El 15 de julio de 1998 el ministro de Comunicaciones de Brasil dio a conocer que el gobierno esperaba reunir más de 14,000 millones de dólares por la venta del Sistema Brasileño de Telecomunicaciones -Telebras-. Se esperaba también que la cantidad podría llegar a duplicarse, dado que Telebras aún pertenecía al estado cerca del 20%. Esa proporción sería subastado en la Bolsa de Valores de Río de Janeiro el 29 de julio por un precio mínimo de 11,713 millones de dólares. Esa fecha se estableció a partir de un atraso, ya que la fecha señalada previamente había sido el mismo 15 de julio.
El sistema completo fue dividido en doce empresas y su precio fue establecido por el consorcio asesor Arthur D. Little, Coopers and Lybrand y Deloitte & Touche Corporate Finance. Para la venta del 29 de julio se esperaba que participaran unas cien empresas nacionales e internacionales, aunque unos diez días antes solo 25 empresas -10 de ellas extranjeras- hicieron consultas técnicas y financiera de Telebras. Entre ellas estuvieron de Estados Unidos: Sprint, Bell South, Air Touch, Southwestern Bell y MCI. Telefónica de España, France Telecom, Stet International de Italia, Portugal Telecom y British Telecom de Inglaterra. Al momento de la venta, Telebras tenía una deuda de unos 870 millones de dólares, equivalente al 5% de los ingresos de 1997-que fueron 17,400 millones de dólares-. En la contienda participó Telefónica de España también bajo el título de sus filiales Telefónica de Argentina, Telefónica de Perú, la Compañía de Telecomunicaciones de Chile y la brasileña Compañía Riograndense de Telecomunicaciones (CRT). Se apostaba una posible asociación con el Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y la eléctrica Iberdrola para alcanzar la compra de Telebras.
De Asia participaron NTT Mobile Comunication Network Inc., e Itochu Corporation, que también se inscribió como Itochu Media Brasil Holding. Del mismo Brasil participaron el grupo Monteiro Aranha -socio de Ericsson do Brasil-, Globopar, y el grupo Vicuha.
El 29 de julio de 1998 se realizó la subasta de Telebras en la Bolsa de Valores de Río de Janeiro, alcanzando el gobierno ganar unos 19,180 millones de dólares. Los principales adjudicatarios fueron Telefónica de España y MCI. Las doce empresas en que se dividió Telebras, fueron: Telesp, Tele Centro Sul y Tele Norte Leste en telefonía fija. Embratel, como la única de larga distancia. Telesp Celular, Tele Sudeste Celular, Tele Celular Sul y Telemig Celular como operadores de telefonía celular móvil. Las otras cuatro operaban también telefonía celular móvil, pero eran menos apreciadas por el mercado que cubren, la Amazonia: Tele Norte Celular, Tele Nordeste Celular, Tele Leste Celular y Tele Centro Oeste Celular.
El descontento al proceso no faltó. El opositor Partido de los Trabajadores (socialista) instauró más de cincuenta demandas contra faltas en el proceso de escisión de Telebras, que había sido aprobada el 22 de mayo de 1998 por la asamblea de accionistas. Dentro de un juego de demandas y rechazos, se avanzó en la privatización a pesar de las advertencias del riesgo de pérdidas de soberanía y violación de leyes claves para el caso. El día de la subasta se hicieron amplias manifestaciones con piedras y barricadas en los alrededores del local, resultando decenas de detenidos. Los principales lemas fueron « Vender Telebras es vender Brasil » y « Contra la entrega de Brasil al capital extranjero ».
Con esa adquisición Telefónica de España se convirtió en el gigante de las telecomunicaciones de Brasil, habiendo tomado el 29 de julio Telesp, Tele Sudeste Celular y Tele Leste Celular. Dos meses atrás había comprado CRT, operador de telefonía móvil celular en el Estado de Río Grande do Sul.
Telebras fue creado en 1972 y fue formada por 27 telefónicas regionales.
Se dividió en ocho empresas de telefonía celular, tres de telefonía fija y una de larga distancia llamada Empresa Brasileña de Telecomunicaciones -Embratel-, que fuera comprada el 29 de julio de 1998 por MCI.
Merrill Lynch calculó el valor total de Telebras en 65,700 millones de dólares, del que corresponderían al estado los 14,000 millones, hasta incluso unos 16,500 millones de dólares. El exministro de Comunicaciones Sergio Motta, fallecido en abril de 1998, estimaba unos 30,000 millones para esa misma porción.
Sólo en 1997 Brasil recibió cerca de 18,000 millones de dólares por la privatización en los sectores electricidad, telecomunicaciones y bancos. El flujo de inversión extranjera es enorme dentro de las operaciones de adquisición-fusión, si se compara con otros países, llegando al 56% en 1997.
En cuanto a la electricidad, el gobierno decidió conservar hasta el año 2000 la transmisión por medio de Eletrobras, más las generadoras no incluidas en los planes de 1998. La distribución comenzó a ser privatizada en 1996, mientras las grandes generadoras en 1998.
En la tercer semana de septiembre de 1998 fueron privatizadas la generadora Gerasul y la distribuidora Bandeirante, a precios mínimos. La primera fue comprada por Tractebel de Bélgica en 800 millones de dólares, mientras que la distribuidora fue adquirida por un consorcio brasileño en 860 millones. Los precios alcanzados trajeron preocupación a la BNDES -que dirigiera las privatizaciones en Brasil- y al Consejo Nacional de Desestatización (CND), por lo que planificaron establecer una estrategia de aceptar pagos en plazos cortos para las siguientes privatizaciones. Ya en el caso de Telebras se había aceptado el pago en tres cuotas, por el volúmen que representaba. La problemática de los precios tenía sus orígenes en los desbalances financieros nacionales y extranjeros de agosto y septiembre, y se pensó incluso en bajar los precios mínimos de futuras privatizaciones para alcanzar mayor beneficio en las transacciones.
Con estas dos empresas de electricidad Brasil había alcanzado ya para 1998 unos 36,830 millones de dólares, para una meta de 40,000 millones. Para el bienio 1998-99 se tenían una meta de 50,000 millones.
Uruguay
El 8 de marzo de 1998 se gastó el primer tiro PIT-CNT para derogar la Ley del Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico, promulgada el 17 de junio de 1997. El intento falló al haber escasa asistencia a las votaciones que fueran solicitadas por AUTE -sindicato de la estatal eléctrica-, los que a su vez fueron apoyados por PIN-CNT y por la coalición izquierdista Frente Amplio (FA).
A mediados de junio de 1998 se pretendió decidir por votación popular el someter poco después a referendo la ley impugnada. Fue una votación para decidir si hacer otra votación. Como se podía esperar, el gobierno lanzó una costosa campaña en radio y televisión para inhibir el voto.
En diciembre de 1992 un 72% de los votantes se pronunció en un plebiscito contra la ley que autorizó en 1991, la privatización de la telefónica ANTEL. Siete empresas extranjeras se habían interesado en la compra.
Argentina
Privatizó las telecomunicaciones en 1990, dividiendose en dos partes: la norte, que fuera vendida a un consorcio franco-italiano, y la sur a Telefónica de España. En el año 2000 se espera reanudar el proceso.
Entre 1990 y 1997 Argentina recibió ingresos por 21 mil millones de dólares en concepto de privatización de 104 empresas, 86 licencias petroleras, 42 concesiones de servicios y 9 contratos de asociación -venta de acciones -.
En 1997 sólo se realizó la privatización de la empresa estatal de correos y la hidroeléctrica de Pichi Picún Leufú, que alcanzaron entre ambas 103.2 millones de dólares. En Argentina se ha dado uno de los pocos fracasos en el proceso de privatización de Latinoamérica. En diciembre de 1994 la Cie. Générale des Eaux, conocida después como Vivendi -en la zona se le conoció como Cia. Aguas de Aconquija-, obtuvo una concesión a 30 años para operar la compañía de aguas y cloacas, en los últimos días del gobernador peronista. Cuando esa fecha se acercaba, varios licitantes se retiraron. Todos sospechaban del fracaso. En 1995 Vivendi elevó las tarifas en cerca del 100% en una combinación de impuestos de agua y honorarios más altos para contribuir a costear el ambicioso programa de inversiones de 380 millones de dólares.
Se dice que si tal vez se les hubiera comunicado los planes a los consumidores... o que definitivamente la población de Tucumán no estaba acostumbrada a pagar por el agua.
Cuando en Tucumán Antonio Bussi tomó el poder como gobernador, sus allegados acusaron a los peronistas del aumento en las tarifas de agua. Después de una renegociación obligada vino un acuerdo que, entre otras cosas, redujeron las tarifas en un 20.6% y se separaban algunas regiones que no querían participar en aquello.
En agosto de 1997 Vivendi canceló el contrato con la provincia, siendo la primera vez que la empresa abandonara una concesión de agua en sus 145 años de historia. Veintiún días después el gobernador ordenó que la compañía tenía que operar 18 meses más, por lo que para 1998 Vivendi perdía 2.8 millones de dólares al mes, con una facturación que no se cancelaba por el 80% de los clientes.
Prácticamente se terminó dando el servicio sin contrato, sin tarifa y sin cobranza. Los fondos de pensiones privatizados entraron en crisis en agosto de 1998, momento en que muchos de los conocedores del tema culpaban a la Superintendencia de los AFJP.
Se estima que el peligro comenzó en octubre de 1997. Esa entidad estaba a cargo de la vigilancia de la administración de los fondos, y obligaba por mandato legal a las AFJPs a invertir, algo que no siempre es lo adecuado en momentos bien característicos del sistema financiero. En Argentina, los bonos y acciones llegaban a estar en desventaja ante formas más líquidas de depósito. Otro problema estaba en la imposibilidad de poner el 100% en una sola forma financiera, es decir tener todo en un depósito bancarios a plazo fijo. La entidad reguladora justificó su accionar, pero desde la implementación a mediados de 1994, el efecto « tequila » dio su primer lección a las administradoras.
Honduras
El 16 de junio de 1998 el Ejecutivo propuso a la Asamblea la aprobación de la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, que daría autorización a la venta del 47% de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones -Hondutel- a un socio estratégico y un 2% a empleados y sector privado. El restante 51% quedaría en manos del estado. El plan hacía referencia a la venta para el primer trimestre de 1999.
La ley fue aprobada en la madrugada del sábado 19 de septiembre de 1998, aceptando vender el 50% a una empresa extranjera por medio de una licitación. Un 4% podría quedar en manos de otras instituciones estatales, empleados y usuarios, mientras que el Estado conservaría el 46%. La Ley de Capitalización de Hondutel establece que se trata de una concesión a empresa extranjera por 25 años, la cual sería incapaz de cambiar la denominación social de la telefónica, que sería Compañía Hondureña de Telecomunicaciones, SA (Cohdetel).
Hondutel tenía activos valorados en unos 1,000 millones de dólares -según otros datos preliminares sólo 600 millones-, pero esperaba obtener unos 650 millones de dólares del porcentaje que vendiera. Según otras versiones, estaría esperando sólo unos 300 millones de dólares por la parte que vendiera. El valor total de la empresa se estimaba en unos 800 ó 900 millones de dólares -posiblemente a 1997- y 632 millones en 1996. En realidad, todas éstas cantidades fueron parte de la incertidumbre misma, la que se viera acrecentada con las caídas asiáticas y latinoamericanas en agosto y septiembre de 1998, que obligaban al gobierno a preocuparse de que los inversionistas no se interesaran en Hondutel.
A pesar de la mayoría partidaria en la Asamblea del partido oficial, no fue fácil convencer a los sectores económicos que se mantenían reacios al proceso. De todas maneras, en la mayoría de casos para el gobierno no ha sido necesario contar con el apoyo de nadie. La Central General de Trabajadores (CGT), después que se supo de la aprobación del Congreso, volvió a mostrar su desacuerdo, pronosticando que las tarifas altas que vendrían harían prohibitivo el servicio para los sectores de bajos ingresos.
Sin embargo, ya en 1998 se encontraba Motorola ofreciendo el servicio de telefonía celular. Para Hondutel -que ya privatizada se llamaría Honducom, según versiones iniciales- el gobierno tenía estimado unos 39 operadores internacionales interesados, como France Telecom, Deutschetelefon de Alemania, ATT de Estados Unidos y Telefónica de España. En resumen, sólo siete multinacionales había presentado sus ofertas.
En Honduras la empresa Hondutel era considerada la única rentable del estado, ocupando el quinto lugar en Centroamérica; la venta buscaría dos objetivos: reducción del tamaño del estado y obtener capital para ampliar la red telefónica actual. Se necesitaban unos 2,000 millones de dólares de inversión atender unos 600,000 teléfonos nuevos. Según palabras del presidente de la Comisión de Privatización del Estado, Hondutel manejaba en 1998 un millón de líneas telefónicas, con utilidades de unos 120 millones de dólares anuales. Anterior a la venta, la telefónica sufrió un saneamiento financiero, pagando bonos por 152 millones de dólares correspondientes a deudas en el exterior. Con Siemens y AT&T tenía una deuda que alcanzaba el 65% del total adeudado, unos 270 millones de dólares.
Los bonos se habían emitido a raíz de la ampliación de la cobertura nacional, con 220 mil líneas instaladas alrededor de 1993, con recursos financieros, técnicos y materiales de Siemens y AT&T.
Hondutel se fundó a finales de los setentas y siempre fue manejada por los militares, hasta que el gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-98) la llevó a manos civiles.
El mismo gobierno reconoció en agosto de 1998 que de no venderse la empresa telefónica, en Fondo Monetario Internacional no asignaría un préstamo importante a concretizarse en septiembre. Tampoco se podría acceder a una condonación de unos 500 millones de dólares de la deuda de Honduras con el Club de París, que totaliza unos 1,200 millones. En la licitación de Hondutel el gobierno fue asesorado por el consorcio británico Rotschild.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con activos por valor de unos 1,400 millones de dólares, se planea ser vendida a más tardar en el año 2002. Este anuncio se hizo el 13 de mayo de 1998, cuando el gobierno cediera a una empresa privada -habían ofertado tres empresas- la labor de facturación, como primer paso para la venta de ENEE. Luego se continuaría con la comercialización, distribución y finalmente generación. Empero, a finales de septiembre de 1998 se supo que no sería hasta el año 2002, sino en febrero del 2000, forzados por la necesidad de un acuerdo con el FMI.
En 1994 una ley eliminó el monopolio de ENEE de generación de electricidad, encontrándose para 1998 varias empresas vendiéndole el producto a la estatal. Para 1998 ENEE operaba la estructura de distribución -con un costo de unos 400 ó 500 millones de dólares-, con tres represas hidroeléctricas, con unos 4,500 empleados y con una deuda de más de 700 millones de dólares. El Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), convencido que el proceso era una imposición de organismos internacionales, luchó por garantizar la mayor estabilidad laboral posible.
A mediados de julio de 1998 se supo que el gobierno concesionaría el manejo de cuatro aeropuertos internacionales a empresas extranjeras en 1999. Los aeropuertos de Tegucigalpa, San Pedro Sula, el puerto de La Ceiba y la isla de Roatán serían incorporados a contratos de 15 a 25 años. En 1998 juntos recibían cerca de un millón de pasajeros al año. En el primer momento se interesaron tres empresas:
Lufthansa y dos empresas más -una de ellas de Canadá-. Perú Telefónica Internacional pagó en 1994 por la concesión monopólica de telefonía 2,000 millones de dólares. El nuevo operador del sistema completo se denominó Telefónica del Perú.
En septiembre de 1998 se procedió a subastar trece empresas del sector eléctrico, bajo la figura de las 'acciones doradas', una cláusula que en principio evitaría monopolios u oligopolios. Para junio de 1998 el Comité Especial de Privatización (CEPRI) ya había aprobado las bases de la subasta de las empresas de distribución Electronoroeste, Electronorte, Electronorte Medio-Hidroandina y Electrocentro, que sumaban una cartera de 850,000 clientes. En buena parte del proceso CEPRI trabajaba junto a la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI).
A finales de 1997 el Parlamento Nacional aprobó una regulación que permitiría mantener para el Estado 'acciones doradas' en las trece empresas de generación y distribución eléctrica a privatizar, con miras a poder vetar cualquier medida que fuera contra los intereses nacionales.
Eso incluía incorporación de nuevos accionistas en cualquier modalidad, reducción de capital, emisión de obligaciones convertibles en acciones y cambio de objeto social. Antes de ésta venta el gobierno había recibido ya casi 10 mil millones de dólares en todo el plan de privatización estatal, en un total de 130 proyectos.
A principios de agosto de 1997 la fusión del consorcio chileno de generación de electricidad Enersis, con la española Endesa, vino a impulsar el proceso de privatización. Con eso, la empresa española alcanzaba por medio de Inversiones Distrilima, mayor presencia en Perú. Distrilima alcanzaba para 1998 el 60% de distribución de energía de Edelnor. Para entonces, el 30% de las acciones de Distrilima pertenecían a Endesa España, 29% a Enersis, 26% a Chilectra y 15% a accionistas peruanos. En noviembre de 1998 se planeaba vender las últimas tres refinerías de la estatal PetroPerú, pero en agosto se pospuso para el primer trimestre de 1999. Siderperú, la productora de acero, fue privatizada en 1996. En agosto de 1998 decidió invertir unos 200 millones de dólares en los siguientes cuatro años para modernizar las instalaciones, evaluando la posibilidad de emitir bonos para financiar el proyecto.
Costa Rica
El 13 y 14 de julio de 1998 se llevó a cabo la Primera Cumbre de Reguladores y Empresas Operadoras en San José, a patrocinio de la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET). Asistieron más de 15 representantes de entidades reguladoras y más de 50 empresas de telecomunicaciones. Se hizo claro que mostraron gran interés en examinar los 'exitosos' casos de Chile y México; además el presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, confirmó que el proceso de privatización de las telecomunicaciones era irreversible.
A esta reunión asistieron ANATEL de Brasil, SUBTEL de Chile, Telefónica de España y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
A mediados de 1998 el gobierno expresó que se permitiría que la empresa privada trabajara en algunos servicios que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) monopolizara desde 1949. Aunque la ruptura de monopolios siempre ha sonado a privatización en los últimos años en Latinoamérica, al parecer la pretensión se dirigía por el lado de superar algunas ataduras legales de la institución en cuanto a reinversión. En 1998 la telefonía necesitaba una inversión de 100 millones de dólares para cubrir el mercado. Los 20 millones de dólares de utilidades en 1997 no protegían a la institución de las seductoras ofertas de las transnacionales, ni a los grupos sindicalistas. Estos últimos, bien habían conocido los casos de sus vecinos, como para preocuparse: aquel río llevaba piedras. Según los sindicatos, el gobierno pretendía debilitar la empresa para facilitar su venta, -como sucedió en el caso de ANTEL de El Salvador-.
El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el principal de Costa Rica, planeaba ser dado para administración en concesión a mediados de 1998, pero en julio se amplió el plazo hasta el 4 de septiembre para la recepción de ofertas.
Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el cartel de licitación de 300 dólares había sido adquirido por unas 73 empresas a finales de julio de 1998.
Entre los interesados estaban Lufthansa Consulting GMBH de Frankfurt, Gestión e Ingeniería de Chile, Airport Group International, Aeroport de Montreal Inc, y SNC-Lavalin de Canadá. Aeroplan Inc de Estados Unidos y la Compañía contratista Nacional, de México. Schiphol Airport de Holanda, AENA de España y Orlando Sandord International Inc.
A mediados de 1998 se agudizó la discusión entre los partidos socialdemócrata y socialcristiano -éste último en el poder desde el 8 de mayo de 1998 y promotor de la privatización- acerca de las telecomunicaciones, seguros y los cuatro bancos estatales. Desde 1996 se tenía en la Asamblea un proyecto para los bancos, pero no había prosperado por la fuerte oposición, incluso dentro del mismo partido que lo había propuesto.
Según un documento oficial costarricense, en 1998 sólo quedaban en Latinoamérica Cuba y Costa Rica con el sistema de seguros privatizado. Según los planes, el Instituto Nacional de Seguros (INS) debía ser desmembrado para vender su cartera al sector privado, parcial o totalmente, creándose además una superintendencia.
El presidente presentó el 1 de septiembre de 1998 al Congreso dos proyectos de privatización completa del servicio eléctrico, anteponiendo como razón de que hasta el 2010 se necesitaría invertir 3,300 millones de dólares. El primer proyecto se denomina La Ley General de Electricidad, siendo el segundo Modificación al decreto Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad. Tras éstos, se anunciaba ya que en los siguientes días se presentaría un proyecto para las telecomunicaciones.
Otra justificación que utilizaba el gobierno es que para 1998 se necesitaban inversiones de 145.5 millones de dólares, y unos 218 millones para el siguiente año. La demanda pasaría de 799,000 usuarios a más de un millón para el 2004, en telefonía fija. En la móvil, de 124,000 subiría a unos 227,000 en cinco años.
México
Teléfonos de México -Telmex- fue vendida en 1991 a la sociedad compuesta por Carlos Slim, Southwestwern Bell y France Telecom. El monopolio del servicio de larga distancia fue eliminado en 1997 y se esperaba para 1999 hacer lo mismo con las llamadas locales.
Unos de los mayores logros de Telmex fue su incursión en Estados Unidos.
El 7 de agosto de 1998 la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) aprobó que Telmex entrara a ese mercado en sociedad con Sprint, a pesar de la dura oposición de las empresas estadounidenses ATT Corp y MCI Communications Corp, las que sí ya tenían participación en México por medio de Avantel y Alestra. La nueva empresa se llamaría Telmex-Sprint Communications LLC, abreviada TSC; comenzó inmediatamente a dar servicio de larga distancia entre Estados Unidos, México y otras regiones.
En 1993 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó Imevisión, una pequeña red que fuera adquirida por Ricardo Salinas Pliego -aparentemente no existía parentesco entre ambos-. Esta nueva empresa, que conformaría después Azteca SA, luchó por quitarle parte del mercado a Televisa, habiendo logrado obtener un tercio de la sintonía mexicana ya para 1997.
En 1998 se descubrió que la electricidad que necesitaba México estaba por encima de las posibilidades de producirla. Se había llegado a tener altos costos por la energía, dando desventajas a las empresas locales, muchas de las cuales con inversión extranjera. Las razones tenían más un fondo político que técnico. Por una parte el presidente y su secretario de energía impulsaban el hecho que el sector privado financiara, construyera y administrara las nuevas plantas. Por su parte, no cede la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal que monopoliza la transmisión y distribución de energía, y que hasta 1992 controlaba también la generación.
A finales de septiembre de 1998 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio un plazo adicional de treinta días para licitar en privatización 35 aeropuertos mexicanos, organizados en paquetes: del sureste de México, de la capital, del centro y del norte del país.
Panamá
En 1997 el gobierno vendió el 49% de las acciones de INTEL -Instituto Nacional de Telecomunicaciones- a la transnacional Cable & Wireless, de Inglaterra, que pagó unos 652 millones de dólares. Otro 2% fue vendido a los empleados. En 1998 la empresa inglesa inició un programa de inversiones por unos 572 millones de dólares para modernizar la red telefónica. El sistema completo padecía de mal servicio y tarifas altas. La parte en manos del Estado sería vendida en el año 2000.
A principios de 1998 recibió unos 26 millones de dólares por concesiones para operar y administrar los casinos de seis hoteles y catorce salas de máquinas de juego. También vendió el derecho a operar las bandas A y B de telefonía celular, ambas por más de 140 millones de dólares. La banda A es explotada por la estadounidense Bell South y la B por la británica Cable & Wireless Móvil.
El 15 de julio de 1998 se inscribieron 26 consorcios internacionales para participar en la privatización de cuatro empresas generadoras de electricidad. El Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) planeaba ofrecer en licitación las cuatro empresas el 15 de octubre de 1998, para lo que tuvo que reestructurarse seriamente en 1997/98. Sin embargo, el 10 de septiembre de 1998 inició la licitación de tres de las ocho firmas generadoras en que se había dividido el IRHE. Se vendería también el 51% de las acciones de tres empresas de distribución de energía.
A los aspirantes que se inscribieron se les exigía como mínimo tener un capital social de 500 millones de dólares. Entre ellos se encuentran Endesa Internacional SA y Unión Fenosa de España; Gener de Chile, Emgesa de Colombia y Corporación EDC de Venezuela. De Estados Unidos se inscribieron 16:
Dominion Energy Inc, Southern Energy Inc, CMS Transmission & Storage y Enron Caribe III, entre otras.
Participaron también Inglaterra, Bélgica, Canadá, Suecia y Suiza. Contrataron al CFI -Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial- para asesoría en el proceso de venta de las acciones de las eléctricas. Se estima que el IRHE tenía unos 4,200 empleados, sobre todo en distribución y comercialización.
Después de las eléctricas, el gobierno de Panamá espera privatizar la compañía de acueductos y alcantarillados, dos ingenios azucareros y el aeropuerto internacional de Tocumen.
Panamá creó un fondo de desarrollo a partir del dinero de las privatizaciones. A mediados de junio de 1998 tenía ya casi 775 millones de dólares, adicionalmente a los 29.4 millones de dólares en dividendos que recibió en esa fecha por su capital en la telefónica que comparte con Cable & Wireless. Realmente es un fondo fiduciario, porque el gobierno no consume los 775 millones, sino que únicamente los intereses son destinados a obras sociales. Según el ex presidente panameño Nicolás Ardito Barletta, -un defensor incondicional del proceso- para octubre de 1998 las privatizaciones habían aportado unos mil millones de dólares en los últimos cuatro años.
República Dominicana
La Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) planeaba ponerse en venta a finales de julio o agosto de 1998. Esta empresa realmente había tenido malos antecedentes en sus relaciones con otras exteriores, con una deuda elevada y siendo hogar de forcejeos políticos.
El paquete de CDE incluía tres distribuidoras y dos generadoras. Se esperaba que por ambas dieran 500 y 1,000 millones de dólares. Estos fondos no irían a dar a manos del estado, sino que se recapitalizarían en cada una de las empresas. Se realizó una licitación para cada uno de los grupos, con miras a adquirir el 50% de la empresa respectiva. La transmisión y las plantas hidroeléctricas quedaban en manos del estado.
Al momento de la venta el país contaba con deficiencias en el servicio eléctrico y con un déficit en la producción de unos 150 megavatios.
El Salvador
Telecomunicaciones
El 51% de la banda celular INTEL fue vendida el 17 de julio de 1998 por US$41,009,900 a Telefónica de España. La nueva presencia se llamaría Telefónica de El Salvador. Hasta ese momento INTEL contaba con nueve compradores -sólo llegaron tres a la apertura de ofertas- y CTE sólo con siete.
La venta de CTE fue el 24 de julio de 1998 a France Telecom, quien ofreció 275 millones 111 mil dólares -unos 2,398 millones de colones- por el 51% de las acciones de CTE/ANTEL. El precio base por esa porción fue de 268.8 millones de dólares. La otra oferta fue de Telmex, por 271 millones de dólares, quien se viera frustrado por segunda vez en El Salvador en el mismo mes.
De los siete interesados inscritos en CTE/ANTEL sólo llegaron dos. El presidente de France Telecom hizo entrega del dinero el 16 de septiembre de 1998, recibiendo a cambio la documentación respectiva de entrega de la institución. Para sorpresa de la mayoría, se supo hasta entonces que dentro de los 275 millones de France Telecom, estaban incluídos 67.3 millones de dólares de inversión local, contando Supermercados Selectos, VISA, Telecorporación Salvadoreña, Banco de Comercio, Grupo Araujo, H. de Sola, Banco Salvadoreño, Fabril de Aceites, TACA, y otros, que en total suman más de 20 personas.
Con este nuevo arreglo se violaba la ley de privatización respectiva, la que establecía que más de la mitad de la telefónica debería quedar en poder de un socio estratégico.
France Telecom, al momento de la adquisición, planeaba invertir 400 millones de dólares en unos cinco años para duplicar el número de líneas en el país, las que entonces eran de 380,000, con una densidad de 6 líneas por cada 100 habitantes.
Los empleados de CTE, que se estimaron en unos 4,800 aparentemente apoyaron en los últimos días la privatización, aunque es difícil saber qué factores impulsarían esta actividad. La compra de acciones de CTE por parte de algunos empleados ascendió a unos 300 millones de colones, un 10% del total de acciones.
Precio base de venta de INTEL y CTE
INTEL
CTE
Colones
Dólares
205.2 millones*
23.4 millones*
4612 millones
527 millones
Venta realizada
Colones
Dólares
358,836,625
41,009,900
2,398 millones
275.1 millones
*Base para el 51%: 104.6 y 11.9 millones respectivamente
Al momento de la venta, CTE contaba con una red digitalizada en un 83%, siendo prácticamente ausente su presencia en zonas rurales y semiurbanas. En el último lustro anterior a la venta, se señaló que el desarrollo de ANTEL era frenado por decisiones políticas, para hacerlo parecer ineficiente y presentarlo como fácil objeto de venta.
Aún en septiembre de 1998, dos meses después de consumada la principal privatización, se discutía sobre el destino de los fondos. Al parecer, después de tanto manoseo político al interior de los partidos de derecha sobre la ley de privatización de ANTEL, no quedaba claro el fin de los fondos. Los expatrulleros del ejército en los ochentas, opinaban ahora que de allí se podía tomar para darles una indemnización por el trabajo que realizaron en forma gratuita -y hasta bajo amenaza- en su momento.
Se mencionaba también acrecentar las reservas, inversión social moderada, y también fines más inmediatos como gastos corrientes, y quien sabe si hasta para financiar la campaña política de 1999.
Por INTEL, Bell South ofreció unos 30 millones de dólares y TELMEX sólo 23 millones. La adquisición la hizo Telefónica de España, la cual ya operaba en Argentina, Chile y Perú. En El Salvador Telefónica de España se convirtió en el tercer operador de telefonía celular y el décimo en llamadas internacionales.
Los ingresos de esa empresa en 1996 en Iberoamérica fueron de más de un billón de dólares, dentro del consorcio denominado Telefónica Internacional. En 1997 obtuvo utilidades netas de 1,254 millones de dólares.
El 49% restante de INTEL se planeaba vender en la Bolsa en dos etapas:
25% en el mercado bursátil el 31 de julio de 1998 y el otro 24% el 31 de agosto de 1999. La primera fecha fue pospuesta ante la inexistencia de autorización de emisión de acciones por parte de la Superintendencia de Valores. Parte del problema surgió a partir del aumento de capital en unos 32 millones de dólares, con lo cual Telefónica se quedó con el 80% y el gobierno con el 20% restante. Para no afectar la ley, la transnacional cedió parte de sus acciones al gobierno.
El 25 de junio de 1998 comenzó a operar GCA-Telecom como la primera empresa privada con servicios de telefonía, internet, localizadores y larga distancia local e internacional. Al iniciar se estimaba alcanzar un 12% del mercado, aunque desde meses antes ya estaban trabajando varias frecuencias adquiridas en subastas. GCA-Telecom se formó de la unión de empresarios salvadoreños con World Access de Estados Unidos, empresa asociada a AT&T , MCI, Sprint y 250 empresas más.
WA trabajaba ya en telecomunicaciones en Brasil, Argentina, Madagascar, Africa, Italia, Inglaterra, Alemania, Taiwan y China.
La principales fechas para la telefonía, en julio de 1998, fueron precedidas por años de forcejeo político.
Así como en otros países, los que apoyaban la privatización de las telecomunicaciones en El Salvador fomentaron desde un tiempo atrás serios cambios en tarifa para acostumbrar a los usuarios a precios propios de un negocio con fines de lucro más voraz. Se elevaron los precios del servicio local y se observó una baja en los costos de llamadas internacionales. En El Salvador se establecieron las fechas de venta habiendo tomado en cuenta 'estratégicamente' la fecha de Telebras, que consideraron algunos « la mayor privatización en la historia del Capitalismo ». Merryl Linch afirmaba que los principales atractivos de Telebras se fundamentaban en que en Brasil sólo se tenían ocho teléfonos por cada cien habitantes.
El 28 de julio de 1998 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió veredicto en que se obligaba, a la Junta Directiva de ANTEL, a pagar a Delta Ingenieros una indemnización por faltar a un supuesto contrato de licitación de noviembre de 1995. Al privatizarse, en los estados financieros de la telefónica no se comprendía la supuesta obligación, por lo que en septiembre de 1998 CTE-ANTEL llegó a su mayor punto de preocupación. Sin embargo, en el fondo se hacía obvio un intento de estafa, por cuanto se hablaba de la inexistencia de un contrato firmado; por otra parte, al presidente de Delta Ingenieros se le había encarcelado por una estafa de 325 mil colones. Se trataba de una oportunidad única de esa empresa, en cuyo fraguado se implicarían varios funcionarios, ya que de no responder la telefónica por su estado de transición, se cargaría al Estado entre 28 y 51 millones de colones.
Banca, El Salvador
En enero de 1998 la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) dio a conocer que invertiría 2.5 millones de dólares -unos 22 millones de colones- en la adquisición del 10% de las acciones del Banco Hipotecario de El Salvador. Para ello sería necesario una ley específica que permitiera la venta de éste último banco estatal. En marzo de 1996 siete de los once directivos, incluyendo el anterior presidente, habían renunciado por rechazo a la intención del FOSAFFI de reducir del 25% al 15% las acciones que estarían destinadas a los empleados. Al final, los empleados sólo habían pagado la prima del 17.7% de esas acciones.
La CII asesora a gobiernos para privatización de entes estatales, y a la empresa privada le asesora en reeingeniería y reestructuraciones. En el caso del Banco Hipotecario su aporte en capital ayudaría a la obtención de más recursos, como tecnología, fondos y especialización.
Electricidad, El Salvador
La Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador (CAESS) y la Empresa Eléctrica de Oriente (EEO) fueron privatizadas a través de una subasta en la que ganó la venezolana Enersal -perteneciente a la Corporación Venezolana EDC-, que adquirió el 75% de las acciones de ambas empresas, quedando el 20% para los trabajadores y 5% para la Bolsa de Valores de El Salvador. Se estima que CAESS costó un poco menos de 300 millones de dólares. La venta del 75% de las cuatro distribuidoras se hizo en enero de 1998 y en total el gobierno recibió unos 586 millones de dólares. El 19 de febrero de 1998 se celebró la primera junta de accionistas de CAESS/EEO, en cuya directiva se hizo obvia la aplastante presencia extranjera.
En cuanto a CEL -la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa-, a mediados de 1998 se dio a conocer el plan de dividir la generación de electricidad en cuatro empresas que competirían entre sí, siendo todas propiedad de CEL. Al parecer, de existir la decisión de vender CEL, sería responsabilidad del gobierno que se eligiera en 1999. Para sorpresa de la clase política y económica, el 24 de septiembre de 1998 el Ministro de Hacienda dio a conocer que se sacaría a licitación las centrales térmicas de Soyapango, Acajutla y San Miguel; también que se subastarían para concesión las geotérmicas de Berlín y Ahuachapán. Esto se realizaría a finales de 1998 y los meses siguientes. El 3 de octubre de 1998 se inauguró la Central Hidroeléctrica Nahuizalco, en Sonsonate. El proyecto es propiedad de Sensunapán, SA de CV, y proveería a CLESA.
Los fondos de pensiones, El Salvador
En cuanto a las administradoras de fondos de pensiones -AFP-, que comenzaran a funcionar el 15 de abril de 1998, en los primeros cien días de operar ya habían formado un fondo de 54.5 millones de colones, sumando aportes patronales y de afiliados. También a esa altura, las AFPs con mayor afiliación acumulada eran Confía y Previsión. Las siguientes eran Porvenir, Máxima y Profuturo. De los 350,000 afiliados, un 25% pertenecía a la primera, y un 3% a la última.
Con ello se había cubierto ya un 70% del total del mercado. Los primeros datos sobre el rendimiento de las AFPs se darían a conocer hasta junio de 1999.
El privatizado sistema de pensiones en El Salvador fue uno de los más agresivos golpes a los presupuestos familiares. La frontera inicial del 3.5% de comisión sobre el ingreso no causó gracia a nadie. Para quien tenía empleo formal, eso representaba más o menos un descuento mensual equivalente a la suma del servicio eléctrico, telefónico y de agua para el mismo mes, en un caso típico de un empleado de clase media. A ese porcentaje había que agregarle el 1% de ahorro, y considerar que la frontera de 3.5% tenía que ampliarse en los siguientes años.
Pagar un 3.5% para que le cuidaran un 1% congelaba la cara a cualquiera.
Se planteó en los primeros días de operación de las AFPs la idea de un sistema mixto, pero ya era tarde. Los críticos y expertos extranjeros más consecuentes opinaban que si bien el sistema público tenía deficiencias, bastaba con subir un poco la tasa de cotización tradicional y hacer serias modificaciones a la administración de finanzas de pensiones. En efecto, los defensores de las AFPs se apoyaban en el hecho de que las pensiones que se pagaban hasta 1998 eran miserables. Tenían razón, pero sólo en eso. El sistema de pensiones realmente no estaba en agonía, sólo que tenía pagos muy bajos, pero las instituciones que las manejaban, ISSS e INPEP, mostraban por otra parte estados financieros propios de una institución robusta. Incluso el ISSS en 1998 realizó gastos millonarios en una campaña publicitaria en todos los medios de difusión durante un par de meses para inhibir el apoyo público a la huelga de médicos.
El ISSS, una institución enorme de seguridad social -exclusiva por mucho tiempo para empleados del sector privado-, tenía las condiciones económicas y la estructura para seguir operando las pensiones.
Aunque el INPEP, la institución de pensiones de empleados públicos sí tenía verdaderas dificultades, en los últimos años se habían hecho arreglos para pasar buena carga de éste al ISSS.
En general, el ambiente en que las AFPs se presentaron fue señal de lo que vendría. Fuegos artificiales en San Salvador en la noche del primer día de operación, una campaña publicitaria desbordante comparable sólo a las campañas electorales, gran pompa con visitas de los inversionistas extranjeros al Presidente de la República, una funcionaria de superintendencia con sueldo de récord, edificaciones y equipos nuevos, éxodo de especialistas latinoamericanos en pensiones hacia El Salvador, etc. Los promotores empleados de las AFPs se valían de la confusión y de la obligatoriedad -por la nueva ley- para alcanzar afiliaciones. Aunque los economistas de profesión aconsejaban que no se permitiera que la banca merodeara la manipulación de los fondos, las AFPs abiertamente aceptaban su compadrazgo con instituciones bancarias, como una forma de mostrar solidez.
Tres recursos de inconstitucionalidad fueron denegados por la Corte Suprema de Justicia el 26 de agosto de 1998, después de dos años de haberse presentado. Es muy conocido el mal del sistema de justicia salvadoreño en dar resoluciones tardías, si es que se tiene la suerte de que se den. Así como se da una gran cantidad de casos sin definición en los reos comunes, en las altas esferas las demandas y recursos sufren también un gran retraso, que a simple vista es regulado por la válvula política.
La ley del SAP -Sistema de Ahorros para Pensiones- fue aprobado por la Asamblea el 20 de diciembre de 1996 en medio de un sombrío manejo por parte de la comisión respectiva, en el que se invalidaba el decisivo voto de un diputado de oposición, bajo el pretexto de que no había asistido regularmente. A mediados de agosto de 1998 también se presentaron más de 150 recursos de amparo contra la ley del SAP, aunque casi ninguna tocaba puntos neurálgicos que trajeran abajo el proyecto completo.
Los únicos que quedaron fuera del SAP eran los militares, que manejaban todas sus prestaciones en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada -IPSFA-, institución que se había fortalecido ampliamente en los ochentas, bajo la premura presupuestaria de la guerra.
Ingenios y plantas de alcohol, El Salvador
En la década de los ochentas, la administración demócrata cristiana del Ing. José Napoleón Duarte estatizó los ingenios El Carmen, La Cabaña, Chaparrastique, La Magdalena, Chanmico y Jiboa. Sólo quedaron en el sector privado los ingenios San Francisco, El Angel y Central Izalco. La ley de Privatización de Ingenios y Plantas de Alcohol fue aprobada en septiembre de 1994, con lo que se tubo en octubre la primera venta, el Ingenio El Carmen, por unos 26 millones de colones.
En 1995 se privatizaron otros tres ingenios: La Cabaña, vendido en 112 millones de colones; Chaparrastique, en 76 millones, y La Magdalena, en 32 millones de colones. En 1996 se intentó vender el Ingenio Chanmico, pero el traslado del mismo desde La Libertad hacia la zona oriental del país trajo problemas. La venta se realizó después, tomando el 55% los cañeros y 15% los empleados. El último 30% -propiedad del INAZUCAR- fue vendido en la Bolsa de Valores por 20,064,867. En total, el Estado obtuvo por el Ingenio Chanmico 38 millones de colones. Las instalaciones de este ingenio permanecieron cerradas desde 1995, y se utilizaba sólo para proveer repuestos a otros ingenios. El INAZUCAR invirtió para rehabilitarlo, por lo que reinició el 1 de diciembre de 1997.
Finalmente, el Ingenio Jiboa, localizado en San Vicente con un capital social de 191,214,900, se pretendió venderse en mayo de 1998. Fue hasta el 10 y 11 de septiembre que se subastaron sus 573,645 acciones -un 30% del total- en un lote por día, en el SENA de la Bolsa de Valores. Los ingresos mínimos esperados eran unos 77.4 millones de colones, pero las negociaciones se vieron ensombrecidas por la poca demanda de las acciones. La venta del 70% restante comenzó en fechas semejantes, para trabajadores, productores y cañeros, con una fecha límite de suscripción del 14 de marzo de 1999.
El rubro de los ingenios fue el menos espectacular dentro del proceso de privatización. El gobierno incurrió en gastos elevados para 'hacerlos atractivos' y cubrir las numerosas irregularidades administrativas. Es más, el caso de la planta de alcohol El Carmen fue un triste revés en esta 'dulce historia de la modernización del Estado'. En abril de 1997 la empresa estadounidense Western Petroleum Importers aceptó pagar 4.8 millones de colones -ése era el precio base- en una subasta sin más ofertantes. Como la empresa operaba la planta en concepto de alquiler desde 1992, dejó de pagar la renta a partir de ese momento. Lo bueno vino cuando tampoco quiso pagar los 4.8 millones. Ya para 1998 estaba clara la incapacidad o falta de voluntad del INAZUCAR y del gobierno para aplicar rigor a aquella empresa, que prácticamente había desaparecido del país.
Otro revés fue el Ingenio El Cármen, que se apuntara antes fue privatizado en 1994. Había sido adquirido por cooperativistas de la Reforma Agraria, que tenían gran experiencia en producción de caña, pero que por su pésima administración, desfallecieron habiendo operado hasta la zafra 1997-98. Fue retomado por el INAZUCAR para entregárselo al BFA como pago de la deuda de 49 millones de colones de los cooperativistas al banco, para que se rehabilitara y fuera sacado de nuevo a la venta.
Puertos, El Salvador
El Puerto de Cutuco fue objeto del estudio « Reactivación de la Actividad Portuaria en Cutuco » por parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Resultaron dos alternativas, invertir 101 millones de dólares, y la otra de sólo 94 millones. El gobierno tomó la segunda alternativa en septiembre de 1998, esperando el financiamiento de Japón. La investigación costó unos 12 millones de dólares, mientras que el diseño otros 5 millones; el proyecto comenzaría a trabajar en el 2005, espezando a operar el puerto en el año 2015. El proyecto incluye la construcción de terminales, carreteras, equipos y una zona franca. Japón ya en 1970 había financiado la construcción del Aeropuerto Internacional de Comalapa.
Parte del estudio comprende la recomendación para privatizar o dar en concesión algunos servicios del puerto, conservando CEPA algunos puntos de administración. El proyecto señala aspectos específicos que deberían privatizarse en el corto y largo plazo, dado que algunas secciones comenzarían a operar mientras avanzara la construcción.
Por otro lado, otro de los proyectos de privatización conocidos en 1998, ya anunciado en la campaña electoral de las elecciones de marzo de 1997, estaba la orientación de la Alcaldía de San Salvador de trasladar algunos puntos del servicio de recolección de basura a pequeñas empresas privadas. Algo parecido estaba pasando en el Ministerio de Obras Públicas desde hacía unos años. Las obras civiles de mayor y mediana envergadura se asignaban a grandes empresas privadas de construcción, en el marco de negociaciones desconocidas a la opinión pública. Con ello se ataba el andamiaje de la inversión pública en infraestructura a la oscura convivencia de altos funcionarios públicos con los intereses del sector privado.
Nicaragua
En 1998 se comenzó a planear la privatización de los fondos de pensiones, siguiendo el modelo chileno, el cual fuera creado en 1981 y que a fines de abril de 1998 acumulara fondos por unos 31,000 millones de dólares.
Los movimientos de privatización de 1998 en las visitas de funcionarios nicaragüenses a Chile buscaban conocer sobre el modelo y también promover la inversión chilena. La dirección de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) planeó para septiembre realizar una invitación a varias firmas a participar en la venta de un porcentaje de acciones, que incluía 40% para firmas extranjeras, 11% para los empleados y el resto para el gobierno. La venta de Enitel se planeaba realizar en mayo principios de 1999, esperando recibir unos 250 millones de dólares. La Asamblea Nacional aprobó en junio de 1998 la ley de privatización de la telefónica, por segunda vez.
Ya en 1995 se había aprobado, pero la inestabilidad política había alejado el interés de los inversionistas. El Frente Sandinista introdujo a finales de agosto de 1998 un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para detener el proceso. Se intentó modificar la ley para lograr la venta completa, conservando el 11% los empleados y el 89% entregándose a la mejor oferta. La turbulencia política atraída por la privatización forzó en parte la renuncia del presidente de la telefónica, aunque el sucesor, ya en la primera semana de septiembre de 1998 apoyó continuar el proceso.
El 21 de octubre de 1998 las autoridades encargadas de la privatización de Enitel dieron a conocer al cuerpo diplomático el estado del proceso. Se supo que un 10% se vendería a sus 3,150 empleados, mientras un 1% se les donaría. Dentro de los tres años siguientes se privatizaría un 49% en la bolsa de valores o licitaciones internacionales. El 40% restante para la inversión extranjera daría además un período de veinte años de administración, tres años de exclusividad en telefonía básica y otras licencias.
En 1998 había en Nicaragua unas 140,000 líneas, de las cuales el 96% eran digitales. Se estima que se necesitaba duplicar esa cantidad de líneas.
Guatemala
TELGUA fue subastado por primera vez el 16 de diciembre de 1997, asistiendo Telmex como único oferente -aunque habían precalificado cinco-, ofreciendo 529.1 millones de dólares por el 95% de la empresa; Crystal Group de Guatemala estimaba un valor de 800 millones de dólares por la telefónica.
Se declaró fracasado el acto por la inexistencia de más empresas que pujaran. En Guatemala el gobierno proyectaba privatizar unas 56 entidades públicas en total.
TELGUA resultó como respuesta a los problemas legales que enfrentaba la anterior Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL) para su privatización.
Después de observar personalmente la privatización de CTE en El Salvador el 24 de julio de 1998, se aceleró un nuevo intento de subasta para agosto del mismo año, con un mecanismo en el que se ampliaba la participación a consorcios de inversionistas -antes sólo podían los operadores internacionales- y se conservaba la inexistencia de un precio mínimo, reservándose el gobierno la elección de la mejor oferta. Las firmas presentaban dos sobres: uno con el precio por acción que deseaban pagar y en el segundo el porcentaje que esperaban comprar, que tenía que ser entre 51% y 95% del total.
En 1998 TELGUA tenía funcionando unas 500 mil líneas, con una demanda insatisfecha de más de un millón. Esperaba obtener en esa venta unos 600 millones de dólares, que servirían para sanear las finanzas públicas, la inversión social y la productividad, según programas establecidos en la firma de la paz de diciembre de 1996.
El gobierno de Guatemala puso fin a ocho años de monopolio que mantenía una empresa privada en la telefonía celular, al dar en concesión tres frecuencias por un periodo de 15 años y un valor de 14.95 millones de dólares, el 13 de agosto de 1998. La Superintendente de Telecomunicaciones dijo que las empresas ganadoras fueron la estatal Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima (Telgua SA) y Paysandú SA, ambas guatemaltecas. TELGUA se adjudicó las frecuencias A1 y B1 a un costo de 4.91 y 6.23 millones de dólares, respectivamente; mientras que la frecuencia G la ganó Paysandú, por 3.81 millones. La empresa Comunicaciones Celulares (Comcel) mantenía en Guatemala, desde 1990, la distribución del servicio celular en todo el territorio nacional.
El 95% de TELGUA fue comprada por más de 700 millones de dólares por el grupo centroamericano -mayormente guatemalteco- Luca, SA. La fecha, el primero de septiembre de 1998. A juicio de los guatemaltecos, fue la mayor privatización en Centroamérica. Sin embargo, algunos grupos de oposición acusaron de viciado el trato, al existir intereses de familiares del presidente Arzú detrás de Luca, SA., así como manejos dudosos por parte del Ministro de Telecomunicaciones, Fritz García-Gallont.
La Empresa Eléctrica de Guatemala, SA (EEGSA) fue sometida a una licitación internacional el 30 de julio de 1998, en lo referente a distribución. Se planeó vender primero el 80% de la empresa, cuyo valor total estimado estaba entre 250 y 300 millones de dólares. Entre los interesados se contaban Electricidad de Caracas en sociedad con Houston Industries, AES Americas Inc., de Arlington, Coastal Power Co., de Houston y Enron.
La adquisición del 80% -unos 17.2 millones de acciones- de EEGSA la hizo Iberdrola de España junto a la estadounidense Teco Power Services (TPS) de ultramar y Electricidad de Portugal. El grupo pagó 520 millones de dólares, mientras que el gobierno estaba esperando sólo un poco más de 200 millones. Al momento de la venta solo acudieron otros tres consorcios. Uno de ellos, el integrado por Unión Fenosa Desarrollo/Acción Exterior/Enron Caribe, ofreció 475.5 millones. Los otros dos fueron Energua (Electricidad de Caracas) con una oferta de 319.2 millones de dólares, y AES Corporation con 240 millones de dólares.
El gobierno guatemalteco fue asesorado por Salomon Smith Barney. Al momento de la venta EEGSA tenía una deuda de 43 millones de dólares y distribuía el 70% de la energía de Guatemala, teniendo el resto otra empresa. La deuda debía ser absorbida por comprador. La empresa había operado con pérdidas en 1995 y 1996, pero a raíz del aumento de las tarifas para 1997 tuvo ganancias netas de tres millones de dólares. Desde 1972 EEGSA pertenecía al Estado en un 96.1%, mientras la que diferencia de 3.9% estaba en manos privadas.
Las 3.46 millones de acciones restantes de EEGSA, correspondientes al 16.1%, serían colocadas en la Bolsa de Valores Nacional (BVN) en agosto de 1998. Un año antes el gobierno de Arzú había iniciado la privatización, cuando la estadounidense Guatemalan Generating Group adquirió por 30 millones de dólares las dos plantas generadoras de energía de EEGSA. El trato se refería al derecho exclusivo de generar y suministrar electricidad por 18 años, para lo que invertiría 200 millones de dólares.
En lo que restaba de distribución del INDE -Instituto Nacional de Electrificación- se planeó su venta en noviembre de 1998, quedando en manos del Estado la generación y transmisión. Para ese acto el gobierno contrató la asesoría de Schroders-Citibank, estableciéndose también que esa parte de distribución sería dividida en dos partes, la del Este del país, con unos 200,000 usuarios, y la del Oeste, con más de 375,000 usuarios.
El gobierno de Arzú estuvo de la mano de grandes empresarios guatemaltecos para forzar la privatización -gustaban llamarle desincorporación- y pasar por encima de una gran cantidad de obstáculos, como la oposición política, los grupos sindicalistas, desinterés de la inversión extranjera y las quejas de muchas irregularidades en el proceso mismo de privatización, avalado por el Comisionado Presidencial para la Modernización. El plan contemplaba la concesión de terminales aéreas, puertos marítimos, correos, y los institutos Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y Guatemalteco de Turismo -Inguat-.
Colombia
En 1997 se vendió el 48% de los activos de la Empresa de Energía de Bogotá, que fueran tomados por inversionistas de Chile y España.
El 15 de julio de 1998 el Ministerio de Minas y Energía dio a conocer la decisión de vender el 65% de las acciones de sus empresas de electricidad de la región Caribe, como son los departamentos del Atlántico, César, Magdalena y Guajira. La fecha señalada era el 23 de julio de 1998 y se refería al denominado paquete Electrocaribe. En la misma fecha se planeaba realizar igual trato para las empresas eléctricas del norte de Colombia: los departamentos de Bolívar, Córdoba, Magangue y Sucre.
Ambos grupos pertenecían a la Corporación Eléctrica de la costa Atlántica (CORELCA), entidad señalada en el pasado de grandes hechos de corrupción y otras irregularidades, por lo que tuvo que ser sometida a profundas reformas. El proceso de privatización de 1998 siguió el ejemplo de 1997. Los candidatos depositaron sus ofertas en dos urnas; en la primera contenía los detalles técnicos y legales, y las pólizas de seguro. En la segunda urna se depositaban las ofertas económicas, que se supone se mantenían secretas hasta la fase final de la adjudicación.
El 28 de julio de 1998 se planeaba definir la venta del 65% de la electrificadora de San Andrés y Providencia, archipiélago sobre el mar Caribe. El destino de los ingresos de la venta era cubrir los pasivos de éstas empresas. Se pretendía también con la co-inversión eliminar los déficit con que se había estado operando.
A pesar de la oposición sindical a la venta de la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Colombia (Telecom), se concedieron licencias a operadores privados para competir con los servicios del estado. El servicio telefónico de larga distancia nacional e internacional se planeaba ser abierta en diciembre de 1998 a la competencia privada.
Ecuador
En 1997 el gobierno dividió la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL) en dos sociedades anónimas. ANDINATEL para la sierra andina y la Amazonia y PACIFICTEL para la costa. En noviembre de 1997 se puso a la venta el 35% de las acciones de ambas empresas, pero los inversionistas extranjeros no mostraron interés.
En agosto de 1998 el Consejo Nacional de Modernización dio a conocer la evaluación de un tercer intento de vender la telefonía, probando las bolsas de valores. La presión presupuestaria nacional fue lamentable sobre todo en 1998, ante el hecho de tener en mayor índice de evasión fiscal de Latinoamérica, alcanzando un 70%
Chile
Ya para fines de los noventas todo lo vendible en telecomunicaciones estaba privatizado. En 1998 se contaban nueve empresas telefónicas matriciales de cobertura nacional e internacional, entre las cuales CTC captaba el 70% del mercado.
En 1980 comenzaron a operar las administradoras de fondos de pensiones -AFPs-, siendo hasta cinco años después que se les permitió invertir en acciones de empresas que cotizaban en la Bolsa de Valores. Doce años después la Superintendencia de Pensiones de Chile les autorizó el invertir en el extranjero. Para 1998 habían 5 millones 300 mil empleados chilenos afiliados al sistema de pensiones, compuesto por unas doce administradoras, equivalente al 95% de la fuerza laboral, A esa altura, los países que trabajaban con ese sistema eran Argentina, México, Bolivia, Colombia y El Salvador. Julio Bustamante, Superintendente de Pensiones de Chile y furioso defensor del sistema, evaluó los primeros cien días de las AFPs en El Salvador, asistiendo personalmente durante varios días a la Superintendencia de ese país. 'Dejemos que el sistema funcione' fue su cuña de justificación a ese momento, en que algunos sectores políticos pedían amplias reformas a la ley respectiva.
En el momento en que los chilenos se jactaban de que en El Salvador se había seguido su modelo de pensiones, en Santiago de Chile la Confederación de Trabajadores del Sector Privado (CEPCH) denunciaba serias violaciones sistemáticas de las AFPs y despidos masivos sin indemnizaciones, dentro de un desorden de malos manejos y una tasa de rendimiento real decadente. Para septiembre de 1998 los proximadamente 30 mil millones de dólares administradas por las AFPs sufrían cierto desequlibrio que se atribuía a la crisis asiática, habiendo bajado la rentabilidad en un 2.1% a pesar de que sólo una pequeña fracción de los fondos se invertía en el extranjero.
La Cámara de Comercio de Santiago de Chile calculó que las privatizaciones en Latinoamérica alcanzarían en 1998 unos 80 mil millones de dólares, más del doble de 1997. Por otra parte, Securites Data Co calculó en 1998 que las privatizaciones de 1997 habían llegado a los 31 mil 400 millones de dólares, siendo un incremento del 142.7% con relación a 1996.
El 28 de agosto de 1998 Chile sacó a licitación el manejo de cuatro muelles en los puertos de Valparaíso, San Antonio y San Vicente-Talcahuano, por los que pasa el 48% de las 22.3 millones de toneladas que transportaba la empresa estatal Emporchi. Las ofertas fueron recibidas hasta finales de diciembre. Inicialmente se pensó en dar a conocer el ganador en enero de 1999.
Bolivia
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) fue privatizada, capitalizándose en 1996 por Stet de Italia, por un monto de 610 millones de dólares. En 1997 el paquete de acciones de Stet fue adquirido por Telecom Italia.
Venezuela
El campo petrolero Boquerón, perteneciente a la petrolera estatal PDVSA, fue adjudicada a Union Texas de Estados Unidos en mayo de 1998, en un contrato para operar la extracción durante 20 años. La operación se hizo en conjunto con Preussag de Alemania, que posee el 33.33% del contrato de Boquerón. Con los otros dos tercios de Union Texas, el contrato costó en total US$175 millones.
PDVSA, que había tenido en 1997 una producción de 3.76 millones de barriles diarios, no aspiraba en el momento del contrato a cumplir en 1999 con la meta de 4 millones de barriles diarios.
La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) fue parcialmente privatizada en 1991, mediante una subasta en la que el 40% de las acciones fueron adquiridas por un consorcio formado por GTE y ATT de Estados Unidos, Telefónica de España, y de Venezuela el Banco Mercantil y Electricidad de Caracas. En agosto de 1998 BellSouth de Estados Unidos aumentó a casi el 78% de su participación en Telcel Cellular al pagar 210 millones de dólares por otro 21% de la telefónica celular.
El grupo EDC abarca empresas dedicadas a electricidad, telecomunicaciones, agua y otras actividades.
A EDC de Venezuela pertenecen Luz Eléctrica de Venezuela, la Electricidad de Guarenas y Guatire, y Luz Eléctrica de Yaracuy.
En agosto de 1998 el presidente saliente Rafael Caldera intentaba dar un impulso a las privatizaciones que nadie pudiera detener, al fijar el 17 de septiembre siguiente como la fecha del tercer intento de venta de las empresas de aluminio, con un nuevo llamado a subasta a la que únicamente parecían estar interesados Billiton de Gran Bretaña, Kaiser de EEUU y Sural de Venezuela, los que formaban un consorcio. La fecha anterior fracasada fue el 25 de julio de 1998, y la primera el 24 de marzo del mismo año. En ese entonces los interesados habían considerado muy elevado el precio base de 2 mil 100 millones de dólares, de los que el Estado recibiría unos 592 millones, ante la necesidad de pagar una deuda de más de un mil 100 millones de dólares de la Corporación Aluminio de Venezuela. Este grupo estaba conformado por Alcasa, Venalum, Bauxilum y Carbonorca, cuya privatización fue encomendada al Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV).
El 15 de septiembre de 1998 el gobierno logró privatizar la primera empresa eléctrica, el Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta (SENE), que abastece a las islas de Margarita, Coche y Cubagua, al oriente de Venezuela. Con un precio base de 35 millones de dólares, el contrato para operar por 50 años fue vendido por 90.01 millones al grupo Enelmar, compuesto por CMS Electric & Gas, de Estados Unidos, y las venezolanas Casa Paris y Consultores Occidentales. La entidad a cargo fue el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), estimando como un éxito la operación, después de que serios problemas ocasionaran la huida de nueve de los once grupos calificados.
El otro que se quedó a ofertar fue Fuerza Eléctrica de Nueva Esparta, ofreciendo 52.2 millones de dólares. A eso se añadía la desventaja de la obsolescencia de la red eléctrica.
Enelmar estaba comprando el 70% del SENE, quedando un 20% para los empleados y el 10% restante para el mercado local de capitales.
Según Argentaria de España, en 1998 Venezuela tenía la moneda más sobrevalorada de Latinoamérica, viéndose ante una gran presión a la devaluación.
Paraguay
La Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antelco) dirige la telefonía básica. En 1998 el Consejo Nacional de Telecomunicaciones proyectó poner en licitación el desarrollo de una segunda operadora que hiciera competencia a Antelco.
El Salvador, herencia de guerra La tentación de mirar al pasado para encontrar las sombras del enemigo fue uno de los pecados de la derecha en los últimos años. El consagrarse como innegable precursor de la historia de posguerra fue un premio que no podía ser ganado por uno solo; ésta vez no se trataba de la liquidación de enemigo.
Durante las fiestas de agosto de 1998 en San Salvador, el Arzobispo auxiliar Monseñor Gregorio Rosa Chávez habló en un medio de difusión acerca de la crisis política del país. Se trataba obviamente de un mensaje propio de un espíritu de gran amplitud humana, y así de realista: las soluciones a los problemas eran más abundantes de lo que aparentaban. El distanciamiento de la clase política de las necesidades sociales había tocado niveles exagerados, cuando la población viera cómo los partidos imponían sus componendas por sobre la conveniencia pública, a todas luces clara. El PCN, a cambio de los votos en la Asamblea para imponer en la Corte de Cuentas a Francisco Merino, un cuestionado funcionario de derecha que incluso era rechazado por su mismo partido de origen (ARENA), aceptaba aprobar por su parte la imposición de un nuevo dirigente para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, señalado por sus graves faltas cuando ejercía para la justicia y por no cumplir el principal requisito, es decir una amplia y reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos.
« El desafío actual no es cómo hacer sobrevivir lo viejo, sino cómo hacer prosperar lo nuevo. Entenderlo así es la tarea básica de la transición en el plano de la cultura...Pasó el tiempo de la pólvora; es la hora del cemento. Y, por consiguiente, no es la hora de la demolición, sino el momento de la edificación. Los que no puedan aceptar anímicamente estas demandas de la realidad, sólo tendrán dos opciones: encerrarse en arqueológicas torres de marfil o quedarse en los tatúes del sueño que ya tuvo su despertar. Son en realidad dos formas de desaparecer. » opina David Escobar Galindo.
El problema de la competitividad
Dentro del abismal y complejo ambiente de los tratados comerciales entre los países, que en la mayoría de casos terminan por ser aperturas de beneficio unilateral, cuando se trata con países de gran ventaja productiva, se observa cierta tendencia a realizarse en grupo por el simple hecho de aparentar 'estar en la jugada'. En realidad, la dura verdad dice que países como El Salvador tratan de negociar sabiendo que difícilmente podrá ponerse a la par de su homólogo. Durante años, la armazón política no permitió la formación de un mecanismo regenerador de la economía, ni de una política consistente que fuera creando aquellas instancias que soportarían un flujo limpio de los movimientos productivos.
Estamos llegando al nuevo milenio con instituciones deficientes, infraestructura inadecuada y redes productivas prácticamente rotas. Con el desorden en todo el sistema productivo, el tamaño del territorio nos queda aún más pequeño.
El alcalde de la ciudad de Cojutepeque -que fuera capital de El Salvador por unos años en el siglo XIX-, expuso a mediados de 1998 que la ciudad no crecía en su industria porque no había espacio. Es irónico, pero en la capital, San Salvador, que es donde se centra la 'estrategia productiva nacional', la situación es peor. Los puestos de ventas del sector informal cubren hasta más de dos metros a ambos lados dentro de las calles donde transitan vehículos. Las soluciones son pocas y difíciles, y cuentan con el mayor obstáculo de todos: el desacuerdo. Aquí se encuentra un caso de aquellos en los que la política lo cubre todo. Aún no se logra, ni se espera que se logre en las primeras décadas del siglo XXI, una supresión de la amplia polarización social.
Publicado: San Salvador, 13 de enero de 1997. CONACYT PROGRAMA SALVADOREÑO DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD OBJETIVO GENERAL
Formular un Plan Nacional de Calidad y Productividad que apoye la mejora continua de la calidad y productividad de las empresas y promueva a nivel general, una cultura de la calidad en el país.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Evaluación de la calidad de los productos manufacturados por la industria y servicios, en comparación de los estándares internacionales, con el objeto de establecer un punto de referencia de la situación actual.
- Identificación de los obstáculos para mejorar la calidad y productividad; utilizar nuevas tecnologías e innovar. Establecer un marco de políticas que estimule dichas actividades.
- Fortalecer el marco institucional que apoye el uso de estándares de calidad, normas, metrología, certificación y verificación de la calidad.
- Promover Y facilitar la adopción de normas y estándares de calidad en las empresas, a fin de alcanzar un nivel de calidad y productividad internacional.
- Capacitación de personal de acuerdo a las necesidades y demanda de la industria y los servicios en todos los niveles, para apoyar los programas de calidad total.
- Desarrollar una estrategia de información, divulgación y formación de una cultura de calidad para competir internacionalmente.
- Diseñar un marco institucional que permita la coordinación de las diferentes instituciones públicas y privadas, para implementar la estrategia y plan de acción del Programa Salvadoreño de Calidad y Productividad.
El Programa Salvadoreño de Calidad y Productividad, así como el Programa Nacional de Competitividad -desarrollado éste último por la estadounidense The Monitor Company, en cuyo equipo de directores figura Michael Porter-, son sin duda los mejores intentos de El Salvador por elevar su nivel de trabajo productivo. Para finales de 1998 se tenían definidos varios clúster, la herramienta sectorial número uno de los analistas que la desarrollaron.
Después de varios años de recibir las remesas en dólares de los salvadoreños en Estados Unidos, a nivel comercial prácticamente se disponía de vía libre para importar, llegándose a manejar una relación de dos a uno en importaciones/exportaciones. Aunque este fenómeno también fuera observado en México en los ochentas, en la mayoría de países de la región, el proceso de globalización había forzado el cerrojo, alcanzándose un nivel de libertinaje en importaciones que llegó a ser insostenible en algunos países. Después de la apertura de los mercados, también Rusia sufrió una de sus peores caídas, a finales de agosto de 1998, cuando las autoridades monetarias decidiera abandonar el rublo a su suerte en el mercado, aunque sin duda asistieran allí otras condiciones difíciles para Asia.
En agosto y septiembre de 1998 las crisis en Asia habían ya alcanzado a puntos críticos que influían negativamente hasta en Estados Unidos. El pavor reinaba en las principales bolsas latinoamericanas y estadounidenses, mientras que en Rusia el nuevo capitalismo impulsado por Boris Yeltsin terminaba en anarquía. Los problemas habían comenzado en 1997 en Tailandia, con Chavalit Yongchaiyudh; en Malasia, con Mahathir Mohamed y en Indonesia con Suharto. Ellos administraron, dentro de su estilo hegemónico, grandes inversiones que habían acudido allí gracias al otrora milagro asiático. Japón incidió más en la llamada Crisis Mundial de la Globalización por sus relaciones con medio mundo. Ellos habían formado su crisis lentamente, a diferencia de los otros países asiáticos, aplacando por años los transtornos por medio de su exitosa industria de exportación. En 1998 se mostraba ya una administración financiera muy debilitada, que transmitiera el daño a su cónyuge tradicional, la empresa privada.
Una explicación de los nefastos resultados podría ser lo que se mencionaba más en la región. La llegada de excesiva oferta de bienes asiáticos baratos a Estados Unidos privó del crecimiento a la industria de ese país. A su vez, éstos bienes se reexportaban a Latinoamérica en gran medida. Llegó un momento en que la saturación no permitió más, frenando con ímpetu la capacidad productiva coreana, taiwanesa, etc. El efecto en las monedas fue terrible, acrecentándose cuando algunos países trataban de mantener a flote el tipo de cambio, inyectando dólares a como pudieran.
Aunque ya se habían pronosticado estas consecuencias desde principios de los noventas, está claro que se había ignorado el problema que traería la apertura indiscriminada de los mercados. Se podría tomar esto como un conflicto de competitividad internacional. La región veía contraído su mercado en Asia, Rusia sin producir nada y Estados Unidos tambaleándose por los problemas personales de Bill Clinton, ante la posiblidad del fín prematuro de su mandato, que traería incertidumbre para muchos sectores que dependían de la política que él había anunciado.
Lo que deja el ALCA
La idea del ALCA fue puesta a la vista en la I Cumbre de Las Américas en Miami -en diciembre 1994-
por Bill Clinton.
Fue hasta el 17 de junio de 1998 que en Buenos Aires se comenzaron las negociaciones verdaderas, después de cuatro años de preparación. Aquí se estableció la organización y reglamentación de los grupos que se reunirían desde el 30 de sept./98 en Miami, desde el 2001 en Panamá y en México desde el 2005.
Que Latinoamérica no estaba lista para el ALCA en 1994 ni en 1998 no es difícil de creer . Con algunas excepciones como el caso de Chile, que sí parecen contar con las condiciones mínimas, se presenta un panorama muy incierto. Se intenta darle a los países más débiles -Centroamérica y el Caribe- un trato especial.
La búsqueda de la unificación comercial en Latinoamérica aparentemente no se vio influida por los avances de la Unión Europea, la cual pretendió poner a circular el euro a partir de 1999. La Unión Europea mantuvo cierta paridad con el TLC -EEUU, Canadá y México-. En 1997 la UE cubrió el 20% del comercio mundial, con 823,000 millones de dólares de exportaciones y 768,000 millones de importaciones.
México negoció un tratado comercial con la UE el 14 de julio de 1998, partir de las declaraciones previas firmadas el 2 de mayo de 1995, sobre todo para asuntos económicos.
Comparación TLC/UE con
datos de 1996
TLC
Unión Europea
Naciones
PIB 1996
Población
3
8.8 billones
375 millones
15
8.6 billones
370 millones
En julio de 1998 se conoció en la conferencia El Impacto de la Crisis Asiática en América Latina que esa crisis afectaría a la región en una disminución del 1.5% del crecimiento estimado para 1998. Una buena parte de las exportaciones de Perú y Chile, y en menor medida Brasil y Argentina, se dirigen a los países asiáticos. En general, Latinoamérica dirige un 10% de sus exportaciones al sudeste asiático, lo que se considera relativamente bajo. Es normal que el comercio sea un canal de transmisión de crisis, así como en tantos años se ha observado igual efecto con la inflación.
Esta preocupación no entona bien con lo que a principios de 1998 se mencionaba, acerca de que la crisis asiática 1997-98 beneficiaría a países como Brasil, que verían sus mercados crecer ante la contracción financiera de Asia. Para México, una de sus preocupaciones se centraba en la caída constante de los precios del petróleo, así la carrera cuesta abajo que en 1998 tenía el valor de la moneda. Esto es preocupante si se considera que no se deseaba volver a sufrir el colapso monetario de 1994.
En Suramérica, a finales de julio de 1998, el Mercosur se encontró en la cumbre de Ushuaia con algunos obstáculos en sus esfuerzos por lograr la integración comercial, pero en el terreno político encontró pista libre. Había más desacuerdo que otra cosa, pero en general se hacía notar aquel sentido de unión del que se careciera en otras ocasiones. Los avances en la Unión Europea, el trasfondo obligado de las negociaciones regionales latinoamericanas, vio redireccionar la línea de trabajo sectorial para políticas de fomento económico.
1.La cultura en la picota. David Escobar Galindo. Artículo en el periódico El Faro, www.elfaro.net
2.Según palabras del presidente del BID, Enrique Iglesias, durante la II Cumbre de Las Américas, en Santiago de Chile en abril de 1998. La excepción de Chile -mencionada por Iglesias- obviamente no debe tomarse como una mención de cortesía, sino que se fundamenta en serios índices que apoyan una economía de amplia ventaja ante una apertura regional.
3 .Según exposición del secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA). La conferencia fue organizada por Asociación de Economistas de Latinoamérica y el Caribe, en La Habana, con la asistencia de 250 invitados por 18 países.
4 .Según informes de 1998 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, de Argentina.
5 .The Wall Street Journal Americas. 9 de junio de 1998.
6 .Analizan operación y regulación de telecomunicaciones latinoamericanas. Artículo de El Financiero/La Prensa Gráfica. El Salvador, 14 de julio 1998.
7 .Veintiséis consorcios interesados en empresas eléctricas panameñas. Artículo de Economía/La Prensa Gráfica. El Salvador, 15 de julio 1998.
8 .British Telecommunications y AT&T Corp acordaron en julio de 1998 asociarse para fundar con 10,000 millones de dólares lo que sería la empresa de telecomunicaciones más grande del mundo.
9 .Palabras del presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso. Según el gobierno, los fondos obtenidos de la venta de Telebras servirían para cubrir deuda interna. En realidad la venta de Telebras ocupaba el primer lugar sólo en Latinoamérica. A nivel mundial la primera fue NTT de Japón y la segunda British Telecom de Inglaterra. Por el 35% de NTT Japón cobró en los años 80 más de 70 mil millones de dólares.
10 .The Wall Street Journal Americas. 26 de mayo 1998.
11 .GTE y BellAtlantic Corp se fusionaron a finales de julio de 1998. Se unieron los servicios de larga distancia, inalámbrico e internet de GTE con los servicios locales y de telefonía inalámbrica de BellAtlantic, en Estados Unidos.