacional de Tumaco, advierte a los docentes MIGUEL CUELLAR y ERICK HURTADO, sobre posibles asesinatos de dirigentes en la zona a manos de grupos ilegales de autodefensas. Los docentes tienen que salir de la ciudad
En este mismo mes, es allanada la residencia del dirigente VERARDO CUERO, pocos días después es abaleado a 300 metros de la estación de policía, por lo cual se vio obligado a desplazarse.
EDGAR CHILLAMO, mecánico, y JOSE RAULFO PRECIADO, taxista, son asesinados, mientras se conoce las amenazas contra CARMELA QUERADA dirigente comunal y concejal electa
El 24 de marzo de 2001, se realiza una incursión paramilitar a la localidad de Llorente, según versiones del ejercito mueren dos civiles. El diario el Espectador habla de masacre, cadáveres regados al lado de la vía y utilizando de motosierras. El gobernador de Nariño, DR Parmenio Cuellar, emitió un comunicado a la prensa nacional e internacional, basado en un informe diseñado por el director del DAS y donde se da cuenta de la menos en la zona del Pacifico nariñense se habrían producido mas de 20 asesinatos.
En abril 27 de 2001, es asesinado en Tumaco el periodista y corresponsal del diario VOZ PROLETARIA FLAVIO VEDOYA SARRIA, quien había sido amenazado de muerte por los paramilitares el cuatro del mismo mes.
En el mes de mayo del mismo año es amenazado el líder JORGE ORTIZ, quien tuvo que desplazarse para proteger su vida.
El 19 de julio del 2001 llegan a la vereda Sebastián de Belalcázar, municipio de Tumaco, aproximadamente 250 paramilitares, sacaron a todas las personas de sus casas, los reunieron y les comunicaron que estaban buscando a tres personas que aparecían en una lista elaborada por ellos. En este momento tienen una base en la vereda de San Juan de la Costa, del mismo municipio, esta vereda pertenece al consejo comunitario de ACAPA, el cual tiene un proceso organizativo de nueve años en pro de la defensa del territorio.
En el presente año, se han incrementado de manera dispersa los homicidios para dar forma a las operaciones de aniquilamiento de la población civil sin el ruido de las masacres; además en la costa pacifica nariñense se vienen presentando secuestros, desapariciones forzadas, amenazas y hostigamientos tanto a personas, organizaciones como a las comunidades organizadas en Consejos Comunitarios.
Otra manifestación de la situación que se vive en toda la zona son los controles por parte de la guerilla, los paramilitares, el ejercito y la policía a la circulación de la comunidad y específicamente la entrada de alimentos, medicamentos e ingreso a los centros de salud. Esa situación afecta la vida social, cultural, política y territorial de las comunidades afro descendientes.
El reclutamiento por parte de los paramilitares de jóvenes en el casco urbano de Tumaco como en la zona rural ha crecido y es cada día más preocupante, al punto que algunos jóvenes al verse presionados por esta situación se han visto obligados a desplazarse y otros han sido asesinados. Además como estrategia están sosteniendo relaciones amorosas con jóvenes, incluso menores de hasta 10 años, que habitan los barrios periféricos de Tumaco, con objeto de hacer inteligencia y aumentar el control en los barrios y veredas. Después de usadas como informantes algunas han sido asesinadas, como ocurrió el domingo 19 de mayo en el sitio de la Y de la avenida de los estudiantes, cuando una joven que se movilizaba con su pequeña hija en una moto fue asesinada a medio día frente a la oficina de transito y transporte municipal de Tumaco.
A 10 minutos del casco urbano de Tumaco en el sitio conocido como el Tigre, son abandonados los cuerpos sin vida de todas las personas asesinadas, sin que las autoridades hayan adelantado las acciones para detener a los asesinos. Muchas viviendas urbanas y rurales están siendo compradas o desocupadas por presión de los paramilitares y convertidas en sus sitios de vivienda y operaciones.
De otra parte, el 02 de mayo del año del 2001, la ciudad de Tumaco y todas sus autoridades fueron declaradas como objetivo militar mediante un comunicado del frente 29 de las FARC- EP. Posteriormente el lunes 20 de mayo, en otro comunicado la FARC amenazan con entrar al casco urbano de la ciudad si las elecciones eran ganadas por Uribe Vélez.
En la zona rural los territorios colectivo de los Consejos Comunitarios son escenario de la disputa por los diferentes actores (paramilitares, guerilla, palmeros y narcotraficantes), generando con ello dispersión organizativa, desarraigo cultural, perdida del territorio y desplazamiento forzado de las comunidades y sus lideres
La presión que los actores armados, palmeros y narcotraficantes están ejerciendo en los directivos de los diferentes Consejos Comunitarios y Comunidad en general se ve reflejada en la obligatoriedad a sembrar coca, convertir los territorios colectivo en escenarios de combate, en sembrar palma africana, en propiciar asambleas para tomarse las juntas de los Consejos Comunitarios para desde ahí controlar todas las acciones y actividades comunitarias. Esta presión conlleva a que los miembros de los Consejos Comunitarios sean señalados por uno u otro bando armado.
Las comunidades temen que haya una incursión violenta por parte de los paramilitares en el kilómetro 52 de la vía Tumaco - Pasto, área del Consejo Comunitario la NUPA, con el argumento de que sus miembros son colaboradores de la guerilla. Esta zona es un importante corredor vial, sobre el que la insurgencia tan bien tiene enteres de convertirlo en centro de sus actividades. Sobre esta misma zona se están ejerciendo presiones sobre los pobladores
El desplazamiento en el casco urbano de Tumaco se caracteriza por ser individual debido a la persecución y amenazas a los independientes y los líderes cívicos y obreros
El municipio de Olaya Herrera tiene como cabecera municipal a la población de Satinga, esta ubicada e la zona noroccidental del departamento de Nariño. Este municipio cuenta con salida por vía marítima a Buenaventura y Tumaco, además tiene comunicación con Barbacoas a través del río Patia y con el Charco. Es un municipio productor de madera y últimamente se están desarrollado cultivos ilícitos, esta prácticamente sitiado por la disputa territorial de los diferentes grupos armados ilegales (FARC, ELN y los paramilitares).
El primer hecho de desplazamiento en la región ocurrió hace dos o tres décadas como consecuencia de los negocios de un empresario llamado Enrique Naranjo, quien ocasionó la mayor tragedia ecológica que se haya registrado en el sur del país con el famoso Canal Naranjo. La construcción de esta obra arrojó de sus tierras a más de 2.000 personas; dado que cuando el río Patía o sus tributarios crecen, las aguas arrasan las tierras, inundando cultivos, destruyendo casas y ahogando personas. Por tal razón muchas poblaciones han desaparecido y los pobladores se han visto obligados a salir de sus tierras.
El desplazamiento a causa del conflicto interno se remonta seis años atrás, con la llegada de personas extrañas que presionan a los pobladores para que se desplacen y así poder tomar control de la entrada al municipio, estas acciones son promovidas por los comerciantes, en su gran mayoría paisas.
En la madrugada del 19 de marzo de 1999, el frente 29 de las FARC entró al municipio de Olaya Herrera y asaltó a varias poblaciones aunque no hubo victimas, varias familias abandonaron sus viviendas.
Tres meses después, en junio, entró al Municipio de Olaya Herrera un grupo armado compuesto por 20 a 25 personas, ante la inacción de los policías el grupo tomó el control de la población de Satinga. En agosto del mismo año se produjo la primera matanza ocurrida en un establecimiento público donde se ejecutan a cuatro personas y resultaron heridas tres mas que luego fueron asesinadas en el centro de salud por estos hombres armados. En noviembre de 1999 habían sido asesinadas diez personas y otras torturadas por este grupo armado que se denomina de limpieza.
En marzo ocho de 2001, se da una incursión guerrillera a la población de Bocas de Satinga, en la que se presentan victimas civiles. Incursión sobre la cual días antes, el Obispo de Tumaco havia alertado a las autoridades militares.
En el mes de junio de 2001 como parte de la operación Tsunami, el ejercito hace presencia en la población de Bocas de Satinga, zona controlada por las FARC que luego se epliega, de modo que esta vez no hubo combates. Luego el ejercito realiza algunos operativos de control, destruye algunos cultivos ilícitos y se retira de la población.
El 7 de julio del 2001 a escasos días de la salida de las fuerzas militares de la población de Boca de Satinga, aparece un grupo armado de aproximadamente 50 informados pertenecientes a los paramilitares del auto denominado Bloque Libertador del Sur, ellos asesinan a cinco personas civiles que según versión de los pobladores aparecían en una lista junto a otras más. En estos momentos la población del municipios de Olaya Herrera y Mosquera vive e una situación de pánico, miedo y zozobra pues carecen de apoyo por parte del estado
El día 18 de mayo de 2001 se inició un operativo militar sin precedentes denominado " operación Tsunami" cuyos objetivo eran desalojar al 29 Frente de las FARC y a los grupos paramilitares presentes en la región y desmantelar los laboratorios de procesamiento de coca asentados en Barbacoas y zonas aledañas. Dicha operación contó con la participación de aproximadamente 4000 hombres pertenecientes al Batallón Profesional Contra guerilla de Colombia, La Armada Nacional, La Infantería de Marina y la Fuerza militar de Colombia.
Durante las operaciones de dieron enfrentamientos entre la fuerza publica y la guerilla de las FARC, dejando como saldo 17 guerrilleros muertos, 40 guerrilleros capturados 45 laboratorios destruidos y 327 kilos de cocaína incautados y destrucción de treinta mil sembradíos de coca en la población de Barbacoas, Magüí Payán y Junín; llama la atención que si bien esta operación tenia como objetivos el ataque a los grupos paramilitares en ningún momento se realizaron acciones en la ciudad de Tumaco.
En el mes de junio del 2001 como parte de la operación Tsunami el ejercito se presenta nuevamente en Barbacoas pero no hubo enfrentamientos con la guerilla ante su repliegue, el ejercito por su parte realiza acciones de control y ataca algunos cultivos ilícitos. Es necesario resaltar el gran despliegue informativo que se le da a la visita del General Fernando Tapias a esta población, quien promete que una vez terminada la operación la comunidad no seria abandonada y seria garantizada la seguridad de los pobladores con la presencia del ejercito, propuesta que es respaldada por la gran mayoría de los habitantes de la zona.
Pasados aproximadamente veinte días el ejercito se retira de la población de Barbacoas, sin previo aviso a las autoridades, dejando en inminente peligro a toda la comunidad, lo que puede catalogarse como una acción irresponsable de las autoridades militares que expuso a los barbacoanos a la retaliación de la guerilla.
Consecuencialmente la guerilla incursiona nuevamente a Barbacoas, asesinan a tres personas: FRANCO VALLEJO, secretario de obras de la administración municipal, HUGO CABEZAS profesor del Colegio Normal superior y a una comerciante ecuatoriana, posteriormente reuniendo a los pobladores del casco urbano en el parque principal y con lista en mano ordenaron la salida de lideres comunitarios, profesores, comerciantes, los miembros del concejo y funcionarios de la alcaldía , entre otros.
Ante el temor generado por las amenazas de las FARC se presentó el desplazamiento de 25 familias y 414 personas desplazadas hacia las ciudades de Pasto, Cali y Tumaco.
El Alcalde municipal de Barbacoas debió despachar desde la ciudad de Pasto por aproximadamente tres meses debido a las amenazas de la guerilla que lo acusaban de haber solicitado la construcción de una base militar en Barbacoas. Los concejales en su gran mayoría aún se encuentran en la ciudad de Pasto.
Ante esta situación el ejercito volvió nuevamente a Barbacoas; estuvo en la zona por un tiempo y cuando estos se encontraban en la carretera incursionaron los paramilitares que actualmente tienen el control sobre el casco urbano de Barbacoas, el casco urbano de Roberto Payan.
Los paramilitares como primera medida establecieron vacunas a todos los comerciantes y realizan retenes tanto en la salida de la carretera Barbacoas- Junin como también en los ríos, controlando el transporte de alimentos y personas hacia las zonas rurales.
La guerilla por su parte se encuentra en le municipio de Magüí Payán y en zonas rurales como el río Güelmambi.
En el municipio del Charco, en el anterior año se tenia conocimiento de la existencia de una base paramilitar en la cabecera del río Mataje, concretamente en la vereda llamada San José; Otro pequeño grupo en la cabecera municipal, controlaba la delincuencia y se saluda amistosamente con los policías, hacían inteligencia, cobraban impuesto por la producción de coca a los dueños de este negocio ilícito que son gente foránea, convocaban y organizaban por grupos a los coteros y pagaban la suma de ochocientos mil pesos a los que ingresaran su organización.
Putumayo es una de las regiones más afectadas por la violencia generalizada y el conflicto armado que vive el país. Posterior a las movilizaciones campesinas de 1996 y especialmente a partir de 1998, los paramilitares de las "Autodefensas del Sur", incursionaron en el departamento para disputar el dominio territorial y el control que las mantienen sobre la economía cocalera. En su accionar, las violaciones de los derechos humanos por parte de los paramilitares han venido cercando varias regiones rurales generando desplazamiento de las comunidades campesinas.
De otro lado las mantienen un asedio permanente sobre los centros urbanos, y han venido cometiendo una serie de asesinatos indiscriminados contra pobladores urbanos, particularmente comerciantes a quienes acusa de tener vínculos con los grupos paramilitares, a pesar de que en muchos casos se trata de familias asentadas hace mucho tiempo en estas poblaciones.
Este ciclo de violencia por parte de los actores armados, aunado a la crisis de las economías cocaleras y la decisión de la fumigación indiscriminada por parte del gobierno nacional, coloca al departamento como uno de los escenarios donde le conflicto armado y la violencia generalizada tiende a graves con consecuencias negativas en la vida e integridad personal de los habitantes de esta región.15
En el departamento, especialmente en la región del Bajo Putumayo se ha ido consolidando una economía basada en el cultivo, procesamiento y tráfico de coca. Lo anterior en respuesta a la ausencia de voluntad política e incapacidad del Estado para generar en conjunto con la sociedad, un modelo de desarrollo equitativo y sostenible que responda a un sistema ecológico frágil como el amazónico.
El departamento del Putumayo es el único ente territorial mencionado explícitamente en el denominado Plan Colombia dentro de las " Estrategias Antinarcóticos", las cuales se reducen a medidas de represión y erradicación forzada de los cultivos cocaleros, al respecto el denominado Plan Afirma "...combatir el cultivo ilícito mediante la acción continúa y sistemática del ejército y de la policía, especialmente en la región del Putumayo y en el sur del país y fortalecer la capacidad de la Policía en la erradicación de dichos cultivos". 17 Desde el 25 de Julio del 2000 se instauró el Plan Colombia en el Putumayo con la consecuente política estatal de militarización que también a generado el aumento de la presencia de las y los paramilitares así como el incremento de la violación de los derechos humanos.
En este departamento la población afrocolombiana se ubica en los municipios de Puerto Caicedo, Mocoa, Puerto Asís y Orito, especialmente en el corregimiento de Puerto Limón, (estos municipios se encuentra en la subregión del Bajo Putumayo) son aproximadamente 3.000 personas que llegaron de los departamentos de Nariño y Cauca a finales de la década de los 70 con el animo de trabajar en la industria petrolera pero solo son contratados como obreros temporales, en la actualidad se dedican a la orfebrería, la agricultura y algunos de ellos, por la situación económica, se han visto empujados a trabajar en los cultivos de coca14
Las comunidades negras e indígenas adolecen de falta de acceso a servicios oportunos y eficaces de salud, educación (la escuela no tiene en cuenta la cultura indígena ni la afrocolombiana), vivienda, trabajo y seguridad social; los planes de ordenamiento territorial y desarrollo no han consultado a las comunidades, han participado en reuniones informativas pero no se les tiene en cuenta para la formulación de las propuestas.
La acción de las también ha vulnerado los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y negras, puesto que desconoce las autoridades tradicionales de los indígenas y los mecanismos autónomos de organización de las minorías étnicas del departamento, así mismo realiza el reclutamiento de indígenas junto con el de menores de edad, hechos que afectan gravemente el tejido social de las minorías étnicas. Los asesinatos y las amenazas en contra de los miembros de las comunidades étnicas son repetidas.18
La fumigación coloca a los campesinos colonos, Afrocolombianos e indígenas en el límite de la pobreza absoluta. El impacto de la fumigación en el nivel de ingresos es negativo; según los datos del ministerio de Salud, la coca permitía ingresos por encima de la media nacional; al haber ruptura de dichos ingresos, se restringe el acceso a bienes básicos, lo cual, sumado a la destrucción de la seguridad alimentaría por el monocultivo de coca y ahora empeorado por la destrucción indiscriminada de cultivos de alimentos, podría evolucionar en graves problemáticas sociales.19
Las condiciones antes mencionadas han generado el desplazamiento de muchas personas dedicadas al negocio de la coca, sobre todo en los Afrocolombianos que dentro de este proceso son sembradores por ende los mas perjudicados con la situación
Como es de conocimiento público, durante varios años las FARC llevaron adelante un paro armado en las principales vías de la zona del bajo Putumayo que afectó hasta el mes de diciembre de 2000 a los municipios de La Hormiga, Sibundoy, Puerto Asís, El Tigre, Orito, San Miguel, La Dorada, Puerto Colón y las veredas El Vergel y Nueva Risaralda en el Departamento del Putumayo. El paro armado se tradujo en falta de alimentos y combustibles, cierre de escuelas, 79 [63] y falta de acceso a la atención humanitaria, 80 [64] lo cual causó el desplazamiento de aproximadamente 6.000 personas 81 [65] hacia Mocoa, Pitalito (Huila), Bogotá y el departamento de Nariño. En algunos casos, los desplazados cruzaron la frontera hacia las ciudades de Nueva Loja y Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, donde el ACNUR y la Iglesia Católica del Ecuador brindaron atención humanitaria a cerca de dos mil personas. 82 [66] 40
El departamento de Sucre se encuentra localizado al noroeste de Colombia, posee una extensión de 10.917 kilómetros cuadrados y tiene una población aproximada de 800.000 habitantes. Su principal actividad económica es la agricultura, sin embargo, por diferentes factores, entre ellos, la violencia, esta actividad se ha visto disminuida ostensiblemente.
De acuerdo con datos suministrados por la Gobernación del Departamento, Sucre es unos de los departamentos con mayor índice de pobreza en el país, la población, en promedio, presenta un 65% de necesidades básicas insatisfechas y un analfabetismo del 28% aproximadamente. Geopolíticamente, Sucre está compuesto por 25 municipios, los cuales en términos de planeación e inversión se agrupan en cinco subregiones, a saber: Golfo de Morrosquillo, Sabanas, San Jorge, Mojana y Montes de María.
La región de los Montes de María es una zona eminentemente montañosa ubicada en la parte central de los departamentos de Bolívar y Sucre, conformada por 14 municipios de ambas circunscripciones territoriales, así: en Sucre comprende los municipios de Morroa, Toluviejo, Colosó, Chalán, Ovejas, Los Palmitos, Palmitos y San Onofre. En Bolívar, la región de los Montes de María se extiende a los municipios de Carmen de Bolívar, Córdoba, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Guamo y María la Baja
Esta región tiene una extensión territorial de 6.590,36 kilómetros cuadrados, 3.798 kilómetros cuadrados (57.63%) en Bolívar y 2.792 (42.37%) en Sucre. La principal actividad económica en esta zona es la agricultura, que sirve de sustento a un gran numero de personas, debido a que sus habitantes son en su gran mayoría campesinos, dedicados justamente a la explotación de la tierra.
Los Montes de María o Serranía de María es una formación geológica, constituida por altas colinas más o menos continuas en su encadenamiento, que en el departamento de Bolívar es denominada Serranía de San Jacinto. Estas formaciones son una prolongación de la Serranía de San Jerónimo, una de las tres en las que se divide la Cordillera Occidental, en el Nudo de Paramillo, departamento de Antioquia.
La población estimada en los Montes de María en los territorios de Sucre es de 89.200 habitantes, cifra que corresponde a un 12% de la población del Departamento. No obstante, se estima que este número ha descendido, como consecuencia de los continuos desplazamiento, provocados por los constantes y reiterados hechos violentos.
Enclavado en los Montes de María, se encuentra el municipio de Ovejas, en cuya zona rural está ubicado el corregimiento de Chengue, con una población aproximada de 1.000 habitantes.
El corregimiento de Chengue cuenta con servicio público de energía eléctrica y antes de la incursión violenta contaba con un servicio de telefonía rural. No obstante, el corregimiento carece de acueducto y alcantarillado. Como consecuencia de la incursión, en la escuela se suspendieron las actividades escolares.
Desde hace mucho tiempo, en la región de los Montes de María han operado, en forma constante, grupos subversivos de las FARC, el ELN y el ERP. La zona se consideraba, entonces, de dominio subversivo. No obstante, desde hace aproximadamente tres años, vienen haciendo presencia grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia.
De acuerdo con la información recibida por la Defensoría, la presencia activa de los grupos de autodefensa se atribuye, entre otros aspectos, a su interés en acabar con el enemigo, porque, en su criterio, las personas que habitan en la región son colaboradores de la guerilla. En este sentido, para las Autodefensas Unidas de Colombia los continuos ataques contra la población civil, no son otra cosa que acciones para vencer al contrincante.
Es pertinente indicar que la situación geográfica de los Montes de María, facilita al grupo armado al margen de la ley dominante en el área, sus operaciones en los departamentos de Bolívar y Sucre. Igualmente, le ofrece mayores posibilidades de evadir acciones en su contra, adelantadas por parte de la justicia o grupos enemigos.
Actualmente, no existe presencia militar permanente en el corregimiento de Chengue. El Ejército lleva a cabo únicamente patrullajes, entre otras razones, porque algunos habitantes del sector temen ser víctimas de ataques de grupos subversivos por la presencia militar.
De acuerdo con el material allegado a la Defensoría, desde comienzos del año 2000, se tuvo información acerca de la inminencia de una incursión violenta de las denominadas autodefensas, por la zona de los Montes de María. Las comunidades de la zona de Chengue, Don Gabriel y Salitral expresaron ante las autoridades del orden nacional, en dos oportunidades, su preocupación por las amenazas recibidas por parte de los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia.
De esta forma, el 17 de enero de 2000, hacia las 2.30.am., se suspendió el fluido eléctrico en el corregimiento de Chengue, municipio de Ovejas. Aproximadamente a las 3 a.m. incursionaron por el lugar alrededor de 50 hombres vestidos de camuflado, pertenecientes, presuntamente, a las Autodefensas Unidas de Colombia. Una vez en el casco urbano, los hombres procedieron a golpear y a patear las puertas de las casas del poblado, lanzaron improperios e insultos contra la población y requirieron a los moradores para que abandonaran sus viviendas. Algunas personas, al detectar que se trataba de grupos de autodefensa, lograron fugarse y así salvar sus vidas.
El pueblo fue reunido en la parte céntrica del caserío, los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia procedieron a separar a los hombres adultos de las mujeres, ancianos y niños. A los hombres les causaron la muerte utilizando elementos corto punzantes (hachas, machetes y martillos). Al parecer, los autores de la masacre procuraron no realizar disparos con armas de fuego, probablemente para no llamar la atención.
La acción violenta terminó hacia las 6.30 a.m. Antes de abandonar el lugar, el grupo de hombres incineró la mayoría de las casas de la población, acto seguido, se dirigió a pie, hacia el camino que de Chengue conduce a Macayepo. De acuerdo con algunas versiones, un helicóptero de color gris sobrevoló la zona en múltiples oportunidades, después de las 7 a.m.
A las 8.30 a.m., aproximadamente, hizo su arribo al pueblo un grupo de subversivo. Pocos minutos más tarde, se alertó acerca de la presencia inminente del Ejército, por la zona de Salitral. Los guerrilleros salieron a su encuentro, lo que produjo un enfrentamiento por cerca de dos horas. Según el material acopiado por la Defensoría, con posterioridad a este enfrentamiento armado, llegaron a la zona varios helicópteros militares, para ametrallar la parte boscosa.
Como consecuencia de los hechos violentos, 24 personas resultaron muertas, 35 casas incineradas y alrededor de 800 personas desplazadas, las cuales se asentaron en las cabeceras municipales de Ovejas, Chalán y Sincelejo.
Habitantes de las poblaciones aledañas a Chengue como Don Gabriel, Salitral, Orejero, y El Tesoro, se desplazaron, igualmente, a la ciudad de Sincelejo, por temor a futuras incursiones violentas. Asimismo, se generó el desplazamiento de moradores urbanos de El Coloso y Chalán, hacia la capital del Departamento, como consecuencia de los anuncios de probables incursiones de las Autodefensas Unidas de Colombia, por otras localidades de los Montes de María.
A pesar de la ayuda humanitaria brindada, muchas de las víctimas manifestaron no tener resuelto el problema de alojamiento. Adicionalmente, los afectados temen ante lo incierto de su futuro, pues desconocen que les puede ocurrir, cuando cese la ayuda humanitaria.
Es preciso señalar que no se ha producido el retorno permanente de las comunidades desplazadas al corregimiento de Chengue, por el grado de incertidumbre que impera aún en la región. No obstante, los campesinos van al corregimiento a trabajar y a recoger sus cosechas.27
Las Comunidades Negras en el Departamento de Bolívar están ubicadas principalmente en el Distrito de Cartagena de Indias y sus corregimientos, en los municipios de Arjona (Rocha, Puerto Badel, Gambote y Sincerín), Mahates, Bayunca, Santa Catalina, María la Baja, San Juan (San Cayetano), Calamar, Arrollo Hondo, Hato Viejo, Magangue (zonas urbanas), San Martín de Loba (Norosí), Achí, Simití. Según estudios realizados por Planeacion Nacional, el Departamento de Bolívar tiene aproximadamente 1.208.181 pobladores pertenecientes a esta comunidad, ocupando el tercer lugar después de Valle y Antioquia.
Entre los primeros desplazamientos ocurridos en Cartagena, destacamos la expulsión producida, a principios del siglo pasado, a la comunidad de pescadores ubicados desde la época de la colonia, en el sector de Boca grande y el Laguito, hacia Tierra Bomba.
Otro de los desplazamientos que marcó a la ciudad de Cartagena es el que tiene que ver con el desalojo de la comunidad de Chambacú a principio de los años 70's y la dispersión de sus pobladores en toda la ciudad, argumentando para ello que el sector afeaba la ciudad y que no era un lugar apto para ser habitado, pero hoy funciona allí un pomposo edificio "inteligente"
En la actualidad en Cartagena se pretende desarrollar una serie de megaproyectos en las zonas donde habitan pobladores Afrodescendientes, colocando a las comunidades negras en grave riesgo de desplazamiento debido a la gran gama de efectos perjudiciales que generaría su implementación. Los proyectos son los siguientes: El corredor turístico y urbanístico, la construcción del Corredor de Carga, el Emisario submarino y el relleno Sanitario
En la comunidad Afrodescendiente de María la Baja(Ubicada en la parte baja de los Montes de María) se expanden y amplían vertiginosamente los cultivos de palma africana, este proceso de expansión se hace mediante el engaño y despojo de tierras de los campesinos, el cambio de practicas laborales y el deterioro de los suelos y el ambiente en general. Todo ello, esta acompañado del incremento de la violencia y la presión militar para que la gente abandone sus tierras y lugares tradicionales de trabajo.
Según datos suministrados por el padre Rafael Castillo Torres, de un total de 41.360 personas desplazadas en Cartagena en el año 2000, 8.937 aproximadamente son negras, eso sin tener en cuenta que se habla de la existencia de 26. 842 personas mestizas, muchas de las cuales seguramente también son negras y nos permite afirmar que representamos más del 50 % de desplazados en el departamento..
Los ejemplos más reciente los ofrecen las comunidades de Playon, Mampujan, Arenal en el sur de Bolívar, Cativa, la Bonga en San Basilio de Palenque( Montes de María) , el mismo Palenque de San Basilio, Zipacoa (municipio de Santa Rosa) donde cínicamente asesinaron a varios pobladores y el resto fueron obligados a desalojar los pueblos, concentrándose en el casco urbano de estos municipios o desplazarse a Cartagena.
Estos desplazamientos tienen como característica principal que involucran a comunidades enteras, que desde el punto de vista politico-administrativo constituyen veredas (Caso mampujan, la Bonga, Cativa), otros son grupal o masivo(Caso Palenque y Zipacoa) y otros son individuales, también existen muchas familias enteras que presionadas por algunos actores armados, principalmente paramilitares, han tenido que abandonar su terruño y deambular por las grandes ciudades.
Palenque es una comunidad de descendientes africanos con una población aproximada de 3.000 habitantes, ubicada en las faldas de los Montes de María, está formado por tres caseríos: La Bonga, Catival y Toro Sonrisa. En el mes de marzo de 1998 fueron asesinados dos campesinos, fueron torturados y mutilados y cortado sus cabezas. Se presume que los autores fueron los paramilitares dado que supuestamente los campesinos le habían facilitado información y alimentos a la guerilla.
En el año 2000 fueron asesinadas dos personas, un campesino oriundo del pueblo, tío de un joven tendero que era buscado por el Ejercito y al no encontrarlo asesinaron al tío; la otra persona era un tendero de origen antioqueño, según los militares del Batallón que esta ubicada a quince minutos de Palenque porque proveían de alimentación a la guerilla.
En los inicios del 2001 la comunidad de la Bonga fue informada por los paramilitares que debían abandonar sus casas en 48 horas; algunos lo hicieron enseguida, otros al día siguiente, y se desplazaron al casco urbano de Palenque, a San Pablo y a las ciudades cercanas como Cartagena en el barrio Nelson Mándela. Igualmente sucedió con la comunidad de Catival, quienes en su mayoría se desplazaron a la cuidad de Cartagena. Para las 40 familias que llegaron a Palenque se han construido casas
El casco urbano de Palenque de San Basilio no esta exento de desplazamiento, por ser un sitio de paso de los diferentes actores armados; los tenderos, lideres y jóvenes están siendo involucrados con la guerilla, con el fin de declararlos objetivo militar. Por tal motivo el día 3 de febrero de 2001, llegaron unos paramilitares a la plaza principal en la cual se encuentra ubicado un billar y preguntaron por el propietario, como no estaba atentaron contra los jóvenes, de 18 a 25 años de edad, que en ese momento se encontraban en el lugar. Dejando como resultado 7 víctimas y un herido de gravedad y generando el desplazamiento de 10 jóvenes amenazados.
El pueblo de San Andes y Providencias con forma un especial grupo étnico que se denomina afroraizales cuyas principales características son: ancestria africana, inglesa, francesa y española, una lengua propia y unas tradiciones que los hacen diferente de los afrodescendientes continentales. Este pueblo ocupa en la actualidad la isla de san Andrés y Santa Catalina al extremo norte del país en el mar caribe y aun cuando esta poblada por cerca de 80.000 personas, solamente un 30% corresponde a población nativa, el comercio se encuentra en manos de continentales, turcos y libaneses que han ido llegando al archipiélago. De los 26.000 empleos que hay en la isla solamente el 5% esta en manos de raizales y la tierra casi en su totalidad se encuentra en manos de continentales pues solo unos 10 isleños cuentan con propiedades significativas.
Si es verdad que el desplazamiento para este grupo étnico no se da por el conflicto armado que se vive en la parte continental, si hay que anotar que allí se da un desplazamiento por razones de tipo social como son la expropiación de sus tierras o usando el engaño y la astucia de los abogados quienes tramitan los documentos de una forma que deja mucho que desear. Lo anterior quiere decir que en la Isla se ve mucho más claro la violación a los derechos Económicos, Sociales y Culturales puesto que no se puede argumentar que no se pueden satisfacer ya que su desplazamiento es transitorio como sucede al interior del país.
Mas de 50.0000 continentales y otros extranjeros han invadido a San Andrés, sobrepoblando la isla, arrinconando a los veinticinco mil habitantes Raizales, convirtiéndonos en minorías desplazadas en su propio territorio ancestral, situándonos en el camino de la extinción como pueblo; su cultura y lengua Raizal han sido eliminados del sistema educativo y demás instituciones publicas de nuestras islas.
Los raizales consideran que la invasión deliberada de su territorio, con el fin de poblarlo e inundarlo con continentales es una forma de discriminación racismo y desplazamiento al interior del propio territorio. En igual sentido, y con respecto al tema de la superpoblación se considera que ha sido el estado Colombiano el principal generador de este fenómeno lo cual lo convierte a su vez en el causante de lo problemas de desplazamiento forzado a los que en los que durante los últimos años hemos sido sometidos
En 1810 , el gobernador de ese entonces Thomas O'Neill, en el momento de su retiro, otorgo títulos de tierras a los habitantes del Archipiélago de St Andrew, Providence y Kathlena . El 1 de Agosto de 1834, Philip Beekman, libero a los esclavos que eran de su madre, mantuvo una parte de las propiedades de la familia para si , y repartió el resto de las tierras entre los esclavos permitiéndoles ser dueños una vez mas de sus tierras.
Con el fin de imponer la integración, asimilación y aniquilación del pueblo raizal, el Estado Colombiano deliberadamente ha permitido y promovido una continua y masiva inundación de emigrantes del continente colombiano y otros extranjeros a fijar su residencia en el Archipiélago cuya situación no solo ha causado una condición alarmante de sobrepobación de las islas (actualmente 100.000 habitantes de los cuales los raizales solo son menos 25.000, apiñados en 27 Km2 de terreno), sino también la expropiación de tierras ancestrales , incluyendo la profanación de cementerios, destrucción ambiental, desplazamiento y a convertir a los miembros del pueblo raizal en grupo minoritario de su tierra natal .
En 1890 y mas tarde con el tratado de Bárcenas -Esguerra de 1928, y otros convenios recientes , el estado Colombiano a través de la historia y sin el reconocimiento de los raizales ha venido firmando tratados que señalan zonas limítrofes con varios estados americanos y caribeños , lo cual ha causado la fragmentación y dispersión del pueblo en diversos países y la perdida de parcelas extensivas de nuestro territorio
continua: Anexo 2: El Plan Colombia y los pueblos Afrodescendientes